El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa, presentada el pasado 27 de agosto por la diputada Mónica Robles Barajas, por el cual se incorpora al Código Civil del Estado de Veracruz la figura de Custodia Compartida, con lo que se garantiza al menor el vínculo afectivo, tanto como con la madre, como con el padre y así un mejor desarrollo.

De esta manera, con 35 votos, sin abstenciones ni votos en contra, se reformó el artículo 345 Bis del citado Código, en el cual se establece que cuando ambos padres lo acuerden, mediante el convenio de divorcio respectivo, o cuando los progenitores lo soliciten durante la tramitación del juicio o aún después de dictada la sentencia, el órgano jurisdiccional competente, atendiendo al interés superior del menor, podrá otorgarles la Custodia Compartida.

Esta custodia podrá acordarse en períodos equivalentes de una semana, un mes, por semestre, o en aquellos períodos que determinen el padre o la madre de conformidad con sus posibilidades, valorando las especiales circunstancias de cada caso y considerando Io más adecuado para la edad de las hijas o los hijos.

Esta modificación, avalada durante la quinta sesión ordinaria, señala que para otorgar la Custodia Compartida el órgano jurisdiccional deberá considerar aspectos como: que entre los padres se mantenga siempre el respeto y se promueva éste y el aprecio por las hijas y los hijos hacia cada uno de ellos y que ambos padres tengan claro el papel de cada uno en la crianza y desarrollo de los menores, durante y después de los acuerdos a los que lleguen y que sean confirmados por la autoridad judicial competente, además que exista la posibilidad de llegar a acuerdos entre los padres es un elemento esencial.

También que ambos progenitores garanticen condiciones semejantes de vida a las hijas o hijos, durante los lapsos correspondientes, como el de radicar dentro de la misma ciudad en lugares cuya distancia del centro escolar no afecte el cumplimiento de sus deberes educativos, frecuentar los espacios de esparcimiento del menor, y aquellas que impliquen las mejores condiciones equivalentes a su desarrollo emocional y afectivo.

Por último, se establece que en la Custodia Compartida cada progenitor podrá absorber todas las obligaciones derivadas del sustento económico de los hijos o hijas durante los períodos de asignación o cualquier otra variante acordada por el padre o la madre decretada por el órgano jurisdiccional, siempre y cuando existan las condiciones necesarias para este efecto.

Conservación de la biodiversidad, ordenamiento ecológico, impacto ambiental, calidad del aire, vinculación social, Cambio Climático, minería tóxica, Fondo Ambiental Veracruzano y recursos financieros son algunos temas expuestos por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

La funcionaria fue recibida por la diputada Margarita Corro Mendoza y por los diputados Juan Manuel de Unanue Abascal y Antonio García Reyes, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura local, en el Palacio Legislativo, donde presentó los resultados de su gestión.

En el tema financiero, destacó que, a pesar de haber tenido un presupuesto para el ejercicio 2019 de 47.6 millones de pesos (mdp), la dependencia contribuyó a la generación de ingresos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por 123.9 mdp por concepto de los pagos de derechos.

Recordó que en este año la Sedema firmó el convenio con la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, para la ejecución del programa Sembrando Vida con un monto de 83.8 mdp, de los cuales, al corte de octubre, se ministraron 41.9 mdp, quedando en reserva 40.2 mdp disponibles para su ejecución en el ejercicio 2020.

El Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) concluyó este año con un saldo de 86.5 mdp, a lo que se suman 45.8 mdp ministrados por Sefiplan, para hacer un total de 132.37 mdp. De este monto, se han dispersado a la fecha 54.4 mdp para concluir proyectos de 2018 y para proyectos estratégicos de 2019.

Precisó que el saldo actual del FAV es de 77.9 mdp y que a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) le fue otorgado un presupuesto de 10.6 mdp de recurso estatal, más ingresos propios más 14.3 mdp por multas y sanciones, da un total de 24.9 mdp, al que se restan 15.4 mdp por gastos de operación al 31 de octubre, por lo que el saldo positivo a la fecha es de 9.5 mdp.

A propósito de la PMA, en daños ambientales –comentó-, esta instancia logró atender durante este año 563 denuncias de 102 municipios.

