por Intra Conexión México | Jun 6, 2019 | Congreso
La diputada Magaly Armenta Oliveros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa que modificaría el artículo 16 del Código de Derechos para el Estado y que tiene como propósito disminuir un 50 por ciento el costo por registro y el derecho de control vehicular para los usuarios de motocicletas.
De esta manera, agregó la legisladora, se prevé regular este medio de transporte y se apoya la economía familiar de los ciudadanos que utilizan una motocicleta.
Durante la séptima sesión ordinaria, del segundo periodo, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad subrayó que el uso de la motocicleta en la entidad se ha incrementado, principalmente, en venta de comida rápida y además ha permitido a un gran número de maestros rurales llegar a tiempo a sus centros de trabajo, evitando con ello caminar largas distancias.
En tribuna, la diputada significó que el número de motocicletas registradas en Veracruz aumentó exponencialmente y recordó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos 16 años el número de motocicletas registradas en el país aumentó en un 916 por ciento, “en el 2000 había únicamente 293 mil 834 motos registradas en todo el territorio nacional y para 2016 el número subió a dos millones 987 mil 57”, citó.
Asimismo, refirió que en Veracruz están registradas 155 mil motocicletas y que circulan una cantidad similar sin registrar, aunado a que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reveló que se vendieron alrededor de 700 mil motocicletas, de las cuales la mayor parte son modelos de bajo costo.
La legisladora Armenta Oliveros dijo que el uso de motocicletas va en aumento debido a que es un medio rápido y económico, aunado a su bajo consumo de combustible y precio accesible de mantenimiento.
Además “por ser amigable con el medio ambiente, por la facilidad de desplazarse en las grandes ciudades, en el campo, comunidades e incluso transitar por caminos rurales de difícil acceso, en donde antes sólo se ingresaba en caballos, burros, caminado o por medio de vías pluviales”, refirió.
Por último manifestó que para combatir los graves problemas ambientales que existen en la entidad, debe empezarse por cambiar los hábitos, utilizando medios de transporte menos contaminante, más ágiles y que sean más fáciles de desplazarse.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Transporte, Tránsito y Vialidad, para su estudio y dictamen correspondiente.
por Intra Conexión México | Jun 6, 2019 | Congreso
Los obstáculos que padecen las personas con discapacidad pueden superarse si existe colaboración de los Gobiernos con organizaciones civiles, profesionales y especialistas, expresó la diputada Deysi Juan Antonio, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, al participar en las Mesas de Trabajo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
En este evento, inaugurado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, la legisladora subrayó que el objetivo central de este espacio es revisar los artículos de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado de Veracruz, “así con las valiosas aportaciones de ustedes podemos llevar a cabo la actualización de la misma, armonizándola con el marco jurídico nacional y los estándares internaciones en materia de discapacidad”.
Ante la presencia de la titular de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Estado, Mayra Ledesma Arronte, la diputada Deysi Juan Antonio indicó que las múltiples problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad son la falta de empleo, las pocas o nulas oportunidades económicas y la pésima situación de acceso a la educación; además como la carencia de servicios y, sobre el caso, ejemplificó el de transporte.
Destacó que el Estado de Veracruz es el tercero a nivel nacional con el mayor número de personas con discapacidad con un 6.7 por ciento del total de la población, siendo las principales discapacidades la motriz y visual.
Agregó que la prevalencia de la discapacidad va en aumento, por lo que considera que es deber del Estado implementar acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se derivan.
Por lo anterior, expresó que las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz tienen el firme compromiso y están convencidos que la mejor manera de cumplir a cabalidad con la materia de discapacidad es trabajar de la mano con las personas de este sector de la población, “con ustedes daremos una orientación exitosa a este proyecto y con sus aportaciones llenaremos de espíritu y de razón al quehacer legislativo y a las políticas públicas del Gobierno”, abundó.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, explicó que la Ley 822 es inclusiva y de vanguardia, sin embargo aclaró que ésta no tiene cumplimiento. Confió en que las mesas de trabajo generen propuestas para llegar a hechos concretos y ver de qué forma se puede trabajar en la inclusión, “en tanto no se eliminen las barreras y estereotipos y no tengamos los mismos derechos todos, no se puede hablar de inclusión”.
