Presentan, al Pleno, Iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana

Presentan, al Pleno, Iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana

Ante el pleno de la LXV Legislatura, y durante los
trabajos de la cuarta sesión ordinaria, fue presentada la Iniciativa de Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana, (UV), redactada en el marco de las
atribuciones que le confiere, a esa institución educativa, el artículo 34,
fracción VII, de la Constitución Política del Estado.

Como universidad pública, la máxima casa de estudios
del Estado de Veracruz asume los retos que enfrenta hoy en día la educación
superior en los contextos local, regional, nacional e internacional, se señala
en la Iniciativa, y por lo que es necesario actualizar su diseño
normativo-institucional, con la finalidad de seguir contribuyendo, con
pertinencia, calidad y excelencia, a la formación de profesionales, a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento, y a la difusión de la
cultura y la extensión de los servicios.

Los cambios normativos experimentados en los últimos
años en las instituciones del Estado mexicano, tanto en el ámbito federal como
en el local, han vuelto muy compleja la gestión universitaria, se abunda en el
documento, requiriéndose, cada vez, con mayor urgencia, la adecuada
armonización de la legislación que regula el funcionamiento de esa institución.

En este contexto resaltan, en la integración del
documento, aspectos como el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos,
equidad, participación y responsabilidad social, inclusión, diversidad, la
sostenibilidad y sustentabilidad, entre los más importantes, así como las
reformas en materia de educación superior, la transparencia, la fiscalización
en la administración de los recursos económicos y la contabilidad
gubernamental, entre otras.

La propuesta de nueva Ley Orgánica destaca los
aspectos siguientes: se reconoce a la UV mayor capacidad para decidir sobre su
organización académica y administrativa, y su desarrollo institucional. Con
ello, se abre la posibilidad de incrementar la cobertura y la diversificación
de la oferta académica en sus diferentes niveles y modalidades, así como de
incorporar procesos de aprendizaje de acuerdo con paradigmas educativos
innovadores, con flexibilidad curricular y fomento a la movilidad y el
intercambio, nacional e internacional, de alumnos y personal académico.

Finalmente, se resalta que la propuesta de Ley
Orgánica contiene las bases y los principios generales que se desarrollan y
complementan en la normatividad secundaria: estatutos, reglamentos y demás
disposiciones generales.

De esta manera, se concluye, “la máxima casa de
estudios del Estado de Veracruz mantiene su tradición educativa y su compromiso
social a la altura de las circunstancias presentes y futuras”.

La Iniciativa de Ley fue turnada, para su trámite
legislativo, a las Comisiones Permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales
y de Educación y Cultura.

Propone PRI-PVEM actualizar facultades de la Diputación Permanente

Propone PRI-PVEM actualizar facultades de la Diputación Permanente

En aras de adecuar las normas constitucionales a las
necesidades que impone una realidad en constante evolución, el Grupo
Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista
de México (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas, presentó la
iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, relativo a las funciones y atribuciones de la Diputación
Permanente.

Durante la cuarta sesión ordinaria, el legislador
Moreno Salinas detalló que la existencia de la Diputación Permanente, órgano
que funge durante los recesos del Congreso del Estado, es necesaria y se
justifica para no interrumpir los trabajos de este Poder; sin embargo –agregó-
esta figura está basada en circunstancias históricas muy distintas a las
actuales.

Dijo que anteriormente para los integrantes de un
Congreso representaba una mayor dificultad el trasladarse con prontitud de su
municipio a la sede del Poder Legislativo para reunirse en sesiones
extraordinarias, “en la actualidad esto ya no ocurre al contarse con mayores y
más rápidas vías de comunicación”.

Por lo anterior, los diputados del PRI-PVEM proponen
suprimir algunas atribuciones conferidas a la Diputación Permanente, sobre todo
por la naturaleza e importancia de las mismas en la vida institucional del
Estado, a fin de que sean de competencia exclusiva del Pleno del Congreso.

De esta manera se plantea eliminar la atribución de
la Diputación Permanente de nombrar provisionalmente a magistrados del Tribunal
Superior de Justicia.

Asimismo, quitar la facultad de este órgano
legislativo de nombrar de manera provisional a la persona que presida la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de designar también de forma
provisional a quien sustituya al Consejero de la Judicatura que hubiere
designado el Congreso y al Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano.

En contraparte se le adicionarían a la Diputación
Permanente algunas facultades de naturaleza eminentemente administrativa, que a
juicio de los proponentes no requerirían para su resolución que el Congreso
estuviese reunido. Ejemplo de esto sería las solicitudes de licencia o
ausencias definitivas de legisladores.

También se adicionarían dos fracciones al artículo
41, en la que se establecen facultades de la Diputación Permanente para el otorgamiento de licencias temporales por más
de 60 días a ediles, agentes y subagentes municipales y de los llamados, en ese
supuesto y en el de ausencias definitivas, a los suplentes respectivos y, por
otra, a la aprobación de los procedimientos de elección de agentes y subagentes
municipales, contenidos en las convocatorias emitidas por los ayuntamientos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

Propone diputado Gonzalo Guízar procedimiento para elegir a Magistrados

Propone diputado Gonzalo Guízar procedimiento para elegir a Magistrados

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reformaría el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, sobre
la forma de designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, que
establecería un procedimiento y una división clara de poderes.

Desde
la Máxima Tribuna del Estado, expresó que las y los veracruzanos, aspiran a
vivir en un régimen de derecho, en el que el imperio de la ley sea lo que
prevalezca, más allá de coyunturas políticas, conveniencias de grupos,
intereses personales o caprichos cupulares.

Dijo
que como representantes de la sociedad, están llamados a realizar un análisis
claro de los caminos que permitan de mejor manera conducir a la sociedad por el
sendero correcto hacia el progreso y la paz social.

“Uno
de los temas que ocupan nuestra agenda, es la relación que debe existir hacía
el Poder Judicial, como uno de los tres pilares en los que descansa la división
de poderes, tan oportuna en los tiempos de la democracia, pero tan
indispensable en los tiempos del autoritarismo”, subrayó.

Actualmente
–citó-, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz
establece: Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del
Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente
hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la
aprobación definitiva. Los magistrados durarán en su cargo diez años
improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta
Constitución.

La
iniciativa que reformaría el mismo artículo, propone lo siguiente:

I.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un plazo no mayor de cinco
días, comunicará al Congreso del Estado la existencia de una o más vacantes;

II.
Recibida la referida comunicación, el Secretario General del Congreso, sin
ulterior tramité remitirá la misma a la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales;

III.
La citada Comisión, una vez informada de la ausencia o vacante de la
Magistratura, en un plazo no mayor a treinta días, emitirá la convocatoria
pública respectiva;

IV.
La Comisión se abstendrá de establecer mayores requisitos a los previstos en la
Constitución Federal y esta Constitución y, una vez fenecido el plazo de
registro, deberá hacer pública la lista correspondiente. En caso de objeción de
algunos de las o los candidatos, podrá iniciar un procedimiento abreviado de
investigación de ilegibilidad de las o el candidato impugnado, en el entendido
que dicho procedimiento no podrá ser mayor a treinta días naturales. Será la
Comisión encargada de resolver al momento de emitir el Dictamen de elegibilidad
e integración de las ternas respectivas;

V.
La Comisión deberá entrevistar en forma pública y mediante los procedimientos
más abiertos a las y los aspirantes a ocupar la Magistratura correspondiente;

VI.
Las Asociaciones, Barras y Colegios de Profesionistas del Estado y las
instituciones de educación superior podrán presentar a la Comisión convocante
todos los elementos que consideren necesarios para objetar una o más candidaturas
a las Magistraturas. Serán desechadas de plano aquellas que carezcan de
elementos mínimos de prueba;

VII.
Una vez concluidas las entrevistas y en un plazo no mayor a quince días, la
Comisión respectiva elaborará un dictamen de resolución de elegibilidad y
propondrá a la aprobación del Pleno, las ternas necesarias para ocupar la o las
Magistraturas vacantes;

VIII.
Será designado Magistrada o Magistrado quien obtenga las dos terceras partes de
los votos de los diputados integrantes de la Legislatura. La sesión respectiva
deberá celebrarse a más tardar quince días después de aprobado el dictamen en
Comisión y de ser necesario, se convocará a sesión extraordinaria para ese
único efecto.

IX.
Aprobada la designación, se remitirá al Ejecutivo, quien contará con un plazo
de diez días hábiles para objetar de manera fundada y motivada, pero sobre todo
acompañando los medios de prueba probatorios de sus argumentos, caso en el
cual, el Congreso, y de entre los aspirantes ya inscritos, con la misma mayoría
hará la designación respectiva. Si el Congreso, también de manera fundada y
razonada insistiere en la misma designación, el ejecutivo no podrá objetarla
nuevamente, a menos que se trate del incumplimiento de alguno de los requisitos
previstos en la constitución; y