Rocío Pérez explicó que, tomando como base la Agenda de Medio Ambiente 2018–2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron diseñados, elaborados y aprobados los ejes rectores de medio ambiente expresados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, alineados, a su vez, al Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, a fin de rescatar y fortalecer la gobernanza ambiental basada en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y específicamente de los objetivos 13 (Acción por el clima) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

Indicó que los estudios más recientes ubican a Veracruz entre los primeros lugares del país en biodiversidad.

Para salvaguardar esta riqueza, explicó, Veracruz cuenta con 26 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 832 Áreas Privadas de Conservación (APC) que comprenden una superficie de más de 110 mil hectáreas.

En este contexto, se ejecuta el proyecto para conservar la tortuga marina, con una asignación de 1.4 mdp del FAV.

Como parte de las actividades de dicho proyecto, a través del Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina, se logró la protección de 12 mil nidadas, 771 mil huevos y la liberación al mar de 584 mil crías.

Respecto de la regulación del impacto ambiental, fueron evaluadas 256 memorias técnicas, 106 manifestaciones de impacto ambiental y se generaron 358 opiniones, con el propósito de evitar efectos negativos al entorno ecológico.

Informó que la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos urbanos se limita a 28 rellenos sanitarios, 20 de los cuales están a cargo de los municipios y ocho son concesionados.

Con el objetivo de dar una solución del tiradero de Las Matas, ubicado en una zona de humedales en el sur del estado, Sedema gestionó ante el gobierno federal la vinculación al programa Hacia Basura Cero, operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), iniciando los trabajos de remediación para el saneamiento y la recuperación del sitio, desde el 1 de diciembre de 2018.

Con esta acción, “hemos logrado el control de 500 metros cúbicos de lixiviados y la cobertura de siete hectáreas compensadas con tres mil 500 metros cúbicos de material térreo. Además, realizamos la evaluación técnica de predios en 11 municipios para la instalación de nuevos rellenos sanitarios”.

En cuanto a los residuos sólidos urbanos, el Gobierno del Estado firmó un convenio con empresas, a fin de erradicar la utilización de plásticos de un solo uso.

Para procurar la salud de la población y el cuidado del medio ambiente, se ejecuta el proyecto Calidad del Aire en el Estado de Veracruz, con una asignación de 37.2 mdp provenientes del FAV.

Del mismo modo, añadió la Secretaria, a través del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, se otorgaron 1 millón 091 mil 548 certificados con holograma a los 245 centros de verificación y verificentros.

También informó que, para prevenir y combatir los incendios, 49 guardas forestales se encuentran distribuidos en siete brigadas ubicadas en las regiones de Huayacocotla, Cofre de Perote, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Otontepec, Zongolica, Los Tuxtlas y Uxpanapa.

Además, la dependencia adquirió tres patrullas equipadas que permiten reforzar las actividades de campo y se está implementando una aplicación móvil para que la población reporte de manera inmediata los incendios forestales. Estas acciones se realizaron en el marco del Programa Estatal de Guardas Forestales, con una asignación de 8.8 mdp del FAV. De manera complementaria, se destinaron 5.4 mdp del mismo fondo para la intervención forestal en San Juan del Monte.

La titular de la Sedema dijo también que, por otro lado, con el Programa Estatal de Reforestación se han producido 1.2 millones de plantas y dado mantenimiento a los ocho viveros de la Secretaría, con lo que se ha entregado más de 60 mil plantas a ejidos, organizaciones sociales y planteles educativos principalmente de 33 municipios.

Para fomentar el desarrollo económico regional, esta dependencia ha promovido cultivos de sombra como café, cacao y vainilla en 80 hectáreas, que conservan áreas forestadas y conforman medios de vida para las familias en los municipios de Catemaco, Soteapan y Mecayapan. Para este programa se destinaron 6.4 mdp del FAV.

La operación del Programa Sembrando Vida en Veracruz –abundó Rocío Pérez- permitirá, respetando el ciclo biológico de la planta, generar una producción para el 2020 de más de 10 millones de árboles forestales, frutales y de cultivo, con una inversión del gobierno federal de 83.8 mdp, generando alrededor de 175 mil jornales, en la primera etapa.

Indicó que, a la fecha, Veracruz cuenta con 42 Consejos Consultivos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable instalados; en esto destacó la participación de los institutos tecnológicos del estado.

