por Intra Conexión México | Jul 8, 2026 | Congreso
• Reconoce la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el cumplimiento de la gobernadora con los compromisos pactados con el pueblo.
Xalapa, Ver., 08 de julio de 2026.- En representación del Congreso del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, acompañó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien entregó a pescadores y representantes del sector acuícola apoyos estatales adicionales al programa Bienpesca, derivado de las afectaciones que ocasionó en meses pasados la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México.
La legisladora local destacó el cumplimiento de la Mandataria estatal con el pueblo del sur de Veracruz, toda vez que en la primera entrega de apoyos dijo que regresaría para incrementar la ayuda, “la palabra de nuestra gobernadora vale y mucho; hoy podemos constatar que los apoyos llegan directo a la gente, sin intermediarios y que se cumple con lo que se anuncia”.
Por otra parte, reconoció la labor del Gobierno del Estado, con especial énfasis en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), ya que se entregaron 9 millones 164 mil pesos a 2 mil 291 trabajadoras y trabajadores del sector en los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.
Detalló que en su natal Minatitlán, mil 418 personas recibieron un total de 5 millones 672 mil pesos; aunado a 684 que acceden a 2 millones 736 mil pesos en Coatzacoalcos y 189 reciben 756 mil pesos en Cosoleacaque.
Finalmente, manifestó que el Poder Legislativo, como depositario de la representación popular, vigila y constata que las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo correspondan a las plasmadas en la ley y en los presupuestos públicos.
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por Intra Conexión México | Jul 8, 2026 | Congreso
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del estado, diputado Esteban Bautista Hernández, e integrantes de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, diputadas Imelda Garrido Alvarado, María Elena Córdova Molina y Liud Herrera Félix, presidenta y vocales, respectivamente, se reunieron con autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, con quienes dialogaron acerca de diversos proyectos científicos enfocados en impulsar estrategias para el desarrollo de la citricultura regional.
En el encuentro, al que también asistió la diputada secretaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, Roxana Barragán Hernández, se acordó mantener el trabajo coordinado para proyectar futuras iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente en la entidad.
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por Intra Conexión México | Jul 7, 2026 | Congreso
• Además de la licenciatura en Derecho, podrán participar personas con estudios en contaduría pública, economía o administración pública.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó por mayoría de votos el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Vigilancia, que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado para establecer que, además de la licenciatura en Derecho, para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), podrán participar personas con perfiles profesionales en áreas de contaduría pública, economía o administración pública.
En el dictamen, (que registró 39 votos a favor y siete en contra, sin abstenciones) resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, las legisladoras y legisladores estimaron conveniente ajustar que la persona aspirante al cargo de titular del organismo autónomo no debe haber ocupado, durante el año previo al de su nombramiento, la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, de alguna secretaría de despacho, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Senaduría, diputación local o federal, ni presidencia municipal.
De igual forma, las instancias dictaminadoras exponen que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado prevé, para la titularidad del Orfis, los perfiles de contador público, licenciaturas en derecho, economía o administración pública, así como la experiencia mínima que la propia ley determina en materia de control y auditoría, “la reforma ajusta el perfil constitucional exigido a la persona titular, para hacerlo compatible con la naturaleza de la función fiscalizadora y con lo dispuesto en la ley de la materia”, destaca.
Previamente, indican que el título de licenciado en Derecho acota el acceso al cargo de perfiles profesionales igualmente idóneos para la revisión de las cuentas públicas, como los propios de la contaduría pública, la economía y la administración; por lo que consideraron viable la reforma al último párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Al tratarse de una reforma a la Carta Magna del estado su aprobación se sujeta al procedimiento del Artículo 84 del propio ordenamiento, conforme al cual las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las diputaciones que integran el Congreso y, para formar parte de la Constitución, requerirán la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos; correspondiendo a esta Soberanía o a la Diputación Permanente el cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria respectiva.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén explicó que la reforma sustituye una remisión genérica por un catálogo directo de profesiones para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Orfis. Agregó que la función fiscalizadora demanda perfiles profesionales que deben estar acompañados de experiencia acreditada en control, auditoría y rendición de cuentas, tal como lo establece la ley.
