Recibe Congreso el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019

Recibe Congreso el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019

La LXV Legislatura de Veracruz, a través del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Eric Domínguez Vázquez, recibió de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Auditora Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En primer término, el legislador Eric Domínguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, ante la presencia de la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria, y de los legisladores Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Rodrigo García Escalante, Erika Ayala Ríos, Deisy Juan Antonio, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera y Wenceslao González Martínez, quienes fungen en calidad de vocales, subrayó que este Poder Legislativo analizará con estricto apego a derecho y con transparencia el Informe presentado por el órgano fiscalizador.

“Estoy convencido que a pesar de la adversidad que tuvo el personal del Orfis, derivado de la pandemia por Covid-19, se está haciendo entrega de un excelente trabajo apegado a la legalidad y transparencia, tal como se han caracterizado”, precisó.

Asimismo, dijo que, a partir de este momento, será la Comisión de Vigilancia quien se encargará de analizar, dictaminar y someter a consideración del Pleno del Congreso, dicho Informe para que se lleve a cabo su discusión, y en su caso aprobación.

La Auditora Delia González destacó que, para cumplimento puntual, ante el periodo concedido a través de la prórroga por las circunstancias sanitarias, se ajustaron y optimizaron los trabajos de fiscalización para efectuar lo programado, dando atención a cada una de las etapas previstas para la planeación, ejecución y desarrollo de las auditorías.

“Los informes que hoy se presentan, describen de manera general y específica los hallazgos determinados así como las observaciones y las recomendaciones formuladas a los entes fiscalizables”, agregó.

Finalmente, el legislador Eric Domínguez dio a conocer que esta información es totalmente pública, a partir de esta fecha, y que, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en la página www.orfis.gob.mx, para consulta de toda la sociedad veracruzana.
Laguna El Farallón sería declarada Área Natural Protegida

Laguna El Farallón sería declarada Área Natural Protegida

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada María Esther López Callejas propuso a esta Soberanía exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, para que, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias e instruyan a quienes corresponda, a efecto de que la laguna El Farallón sea declarada Área Natural Protegida (ANP).

Al participar en la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora consideró imperativo que la laguna El Farallón reciba esta categorización bajo la tutela del Ayuntamiento de Actopan, municipio que –añadió- posee las características físicas, ambientales, sociales y de biodiversidad para tutelar este ecosistema estratégico, con capacidad administrativa y voluntad política para su creación y sostenibilidad en el tiempo.

La Diputada habló de la condición de contaminación agravada que mantiene a la laguna en un estado ecotoxicológico que rompe ciclos biológicos y biogeoquímicos dañando fauna y flora locales, ya que –señaló- en ese cuerpo de agua descargan residuos tóxicos provenientes de mineras, agroquímicos provenientes de la práctica agrícola colindante, extracción de su contenido para abastecer a los ranchos aledaños y la actividad de acuacultura particular de la zona.

Destacó que las ANP proporcionan agua para consumo humano, mitigan los efectos del Cambio Climático, aportan importantes elementos para la polinización y previenen la erosión, contribuyen al bienestar y la salud de la población y preservan servicios ecosistémicos claves para el desarrollo de la vida, entre otros beneficios.

Ante esta realidad, la legisladora ponderó como urgente establecer mediante un Plan de Manejo Estratégico de Recuperación Inmediata, los criterios para la conservación, la restauración de la biodiversidad y de los servicios ambientales que esta laguna provee.

A este exhorto se adhirieron los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, el diputado Gonzalo Guízar Valladares y la diputada María de Jesús Martínez Díaz.
Pide diputada a la Secretaría de Salud la creación de más Capasits en la entidad

Pide diputada a la Secretaría de Salud la creación de más Capasits en la entidad

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó al Pleno del Congreso del Estado un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a la Secretaría de Salud del estado (SS) para que considere la creación de más Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), de acuerdo al presupuesto anual que les corresponda, a fin de brindar una atención rápida, oportuna y eficiente a las personas con VIH-SIDA.

Al participar en la sexta sesión ordinaria, la diputada indicó que los Capasits son unidades que brindan el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico y de trabajo social tanto a las personas afectadas como a sus familiares. “Además brindan acceso al tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH que no están cubiertos por regímenes de seguridad social”, añadió.

Subrayó que en Veracruz hay cinco centros de este tipo, ubicados a un costado de los hospitales de alta Especialidad en los municipios de Poza Rica, Río Blanco, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; sin embargo –consideró- éstos resultan insuficientes ya que las personas con estos padecimientos tienen que trasladarse a algunos de estos centros, pues viven en lugares alejados y les resulta costoso este proceso.

Al respecto, ejemplificó que una persona que radica en el municipio de Santiago Tuxtla y que se traslada a la unidad que le corresponda, en este caso Coatzacoalcos, recorre alrededor de 183 kilómetros y hace un tiempo de tres horas para llegar y así recibir su tratamiento, “en muchas ocasiones requiere de tres o cuatro visitas por mes, lo que representa un gasto excesivo y al no contar con el recurso para viajar, pierden su cita o interrumpen su tratamiento”, aseveró.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local dijo que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible, por lo que los servicios de salud deben estar al alcance de las personas, “es decir cerca de ellas y, definitivamente, los grupos vulnerables son los que suelen tener menos posibilidades de recibir servicios de salud adecuados”.

