En teoría, la
libertad de prensa y de expresión debería tener un fuerte anclaje en las redes
sociales y los espacios digitales ya que la naturaleza de estas plataformas
posibilita que cualquier persona exponga su punto de vista, en tiempo real y a todos
aquellos que deseen conocerla.

No obstante,
la realidad no es así. Las posibilidades de exponer puntos de vista y externar
opiniones en la red se enfrentan varias limitaciones, que van de lo meramente
tecnológico a fuertes estructuras de poder que impiden que la opinión de
ciertos segmentos sea conocida.

Uno de los
obstáculos fundamentales en el derecho a la libertad de expresión digital es el
acceso a las TIC. Y es que, aunque pueda sonar obvio, el hecho de que ciertos
segmentos de la población no tengan posibilidad de conectarse a la red ni a sus
tecnologías derivadas, decanta en que una gran parte de la población, poco más
del 30%, no tenga posibilidades de informarse o ser representado digitalmente.
Ese porcentaje de desconectados debería, entonces, convertirse en una de las
prioridades del Estado para lograr un acceso universal que redunde en mayores
oportunidades de información, capacitación, representación y colaboración en
este país.

Por otra
parte, el uso de estrategias de coerción, acoso y espionaje por parte de
algunos gobiernos es muy común dentro de las redes sociales. Durante mucho
tiempo, algunos estados utilizaron estrategias intimidatorias contra los medios
tradicionales, que iban desde el retiro de la propaganda, hasta las amenazas y
la intimidación directa. En los entornos digitales, los métodos han cambiado,
aunque los objetivos siguen siendo los mismos: intimidar a periodistas,
activistas y personas en general que critican a los gobiernos en turno.

Por ejemplo,
de acuerdo con los informes de transparencia de Google, desde 2009 y hasta la
fecha, los diferentes gobiernos mexicanos le han solicitado al motor de
búsqueda que retire 115 contenidos, siendo difamación la causa más constante y
el poder ejecutivo la instancia que más lo solicita.

Por su parte,
en su página sobre transparencia, Facebook retiró poco más de 23 mil contenidos
a petición de autoridades mexicanas. En Twitter, se pidió el retiro de 2
contenidos, pero no se cumplió con ninguna demanda.

Si a tal
situación, se agregan las recientes amenazas de muerte y doxxing contra algunos
periodistas, la situación se torna aún más complicada para la libertad de
expresión. Por ello, es deber del ejecutivo que la prensa y, sobre todo,
aquella que es más crítica, tenga garantía para ejercer su labor de informar y
formar opinión pública.