La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga
Sánchez Cordero, puntualizó que por convicción personal y porque así lo exigen
tratados internacionales, está absolutamente en contra de desaparecer el delito
de feminicidio de la legislación penal mexicana.

«Con eso no voy, el feminicidio debe permanecer como
delito por convicción personal, pero más allá de eso, por tratados
internacionales»

.

Sánchez Cordero admitió que por la gran diversidad que existe
en la tipicación de este delito en los códigos penales de los estados, se tiene
que crear un tipo penal que tenga mayor oportunidad de dar respuesta para
castigar los numerosos homicidios de mujeres que se cometen por razones de
género.

En entrevista después de dictar una conferencia ante
estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho y Criminología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Sánchez Cordero respondió a las
filtraciones que se atribuyen a diputadas de Morena, en el sentido de que el
fiscal general de la República, Alejandro Gertz, Manero, planteó en reunión
privada «eliminar» la figura del feminicidio al reconocer la
dificultad del Ministerio Público para acreditarlo, y en cambio habría
propuesto calificarlo como «homicidio agravado» y elevar la pena de
prisión de 40 a 70 años.

«Con eso no voy, el feminicidio debe permanecer como
delito por convicción personal, pero más allá de eso, por tratados
internacionales, debe continuar (en la legislación penal), lo que pasa es que
tenemos que crear un tipo penal que tenga mayor oportunidad» de ser
acreditado por el Ministerio Público, dijo.

Explicó que como hay una gran variedad de tipos penales de
feminicidio en la República, se hacen necesarios cambios legislativos.

«Si nosotros podemos crear un tipo penal que
efectivamente de una respuesta al homicidio de mujeres por razones de género,
que es el feminicidio, vamos a tratar de construirlo», apuntó.

«Yo absolutamente estoy en contra de que desaparezca el
tipo penal de feminicidio, como les decía, no solamente por convicción
personal, sino porque tenemos que cumplir los tratados y convenciones
internacionales», refirió la secretaria de Gobernación.

Asentó que unificar criterios para simplificar el tipo penal
de feminicidio fortalecería el combate a la impunidad de estos delitos, porque
hay diversos tipos penales en la República «y algunos son muy difíciles de
acreditar».

Reiteró que «por ningún motivo, de ninguna manera
estaré yo en favor de que se suprima el delito de feminicidio, queremos tener
un tipo penal que sea razonablemente fácil de acreditarse, lo que pasa es que
hay legislaciones muy diversas, desde el punto de vista del tipo penal de
feminicidio, y tenemos que crear un tipo penal que pueda dar respuesta al
homicidio de mujeres por razones de género».

El pasado 4 de febrero, la FGR puntualizó en un comunicado
que actualmente, según el artículo 325 del Código Penal Federal, se imponen
siete condiciones, requisitos y circunstancias «que complican inútilmente
la judicialización» del feminicidio.

Por ello, planteó que «si, simplemente, se tipifica y
se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer;
este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser
de 40 a 70 años; que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier
delito de homicidio calificado o agravado».

La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración que
permitirá identificar e inhibir los flujos financieros en casos de secuestro.

Víctor Hugo Enríquez García, titular de la Conase,
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que
trabajarán para seguir la ruta del dinero y que a través de la UIF se
implementará un mecanismo para identificar cuentas bancarias y extracciones de
dinero de las víctimas.

A su vez, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que el objetivo es
debilitar a los grupos criminales al recuperar el dinero y devolvérselo a las
víctimas.

Expuso que la estrategia nacional de seguridad de la actual
administración ha girado en torno al combate al sicariato, pero acompañado de
una estrategia de combate a las estructuras financieras de los grupos
delincuenciales.

La UIF investiga recursos de Estafa Maestra en procesos
electorales

Por ello consideró fundamental reducir y suprimir el flujo
de recursos ilícitos a estos grupos a fin dedebilitar sus estructuras, como en
el combate al secuestro, el cual ha evolucionado a lo largo de los años:
primero, el objetivo central era la libertad de la víctima; luego, detener a
las bandas de secuestradores; ahora, detener el flujo de los recursos.

«Con este convenio se busca ubicar todos los bienes
producto del pago de rescate, puesto que con esos recursos los secuestradores
lograban, no obstante ser detenidos, mantener un alto nivel de vida para sus
familias, pagar lujos al interior de los centros penitenciarios y el pago de
sobornos», declaró.

Durante la firma del convenio, realizada en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad de
México, Nieto Castillo reiteró que buscan que las unidades antisecuestros del
país accedan a la información con la que cuenta la UIF relativa a cuentas
bancarias de los secuestradores y de sus familias.

También a movimientos de compras de autos, joyas, inmuebles,
información de carácter notarial, vuelos, empresas en las que hayan aparecido
como socios o apoderados legales, transferencias, depósitos en efectivo,
cheques, estados de cuenta o cualquier otra situación financiera que sea
reportada.

En tanto, el secretario de Seguridad federal, Alfonso
Durazo, destacó que dicho convenio es un avance en la estrategia nacional de
seguridad. «Visto desde una perspectiva más amplia, la colaboración
estrecha entre ambas instituciones posibilitará el combate directo y eficaz a
la base económica de grupos de delincuencia organizada que utilizan el
secuestro como su fuente de financiamiento».

El gobierno federal informó que mexicanos que radiquen en
Estados Unidos podrán participar en el sorteo de la rifa del avión
presidencial, programado para el próximo 15 de septiembre.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ernesto Prieto
Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
informó que se ha platicado con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
para revisar en cuáles consulados mexicanos en ese país podrán venderse los
«cachitos».

«Hemos platicado con Marcelo Ebrard (titular de SRE)
para tener un convenio para ver en cuáles consulados se enviarán billetes de
lotería. Nos va ayudar la Secretaria de Relaciones Exteriores para promover
este sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre».

El funcionario federal indicó que de resultar ganador algún
connacional que resida en la Unión Americana se pagará su premio en ese país.