por Intra Conexión México | Jun 15, 2019 | Congreso
El
Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada
María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar
atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos
de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente
público.
Asimismo,
con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la
cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta
iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse
el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es
el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.
Además,
continuó la legisladora, se prevé que los proponentes de bienes o servicios que
vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio
Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio
exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas,
talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o
negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad
de la información.
“La
intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas
que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán
constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios
verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó
Martínez Díaz.
Además,
en consecuencia, continuó la diputada, se propone señalar que la Contraloría
General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar
la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a
los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta,
no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino
perfeccionando la norma a través del
incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.
En lo
que se refiere a las responsabilidades se propone incorporar la obligación a los
servidores públicos, de informar sobre las infracciones al Órgano Interno de
Control o Contraloría General, además de adicionar una Fracción para señalar
que dicha falta será también considerada una infracción a la Ley, el hecho de
que el proveedor llegara a impedir, evitar o dificulte la verificación o
inspección domiciliaria correspondiente.
Además,
afirmó la también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone
incrementar el monto de la multa que actualmente establece la Ley de hasta mil
UMAS, para ir de las 300 a las mil 500 UMA´s.
“En
Acción Nacional, estamos convencidos que el combate a la corrupción debe darse
de forma pragmática y real, además de impulsar cambios al derecho vigente que
beneficien a quienes integran de forma real el sector empresarial, comercial y
de servicios, a aquellos que buscan salir adelante generando empleos e
inversión”, dijo la legisladora.
Finalmente,
aseguró que se debe favorecer a la iniciativa privada que le apuesta al
desarrollo económico del Estado, que ve en los órganos de Gobierno un cliente
potencial, a quien puede ofrecerle, bajo las mejores condiciones del mercado,
bienes y/o servicios; participando de forma libre y competitiva en
procedimientos reales contra sus iguales y no contra Empresas Fantasmas.
La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Unidas de Hacienda del
Estado y Vigilancia.
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Con el objetivo de dar respuesta a una protección civil
como fuerza preventiva y se apliquen rigurosas acciones para evitar riesgos, la
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno presentó un anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el cual exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a
realizar las acciones para evitar
el represamiento de las aguas que desbordan de los ríos Nautla y Chapachapa y de
los arroyos Colorado y La Bacinica, con el objetivo de salvaguardar la vida,
integridad y el patrimonio de los habitantes de la comunidad Felipe Carrillo
Puerto, del municipio de Martínez de la Torre.
Asimismo, se exhorta al Gobierno del Estado a que se
coordine con las instituciones federales, a fin de implementar las medidas necesarias
y evitar poner en riesgo a la población de esa comunidad.
La integrante del Grupo Legislativo de Morena
subrayó que la autopista Cardel-Poza Rica es una gran obra que acortará tiempos de desplazamiento,
dando mayor seguridad en los traslados entre el centro y norte del Estado.
Agregó que será una vía carretera que tendrá una longitud de 129.5 kilómetros,
con una sección transversal de dos carriles y acotamiento.
Abundó que esta obra otorgará un gran potencial a las empresas veracruzanas
de la región “con el Gobierno Federal debemos seguir caminando juntos para
poner manos a la obra y hacer realidad proyectos estratégicos como estos, para
el desarrollo de nuestro Estado”, manifestó.
Este anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, del Congreso del Estado.
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El diputado del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, José Magdaleno Rosales Torres,
presentó una iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 32 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo propósito es establecer la obligación
de los Ayuntamientos para que graben y transmitan públicamente sus sesiones de
Cabildo.
El legislador del Distrito
XVII, de Medellín, aseguró que las grabaciones deberán realizarse en un formato
de video, sin cortes y sin edición y, dependiendo de sus condiciones
socioeconómicas y técnicas, transmitirlo en vivo o ponerlo a disposición
pública a través de su Unidad de Transparencia.
Lo anterior con excepción
a lo relativo a las sesiones secretas, dejándose de considerar de éste tipo las sesiones en las que
deban tratarse asuntos relativos a la hacienda pública municipal.
Rosales Torres agregó que referente a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, propone se
adicionen dos incisos a la fracción II del artículo 16, donde se sumen a los
requisitos de información para los Ayuntamientos, las versiones estenográficas
y las grabaciones en video de las sesiones públicas, coadyuvando con ello la
participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos, convirtiéndose
en actores dentro de las diferentes formas de toma de decisiones en los
Ayuntamientos.
“En nuestro carácter de legisladores,
representantes de la voluntad del Pueblo, es nuestra obligación proveer los
mecanismos que coadyuven al desarrollo del Estado de Veracruz”, expuso el
diputado, quien agregó que este tipo de iniciativas dan certeza y la máxima
transparencia a las y los veracruzanos respecto a las acciones para la
erradicación y prevención de la corrupción.
Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.
-Pide diputado cumplir con la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad
Piloncillera-
Asimismo,
durante la sesión, el diputado José Magdaleno Rosales, presentó un Anteproyecto
con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz,
para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (Sedarpa), dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley para el Fomento,
Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una
actividad agrícola, artesanal y tradicional en la entidad y expida el Reglamento
correspondiente.
