“La Carta (de las Naciones Unidas) consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, ha recordado este lunes el Secretario General al Consejo de Seguridad reunido de urgencia para examinar la crisis en Venezuela.

A través de la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, António Guterres se dijo “profundamente preocupado por el incumplimiento de las normas del derecho internacional en relación con la acción militar del 3 de enero”.

Guterres se refería así al bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y otras localidades en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, cuyas consecuencias humanitarias aún se desconocen.

“En situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es importante apegarse a los principios. Respeto por la Carta de las Naciones Unidas (…) Respeto por los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados. Prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. El poder de la ley debe prevalecer”, continuó el mensaje de Guterres.

En la intervención militar, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue capturado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa Celia Flores. Según Trump, Maduró será juzgado por narcotráfico.

Por boca de DiCarlo, Guterres recordó que “el derecho internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito de estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos”.

La gran mayoría de los países de América Latina que intervinieron en el Consejo, a los que se unió España, se alinearon con un discurso en favor de la paz y del respeto del derecho internacional, la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Así, Brasil rechazó categóricamente la intervención armada en Venezuela, calificándola de «flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas» y advirtiendo que «los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable». 

Su representante, hizo una defensa firme de América Latina como «zona de paz» y afirmó que «el recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados». Sostuvo que la solución para Venezuela debe respetar «la autodeterminación del pueblo venezolano», no la creación de «protectorados».

Por su parte, el embajador de México condenó la acción militar estadounidense al considerarla una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y un golpe al multilateralismo. 

Durante su intervención, Héctor Vasconcelos subrayó que la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza constituye un principio fundamental del derecho internacional, sin excepciones, y advirtió que cualquier retórica orientada a una escalada militar pone en riesgo la estabilidad regional. 

El diplomático recordó que corresponde a los pueblos decidir su propio destino mediante soluciones pacíficas, democráticas y negociadas, y rechazó los cambios de régimen impulsados por actores externos y las medidas extraterritoriales. 

En el mismo sentido, la representante de Chile también condenó las acciones militares unilaterales de Estados Unidos. Paula Narváez Ojeda reafirmó el compromiso de su país con la soberanía, la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales. 

Cuba condenó la que calificó como “una «agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación» que pretende revivir la Doctrina Monroe” y llamó a la comunidad internacional a «condenar y enfrentar este acto de terrorismo de Estado» que amenaza la paz regional e internacional, reafirmando su adhesión a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El embajador de Panamá expresó su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional, al tiempo que llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica. Eloy Alfaro de Alba reafirmó el compromiso histórico de Panamá con el multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional, incluidos los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza consagrados en la Carta de la ONU.

El embajador de Nicaragua reafirmó también que América Latina y el Caribe es una zona de paz, declaverada por la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (CELAC) destacó que este estatus debe ser respetado por todos los gobiernos, especialmente por los miembros del Consejo responsables de la paz y la seguridad internacionales. 

Por su parte, el embajador de Argentina expresó el respaldo de su país a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando a Nicolás Maduro como un «dictador» y líder de organizaciones designadas como terroristas por Argentina en 2025. 

El diplomático sostuvo que estas medidas representan un avance significativo en la lucha contra el narcoterrorismo en la región. 

El representante de Paraguay coincidió con el argentino al señalar que Nicolás Maduro era el «líder de una organización criminal» declarada «terrorista» por las autoridades de su país. 

Señaló que la permanencia en el poder representaba una amenaza para la estabilidad regional y sostuvo que la salida de su liderazgo debe dar paso inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en el país. 

España expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela, calificándola como un precedente alarmante con implicaciones regionales e internacionales, subrayando que los recursos naturales del país son parte de su soberanía.

Héctor Gómez subrayó la importancia de respetar la Carta de Naciones Unidas, especialmente los principios de soberanía, integridad territorial y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, como base para la convivencia internacional. 

El diplomático enfatizó que la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos en Venezuela solo pueden abordarse mediante cooperación internacional y diálogo, no por imposición militar.