El Gobierno de México inició este lunes el proceso de consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca reglamentar la reforma constitucional de 2024 y reconocer plenamente a estos pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Ya está lista y a partir de ahora sale a una consulta nacional con los pueblos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

En tanto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo es recoger «opiniones, sugerencias, planteamiento sobre la propuesta de iniciativa a la Ley General de Derechos de los pueblos indígenas indígenas y afro-mexicanos de los titulares de esta ley», en referencia a los 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y las 16.728 comunidades registradas en el catálogo nacional.

La consulta constará de cinco etapas. Tras la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, se desarrollará una fase informativa del 1 de julio al 6 de agosto, seguida por una etapa deliberativa entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, que incluirá 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.

Posteriormente, entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, se incorporarán las propuestas surgidas de las comunidades para presentar la iniciativa definitiva al Congreso el 12 de octubre, fecha que el Gobierno identifica como el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, señaló que la ley tiene por objeto «promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en su carácter de sujetos de derecho público», lo que definió como «el corazón de la reforma constitucional».

La iniciativa está integrada por ocho libros que regulan aspectos como la libre determinación y autonomía, los derechos de las comunidades afromexicanas, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes, los derechos de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, así como los mecanismos de consulta previa y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

«Son 200 años de existencia del Estado Mexicano, nunca habíamos tenido una ley indígena. Bueno, pues ahora tendremos una ley en la materia», afirmó Regino, quien consideró que la nueva legislación permitirá una mayor participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública nacional.