Recordó que el 29 de noviembre de 2018 fue
publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para el Fomento, Desarrollo y
Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad
agrícola, artesanal y tradicional en el Estado, misma que en su transitorio
tercero ordena que en 90 días naturales se deberá expedir el respectivo
Reglamento, y que correspondería a la Sedarpa, llevarla a cabo por ser la
dependencia competente en la materia.
Aseguró
que a casi seis meses de haberse publicado la Ley –a su consideración- se
encuentran en el mismo escenario de corrupción en la elaboración y venta del
piloncillo, pues el Reglamento que se ordena en el transitorio tercero de la
Ley aún no ha sido elaborado, lo cual viene en detrimento de los verdaderos
piloncilleros.
“El
comercio desleal no sólo afecta a Veracruz, sino a los productores de otros
Estados, pues esta labor constituye su única fuente de ingresos y sustento
familiar”, detalló.
Si bien
el reglamento no resuelve al cien por ciento la problemática, sí contribuye a
alinear a los productores desleales, apoyando el crecimiento económico de este
sector en Veracruz, concluyó.
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Por fortuna y más allá del debate y la discusión,
todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Veracruz coinciden
en respaldar, apoyar y respetar la libre expresión de ideas, aseguró el
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, durante el convivio con representantes de los medios de
comunicación de la entidad, con motivo del Día de la Libertad de Expresión
(conmemorado en México cada 7 de junio).
En el evento y con la presencia del presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín y de los coordinadores
de los Grupos Legislativos, del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández
Hernández y de los Partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, el legislador Pozos Castro dijo que las y
los diputados reconocen la labor de las personas que, con responsabilidad y
compromiso, mantienen informados a los veracruzanos del acontecer diario.
Subrayó que hoy más que nunca debe fortalecerse el
respaldo y respeto a la libre expresión de ideas y que el Congreso de Veracruz
siempre ha sido una institución de “puertas abiertas”, en la que hay
disposición al diálogo y apertura a la crítica.
De igual forma reiteró su reconocimiento a la labor
que realizan los comunicadores de la entidad, toda vez que –destacó- esta
actividad es fundamental en la consolidación democrática del Estado y del país.
Asimismo, recordó que la libertad es de suma
importancia para los seres humanos y señaló que en Veracruz está garantizada
esta libertad, en cual sea de las formas.
A este encuentro asistieron las diputadas Adriana
Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez,
Jessica Ramírez Cisneros, Magaly Armenta Oliveros y Deysi Juan Antonio.
También los diputados Jorge Moreno Salinas, Rodrigo
García Escalante, Wenceslao González Martínez, Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade Rivera, así como
el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el
Coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián Valerio Zamudio.
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El diputado Juan Carlos Molina Palacios, vocal de la
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
del Congreso del Estado, presentó la iniciativa que reformaría el artículo 54
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado cuyo propósito es
instaurar un desarrollo integral que logre una auténtica política pública y que
se vea reflejado en convertir “un campo verde veracruzano”.
La iniciativa del legislador independiente plantea
que respecto a la restauración de los predios con actividad agropecuaria, los
productores estarían obligados a destinar el 10 por ciento de su superficie
para realizar trabajos de reforestación, preferentemente en forma compacta o en
cortinas de árboles de usos múltiples, que pueden colocar alrededor de sus
linderos.
Podrán incluirse bancos forrajeros con leguminosas,
así como la superficie reforestada alrededor de las ollas de agua, arroyos,
manantiales o cualquier cuerpo de agua existente dentro del predio. Las
responsables de verificar que esto se cumpla serán las Secretarías de Medio
Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa)
La propuesta legislativa refiere que cuando se
presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios
ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, agropecuarios,
la Sedema y la Sedarpa, con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), formularán y ejecutarán, en coordinación con los propietarios,
programas de restauración ecológica con
el propósito de que se lleven a cabo las acciones para la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propicien la continuidad de los
procesos naturales que en ellos se desarrollaban.
En su intervención en tribuna, el diputado Molina
Palacios dijo que de aprobarse esta iniciativa los beneficios serán:
mantenimiento de la fertilidad y propiedades físicas del suelo; control de
erosión y protección de cuerpos de agua; incremento de la biodiversidad,
recuperación paulatina de especies nativas, restauración del paisaje y aumento
en la cantidad y calidad de la producción agropecuaria con visión sustentable.
Agregó que los árboles a usarse en la reforestación
puedan ser frutales, maderables
forrajeras y dendroenergéticos (leña) y se propone que,
preferentemente, el 10 por ciento de la
superficie sea compacta y continua, para que -si el productor agropecuario lo
considera- pueda ser un área privada de conservación.
El legislador manifestó que Veracruz es uno de los
tres Estados de la República más ricos en biodiversidad. “Somos el Estado por donde
pasa el 35 por ciento de las escorrentías de agua y la entidad con el mayor
hato ganadero, somos también el mayor productor de azúcar, de cítricos, en
resumen somos un Estado con gran potencial agropecuario”, abundó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y
se instruyó remitir copia a la Comisión Especial para el Seguimiento a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