En materia de investigación, con el apoyo del Colegio de Veracruz (Colver), la Sedema integró el documento Tendencias históricas de 20 indicadores de Cambio Climático para territorio veracruzano-Análisis del período 1907 a 2017.

La secretaria Pérez Pérez refirió que, en su calidad de Presidenta del Consejo Estatal Forestal, durante la Sexta Sesión Ordinaria de este órgano, propuso el punto de acuerdo titulado “No otorgar autorizaciones de uso de suelo, de cambio de uso de suelo o de construcción, para la realización de proyectos de exploración y explotación de minería metálica o tóxica en territorio veracruzano”, que fue aprobado por unanimidad.

Para realizar las acciones antes descritas, detalló la funcionaria, la Secretaría cuenta con el apoyo financiero del fideicomiso público del FAV, por lo que en 2019 fueron aprobados proyectos estratégicos por un monto de 59.6 mdp. De manera paralela, este fondo da seguimiento a 19 proyectos aprobados en 2018, equivalentes a 9.3 mdp.

Finalmente, dijo confiar en que el trabajo coordinado entre Gobierno, sociedad civil organizada, academia, productores forestales, empresarios, propietarios de predios, pueblos originarios y rurales, fortalecerá el tejido social buscando el desarrollo sustentable y rechazando todo proyecto o acción que atente contra el capital natural, a fin de recuperar la biodiversidad que caracteriza a Veracruz.

Con el propósito que la ley local en materia de inclusión de personas con discapacidad sea adecuada en concordancia con las normas de la legislación general y con el actuar del Gobierno Federal, además que corresponda con el paradigma internacional sobre la discapacidad, vista como un movimiento encaminado a visibilizar la problemática que enfrentan las personas con esa condición, el diputado Antonio García Reyes presentó una iniciativa ante el Pleno de la LXV Legislatura.

En su propuesta, planteada durante la quinta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) indicó que la nueva conceptualización de la discapacidad obliga a la revisión del marco jurídico local aplicable, de tal manera que la política pública de gobierno a favor de esas personas sea acorde con el modelo social desde el que se debe ver y entender a la discapacidad.

En primer término se plantea modificar el título de la Ley, a efecto de sustituir el concepto de “integración” por el de “inclusión”, de tal modo que se denomine Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por otra parte, se establece el Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como el órgano responsable de establecer las políticas públicas en materia de inclusión de personas con discapacidad, así como de la coordinación institucional e interinstitucional respectivas y de promover, fomentar y evaluar la participación de los sectores público y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas correspondientes.

Asimismo, se propone la conversión del Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con atribuciones semejantes en lo conducente a las del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y con una Junta de Gobierno igual. Además se plantea la creación de una Asamblea Consultiva que funja como una instancia ciudadana de asesoría y consulta del Consejo.

En su intervención, el legislador precisó estar convencido que la implementación de políticas públicas, en materia de atención a las necesidades de las personas con discapacidad, debe estar a cargo de un organismo especializado, de existencia permanente y dotado tanto de atribuciones legales como de recursos para el efectivo cumplimiento de su labor de promoción de la inclusión social de dichas personas.

“Mismas que representan un importante porcentaje de la población veracruzana y que cotidianamente enfrentan innumerables barreras que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales”, agregó.

En la iniciativa se prevé puntualizar el derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política y no sólo a la pública, que ya está prevista en la ley, “ya que si bien se puede pensar que ambas participaciones son iguales, en estricto sentido no es así, ya que al referirnos a la de índole política la vinculamos a la inclusión en ese ámbito de las personas con discapacidad, que puede llegar a traducirse en que los partidos políticos impulsen a cargos de elección popular a hombres y mujeres con discapacidad”.

Por otra parte, se pretende darle un papel más preponderante a la Secretaría de Desarrollo Social en la Junta de Gobierno del Consejo, procurando así, conforme a la tendencia internacional, que predomine el modelo social al momento de planear, impulsar e implementar políticas públicas dedicadas a las personas con discapacidad.

En concordancia con lo anterior, a dicha dependencia estaría sectorizado el organismo público descentralizado cuya creación se propone y su titular presidiría la Junta de Gobierno.

Con la adhesión de las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional, así como de los grupos legislativos mixtos Del Lado Correcto de la Historia y Acción Nacional Veracruz, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.