X.
Si el Congreso optare por otra alternativa, se someterá al mismo procedimiento
señalado en fracciones anteriores. De no hacer el Ejecutivo ninguna observación
en el plazo señalado, se entenderá que acepta la designación realizada, la que
se comunicará de inmediato al Poder Judicial para que se proceda a la
adscripción de la o el Magistrado de que se trate.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, ordenó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Propone diputada María Graciela nueva Ley de Atención y el Desarrollo de la Juventud

Propone diputada María Graciela nueva Ley de Atención y el Desarrollo de la Juventud

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Veracruz, en voz de la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, presentó la iniciativa de Ley para la Atención y el Desarrollo de la Juventud en el Estado de que tiene por objeto generar las medidas y el marco normativo que regulen las políticas públicas que permitan al Estado y a los municipios garantizar el desarrollo e inclusión de la juventud; así como la atención a sus necesidades sociales.

Como parte de los trabajos de la cuarta sesión ordinaria, del segundo periodo, la legisladora indicó que al día de hoy solamente se ha promovido el Parlamento Juvenil, dejando de lado las adecuaciones a los demás ordenamientos, que hagan efectivas políticas públicas orientadas a los jóvenes.

La iniciativa señala que la formulación e implementación de políticas públicas y programas para hacer efectiva la presente Ley, serán responsabilidad del Gobierno estatal y de los municipios, en el ámbito de su competencia, e incluirán los mecanismos de participación de las y los jóvenes en su diseño.

Refiere que todas las dependencias del Gobierno del Estado atenderán y apoyarán las iniciativas de participación social, colectivas o independientes, de las y los jóvenes. Las dependencias y organismos autónomos del Estado, deberán designar un servidor público de su adscripción en el que recaerá la responsabilidad de realizar las labores de enlace con la juventud, para procesar sus solicitudes de apoyo.

Los gobiernos estatal y municipal se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Atención de la Juventud, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención de las demandas y problemática de la juventud veracruzana, de conformidad con el Programa Estratégico.

En su intervención en tribuna, la diputada subrayó que actualmente Veracruz atraviesa una profunda transición social, política y económica, por tanto, es necesario garantizar a las y los jóvenes el acceso a todos los servicios de salud, vivienda y educación, pero, sobre todo, a la participación democrática con el fin de sentar las bases para que la juventud veracruzana

sea un grupo productivo que participe activamente en el bienestar y desarrollo de todos los sectores que conforman la sociedad.

Dijo que los jóvenes quieren participar, “queremos planes reales de desarrollo con visión integral y no a corto plazo, por eso es que hoy estoy aquí para levantar la voz en nombre de miles de jóvenes misantecos y veracruzanos, para ahora contar con una ley que nos brinde oportunidades reales para aportar, sobre salir y poder contar con mejores condiciones económicas en nuestros hogares”, abundó.

Expuso que es urgente dotar a los jóvenes de certidumbre jurídica y de condiciones que les permitan, en igualdad de derechos, participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen las mejores condiciones de vida, mediante la presente ley.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

Impulsa Omar Miranda homologar la Ley estatal de Desarrollo Urbano con la federal

Impulsa Omar Miranda homologar la Ley estatal de Desarrollo Urbano con la federal


El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado, con la finalidad de concluir con la homologación de la legislación estatal con la federal, y poder realizar correctamente políticas públicas en concurrencia.


El Desarrollo Metropolitano, señala Miranda Romero, es un concepto establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel federal, que busca constituir un proceso de planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones en zonas metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones.


A nivel estatal, Veracruz realizó diversas reformas en la materia, recordó Miranda Romero, a finales de la Legislatura pasada, otorgando herramientas y conceptos para crear Zonas Metropolitanas.


Estas reformas fueron encaminadas, continuó, para adecuar la Ley Estatal con la Federal, pero el proceso de reforma no se consideró el concepto de Desarrollo Metropolitano, necesario para coordinar la creación de estas Zonas en el Estado, acordes con la Legislación Federal. La Ley General establece que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera concurrente.


Con estas adecuaciones propuestas a nuestra Ley Estatal, señaló el legislador, se busca lograr una eficaz gobernanza metropolitana, pues se considera establecer mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio para asegurar la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.


Derivado de lo anterior, agregó, se propone: Integrar el concepto de Desarrollo Metropolitano, en el Glosario; se adiciona una sección primera donde se establezcan regulaciones específicas para el Programa Estatal de Desarrollo Metropolitano; se integra dentro del articulado de la Ley el concepto de Desarrollo Metropolitano como política rectora para formar Zonas Metropolitanas, esto para homologar la Ley General en la materia con la Ley Estatal y poder aplicar políticas concurrentes en la materia.


La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.