La pandemia y el plan de reactivación económica evidenciaron las limitantes del sistema nacional de fiscalización, indicó un análisis de México Evalúa.

Entre estas limitantes destacó que los órganos fiscalizadores no pudieron cumplir eficaz y eficientemente con la tarea de vigilar el ejercicio de los recursos públicos.

El análisis, hecho por la organización en conjunto con Transparencia Mexicana y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, indicó que la crisis llevó a las autoridades responsables de la fiscalización del gasto público a modificar tiempos, plazos y el alcance de su trabajo. Ante esta situación, los organismos realizaron 15 recomendaciones para mejorar las acciones de los órganos fiscalizadores.

En primer lugar recomendaron fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior y sus mecanismos de evaluación, así como vigilar su trabajo desde la Cámara de Diputados, los Congresos estatales y las unidades de evaluación y control.

Para una fiscalización superior transparente y efectiva, el documento recomienda ampliar la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías, así como integrar la figura de las auditorías especiales que atiendan a las preocupaciones sociales.

También recomiendan revisar los criterios y fórmulas del programa anual de auditorías, transparentar los criterios para la selección del tipo de auditorías y garantizar su pertinencia.

Incrementar la transparencia del proceso de fiscalización, mejorar la calidad de los informes y ampliar la profesionalizar al personal auditor de los órganos de fiscalización superior, son otros elementos que los organismos consideran para transparentar esta tarea.

Con el objeto de combatir la corrupción y la impunidad, México Evalúa hace un llamado a transparentar la gestión de las unidades de investigación e informar a detalle la situación legal de las denuncias que se presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR) o fiscalías de los Estados.

También recomienda incorporar al trabajo del órgano de fiscalización el enfoque de investigación para la detección de redes de corrupción y asegurar que los daños patrimoniales detectados estén sustentados.

Finalmente, para que el proceso de fiscalización tenga impacto en las decisiones presupuestarias, debe haber un trabajo estrechamente vinculado al de los órganos legislativos, tanto para corregir los problemas de política pública que las auditorías revelan, como para evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detectan problemas de corrupción.

“Es momento de impulsar un cambio profundo en nuestro modelo de fiscalización que contribuya al control efectivo de la corrupción en México”, indicó el documento.