Añadió que con esta reforma se garantiza que el Orfis sea encabezado por mujeres y hombres que posean una preparación técnica adecuada al ejercicio de las atribuciones, “limitar artificialmente el universo de aspirantes a un solo tipo de formación profesional no fortalecía la fiscalización. Hoy eliminamos esa restricción y abrimos la puerta a que los mejores talentos, con independencia de su disciplina de origen, puedan poner su conocimiento al servicio de la vigilancia del patrimonio colectivo”.
La legisladora Citlali Medellín Careaga, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que el dictamen abre el acceso a las profesiones vinculadas con la revisión del gasto público, con título expedido cuando menos cinco años antes del nombramiento; conserva las garantías de imparcialidad, porque quien ocupe la titularidad deberá mantenerse al margen de todo partido político, dedicarse por completo a la función y llegar sin haber ocupado cargos políticos de primer nivel en el año previo.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román indicó que debe dejarse por escrito en la ley que la persona que ocupe la titularidad del Orfis debe ser alguien imparcial. De igual forma se pronunció por legislar para designar a personas objetivas y con experiencia en diversas áreas.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, precisó que la fiscalización ocupa un lugar importante en la vida democrática del estado debido a que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Destacó que esta reforma actualiza la Constitución para que la persona titular del organismo autónomo cuente con el perfil profesional acorde con la naturaleza técnica de la responsabilidad que asumirá.
Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó que la fiscalización es una alta responsabilidad, toda vez que debe servir a las y los veracruzanos y no al gobierno en turno. Informó que no acompañan esta reforma ya que se cambian las “reglas del juego” previo al nombramiento de quien ocupe la titularidad del Orfis.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar criticó la reforma y consideró que es “a modo” para que venga una persona de fuera para la función fiscalizadora, “es un gran retroceso para Veracruz”.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz lamentó que se quite el requisito de ser veracruzano para ocupar la titularidad del organismo autónomo y aseveró que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio de igualdad no impide establecer requisitos de acceso a cargos públicos.
El legislador Héctor Yunes Landa dijo que con esta reforma se menosprecia el talento de miles de veracruzanos al seguir trayendo funcionarios de otras entidades. Agregó que es una estrategia para un blindaje alejado de los principios de certeza y seguridad, “además quitan el requisito del promedio mínimo de calificaciones durante su trayectoria profesional”.
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por Intra Conexión México | Jul 7, 2026 | Congreso
*Establece Congreso reglas para el procedimiento de Revocación de Mandato*
• Con esta reforma, se determina el plazo para reunir firmas y orden en la distribución territorial del respaldo ciudadano; el Ople tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó el dictamen de decreto por el que se reforma el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de Revocación de Mandato, precisando que este mecanismo de participación ciudadana y rendición de cuentas contará con reglas claras, verificables y accesibles.
El dictamen, que registró 39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, fue sometido a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Organización Política y Procesos Electorales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.
De esta manera, se establece en el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Carta Magna estatal que, “durante el mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional marcado en esta Constitución, la ciudadanía con derecho para votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal electoral del estado, distribuidas en cuando menos la mitad más uno de los municipios, y que en cada uno de éstos representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores del municipio respectivo”
Lo anterior, “a efecto de presentar al Organismo Público Local Electoral durante los tres meses posteriores a la conclusión de dicho tercer año sus respectivas intenciones para la celebración de dicho procedimiento, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de tal requisito dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del periodo concedido, conforme al procedimiento de verificación que establezca la ley de la materia, y en caso de estarlo expedirá de inmediato la convocatoria respectiva”.
