La directora de Incorporación y Recaudación (DIR) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, al participar en el Parlamento Abierto de Análisis a la Iniciativa Presidencial en Materia de Subcontratación Laboral (outsourcing), convocado por las comisiones de Hacienda y de Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, reconoció que si bien existe una regulación específica en materia de outsourcing, ésta es insuficiente para garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social por parte de estas empresas y lograr la restitución de los derechos de los trabajadores.

Así, han prevalecido esquemas tendentes a simular la existencia de una relación laboral, registrar a trabajadores con un salario inferior al que reciben los trabajadores, utilizando para ello mecanismos de compensación de relaciones laborales a través de pagos que no son auditables para el propio Seguro Social, tales como pagos por honorarios, asimilados a salarios o a través de tarjetas innominadas, entre otros esquemas.

Este tipo de empresas también utilizan en su contabilidad conceptos que no integran el salario base de cotización, mediante el cual disfrazan el salario real que se otorga a los trabajadores. Otra práctica en que han incurrido es desagregar la plantilla laboral de un mismo centro de trabajo utilizando para ello la facilidad contemplada en la legislación actual de aperturar registros patronales por clase.

Con ello, se generan múltiples afectaciones a los trabajadores, entre ellas, falta de acceso a la seguridad social, menores importes en incapacidades temporales y permanentes, menor capitalización

en el fondo de ahorro para el retiro y también se impacta negativamente en el acceso a un crédito para la vivienda.

Los esquemas abusivos de subcontratación también afectan a las empresas, ya que con base en los Censos Económicos 2019, uno de los principales problemas que enfrentan las PYMES es la competencia desleal. Lo anterior se puede asociar a la operación indebida de la figura de subcontratación.

Por otra parte, existe una afectación importante para el IMSS, por los menores recursos recaudados para el fondeo de las prestaciones de los trabajadores, y se limita la capacidad que tiene el IMSS para invertir una mayor cantidad de recursos en infraestructura y atenciones médicas.

La directora de Incorporación y Recaudación advirtió que se ha generado un aumento sustantivo de esquemas abusivos de subcontratación, por lo que resulta indispensable terminar con estas prácticas. Para ello, el IMSS ha realizado operativos conjuntos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Administración Tributaria, el INFONAVIT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, con los que se ha logrado incrementar el salario base de cotización en más del 40%. Dentro del universo de empresas detectadas, el monto de evasión representa entre 0.2% y el 3% de sus ingresos anuales. Esto demuestra que pagar de manera correcta las cuotas de seguridad social no representa un impacto representativo sobre los ingresos.

En este sentido, subrayó que la reforma que se plantea en materia de seguridad social busca generar una sinergia con relación al planteamiento que se establece en la Ley Federal del Trabajo y establecer la responsabilidad solidaria entre el prestador de servicio o el ejecutor de la obra especializada, y quien lo contrata.

También se busca que haya convenios de intercambio de información entre las autoridades, específicamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para evitar sobreregular respecto de la información que se requerirá a las empresas y hacer más efectiva la actuación de las autoridades. Otro de los elementos presentes en la reforma es la eliminación de la facilidad de aperturar registros patronales por clase, y se establecen e incrementan sanciones relativas a la falta de presentación o no presentación en tiempo de la información que se tiene que remitir a las autoridades.

Las modificaciones que se plantean a la ley del Seguro Social buscan tener los elementos necesarios para poder reestablecer los derechos de los trabajadores y evitar afectaciones a las empresas y al propio Instituto Mexicano del Seguro Social.