Señaló que es de suma importancia que todos contribuyan a un Veracruz más inclusivo y revisar qué cosas de política pública pueden mejorarse y de qué forma se puede tranversalizar y hacer realidad.
Advirtió que hay un atraso muy severo en el tema de movilidad, toda vez que al aprobarse la ley se estableció un plazo de cinco años para que el transporte público, de manera gradual, se adaptara, “a la fecha no lo hemos visto y así como éste hay más pendientes”.
La directora General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma, dijo que en el Gobierno del Estado están conscientes que los retos son múltiples y en diferentes dimensiones, desde cosas materiales tangibles, que tienen que ver con la accesibilidad y acondicionamiento de espacios, hasta la adaptación de mecanismos para garantizar el libre ejercicio de sus derechos a la participación política y pública, el acceso adaptado a la educación, al trabajo, capacitación y a la salud.
Sostuvo que hay sectores de la población que además padecen otras carencias estructurales como son pobreza, rezago educativo, acceso a la seguridad social, calidad en los espacios de vivienda, acceso a una alimentación adecuada, pero también –agregó- a la cohesión social y sobre todo un marco de vida que les garantice la no exclusión.
A este foro asistieron las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta de la Comisión de Protección Civil; Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad y María Candelas Francisco Doce, vocal de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De igual forma la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal; del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, Mitzy Velay Velay y el representante del programa S.E Incluyente, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Aarón Ernesto Flores Velasco.
Además de integrantes de las asociaciones civiles: Asociación de Deportistas sobre Silla de Ruedas en Veracruz, Dando Cambios Contigo, A.C; Carrera por la Vida, Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral; Instituto Down Xalapa, Organización Mexicana de Viatusimo Incluyente A.C y personal de diversos organismos relacionados con discapacidad.
por Intra Conexión México | Jun 6, 2019 | Congreso
En voz de la diputada Erika Ayala Ríos, diputados integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, presentaron una Iniciativa de Decreto para reformar el Código Penal para el Estado de Veracruz y con ello, ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad en casos de violación y pederastia.
La propuesta, explicó la legisladora, responde a la justa demanda ciudadana de castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas las personas, y más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, sin importar también la edad de mujeres adultas y jóvenes.
Concretamente, el Grupo Legislativo propone que sean agravantes de la pena si dichos delitos se realizan en:
• Vehículos de transporte público de pasajeros o en otros que presten un servicio similar;
• En lugares despoblados o solitarios;
• Derivado del allanamiento de la morada de la víctima; y
• Al interior de instituciones educativas o en establecimientos públicos o privados en los que se preste el servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos delitos son cometidos por personal de las mismas.
La diputada Erika Ayala precisó que en todos esos casos, existe mayor ventaja de los delincuentes sobre las víctimas y, por lo tanto, las penas deben ser mayores.
De igual forma, la iniciativa plantea homologar, en la mayor medida posible, los supuestos de agravamiento de la pena existentes en los delitos referidos, ya que de su revisión se advierte que si bien los bienes jurídicos tutelados son distintos (la libertad y la seguridad sexual, en el caso de violación, y el libre y sano desarrollo de la personalidad, para el de pederastia), en algunos casos existe una descripción de supuestos más amplia, que permitiría la aplicación de penas más altas.
Por tal razón, consideró pertinente incluir como una circunstancia agravante en el delito de violación, la que se prevé para pederastia en la fracción cuarta del artículo 190 Quinquies, consistente en que el sujeto activo se aproveche de la confianza, ignorancia, extrema necesidad económica o alimentaria o subordinación de la víctima, o de la relación de superioridad o de cualquier índole que sobre ésta tenga.
