El programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se extenderá a Durango, Nayarit y Michoacán, anunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta semana se formalizó el inicio de una nueva etapa. Se suman tres entidades más a este beneficio”, explicó la titular de la SSPC al informar que esta semana se publicó el acuerdo.

Recordó que en octubre de 2021 se reglamentó la implementación de la iniciativa en los estados de la frontera norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El programa, dijo, aplica solo para los vehículos automotores con antigüedad mayor a cinco años que ya están en el territorio nacional en alguno de las diez entidades federativas señaladas.

Las personas propietarias pagarán 2 mil 500 pesos; los recursos recaudados se utilizarán en el mejoramiento de vialidades de cada estado.

También deberán realizar el trámite correspondiente ante el Registro Público Vehicular (Repuve).

“Con esta determinación haremos visible lo invisible: que este tipo de vehículos tengan claro el propietario, con rostro, nombre y domicilio, como ya ocurre con todos los vehículos regulares en el país, es decir, que estén inscritos en el Repuve, con lo cual se da certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a la población”, remarcó.

La secretaria acotó que el objetivo de este programa es brindar seguridad a la población y certeza jurídica a las y los dueños de los vehículos.

En el país circulan aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de control vehicular.

En Baja California, por ejemplo, del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados; 78 por ciento eran de origen extranjero e irregulares.

El registro permitirá a los tres órdenes de gobierno compartir la información para fortalecer las labores de inteligencia y de seguridad pública, además de evitar la impunidad, aseveró la secretaria.