Presentan timbre postal, boleto del metro y billete de lotería con la imagen de Emiliano Zapata









El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, recibió, este 8 de
abril, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
Namiko Matzumoto Benítez el Informe anual, correspondiente a las actividades
realizadas durante 2018 y con ello se da cumplimiento al artículo 6 de la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado.
Al recibir a la presidenta del órgano autónomo, el
legislador Pozos Castro subrayó que es de suma importancia el cumplimiento con
lo establecido en la ley, pero sobre todo la transparencia y la rendición de
cuentas que demandan los veracruzanos.
El informe presentado abarca apartados como el de
Fortalecimiento Institucional, en donde señala las acciones que han
implementado para mejorar los servicios; Trabajo Sustantivo, donde abordan la
atención a las personas que han expuesto una vulneración a sus derechos e
Intervenciones Coyunturales, en el que se informa sobre el apoyo a familiares
de personas desaparecidas y personas privadas de su libertad.
Además de Relaciones Interinstitucionales, relativo
a la labor de la Comisión en materia de difusión y capacitación, así como de
comunicación y trabajo con diferentes sectores sociales.
Asistieron la Secretaria Ejecutiva, Minerva Regina
Pérez López; la Secretaria Técnica, María Fernanda Casas Berthier; el Contralor
Interno, Adolfo Toss Capistrán y el Director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel
Córdova Álvarez, todos de la CEDH.

Se llevó a cabo la gran final de la Liga Municipal de Fútbol Olmeca en donde los equipos de Delfín y Buena Vista se enfrentaron en un partido emocionante.
Con marcador de 3-2 el equipo de Buena Vista se impuso a Delfín, llevándose así, el trofeo de campeón y el premio en efectivo.
El Presidente Municipal Licenciado Argeniz Vázquez Copete, fue el invitado especial y quien hizo entrega de los premios, en compañía de Iván Palma, director de DIMUDE.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el se exhortaría al titular del Poder
Ejecutivo estatal a expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley número
669 para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con
Trastorno del Espectro Autista del Estado con la finalidad de acelerar la
elaboración de políticas públicas, programas, manuales y protocolos en
beneficio de personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y en
consecuencia se dote de certeza y seguridad jurídica al actuar de las
autoridades.
En la sesión, séptima del primer receso de la LXV
Legislatura, el diputado Guízar Valladares subrayó que la ley, antes citada,
establece en su artículo tercero transitorio que el titular del Poder Ejecutivo
estatal debía expedir las disposiciones reglamentarias de esta legislación, en
un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de la
misma, plazo que venció el uno de marzo del presente año.
El también coordinador del Grupo Legislativo Mixto
“Del Lado Correcto de la Historia” recordó que la Ley Número 669 para la
Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno
del Espectro Autista para el Estado de Veracruz, fue publicada en la Gaceta
Oficial del Estado el 20 de agosto de 2018 y, acorde a su artículo transitorio
primero, entró en vigor el uno de enero de 2019.
En tal sentido, el legislador Gonzalo Guízar explicó
que a la fecha no se ha emitido ni publicado el Reglamento al que se hace
referencia, “nos encontramos ante una omisión reglamentaria, pues han
transcurrido 32 días en exceso al plazo señalado”.
Agregó que la falta de esas disposiciones reglamentarias
de obligatorio y concreto desarrollo, impide la eficaz aplicación y efectividad
de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las
Personas con Trastorno del Espectro Autista.
Detalló que la facultad reglamentaria del Ejecutivo es
una de las funciones primordiales en que se desarrolla la actividad del Estado,
pues con ella se generan disposiciones de carácter general, impersonales y
abstractas que permiten la realización y optimización de las políticas
públicas, además de garantizar la vigencia y protección de los derechos
fundamentales de las personas.
Refirió que el Ejecutivo, como responsable del
gobierno del Estado, debe poner el ejemplo cumpliendo lo ordenado por este
Congreso, “sobre todo cuando lo que se busca es dotar de contenido y eficacia a
una obligación de Estado como lo es, garantizar un derecho fundamental, como el
que nos ocupa”, concluyó.
Este anteproyecto fue turnado, para su análisis y
dictamen correspondiente, a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Rubén Ríos Uribe, en su anteproyecto de Punto de Acuerdo,
presentado en la sesión de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura,
solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz,
así como al Fiscal Regional de la Zona de Córdoba, Alfredo Gómez Reyes, indiquen
el número de carpetas de investigación radicadas por delitos de robo y asalto
que se cometieron en esa jurisdicción, durante el mes de diciembre del año
pasado, como en los de enero, febrero y marzo, del presente.
“Veracruz se ha llenado de impunidad, ya que la FGE no está cumpliendo
con su trabajo de procurar justicia”, señaló Ríos Uribe, y pidió el número de las
carpetas que han sido concluidas y llevadas ante el Juez de Control.
Durante su intervención, lamentó “la grave situación que se padece en
Córdoba, derivada de la impunidad que prevalece en Veracruz”, destacando que la
ciudadanía ha externado su preocupación, “viendo la nula procuración de
justicia de los fiscales General y Regional”.
Indicó que existe un ambiente generalizado de incertidumbre, “tienen el
temor fundado de convertirse en víctimas de estos delitos, de abrir negocios,
salir a caminar en familia, salir de noche, frecuentar parques, con lo que se está
limitando a nuestra gente”, por lo que se vio en la necesidad de exhortar a
estas autoridades, a entregar dicha información, “los cordobeses queremos
conocer cómo trabaja la Fiscalía y no sufrir de injusticias”, concluyó.
Este Punto de Acuerdo, que también signó el diputado Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.