Las instancias legislativas que analizaron la propuesta del PVEM exponen en el dictamen que la previsión relativa al mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional debe entenderse como una etapa preparatoria de recolección de apoyos ciudadanos, y no como presentación anticipada de la solicitud.
Refieren que la exigencia de que, en cada municipio comprendido dentro de la mitad más uno, los apoyos representen cuando menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal, no altera el umbral estatal del 10 por ciento previsto como base mínima, “su finalidad es ordenar la distribución territorial del respaldo ciudadano, para que la solicitud tenga presencia verificable en el número de municipios exigido y pueda ser calificada por la autoridad electoral con parámetros objetivos”.
Por otra parte, estiman oportuno precisar el término de 30 días naturales para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) verifique el requisito de apoyo ciudadano, remitiéndose el procedimiento a la subsecuente ley en la materia, de manera que se cuente con término, método y consecuencia expresos, “pues la convocatoria se expide únicamente cuando el requisito se encuentra satisfecho”.
Previamente, las Comisiones puntualizan que el Decreto federal, publicado el 26 de diciembre de 2019, precisó, en su régimen transitorio, que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo, a partir de la pérdida de la confianza. Asimismo, ordenó a las entidades federativas garantizar ese derecho respecto de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo indicó que la participación ciudadana no se mide por la facilidad para activar un procedimiento, sino que se mide por la capacidad de demostrar que existe una voluntad colectiva, auténtica y ampliamente respaldada por el pueblo. Añadió que se da mayor certeza a la revocación de mandato frente a intereses particulares y que se convierte en un instrumento ciudadano y no una herramienta de coyuntura política.
Externó que la reforma protege el valor del voto, “quien llega al gobierno lo hace porque millones de ciudadanos y ciudadanas depositaron su confianza en las urnas, ese mandato popular merece respeto”.
Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Tania María Cruz Mejía expresó que con esta reforma se blinda la revocación de mandato. “Le quitamos los pretextos a cualquier autoridad que intente frenar la voluntad popular. Hoy le entregamos a las y los veracruzanos una herramienta de participación ciudadana mucho más clara, ordenada y funcional”.
Previamente, indicó que se establece que en cada municipio de la entidad deberá reunirse como mínimo el tres por ciento de su respectiva lista nominal, “con esto garantizamos que la voluntad ciudadana no se concentre solo en las grandes zonas urbanas, sino que integre la voz de nuestras comunidades en todo el territorio estatal”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, precisó que debe darse a la ciudadanía la oportunidad para decidir libremente sobre la revocación de mandato. Enlistó los pasos a seguir y se pronunció por hacer más sencillos los ejercicios de participación democrática.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, manifestó su respaldo al dictamen y externó que con esta acción se armonizan las disposiciones constitucionales del estado a los criterios federales, estableciendo reglas claras y la calificación de requisitos dentro de un plazo determinado.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra al considerar que la reforma reduce el tiempo para reunir las firmas y que las normas se acomodan a conveniencia. “Las veracruzanas y los veracruzanos demandan mecanismos efectivos y transparentes para expresar su voz y su sentir”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, aseveró que la reforma está prevista para hacer más complejo el procedimiento de revocación de mandato al incrementar la lista de electores firmantes y hacerlo la mitad más uno de los municipios. “Es casi imposible reunir los nuevos requisitos”, añadió.
En el debate en lo general participó el diputado Héctor Yunes Landa, quien se pronunció a favor de la revocación de mandato en Veracruz siempre y cuando represente un verdadero fortalecimiento de la democracia directa, el control ciudadano sobre el poder público y la exigencia de una rendición de cuentas efectiva; y la diputada Montserrat Ortega Ruiz, quien subrayó que se está ante una decisión constitucional sin tener claridad suficiente de cómo se va a garantizar el procedimiento de revocación de mandato.
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por Intra Conexión México | Jul 2, 2026 | Congreso
Xalapa, Ver., 25 de junio de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, atestiguaron la entrega de mil 550 órdenes de pago del programa Apoyo a la Palabra, realizada por la gobernadora Rocío Nahle García a personas emprendedoras en el municipio de Acayucan, Veracruz.
