Pide diputada endurecer penas para quienes agredan a personal de salud

Pide diputada endurecer penas para quienes agredan a personal de salud

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 314 bis y un segundo párrafo al artículo 196 del Código Penal para Veracruz, que endurecerían las penas a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia, o inciten al odio o violencia en contra del personal del sector salud, durante los periodos que comprendan la declaratorias de emergencia sanitaria.

La iniciativa propone la imposición de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Estatal de Salud, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, del mismo modo para quienes dañen instalaciones públicas o privadas de este sector.

Asimismo, señaló la diputada, se sancionará a quienes provoquen o inciten al odio o violencia o cometan actos de discriminación hacia al personal de salud, por lo que de aprobarse la presente iniciativa, se impondría una pena privativa de libertad correspondiente al incremento en una mitad, además de hasta ciento cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de hasta trescientas UMAS.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que “sin duda, hay miedo, psicosis entre la sociedad, pero es inadmisible que se esté atacando a quienes hoy integran la primera línea de batalla en contra del Coronavirus, ya que ellos se encuentran arriesgando sus propias vidas por salvar la del prójimo, atendiendo extenuantes jornadas de trabajo, por lo que merecen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su invaluable trabajo y vocación de servicio”, añadió Cervantes de la Cruz.

“En el Grupo Legislativo de Morena les decimos gracias, gracias por sacrificar horas de sueño, tiempo con la familia, por entregarle al pueblo sus esfuerzos y por salvar millones de vidas sin importar poner en juego la propia; nuestro reconocimiento, admiración y total respaldo”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Serían veracruzanos padres de ciudadanos nacidos en el estado

Serían veracruzanos padres de ciudadanos nacidos en el estado

El padre o la madre de hijas e hijos nacidos en el estado de Veracruz serían reconocidos también como veracruzanos, de acuerdo con la propuesta del diputado Amado Jesús Cruz Malpica de reformar la Constitución Política local.

Al inicio del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, durante la Primera Sesión Ordinaria, el integrante del grupo legislativo Morena puso a consideración del Pleno la iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador recordó que el referido Artículo 11, en el Capítulo III titulado “De los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos”, reconoce como veracruzanos a los nacidos en el territorio del estado y a los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

En otra referencia, según la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por nacimiento quienes “nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional”.

Esta relación de veracruzano que señala la Constitución local –argumentó Cruz Malpica- tiene una conexión en línea descendente. “Al reconocer como veracruzanos a aquellos nacidos en el extranjero, pero de padres nacidos en territorio nacional. De igual manera, podemos definir como veracruzanos a los ciudadanos nacidos en México, residentes en el estado, que son padres de hijos veracruzanos”.

Por todo lo expuesto, consideró que “valdría mucho dar este reconocimiento a quienes decidieron hacer su vida en el estado, conformar una familia, cumplir con las obligaciones que todo ciudadano veracruzano tiene y, en la mayoría de las veces, contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de nuestro territorio. Sus hijos ya son veracruzanos y ellos podrían merecer la misma designación”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Aprueba Congreso nueva Ley de Derechos de las Personas Mayores para el Estado

Aprueba Congreso nueva Ley de Derechos de las Personas Mayores para el Estado

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, el dictamen con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas de las personas mayores.

Esta Ley, resultado de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2019 por las diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva y María Esther López Callejas, tiene como finalidad mandatar a las instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento de todas las acciones, planes, programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen efectivas políticas públicas en beneficio de este sector de la sociedad.

En este dictamen de Ley se establece que el Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor, deberá ser instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de la Ley.

El Consejo elaborará un proyecto de Reglamento Interior y lo someterá a la aprobación del Gobernador del Estado, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la instalación de dicho Consejo; estableciendo, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, que incluyan las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos, para desarrollar e implementar los programas y acciones en beneficio de las personas mayores a partir del Ejercicio Fiscal siguiente al inicio de la vigencia de esta Ley.

Esta Ley, compuesta por 38 artículos, prevé prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo de discriminación que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los poderes públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, abrogando la Ley 863 concerniente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.

En el debate del dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena y autora de la Ley, señaló que esta es una Ley novedosa que reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, sin estereotipos, sin asistencialismos; que previene, sanciona y elimina cualquier tipo de discriminación y que combate el abandono, el maltrato y la violencia.

