RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 

Mala leche, omisión intencional o información falsa. Todo puede ser.

El ataque a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado martes a cargo del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, en el que el gobierno federal incluyó en su lista de “jueces que protegen a los criminales”, es más que un golpe bajo. Diríase que una canallada.

De acuerdo con los datos oficiales del Consejo de la Judicatura y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la reforma de 1994 al Poder Judicial de la Federación, el presidente de la Corte lo es al mismo tiempo del CJF. 

¿Por qué la información?

Porque el excomandante de la Guardia Nacional exhibió que la ministra fue presidenta del Consejo de la Judicatura en ¡2018!

La ministra, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, llegó a la Corte el 10 de diciembre de 2015 y a partir de del primero de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018 fue presidenta de la Primera Sala de la SCJN, en sustitución del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La primera sala se encarga de revisar los casos de jurisprudencia penal y civil.

¿Cuándo fue presidenta del Consejo de la Judicatura?

¡A partir del 3 de enero de 2023!

Luego, entonces, haberla colocado en la lista de jueces que protege a los criminales no es sino una muestra de la desesperación del presidente López que, sin corroborar los datos, osa hacer pública una falsedad más.

No debiera sorprender que mienta. Lo hace todo el tiempo.

Aprovechando la listita de jueces, hay que preguntar si existe alguna de militares, marinos, miembros del gabinete o empleados del gobierno federal; de gobernadores y sus equipos, de presidentes municipales y sus cabildos, de empresarios e inversionistas, en la que aparezcan sus nombres por formar parte de la crisis de violencia y sangre que se derrama todos los días a lo largo y ancho del país.

Porque nadie con dos dedos de frente podría afirmar que las fuerzas armadas son, en su totalidad, impolutas. Si bien una golondrina no hace verano, una parvada sí. Y los registrados de generales al frente de la lucha antidrogas, revelan su connivencia con los criminales.

Lo mismo de algunos marinos y de integrantes de la Guardia Nacional que vigilan cómo los huachicoleros se llevan los combustibles y están al alba para que nada les pase a los criminales.

Ahí están los videos. Ahí están las publicaciones. Ahí están las carpetas de investigación tanto en la Sedena como en la Marina y en la Fiscalía General de la República.

De eso, por supuesto, no se habla en las mañaneras.

Ah, pero sí se dice que la ministra Yasmín Esquivel Mossa cometió “un error de estudiante”, cuando pruebas y evidencias demuestra que plagió el 90 por ciento de sus tesis para titularse como abogada.

No pasa inadvertido que las investigaciones sobre los fraudes y, diríase robos, cometidos en Segalmex están dirigidas a encontrar culpables en los cargos de menor importancia. Tampoco se ahonda en la tragedia del Metro del 3 de mayo de 2021 ni de los elevados sobreprecios para las obras oropelescas del huésped temporal de Palacio Nacional.

No se conoce ninguna lista de quienes han desviado recursos de la Pensión Universal y menos limpiado el cochinero del Banco de Bienestar al que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló de no contar con las herramientas para evitar el lavado de dinero.

Ah, claro, está la lista de los periodistas.

¿Y la los familiares del todopoderoso?

Hay que pedirle al señor general Rodríguez que presente el nombramiento de Norma Piña como presidenta del Consejo Federal de la Judicatura. La información que lo proporcionó su fuente, no es confiable.