Combatir la corrupción, vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos y romper el círculo de la impunidad, son los tres ejes de acción de la Contraloría General del Estado (CGE), definió su titular, Mercedes Santoyo Domínguez, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Alexis Sánchez García, presidenta y secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, respectivamente, la servidora pública aseguró que el trabajo realizado a lo largo de este año sienta las bases para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, que rindan cuentas y garanticen el acceso público a la información.

Fiscalización

La titular de la CGE informó sobre la realización de 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, así como la validación de 114 evaluaciones Programático-Presupuestales y de Calidad y Consistencia a programas presupuestarios y actividades institucionales. En 2020 –añadió- la CGE ha duplicado el número de evaluaciones respecto al ejercicio anterior.

Destacó también las 10 fiscalizaciones de obra pública realizadas a seis dependencias y entidades de la administración pública estatal, con un total de 97 obras revisadas. Además, se registraron 19 mil 591 operaciones que, conforme a su modalidad de contratación, se clasificaron en 23 licitaciones públicas nacionales, cuatro licitaciones públicas estatales, 164 licitaciones públicas simplificadas y 19 mil 400 adjudicaciones directas; de las cuales, 171 fueron adjudicaciones directas por excepción de ley. Del total, 17 mil 475 operaciones se realizaron con empresas veracruzanas y 2 mil 116 con empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas, representando el 89% para las empresas locales.

De acuerdo con su titular, la CGE dio seguimiento a 850 procedimientos de contratación de obra pública; de los cuales, 85 corresponden a la modalidad de Licitación Pública Nacional, 175 a Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 25 a Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y 565 a Adjudicación Directa.

Como parte del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, la CGE dio seguimiento a mil 247 incidencias derivadas de la inspección, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet). De éstas, 559 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 97 a organismos autónomos y 591 a municipios del estado.

En su calidad de ente fiscalizador, mediante los entes internos de control, dijo Mercedes Santoyo, la CGE ha realizado auditorías y revisiones periódicas a la comprobación del gasto y la aplicación de los recursos públicos: 31 auditorías a 13 dependencias y a 13 entidades de la administración pública estatal.

Transparencia, anticorrupción y función pública

En 2020, la CGE ha recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 23 mil 033 declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales 7 mil 578 se generaron por inicio de funciones, 1 mil 747 por conclusión de servicio y 13 mil 708 de modificación de situación patrimonial. Con corte al 30 de noviembre, la dependencia ha emitido 30 mil 938 constancias de no inhabilitación.

La servidora pública prosiguió: en el reciente año, ha emitido 557 resoluciones, de este total, 183 inhabilitaciones sin sanción económica, 18 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, 96 amonestaciones, 11 apercibimientos y 309 resoluciones fueron absolutorias.

Durante el mismo periodo, añadió, la CGE ha recibido 183 solicitudes de información. En colaboración con el Instituto Veracruzano de Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 162 servidores públicos de la Contraloría fueron capacitados.

Capacitación

Durante el mismo periodo, la CGE proporcionó a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal capacitaciones en: Principios y Valores Éticos, Vocación de Servicio Público, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Sistema de Control Interno, Gestión de Riesgos, Herramientas de Control, Estructuras Orgánicas, Elaboración de Manuales Administrativos, Bitácora Electrónica de Obra Pública, Plataforma Compranet, Contraloría Social y Ciudadana y en reforzamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.

Mediante la Plataforma Virtual, el Programa Anual de Capacitación fue abierto el 10 de agosto del 2020 y, con corte al 30 de noviembre, se han habilitado 3 mil 614 accesos, de los cuales 1 mil 447 servidores públicos han concluido y los demás están en proceso.

El 8 de abril del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo por el cual se emite el Sistema de Control Interno (SICI), de aplicación para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A la fecha, han recibido capacitación relativa al SICI a través de salas virtuales y de manera presencial 1 mil 507 servidores públicos de mandos superiores y medios, y por primera vez, los titulares de las dependencias y entidades.

En marzo de este año, fueron publicados en la Gaceta Oficial el Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Código de Conducta de la CGE. A la fecha, se ha autorizado un total de 70 Códigos de Conducta.

La Contralora habló también de las diferentes actividades realizadas para reforzar la capacitación contra el hostigamiento y el acoso sexual en la administración pública estatal: carteles, campañas, pláticas y mesas de trabajo, entre otras.

Santoyo Domínguez finalizó su participación informando que, en atención a lo señalado en el Programa General de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a través de la Universidad de Xalapa (UX), la CGE impartió el diplomado en línea en materia del Portal Nacional de Transparencia y Políticas de Gobierno Abierto, en el que participaron 29 estados del país.

“Estamos trabajando en el eje transversal de honestidad, austeridad, planeación, ejecución, control y evaluación de los recursos públicos del estado con la finalidad de gestionar, en todo momento, el bienestar de la sociedad veracruzana”, concluyó la Contralora antes de responder a las preguntas que las y los diputados le formularon.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, representante del Distrito XVII de Medellín, puso a consideración del Pleno un anteproyecto por el cual se prevé exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise y resuelva los problemas relacionados con las altas tarifas y cobros excesivos a habitantes de diversas comunidades de la zona de Manlio Fabio Altamirano.

Al participar durante la cuarta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de Morena señaló que, en días pasados, realizó un recorrido por la zona mencionada, donde los pobladores le solicitaron su intervención, ante las autoridades competentes, debido a que el cobro por el servicio de electricidad se les ha incrementado considerablemente, a pesar de tener el mismo consumo habitual.

El legislador Rosales Torres puntualizó que hasta el momento ha atendido a más de 10 casos que presentan esta misma situación; sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que este tipo de inconformidad se viene presentando en diversos sectores en todo el territorio veracruzano.

“Se hace imprescindible hacer un llamado urgente a la CFE y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realicen verificaciones a estos casos y se den soluciones a los usuarios, con la finalidad de que sigan gozando del servicio sin desembolsar las excesivas cantidades que les exigen cada bimestre”, concluyó.

Tras su lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir el anteproyecto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía.

Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales que hubiere presentado.

“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó.