La presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura, diputada Maribel Ramírez Topete, subrayó que la Red de Mujeres Electas y el protocolo de violencia política en el estado de Veracruz permiten la reflexión, análisis, estudio e intercambio de ideas, dotando de herramientas a las mujeres electas, pues su participación y liderazgo en la política y vida pública son fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030.

En su intervención en el evento, organizado de manera conjunta con el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, la legisladora convocó a sus homólogos y homólogas del Congreso estatal a asumir el compromiso y refrendar la convicción de servir a las y los veracruzanos, impulsando la capacitación para fortalecer con conocimiento la defensa de la legalidad y los derechos humanos.

“Construyamos una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, porque sabemos que no hay democracia sin la participación de nosotras”, expresó.

Posteriormente, funcionarias del OPLE Veracruz realizaron la presentación oficial de la Red de Mujeres Electas, organismo integrado por presidentas municipales, síndicas, regidoras, senadoras de la República, diputadas federales y locales.

Este acto, tuvo la participación del presidente del Consejo Electoral del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla; la presidenta Interina de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, y la magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz.

También, la consejera electoral presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Norma Irene Cruz Magaña; la consejera electoral del Instituto Electoral del estado de Sinaloa y Presidenta de la AMCEE, Gloria Icela García Cuadras; la consejera electoral presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE Veracruz, Maty Lezama Martínez, y las diputadas federales Amalia Dolores García Medina y María del Carmen Pinete Vargas.

Generar condiciones de bienestar óptimo y hacer valer los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes mediante comunicación asertiva, escucha activa, regulación y estabilidad emocional, son los objetivos de la iniciativa en materia de educación parental y crianza positiva, presentada por la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno.

En la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora invocó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), todas signadas por el Estado mexicano, por las cuales, las niñas y los niños y adolescentes cuentan con protección jurídica como personas sujetas de derecho contra cualquier forma de violencia y de discriminación.

También destacó la consonancia de su propuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que México ha firmado y, en específico, el Objetivo 16, que propone poner fin al maltrato, explotación, trata y toda forma de violencia y tortura contra niñas, niños y adolescentes.

Luego de exponer cifras que muestran los altos índices de violencia que sufre este sector social, Ana Miriam Ferráez explicó que “la Crianza Positiva promueve la atención, el desarrollo de capacidades y el ejercicio de la no violencia; ofrece reconocimiento y orientación; contempla los límites relativos a la disciplina que deben formar, no agredir; educar, no castigar; fortalecer la plenitud en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, en vez de coartarlo y lastimarlo de por vida”.

Destacó que se busca, sobre todo, garantizar el Interés Superior de la Niñez para que las y los menores de edad estén blindados contra cualquier forma de disciplina violenta en sus hogares y promover la Crianza Positiva como el modelo de enseñanza familiar, con respeto, para el óptimo desarrollo evolutivo y en la libertad de pensamiento, decisión y acción, a las que, dijo, tienen derecho.

Así también, ayudar a madres, padres y personas cuidadoras a aprender mejores habilidades para que las relaciones con sus hijas e hijos sean más positivas y felices, añadió la legisladora.

Con la adhesión de las diputadas Cecilia Guevara, Tania María Cruz Mejía y Perla Eufemia Romero Rodríguez, del Grupo Legislativo de Morena y de los diputados Luis Fernando Cervantes Cruz, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, José Luis Tehuintle Xocua y Ramón Díaz Ávila, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.

El diputado Juan Enrique Santos Mendoza propuso, mediante una iniciativa, la expedición del Reglamento en Materia de Servicios Auxiliares de la Seguridad Vial, consistentes en arrastre, salvamento y depósito de vehículos, con el fin de que se preste el servicio en condiciones de equidad, lealtad e igualdad.

La propuesta presentada durante la Octava Sesión Ordinaria, plantea también que las personas operarias de los vehículos de carga especializada para el arrastre observen una conducta basada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Santos Mendoza señaló que la falta de un ordenamiento jurídico o reglamento especializado en la materia que regule dichos servicios deriva en irregularidades en la prestación de este servicio hacia las y los automovilistas por parte de los concesionarios. Muestra de ello –añadió- son las cientos de quejas que denuncian el mal servicio, atención y actuar de algunos operarios o concesionarios.

El legislador enfatizó la necesidad de expedir una regulación específica y eficaz de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos acorde con las demandas y necesidades de la sociedad, así como para aumentar la calidad en la prestación de este servicio y promover certidumbre jurídica, tanto para la ciudadanía como para las y los concesionarios.

Con el propósito de incorporar aspectos relacionados con la igualdad y la perspectiva de género en la Ley de Educación del Estado de Veracruz, a fin de lograr una armonización con la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior, la diputada Itzel López López presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversos preceptos del ordenamiento estatal.

De acuerdo con la propuesta, presentada por la legisladora en la Octava Sesión Ordinaria, las autoridades deberán establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, junto con la educación sexual integral y reproductiva, que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, planificación familiar, maternidad y paternidad responsable, prevención de embarazos de adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.

Además, el combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especial énfasis en la que se ejerce contra niñas y mujeres, las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, y la promoción del cambio cultural para construir una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Las instituciones de educación superior deberán, con el apoyo de las autoridades respectivas, en sus ámbitos de competencia, promover las medidas necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género.

La diputada Maribel Ramírez Topete presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, que busca crear condiciones que faciliten la participación en los procesos licitatorios, con una perspectiva de género, a fin de promover la adquisición de servicios, bienes o arrendamientos con un impacto sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Para la legisladora, los gobiernos deben fomentar la participación de las empresas lideradas por mujeres, a través de la implementación de una cuota de género en su legislación y reglamentación correspondiente, para crear oportunidades de empleo y abatir las desigualdades entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la propuesta, en la integración de los comités y subcomités de adquisiciones de cada ente público, deberá observarse la paridad de género, ya que, como órganos colegiados, deben regular y vigilar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones, permitiendo la representación de mujeres en la asignación de las contrataciones públicas.

En relación con el Padrón de Proveedores, la Diputada prevé la inclusión de la paridad para su integración y que las mujeres propietarias o representantes de empresas tengan acceso a la participación como proveedores en cada uno de los procesos de contratación.