por Intra Conexión México | Jul 1, 2019 | Congreso
La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano–PRD presentó un anteproyecto de Punto
de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
que expida el Reglamento que fije los procedimientos y requisitos para que
existan laboratorios clínicos certificados en la muestra de ADN, en los
términos del Decreto número 665 de fecha 29 de noviembre de 2018.
En el mismo, la legisladora señala que en Veracruz
se protege la vida desde la concepción, por ello es necesario proteger a las
niñas y los niños a través del reconocimiento de la maternidad y la paternidad
compartida por igual, para garantizar una mejor calidad de vida a los menores
de edad, para reducir el número de nacimientos de niñas y niños sin
reconocimiento voluntario y legal por parte del padre, y para favorecer la
igualdad entre los sexos como una obligación de atender por parte del Estado.
Han transcurrido 149 días más, a lo establecido en
el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 665, destacó la diputada,
por lo que realiza este exhorto al Ejecutivo estatal; ya que sin el Reglamento,
“es letra muerta la prueba pericial en materia de genética molecular del ADN y sin
aplicación los artículos 289 Bis del Código Civil; 157 Bis y 157 Sexies del
Código de Procedimientos Civiles; 356 Bis de la Ley de Salud; y la fracción
XVII del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.
Recordó que mediante los Decretos 863 del 7 de
octubre de 2010; y 313 del 14 de diciembre de 2011; se adicionaron los
artículos 289 Bis y 289 Ter, al Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies; ambos del
estado; en ellos se establece como un medio idóneo para probar la filiación y
por ende, el reconocimiento de la paternidad y como consecuencia, el
otorgamiento de los deberes de asistencia económica hacia los hijos nacidos
fuera del matrimonio; la prueba de ADN realizada por instituciones certificadas
por la Secretaría de Salud.
Sin embargo continuó, esto no era suficiente, ya que
al quedar determinado que las pruebas de ADN debían ser realizadas por
instituciones certificadas por la Secretaría de Salud, se hacía imposible
presentar como medio de prueba un examen de estas características, ya que la
Secretaría de Salud no contaba con la facultad jurídica para dar
certificaciones a laboratorios clínicos públicos o privados para que pudieran
realizar la prueba de ADN.
Derivado de lo anterior, señaló en su intervención, el 13 de abril de
2018, el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en
Xalapa, exhorta al Congreso del Estado para que adicione o modifique la Ley de
Salud del Estado, a fin de marcar los lineamientos para obtener la calidad de
“laboratorios clínicos certificados” en la toma de muestra del ADN y encuentre
su correlación con el artículo 157 bis del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, a fin de garantizar el derecho fundamental de la paternidad.
Dijo que en la Novena Sesión Ordinaria, del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el 28 de junio de 2018, la LXIV Legislatura aprobó la
adición de un Capítulo y un artículo a la Ley de Salud; y la adición de la
fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas para
el Estado. Adiciones que entraron en vigor mediante el Decreto 665 publicado en
la Gaceta Oficial, de fecha 29 de noviembre de 2018.
En este Decreto se establece la facultad que tiene la Secretaría de Salud
para vigilar, acreditar y certificar a todas las Instituciones Públicas o
Laboratorios Clínicos Privados para que realicen pruebas en ADN, en términos de
lo establecido en los artículos 289 Bis del Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies
del Código de Procedimientos Civiles; ambos para el Estado.
Asimismo, en el Decreto antes citado, en su artículo Tercero Transitorio
estableció un plazo de 60 días para que el Ejecutivo del Estado expidiera un
Reglamento que fijará los procedimientos y requisitos para que las
Instituciones Públicas y Laboratorios Clínicos Privados puedan obtener su
certificación para expedir pruebas periciales en materia de genética molecular
del ADN. Plazo que concluyó el día 29 de enero de 2019, destacó la legisladora
“sin que hasta la fecha el Ejecutivo del Estado haya expedido el Reglamento
respectivo”.
El anteproyecto fue turnado, para su estudio y
dictamen, a la Junta de Coordinación Política.
por Intra Conexión México | Jul 1, 2019 | Congreso
La
diputada María de Jesús Martínez Díaz, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo donde se
exhorta a las autoridades competentes a dar cumplimiento a la reforma del
Código de Derechos por el que se exceptúa el cobro del derecho de inscripción,
de los contratos relativos a la constitución de créditos agrícolas con garantía
hipotecaria, celebrados entre los productores del sector primario.
Recordó
que durante la Sexagésima Cuarta Legislatura se aprobó una iniciativa de
decreto que reformó diversas disposiciones del Código de Derechos para el estado
de Veracruz, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número
Extraordinario 362 de fecha 10 de septiembre de 2018.
