La LXV Legislatura recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gestionar y contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil millones de pesos, con destino a inversión pública productiva durante el ejercicio fiscal 2021 y subsiguientes.

De acuerdo con la propuesta, presentada en la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dicha gestión a ejecutar por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se realizaría ante cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Destaca que el Estado deberá destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto para financiar inversión pública productiva, en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas y metropolitanas, en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.

Se expone también que el origen y destino de los recursos a obtener permitirá garantizar obras y acciones de inversión productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.

Mediante esta acción, se autorizaría al Estado para que, a través de la Sefiplan, realice la constitución, el empleo, la utilización, modificación y operación del fideicomiso y la obtención, en su caso, de la calificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que el Estado contrate con base en el referido decreto y se adhieran al fideicomiso; en el entendido de que el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo a través de Sefiplan, podrá pagar los gastos y demás erogaciones, directamente o mediante aportación al fideicomiso de los recursos que se necesiten para tal efecto.

En virtud de lo cual, el Estado deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su liquidación total.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su análisis y, en su caso, dictaminación.

El pleno de la LXV legislatura aprobó el calendario de comparecencias de los órganos autónomos del estado, presentado a través de un Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 33, fracción II, este Congreso citó a comparecer a las y los titulares de los organismos ante las comisiones permanentes respectivas en el siguiente orden:

En seguimiento de las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han previsto para la mitigación y control de los riesgos ocasionados por la enfermedad generada por el

virus SARS-CoV2 (COVID-19), las comparecencias se realizarán en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 42 votos, la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, por la que se reforma la fracción ll del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, indica que la presente reforma garantizará el acceso a la nacionalidad mexicana a todos los ciudadanos que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano, con la finalidad de brindarles certeza jurídica.

Asimismo la instancia dictaminadora coincidió con los proponentes, en que toda persona tiene derecho a la nacionalidad, toda vez que este es el vínculo jurídico que existe entre un Estado, sus leyes y las personas que les permiten el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales.

La actual norma analizada por el H. Congreso de la Unión, dicta el documento, impide a quienes son nietos de mexicanos nacidos en territorio nacional pero hijos de personas ya nacidas en el extranjero de recibir la nacionalidad mexicana, lo que a criterio de los integrantes de la Comisión, coarta y limita de sobremanera el derecho de las dos generaciones precedentes de heredarles a título jurídico la cultura nacional, dejando a un segmento de población en posibilidad de resultar ser apátrida, motivo que avala la importancia de la presente Minuta.

Por su parte, la integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Deisy Juan Antonio, destacó que la nacionalidad reviste a los individuos con un sentido de pertenencia, considerado como un vínculo jurídico entre una persona y un Estado determinado, en virtud del cual se declaran y establecen de forma recíproca obligaciones y deberes.

Asimismo indicó que es obligación de todo Gobierno garantizar una nacionalidad en condiciones de igualdad, asegurando para con sus nacionales, el ejercicio pleno de los derechos asociados a ella.

Dicha Minuta fue remitida por la cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Congreso local el pasado 14 de diciembre, y presentada al Pleno durante la Sexta Sesión Ordinaria del Tercer año de ejercicio Constitucional.