Asimismo, indicó asegura mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, protección social y acceso a la vivienda, al empleo y autoempleo y, sobre todo, salvaguarda el acceso a la justicia.

También, dijo que esta legislación reconoce las desigualdades de género y promueve la autonomía e independencia de las personas mayores veracruzanas, así como la solidaridad intergeneracional y cimienta bases para que continúen aportando y participando activamente en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida política, social, económica y cultural de Veracruz.

La diputada Robles Barajas precisó que en Veracruz el 13 por ciento de la población total son adultos mayores, es decir, un millón 68 mil 102; de las que, el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres. De este registro, el 28 por ciento no goza de seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento, no cuenta con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo.

Las personas mayores que viven en los 47 municipios donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena, el 16 por ciento de ellas, tienen 60 años y más, lo que agrava su situación de calidad de vida, añadió.

Buscan diputados reformar la Ley de Desaparición de Personas para el Estado

Buscan diputados reformar la Ley de Desaparición de Personas para el Estado


La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se prevé derogar el tercer párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el estado de Veracruz para establecer que las Personas Consejeras duren en el cargo tres años, con posibilidad de reelección en el periodo no inmediato ejercido.

Esta propuesta legislativa, presentada durante la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, refiere que de esta manera se garantiza en todo momento que la renovación sea escalonada, tal cual lo prevé el artículo 40 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

El texto de la iniciativa señala que la Comisión Especial reconoce los grandes retos que impone atender la dolorosa y grave problemática de la desaparición de personas en la entidad.

También reconoce que el andamiaje jurídico e institucional en la materia es de reciente creación y que atraviesa por un proceso de consolidación que demanda ajustes y reformas. En consecuencia, refrendan a las víctimas de este flagelo el compromiso y voluntad de cumplir con el deber legislativo, actualizando el marco normativo para su beneficio.

Las personas consejeras ciudadanas que a la entrada en vigor del presente decreto estén ejerciendo sus funciones, permanecerán en el encargo hasta el 17 de enero de 2022, fecha en que se deberá realizar la renovación respectiva, de conformidad por lo previsto en la Ley.

Las personas Consejeras Ciudadanas que a la entrada en vigor del presente decreto hayan concluido sus periodos, permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta en tanto el Congreso del Estado realicen los nombramientos de las personas que cubrirán las vacantes respectivas, quienes durarán en el encargo tres años, de conformidad con la Ley.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Plantea diputada penas de 5 años de prisión para quien agreda a personal de salud

Plantea diputada penas de 5 años de prisión para quien agreda a personal de salud

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de reforma al Código Penal estatal para sancionar, hasta con cinco de años de prisión, a toda aquella persona que agreda a médicos, cirujanos, personal de enfermería y demás profesionales similares y auxiliares, del sector privado o público o de cualquier servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud.

De esta manera, se busca refrendar el compromiso de generar que las y los trabajadores de la salud reciban un trato digno y respetuoso por parte de parientes, familiares de pacientes, así como de la población en general, “pues es su derecho ejercer lícitamente sus funciones, de una manera libre y sin discriminación alguna”, agregó la integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD.

En su intervención, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora Trujillo Ortiz subrayó que a pesar de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha hecho un llamado a la sociedad a no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias o violentas en contra del personal salud, estas medidas no han sido suficientes para reducir el número de agresiones en contra de los trabajadores al servicio de salud.

“Aún cuando son ellos los que encabezan la respuesta del país a la contingencia actual por el coronavirus Covid-19”, precisó.

Al dar detalles sobre su propuesta legislativa, la diputada explicó que las agresiones en contra del personal médico y de enfermería que atiende a pacientes con Covid-19 se han registrado en distintas entidades del país y van en aumento en la medida que la contingencia sanitaria avanza. “Los incidentes más recurrentes han sido prohibir el uso de transporte, así como agresiones físicas y verbales, por lo que es necesario frenar este tipo de actos”, indicó.

Destacó que, si bien la mayoría de la población reconoce la labor de los profesionales de la salud, también hay quienes agreden, discriminan, amenazan u hostigan al personal médico, “pero debe frenarse, porque ellos están haciendo una noble labor, sobre todo en esta emergencia sanitaria”.

La iniciativa que adiciona el artículo 332 Bis al capítulo XIII “Ultrajes a la Autoridad” del Título XVII, del Código Penal Estatal, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.