Esta
reforma, puntualizó la legisladora, tuvo como finalidad exceptuar el pago de
las inscripciones al Registro Público de la Propiedad en el estado de Veracruz,
por créditos hipotecarios destinados a la producción en el sector primario, ya
sean otorgados por instituciones bancarias de primer o segundo piso; o fondos o
de riesgo compartido.
Lo
anterior –añadió- permitiría que la contratación de créditos sea menos costosa,
otorgando facilidades para acceder a programas, apoyos y fondos agrícolas del
Gobierno Federal, Estatal y de instituciones crediticias.
Sin
embargo aseguró “es una verdadera pena que dicha reforma, hoy vigente, no se
aplique porque no es acatada en sus términos
por los titulares de las oficinas del Registro Público de la Propiedad
en las diferentes zonas registrales que se encuentran en el estado de Veracruz,
y que dependen de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, y este a su vez de la Secretaría
de Gobierno”.
Asimismo,
subrayó que en este caso los servidores públicos responsables de los registros
públicos de la propiedad, de acuerdo a los estatutos legales estarían
cometiendo los delitos de Incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 319 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Además,
de violentar la Ley del Registro Público de la Propiedad en su artículo 76, así
como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz.
El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su
trámite legislativo correspondiente.
por Intra Conexión México | Jul 1, 2019 | Congreso
El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes.
El
diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes,
presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura
orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en
condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas
Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.
Al
exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la
Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz
el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.
La
citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para
acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados,
e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo
de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios
educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.
También
considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin
embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se
consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este
año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes
correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril,
tampoco se consideró recurso alguno.
Como
resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía
aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas
autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones
tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población
migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.
El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su
análisis y dictamen.
por Intra Conexión México | Jul 1, 2019 | Congreso
El
diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde exhorta al titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal para que
atienda de manera urgente la problemática que enfrenta el Registro Agrario
Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria en el estado de Veracruz, por la falta
de recursos materiales, humanos y de infraestructura tecnológica necesarios
para garantizar una atención eficiente a los ejidatarios y representantes de
los núcleos de población ejidal de la entidad.
Como
es de conocimiento, dijo el legislador, la SEDATU está orientada a la
planeación, ordenamiento y desarrollo territorial y de vivienda, apoyando los
programas de modernización de los registros públicos de propiedad, aportando
diagnósticos en materia de crecimiento demográfico y control territorial. Asimismo,
con funciones administrativas el RAN, resolverá las cuestiones relacionadas con
los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales con la
participación de las autoridades estatales y municipales.
El
objetivo real y funcional de estos organismos, aseveró Rosales Torres, es que
se cuenten con los recursos suficientes para que sean atendidas las solicitudes
que día a día realizan los ejidatarios en estas dependencias, para que den
pronta solución a la regularización de sus trámites.
Aseguró
que dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, se contempla impulsar
la competitividad del sector primario, elevando la calidad de los productos del
campo, logrando con ello el crecimiento, la sostenibilidad y fortalecimiento de
infraestructura rural e hidroagrícola, atrayendo con ello fuerza productiva al
campo.
El
legislador dijo que los ejidatarios de la entidad están complacidos con las
estrategias que el Gobierno actual ha creado respecto a financiamientos y
programas de desarrollo social para el campo, proveyendo acceso a créditos con
bajas tasas de interés, entre otros beneficios; sin embargo, agregó, uno de los
problemas con los que se enfrentan es que deben contar con certeza jurídica,
traducida en un título de propiedad, certificado parcelario o escritura
pública.
Día
a día cientos de veracruzanos asisten a la RAN para realizar los diversos trámites, continuó,
que va desde la inscripción de lista de
sucesión hasta la expedición de constancias, certificados parcelarios y títulos
de propiedad, pues al día de hoy no cuentan con certeza jurídica sobre su
propiedad.
“La
problemática que ha enfrentado por años el RAN y la Procuraduría Agraria en el estado
de Veracruz, es la corrupción, pues éstas dependencias han sido olvidadas, la
falta de recursos en sus instalaciones, el deficiente y obsoleto equipo de
trabajo y personal insuficiente, son factores que determinan que los trámites
sean olvidados y no les den seguimiento por la falta de recursos”, puntualizó
el legislador del distrito de Medellín.
Finalmente,
expuso que la SEDATU, requiere de una alta cantidad de recursos humanos,
institucionales y técnicos, ya que debe enfrentar retos de administración como
la administración de terrenos de la Nación.