“Estimamos necesario que en el caso del delito de pederastia se agregue el supuesto de que el sujeto activo “haya sido” y no sólo que “fuere” concubina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre del sujeto pasivo, ya que en esos casos, por el tipo de relación existente en forma previa y por el grado de confianza, la víctima no espera una agresión de esa naturaleza”, enfatizó.
Durante su intervención en Tribuna, la legisladora destacó que con mil 864 denuncias por presuntos delitos contra la libertad y la seguridad sexual (314 de ellas por violación), Veracruz ocupó el año pasado, el séptimo lugar nacional en ese rubro.
Por lo antes expuesto, se sometió a consideración del Pleno la iniciativa de decreto que reformaría la fracción II del artículo 190 Quinquies; y adicionaría las fracciones VI, VII, VIII, IX y X al artículo 185 y las fracciones VII, VIII, IX y X al artículo 190 Quinquies, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.
por Intra Conexión México | Jun 6, 2019 | Entretenimiento
Pablo Lyle se presentó ante la corte para conocer la
respuesta del juez, a quien solicitó permiso para suspender el arresto
domiciliario que cumple desde el 8 de abril.
El actor de Mirreyes vs Godínez llegó al juzgado la mañana
de este jueves 6 de junio en compañía de sus abogados, luego de solicitar un
permiso al juez Alan Fine para poder regresar a México.
La solicitud fue hecha con el objetivo de que Lyle pueda
trabajar y reunir los 100 mil dólares que costará su defensa, sin embargo, la
respuesta de las autoridades fue negativa.
De acuerdo con medios locales, a Pablo Lyle se le negó el
permiso para poder viajar a México, pero se realizaron algunas modificaciones a
su arresto domiciliario.
«Ha estado encerrado 24 horas monitoreado con GPS. No
ha visto la luz del sol», dijo uno de los abogados al solicitar la
modificación.
Desde ahora, Pablo Lyle tendrá que permanecer en el
domicilio de 7:00am a 6:00pm, pero tendrá permitido salir a reuniones con sus
abogados, con su familia e ir a la iglesia todos los días. Para ello deberá
pedir permiso con tiempo de anticipación.
Tras la respuesta del juez a cargo del caso, Pablo Lyle se
tendrá que presentar de nuevo el 11 de julio, fecha en la que se le dictará
sentencia.
por Intra Conexión México | Jun 6, 2019 | Deportes
Un día después de que varios atletas utilizaron las redes
sociales para quejarse del atraso y reducción de las becas que recibían por
parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la
directora de este organismo, Ana Gabriela Guevara declaró que con esta acción
se han ahorrado cuatro millones de pesos.
Según la dirigente del deporte mexicano, esos cuatro
millones eran destinados de forma errónea a atletas que no cumplían con los
estándares.
La ex velocista mexicana en entrevista con ESPN, señaló que
el monto de las becas se volverán a definir después de los Juegos Panamericanos
de Lima que inician el 26 de julio.
«Fácil estamos hablando de cerca de los siete millones
de pesos (lo que se pagaba mensualmente en becas). No fueron tantas bajas
(atletas), lo que disparaba la nómina eran los montos. Habían montos de cinco,
10, 12 ,14 y hasta 30 mil pesos y esto mes con mes y anualmente acumulaba una
cantidad muy grande», dijo Guevara.
Dicha reestructura se realiza en dos fases, en la primera se
determinó estandarizar los rubros de los diferentes tipos de becas que se
operaban hasta el año 2018 sin un soporte técnico y donde existían becas por
perspectiva cuya asignación tenía un alto nivel de subjetividad.
La medida y las declaraciones de la medallista olímpica en
Atenas 2004 levantaron molestia entre varios atletas a lo que Guevara señaló,
«los que entienden siguen adelante y quienes no hacen su berrinche y
persisten a entrar a lo mediático».
