El Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al Presidente de México para que ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias el pasado 19 de abril, mediante Acuerdo ACQyD-INE-68/2021, cuando resolvió sendas quejas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática y por Movimiento Ciudadano, con motivo de las declaraciones realizadas por dicho servidor público en la conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril.

En su resolución, el INE consideró, desde una óptica preliminar, que las conductas denunciadas eran posiblemente violatorias de los artículos 41 y 134 de la Constitución, así como de los criterios y directrices establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinó que era procedente la medida cautelar, bajo la figura de tutela preventiva y ordenó al Presidente de México:

Que, durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral a celebrarse el seis de junio del dos mil veintiuno, se abstenga de difundir logros de gobierno -incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, incluso cuando responda a las preguntas que le son formuladas en las conferencias de prensa.

El artículo 41 constitucional señala que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Por su parte, el artículo 134 establece que “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos».

El Acuerdo ACQyD-INE-68/2021 fue notificado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el mismo 19 de abril, a las 20:33 horas.

Sin embargo, al día siguiente, durante la conferencia matutina del martes 20 de abril, el Presidente de México volvió a realizar pronunciamientos relacionados con propaganda gubernamental y de índole electoral, lo que motivó que en esa misma fecha se presentara otra queja por el incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas un día anterior.

Ante los hechos, el día de hoy 22 de abril, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), área encargada de conocer sobre posibles incumplimientos de alguna medida cautelar, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, consideró que las expresiones y posicionamientos realizados por el Presidente de México en la conferencia matutina del 20 de abril, actualizan un posible desacato a la medida cautelar indicada, al versar sobre acciones y logros de gobierno, así como cuestiones de índole electoral, por lo que determinó:

Se considera justificado, oportuno y necesario ordenar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo ACQyD-INE-68/2021, apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública, con fundamento en lo establecido en el artículo 41, numeral 1, en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

La conducta denunciada el 20 de abril se suma a otros antecedentes y quejas presentadas por diversas fuerzas políticas. Una vez que se obtengan las respuestas a los requerimientos descritos, se enviará el expediente a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sea quien finalmente determine si existió o no desacato a la medida cautelar ordenada por esta autoridad y se pronuncie sobre el fondo de las conductas denunciadas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el personal médico que fue contratado para atender la pandemia de covid-19 en México no será despedido una vez que termine la emergencia sanitaria, pues consideró que son necesarios en el sistema de salud.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario comentó que se está creando un listado de aquellos médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud que han ayudado a atender coronavirus, para garantizar sus empleos.

“Existe el compromiso que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia tienen la garantía que van a seguir trabajando. (…) Hay la instrucción que no se despida a trabajadores. No se van a despedir porque hacen falta trabajadores”, dijo.

Recordó que el país tiene una gran necesidad de especialistas de la salud, pues resaltó que sólo existen 25 médicos para atender a niños con cáncer a nivel nacional; y la misma situación ocurre con otras necesidades. De esta forma, busca cumplir con el compromiso de reforzar a este sector.

“¿Que están despidiendo? No, porque los necesitamos, aún pasando la pandemia vamos a requerir enfermeras y médicos”, reiteró.

Durante las campañas, del 4 al 11 de abril, los programas de noticias en radio y televisión han dedicado 336 horas 51 minutos y 41 segundos a la cobertura de los partidos políticos y coaliciones que contienden en estas elecciones, lo que se traduce en un total de 16 mil 55 piezas informativas.

El primer informe de Monitoreo realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene por objetivo dotar a la sociedad en general de información respecto del tratamiento que los noticieros han dado a las campañas de diputaciones en el periodo correspondiente del 4 al 11 de abril.

En este lapso, la UNAM se encargó de monitorear un catálogo que incluyó a los 63 noticiarios y los 10 programas de espectáculos o de revista más importantes del país, que expone el comportamiento de los medios de comunicación masiva, con relación a la cobertura que dan desde los espacios en los que difunden noticias, a los diferentes participantes de la contienda electoral durante el periodo de campaña.

