Con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se instaló la Diputación Permanente, órgano de habrá de funcionar durante el primer receso y que comprenderá del 1 de febrero al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente; la legisladora María Graciela Hernández Iñiguez, vicepresidenta y la diputada Érika Ayala Ríos, secretaria. En las vocalías están las diputadas y diputados Adriana Paola Linares Capitanachi, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Raymundo Andrade Rivera, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ivonne Trujillo Ortiz y Florencia Martínez Rivera.

Asimismo, en carácter de sustitutos, las diputadas y diputados María Esther López Callejas, María Josefina Gamboa Torales, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Cristina Alarcón Gutiérrez, Rodrigo García Escalante, Juan Manuel de Unánue Abascal y Ana Miriam Ferráez Centeno.

A las 17:13 horas fue declarada legalmente instalada esta instancia legislativa. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos.

Además señala que funcionará durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de diputados pertenecientes a los diversos Grupos Legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el jueves 13 de febrero a las 11:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio, que reforma la Ley de Salud del Estado, cuyo propósito es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Salud, derivado de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El dictamen, aprobado con 33 votos, refiere que esta reforma es para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas, ante lo cual es indispensable reconocer la implementación del nuevo régimen de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Asimismo, para evitar una invasión de competencias a las facultades propias del Congreso de la Unión, respetando en todo momento lo ordenado en la Ley General de Salud, siendo necesaria la derogación de diversos artículos de la ley de Salud estatal que indebidamente regulan lo denominado como Seguro Popular.

De esta manera se establece que, en los términos de la Ley General y la estatal de Salud, corresponde al Gobierno del Estado proporcionar en forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, conforme a los convenios de coordinación que celebre con la Federación.

El Sistema Estatal de Salud tiene como objetivo proporcionar, servicios de salud universal en el Estado a todas las personas sin seguridad social, y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la entidad y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.

El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Salud (SS), coordinará los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y celebrará con la Federación, los convenios de coordinación necesarios para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

Asimismo, la SS también operará, en coordinación con las demás autoridades estatales competentes, los convenios de coordinación que celebre el titular del Poder Ejecutivo del Estado con la Federación para este fin.

La reforma refiere que el titular de la Secretaría de Salud nombrará una comisión integrada por médicos epidemiólogos de esa institución, quienes estarán atentos en todo tiempo a los acontecimientos epidemiológicos que se susciten en la entidad, para determinar y, en su caso, emitir conjuntamente con la Federación, la solicitud al Ejecutivo Estatal, para que emita una declaratoria de emergencia, fundada y motivada, en situaciones de emergencias epidemiológicas que se presenten en el Estado.

Por otra parte, se establece que conforme a las prioridades del Sistema Estatal de Salud y a los convenios de coordinación, se garantizará la extensión progresiva, universal, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social.

Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales.

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos los referentes a la disponibilidad y otorgamiento de medicamentos y material de curación en todos los niveles de atención a la población, con base en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud elaborado por el Consejo de Salubridad General aplicable al sector salud y en los catálogos de la institución proveedora del servicio; disponibilidad de sangre a través de puestos de sangrado y centros de transfusión en hospitales de segundo y tercer nivel, así como de alta especialidad y cualquier otro insumo esencial para la salud.

También, la atención médica integral, que comprende las actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Son servicios públicos a la población en general, los que se presten en los establecimientos públicos de salud, a las personas que se encuentren en el Estado sin seguridad social que así lo requieran, seguidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 46 votos, sin abstenciones o votos en contra, que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas para investigar y perseguir los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer, y que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) forme, actualice y especialice a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, entre otros.

El dictamen respectivo, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, presentada por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, fue analizado, discutido, firmado y emitido por las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia y puesto a consideración del Pleno.

De acuerdo con el dictamen, aprobado durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la reforma a la fracción II del artículo 19 Bis de la referida Ley establece que corresponde a la FGE contar con fiscales especializadas que realizarán sus funciones bajo los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Además deberán cumplir, como mínimo, los requisitos de ingreso y permanencia que establecen las leyes aplicables, tener el perfil que establezca la FGE en el Reglamento respectivo y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización correspondientes.

También estarán dotadas de los recursos humanos, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contemplarse personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Las fiscales especializadas, así como el personal ministerial, policial, pericial y psicosocial que las apoyen, deberán contar con la capacitación y actualización especializada que determine la FGE, conforme a los más altos estándares internacionales acreditables en derechos humanos, perspectiva de género, sensibilización y atención a mujeres víctimas de violencia y aplicación de protocolos de investigación de los delitos de violencia contra mujeres, entre otros.

Además, la FGE contará con una Unidad de Análisis para la investigación de los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer. La cual deberá estar integrada con los equipos multidisciplinarios de análisis e investigación necesarios.

Respecto de la reforma a las fracciones I, III y VII del artículo 19 Ter, queda establecido que corresponde al TSJE formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y sensibilización respecto al trato a mujeres víctimas de violencia.

Se precisa entre sus competencias instaurar una cultura de igualdad y no discriminación, libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista y emitir sus resoluciones con base en los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, en Tratados Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en la jurisprudencia internacional en la materia y bajo los principios de perspectiva de género, debido proceso y acceso a la justicia.

En el artículo segundo transitorio, se señala que la FGE deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y los ajustes administrativos y presupuestarios necesarios para el cumplimiento de estas determinaciones, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Señala el tercero transitorio que la FGE designará a las fiscales especializadas referidas y les asignará los recursos mencionados para su operación de acuerdo con su presupuesto asignado, de manera progresiva y de conformidad con un plan programático, iniciando en los municipios con mayor incidencia en los delitos de su especialidad, hasta que se cuente con la designación de las fiscales en los 212 municipios del estado a más tardar a diciembre de 2020.

Para el cumplimiento de esto, según el transitorio cuarto, la FGE podrá utilizar el personal y la infraestructura de las actuales Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, para lo cual, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, deberá crear las fiscalías necesarias para el conocimiento de los delitos contra niñas y niños de trata de personas.

Dichas fiscalías especializadas seguirán conociendo las investigaciones ministeriales vigentes por los delitos contra niños y de trata de personas, hasta que la FGE cree las fiscalías necesarias para el conocimiento de estos delitos.