Por todo lo anterior, la legisladora Kristel Hernández puntualizó que es necesario planificar y presupuestar la creación de más Capasits en la entidad, que tengan mayor cercanía con las comunidades y municipios, “en la medida de lo posible que exista un Centro de este tipo en cada uno de los municipios donde haya una jurisdicción sanitaria”.

Subrayó que, de ser factible, habría once Capasits en el estado, específicamente en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PRI-PVEM y MC-PRD-DSP, así como la legisladora Libni Adaelsi Sánchez Núñez.
Presenta PRI-PVEM iniciativa en materia de catastro

Presenta PRI-PVEM iniciativa en materia de catastro

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una propuesta de reforma a distintos ordenamientos estatales, cuyo propósito es, mediante normas claras y precisas, dotar a los ayuntamientos de mayores elementos para la tramitación de sus propuestas de leyes de ingresos y de tablas de valores catastrales unitarios de suelo y construcciones.

La iniciativa, presentada durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, plantea, en primer lugar, establecer que, en concordancia con el principio constitucional de libre administración hacendaria y en apego a las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos sólo deberán remitir al Congreso del Estado sus proyectos de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, mas no los referentes a los egresos, pues la aprobación de éstos corresponde exclusivamente a los ayuntamientos.

En segundo término, propone que en los proyectos anuales de leyes de ingresos, los ayuntamientos propongan las tasas, cuotas y tarifas aplicables para el cobro de las contribuciones municipales —impuestos, derechos y contribuciones por mejoras—, incluidas las relativas a la propiedad inmobiliaria. La única excepción sería la de los ayuntamientos que tengan incorporadas dichas tasas, cuotas y tarifas en un Código Hacendario Municipal propio.

En tercer lugar, contempla modificar la previsión relativa a los ayuntamientos que inician sus funciones con una ley de ingresos proyectada por las autoridades salientes, a efecto de que tengan la posibilidad de proponer, conforme al marco jurídico estatal, modificaciones a ese ordenamiento y no sólo “puntos de vista”. Con esto, no se limitará su participación a una mera opinión sobre la Ley que los regirá durante el año en que inician sus funciones, sino que podrán promover las modificaciones legales que estimen necesarias.

En cuarto lugar, detalla la conveniencia de que las cuotas y tarifas se fijen en las leyes de ingresos. De igual modo, se modificarían los plazos de aprobación edilicia de dichas tablas de valores y de remisión al Congreso, a efecto de que se encuentren homologados a los establecidos para los proyectos de leyes de ingresos; asimismo, se limitaría a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la función de analizar y dictaminar las propuestas respectivas con el apoyo, en su caso, de la autoridad catastral estatal.

De acuerdo con sus proponentes, con las reformas planteadas se pretende no sólo que el marco jurídico estatal se encuentre acorde con los principios establecidos en la Constitución federal en materia municipal, sino también abonar a una mayor operatividad en la emisión de las propuestas de leyes de ingresos y de tablas de valores catastrales unitarios de suelo y construcciones que, se añade, son de fundamental importancia para la hacienda pública municipal.

Esta iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de la Ley de Catastro, de la Ley que Regula el Procedimiento para Fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria y del Código Hacendario Municipal, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Hacienda Municipal.
Presidente firmará decreto para liberar personas privadas de su libertad que fueron torturadas o no han recibido sentencia

Presidente firmará decreto para liberar personas privadas de su libertad que fueron torturadas o no han recibido sentencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán liberadas las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y en diez años no han sido sentenciadas.

También serán liberadas las personas que fueron torturadas y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul; las y los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves, informó el jefe del Ejecutivo.

En conferencia de prensa matutina indicó que estas cuatro acciones formarán parte de un decreto elaborado por la Secretaría de Gobernación que él mismo firmará. Se presentará y publicará en la primera semana de agosto.

Detalló que se seguirá un procedimiento simplificado; la liberación de las personas tiene como fecha límite el 15 de septiembre de este año y la Secretaría de Salud se encargará de realizar los diagnósticos médicos correspondientes.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el poder judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

El mandatario refrendó que el Gobierno de la Cuarta Transformación rechaza la tortura, acto que calificó como contrario a los más elementales derechos humanos.

“Queremos dejar claro que, como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto. (…) El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura. Repudiamos la tortura, no queremos tortura en México. Se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta”, afirmó.

Recordó que en esta administración la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función: la protección de los derechos humanos y de la justicia, ya no la del autoritarismo y la represión al pueblo de México.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que en el país hay un total de 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94 mil 547, el 43 por ciento, todavía no reciben sentencia.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que dejar en libertad a cualquier persona que haya sido víctima de tortura y castigar a los torturadores es una nueva política que está impulsando el actual gobierno desde su inicio.

Consideró que “hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para evitar delitos como la tortura y peor aún: en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”.