Pero
sobre todo, debe trabajar y dotar de recursos materiales y humanos e
infraestructura técnica, a sus organismos como lo son el RAN y la Procuraduría
Agraria, a fin de hacer accesibles la tramitación de los documentos con el fin
de garantizar una atención de calidad.
por Intra Conexión México | Jul 1, 2019 | México
La Guardia Nacional, el nuevo cuerpo con el que el Gobierno
de México quiere hacer frente al grave problema de inseguridad del país, fue
inaugurada formalmente este domingo pese a que miles de sus miembros ya actúan
desde hace varios días en funciones de control migratorio.
La institución tiene por objeto reducir los altos índices de
delincuencia que sufre el país, que el pasado año registró 33 mil 369
asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron
los registros en 1997.
De acuerdo con cifras oficiales, en los cuatro primeros
meses de este año suman ya 11 mil 221 víctimas de homicidio doloso en todo el
país, una cifra mayor a la de 10 mil 512 personas asesinadas en el mismo
periodo de 2018.
Según expertos consultados con la agencia EFE, los números
parecen indicar que los homicidios cerrarán el año en una cifra similar o
superior a la del año anterior.
En la ceremonia de abanderamiento de la Guardia Nacional,
efectuada en un campo militar usado generalmente para eventos ecuestres, el
presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el país “padece del grave
problema de la inseguridad y la violencia, que se profundizó en los últimos
tiempos”.
El presidente aseguró que el Gobierno que preside desde el 1
de diciembre de 2018 está logrando avances en temas como la economía y la lucha
contra la corrupción, pero reconoció que “tenemos como pendiente resolver el
gran problema de la inseguridad y la violencia”.
“Ahí no podemos decir que se ha avanzado; ahí
desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los
gobiernos anteriores”, dijo.
Criticó la estrategia de seguridad de administraciones
pasadas, cuando las Fuerzas Armadas estaban impedidas constitucionalmente de
participar en tareas de seguridad pública y “eran usadas solo para operativos
contra el narcotráfico”.
Por ello, agradeció al Congreso federal y a las legislaturas
estatales haber reformado la Constitución para que las Fuerzas Armadas “puedan
participar en auxilio del pueblo de México”.
Asimismo, señaló que en la nueva corporación participan
agentes de las policías militar, naval y federal, que trabajarán
coordinadamente bajo un solo mando.
Ante miles de efectivos de la Guardia, declaró que “es sin
duda un hecho histórico iniciar las labores de esta nueva institución” que
comienza oficialmente este domingo su despliegue en todo el país con 70.000
elementos para crecer gradualmente hasta alcanzar los 150.000 efectivos.
“Tengo confianza en ustedes y sé que no van a defraudar al
pueblo de México”, dijo el mandatario a los agentes de la Guardia.
Si bien el objetivo expreso de la nueva institución es
garantizar la seguridad pública, la Guardia Nacional ya trabaja desde hace
varios días en tareas de control migratorio, según confirmó el 24 de junio el
secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
En una conferencia de prensa con el presidente López Obrador
en Cancún, estado de Quintana Roo, Sandoval indicó que en la frontera sur con
Guatemala y Belice se desarrolla una operación de control migratorio “donde
está implicada la Guardia Nacional”.
Precisó que en la frontera sur y hasta el Istmo de
Tehuantepec hay desplegados 2 mil elementos en funciones de la Guardia Nacional
y 4 mil 500 de otras unidades del Ejército y la Marina en apoyo al Instituto
Nacional de Migración.
Señaló que lo mismo ocurre en la frontera norte, donde hay
“un despliegue total entre Guardia Nacional y unidades del Ejército de 14 mil,
casi 15 mil hombres” desde Tijuana hasta Matamoros.
La Guardia estuvo incluso involucrada el pasado sábado en la
deportación vía aérea de 81 haitianos que se encontraban en situación
migratoria irregular en el país, después de lo que al parecer fue un
enfrentamiento con agentes federales a bordo de la aeronave.
El Instituto Nacional de Migración informó que la
deportación se efectuó en un avión Boeing 727 de la Policía Federal del
Aeropuerto Internacional de Tapachula, estado suroriental de Chiapas, hacia
Puerto Príncipe, capital de Haití, “luego de que se atendieran consideraciones
técnicas y de seguridad del capitán de la aeronave”.
La institución no precisó cuáles fueron las “consideraciones
técnicas y de seguridad”, pero fuentes aeroportuarias dijeron a EFE ue algunos
haitianos se amotinaron a bordo de la aeronave, lo que motivó la intervención
de fuerzas federales.
El despliegue de la Guardia Nacional en estas tareas es el
resultado de un acuerdo de los Gobiernos de México y Estados Unidos anunciado a
principios de junio que busca frenar el flujo de migrantes, principalmente
centroamericanos.
A cambio de esta y otras medidas por parte del Gobierno de
México, el presidente estadounidense, Donald Trump, retiró por ahora la amenaza
de imponer aranceles a los productos mexicanos.