El tiempo total dedicado a las campañas para diputaciones federales fue de 336 horas, 51 minutos, 41 segundos, donde las candidaturas con más tiempo de transmisión en radio fueron las del PAN y en televisión las del PRI. Las candidaturas independientes tuvieron menos tiempo de transmisión.

El tiempo de transmisión en radio y televisión por partido político fue el siguiente:

Del tratamiento de la cobertura de las campañas para diputaciones federales, el género periodístico más utilizado son las notas informativas, mientras que en radio y televisión el recurso técnico más empleado fue sólo la cita.

En el periodo, se registraron mil 539 menciones de género para mujeres; dos mil 993 para hombres y 12 mil 117 menciones no incluyeron especificación de género.

Se registraron 81 piezas de monitoreo para todas las candidaturas en los programas de espectáculos y revista, de las cuales 79 corresponden a radio y dos a televisión.

El informe incluyó el tema correspondiente a la equidad de género con la finalidad de identificar las diferencias sobre el tratamiento otorgado a las y los precandidatos.

En cuanto al tiempo dedicado a candidatas y candidatos en radio y televisión, se registraron 48 horas, 19 minutos, 52 segundos para mujeres; 85 horas, 47 minutos, 51 segundos para hombres y 220 horas, 13 minutos, 33 segundos no incluyeron especificación de género.

Respecto al uso de lenguaje incluyente, el monitoreo reportó durante las campañas 4 mil 854 piezas de monitoreo sin uso de lenguaje incluyente y no sexista para todas las candidaturas, de las cuales 3 mil 819 corresponden a radio y mil 35 a televisión.

El monitoreo también analizó la violencia política contra las mujeres en razón de género e identificó los siguientes estereotipos: cosificación de las mujeres, roles domésticos, rasgos físicos o vestimenta, edad, rasgos de subordinación, expresiones sexistas en declaraciones. Los resultados reflejan que, de las mil 857 piezas de monitoreo valoradas en radio y televisión, 15 presentaron estereotipos de género con 20 frases estereotipadas, de las cuales 10 corresponden a radio y cinco a televisión.

La liga donde se puede acceder al portal del monitoreo es la siguiente: https://monitoreo2021.ine.mx/inicio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los acuerdos alcanzados con empresas administradoras de centros penitenciarios tras la renegociación de contratos perjudiciales para la Hacienda pública que se celebraron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En conferencia de prensa matutina el mandatario explicó que no se deshicieron los contratos sino que se ajustaron a fin de eliminar las cláusulas nocivas para las finanzas públicas, lo que se traducirá en ahorros.

“Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 por ciento, esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de dos mil 300, dos mil 500 millones de pesos por año. En los cuatro años que nos quedan, si así lo decide el pueblo, el Creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10 mil millones de pesos”, resaltó.

Los ahorros, dijo, alcanzarán para financiar hasta 400 cuarteles de la Guardia Nacional necesarios para procurar condiciones dignas al personal dedicado a la seguridad pública.

“Un cuartel de la Guardia Nacional cuesta alrededor de 25 millones de pesos. Bien hechos, de calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción, 25 millones de pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles y en los cuatro años nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo señaló que los ocho contratos leoninos se asignaron sin licitaciones, es decir, por adjudicación directa, con el compromiso de pagar cada año por la administración de los reclusorios en un periodo de 20 años.

Recordó que, además del pago excesivo se tenía que pagar el 100 por ciento habiendo o no personas privadas de la libertad.

Adicionalmente, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares.

“Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno”, apuntó.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el gasto por cada interno era equivalente al hospedaje diario en un hotel de lujo por concepto de alojamiento, alimentación y atención a cada interno.

“El gasto por PPL (Persona Privada de la Libertad) al año, que en promedio es de un millón 408 mil; el gasto por PPL al mes, que es de 117 mil 409 pesos; y el gasto promedio por PPL al día, que va de tres mil 913 pesos diarios”, precisó.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana, de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 67.7 por ciento se destinó al pago de los ocho contratos, lo que demuestra la privatización de estos servicios.

Además de la reducción de 15 por ciento del costo al Gobierno de México, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas al patrimonio de la nación.

También se estipularon mejoras a las condiciones de vida y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.