El grupo de la sociedad civil Movimiento Popular por la Paz y la Justicia está pidiendo a los gobiernos de México y Estados Unidos que creen un mecanismo bilateral para hacer que el comercio de armas estadounidense sea transparente y regulado para reducir la violencia.

La ONG también propuso la creación de un grupo de trabajo estratégico y nacional responsable de la desmilitarización de las misiones de seguridad civil de México; el desarrollo de una estrategia y campaña binacional para la búsqueda de personas desaparecidas y la creación de un grupo de trabajo regional para facilitar el movimiento de personas.

La ONG señaló que también es necesario reconocer el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y promover una iniciativa binacional para crear cambios culturales y educativos y establecer una organización nacional que involucre a la sociedad civil para monitorear los derechos humanos.

Impulsar el diálogo regional sobre drogas y cambiar el paradigma de prohibición.

Durante la transmisión en vivo, los grupos denunciaron varios problemas que afectan a comunidades indígenas, afroamericanos, inmigrantes y familiares de las víctimas.

Destacan el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, la crisis migratoria en Tapachula y el desplazamiento forzado de indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Las organizaciones no gubernamentales han cuestionado el uso de la Guardia Nacional como fuerza militar y su ineficacia para detener a sospechosos.

«El uso de la Guardia Nacional como agencia militar, que según el Censo de Seguridad Nacional en 2022 detuvo sólo a 2.814 personas sospechosas de haber cometido delitos, pero detuvo a 177.166 inmigrantes, le costó a la agencia P25.880 millones, lo que le costó no sólo P25.88 mil millones.

«La detención de criminales acusados, pero cientos de miles de inmigrantes han sido detenidos», pidió la ONG en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.