El Senado de la República avaló la iniciativa preferente del Ejecutivo para revalidar los estudios de los mexicanos que sean deportados de Estados Unidos.

Con 107 votos a favor y uno en contra, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que busca garantizar que todas las personas que habitan en el país tengan las mismas oportunidades para transitar por los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional.

En este sentido, establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias deberán promover la simplificación de estos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad y flexibilidad.

Además, se faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter migratorio, socioeconómico, origen étnico o nacional.

Por otro lado, se obliga a las autoridades educativas a garantizar el acceso a la educación obligatoria de todas las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad, mientras que en el caso de educación superior se deberán promover acciones similares.

De igual forma, se abre el camino para que las autoridades educativas, en coordinación con otras instituciones, puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas para garantizar la educación de las personas en situación de vulnerabilidad.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Educación, el panista Juan Carlos Romero Hicks, resaltó que se atenderá y hará justicia a toda la población, particularmente a quienes se encuentran en una condición de movilidad, incluyendo a migrantes centroamericanos.

De igual forma, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la priista Graciela Ortiz González, señaló que las reformas a la Ley General de Educación permitirán reducir y simplificar los requisitos para la revalidación de estudios de millones de migrantes en nuestro país.

El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados donde deberá recibir el aval correspondiente.