Al presenciar la entrega de apoyos a ciudadanas y ciudadanos de los municipios de Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Texistepec, y al lado de las diputadas Liud Herrera Félix e Ingrid Jeny Calderón Domínguez y del diputado Urbano Bautista Martínez, la legisladora Edith Gómez y el legislador Esteban Bautista manifestaron su respaldo a las acciones puestas en marcha por el gobierno estatal para beneficio de la población.
Además, coincidieron en su reconocimiento al impulso de la actual administración a la actividad empresarial local con una inversión superior a los 10 millones de pesos, apuntalada por un mecanismo basado en la confianza, el trabajo y la responsabilidad.
Las y los representantes populares acudieron también al acto inaugural de la rehabilitación de tramos carreteros en la región sur del estado, encabezado también por la titular del Ejecutivo.
A estos actos asistieron la diputada federal Magaly Armenta Oliveros; el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; la secretaria de Desarrollo Social, Margarita Santopietro Peralta; la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado; la subsecretaria de Desarrollo Regional Eusebia Cortés Pérez, y el presidente municipal de Acayucan, Raúl David Salomón García, entre otras autoridades.
por Intra Conexión México | Jul 2, 2026 | Congreso
XALAPA, Ver., 15 de junio de 2026.- Por unanimidad de votos, las diputadas y los diputados de la 67 Legislatura aprobaron el Dictamen de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la implementación del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la liquidación anticipada de la deuda bursátil municipal y su sustitución por un esquema de menor costo financiero, vinculado al mecanismo de bursatilización autorizado mediante Decreto número 255, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 11 de junio de 2008.
El Gobierno de Veracruz podrá llevar a cabo las acciones administrativas, financieras, presupuestales operativas necesarias para su ejecución, así como celebrar y suscribir con los municipios participantes del Programa los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios.
El Dictamen, que registró 48 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, resultado de la Iniciativa presentada a este Congreso por la gobernadora Rocío Nahle García y emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, detalla que el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero tiene por objeto fortalecer la sostenibilidad financiera, estabilidad hacendaria y liquidez de los ayuntamientos participantes en el esquema de bursatilización municipal, mediante la liquidación anticipada total de las obligaciones bursátiles actualmente vigentes.
Asimismo, busca sustituir el esquema bursátil vigente del que forman parte los municipios participantes en la bursatilización por el Programa, libre de intermediación bancaria y fiduciaria, mediante el cual el Estado absorberá la proporción de apoyo que corresponda conforme al Decreto y las autoridades participantes cubrirán la parte que les sea aplicable bajo condiciones financieras más favorables.
De igual forma, prevé generar ahorros para los municipios participantes del Programa, estableciendo la obligación de destinarlos exclusivamente a obra pública, inversión pública productiva e infraestructura en beneficio de la población.
Además, se establecerán mecanismos de coordinación, supervisión, seguimiento, comprobación y rendición de cuentas entre el Estado y los municipios participantes del Programa, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto, incluyendo la correcta aplicación de los ahorros generados en obra pública, inversión pública productiva e infraestructura municipal.
La Sefiplán podrá realizar las erogaciones, transferencias, aportaciones y demás operaciones presupuestarias y financieras que resulten necesarias para llevar a cabo la amortización anticipada total de las obligaciones bursátiles municipales comprendidas en el Programa, incluyendo el pago de la prima por amortización anticipada y demás conceptos asociados a dicha operación.
Los municipios participantes del Programa deberán suscribir con el Gobierno del Estado los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles municipales y la adopción del mecanismo financiero que sustituya al esquema bursátil vigente y la implementación del Programa.
La instancia dictaminadora refiere que el mecanismo propuesto no constituye financiamiento, empréstito, refinanciamiento ni deuda pública adicional para los municipios, “sino una medida extraordinaria de apoyo estatal, coordinación financiera, saneamiento de pasivos preexistentes y optimización presupuestal”.
