Con 46 votos, el Pleno Legislativo avaló el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por el que se busca garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de trabajos iguales dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y ámbitos social y privado.

Dicho dictamen derivó de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 18 de julio del año en curso por la diputada María Candelas Francisco Doce, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, y a la cual se adhieren los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

De acuerdo con el dictamen, se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la fracción V del artículo 38 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35, todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, en el Capítulo Tercero titulado De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Económico y Laboral, se determina que “las autoridades y organismos públicos deberán diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza para lograr la igualdad, establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia”.

Así también, garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos y en los ámbitos social y privado. Junto con esto, establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal.

En lo que respecta al Capítulo Sexto, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Civil, el Artículo 39 mandata que “para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán la promoción de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, personas de la tercera edad y en el trabajo doméstico”.

Nulidad de elección por violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género ya es causal para declarar nula una elección de Gobernador, de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género.

El dictamen deriva de la iniciativa de decreto presentada por diputadas integrantes de diversos Grupos Legislativos, y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Mixto Del Lado Correcto de la Historia, el 18 de julio del año en curso, para adicionar una fracción VIII y un párrafo cuarto y reformar el párrafo segundo, todos del artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas, indicó que “no puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”.

La democracia que nos conduce al progreso, al bienestar, al crecimiento y al robustecimiento del Estado de Derecho –manifestó la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales- debe comentarse en la inclusión y participación de las mujeres, quienes, en plenitud de su ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos humanos sin pretextos ni condiciones.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que pueden llevarles a la muerte”, agregó.

Este tipo de violencia –definió- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

Al determinarse la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, se facilitará la persecución y aplicación de sanciones por parte de la autoridad que corresponda.

Al actualizarse dicha causal, el respectivo expediente se remitirá a la Fiscalía General del Estado para los fines legales que correspondan. La declaratoria de nulidad invalida todos los actos electorales incluidos los resultados. “Tiene que ser la mejor herramienta para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”.

La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), diputada Erika Ayala Ríos, presentó ante el Pleno la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 del Código Financiero para el Estado que prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los derechos por servicios prestados por los institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas y universidades politécnicas del Estado.

La legisladora indicó que el actual Ejecutivo estatal expidió un decreto, publicado el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, que suman 25 planteles distribuidos en todo el territorio estatal.

Señaló que el referido decreto es similar al emitido por el anterior gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017.

Refirió que el objeto del citado Impuesto Adicional es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos. Que son sujetos del mismo quienes realicen los pagos por esas contribuciones; que la base es el importe de los pagos realizados y que se causará y pagará a razón del 15 por ciento sobre dicha base.

Destacó que entre los servicios más comunes prestados por las instituciones tecnológicas se encuentran los relativos a los trámites de expedición de certificados; de fichas de cumplimiento de requisitos para presentar exámenes de admisión o globales y de cédulas de inscripción a licenciatura o de reinscripción.

Así como duplicados de constancias de calificaciones o boletas; de reposición de credenciales; de constancias de servicio social; y de expedición y registro de títulos profesionales.

La diputada Ayala Ríos explicó al igual que en el número de servicios prestados, las tarifas para el pago de derechos no son homogéneas en los diversos planteles, siendo la más alta la del trámite de expedición de cédula para curso de titulación. Ejemplificó que en el tecnológico de Acayucan es de 238 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a más de 20 mil pesos.

Con relación a lo anterior consideró conveniente la medida decretada de eximir del pago del Impuesto Adicional, ya que en el ejemplo mencionado, de no existir ese beneficio la persona que tramite la expedición de esa cédula tendría que erogar también alrededor de 3 mil pesos por concepto del impuesto de referencia.

Para evitar conflictos interpretativos acerca de la procedencia o improcedencia de lo plasmado en los decretos citados, el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM considera que esto debe estar previsto directamente en la ley, con lo que se dará mayor certeza jurídica al beneficio que dicha exención, “sin estar sujeto a concesiones que quieran realizar o no los gobernantes en turno o a temporalidades específicas”, abundó

Con la medida que se plantea –subrayó- se contribuiría a fortalecer la economía de las familias veracruzanas que, en muchas ocasiones, con grandes esfuerzos procuran que sus hijas e hijos accedan a la educación superior para tener mayores oportunidades de desarrollo y un mejor nivel de vida.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la República.

La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en calidad de vocales.

Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se trataron por obvia resolución.

Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia.

La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma electrónica, tal como se dispone a nivel federal.

Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y municipales.

En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes.

Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos.

El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas.

Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz.

A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas.

Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión Extraordinaria.

En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional.

Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.

De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés general de los que debía conocer esta Soberanía.

Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos.

Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.