El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.

En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.

En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.

Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.

En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.

Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.

Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.