Añade que esta medida cuenta con un hecho de excepcional relevancia institucional: la aprobación unánime de los 199 municipios participantes mediante acuerdos de Cabildo, en los que autorizan la liquidación anticipada, facultan a sus representantes para suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes y se comprometen a destinar los ahorros generados exclusivamente a obra pública.
“Este consenso trasciende diferencias políticas, territoriales y económicas, representando un hito en la historia financiera y política del Estado”, puntualiza.
Posición de las fuerzas políticas
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, destacó que este decreto es congruente con los principios de coordinación hacendaria, disciplina financiera, responsabilidad presupuestal y eficiencia en el gasto público que caracteriza el gobierno de la mandataria Rocío Nahle García, “asegura que esos recursos que alguna vez estuvieron al servicio de una deuda onerosa ahora se usen para lo que verdaderamente importa: en el bienestar de las familias veracruzanas”.
Tras enlistar los altibajos de los certificados bursátiles y los montos que se pagarían de continuar con la bursatilización de 2008, la legisladora dijo que esta historia cambiará, toda vez que los municipios podrán salir del pantano financiero gracias a la intervención del Gobierno del Estado, “con una estrategia que los liberará de los contratos abusivos siempre y cuando enfoquen todo ese ahorro presupuestal para obras que beneficien a sus pueblos”.
En voz de su coordinador, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó la propuesta de la mandataria, quien “pudo dejar que la deuda siguiera su curso hasta el 2036”, sin embargo, “decidió hacerse cargo de resolverlo”, “no como responsable sino como respondiente”. Y dijo confiar en que el recurso que se regresa a los municipios sea aplicado de manera responsable en los ayuntamientos.
A su vez, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que “todo lo que mejore las finanzas de los municipios y que esto se vea reflejado en mejores servicios públicos” tendrá el apoyo del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, presentó algunas observaciones y preguntas acerca del origen de los recursos con los que el gobierno saneará la deuda si no contratará un monto mayor y sobre la autonomía municipal en la administración de sus propios recursos.
El diputado Ramón Díaz Ávila adelantó el respaldo del Partido del Trabajo (PT) al dictamen, que ya cuenta con la aprobación previa de los acuerdos de 199 cabildos, que autoriza la liquidación anticipada del adeudo y su compromiso para destinar los ahorros generados a la obra pública social. “Esta medida es una oportunidad clave para aliviar la carga financiera, sanear las finanzas públicas y generar condiciones presupuestales favorables para el desarrollo de los municipios”, afirmó.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada subrayó que cuando una propuesta beneficia a los municipios y a sus ciudadanos debe reconocerse y acompañarla. Agregó que el programa para liquidar anticipadamente la bursatilización y sustituirla por un esquema de menor costo financiero es una medida necesaria, ya que corrige un problema que se arrastra desde 2008. Reconoció la convergencia de voluntades de los 199 municipios involucrados para mejorar las condiciones financieras.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enlistó algunas disposiciones que, a su consideración, resultan imprecisiones respecto a nombres de municipios, cifras de deuda y cómo se aplicarían los recursos excedentes. Externó que el decreto no considera los imprevistos que, por lo general, surgen en la administración pública municipal, como contingencias climatológicas que obligan a usar los recursos de manera inmediata.
El representante popular Héctor Yunes Landa dijo que desde sus inicios rechazó la bursatilización por los riesgos financieros e institucionales que representaba y que ser legislador del partido en el poder no significa un apoyo incondicional a las decisiones del Ejecutivo. “Emitiré mi voto a favor, en la certeza de que el nuevo esquema deberá fortalecer todos sus mecanismos de transparencia y acceso a la información que otorguen certeza a los veracruzanos sobre el destino del presupuesto del estado”, agregó.
En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina, Ana Rosa Valdés Salazar y Dulce María Hernández Tepole.
