El Partido Acción Nacional (PAN) dará todo su respaldo y
apoyo a sus gobernadores que no firmen el convenio con el nuevo Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi) que dio paso a la eliminación del Seguro
Popular.

Para el dirigente nacional del partido blanquiazul, Marko
Cortés, la puesta en marcha del Insabi “es otro ejercicio de soberbia e improvisación”
por parte del Gobierno Federal, dado que “no sabe que para su implementación
primero se requiere informar y capacitar a todo el personal médico”.

Cortés Mendoza señaló que para mejorar el sistema de salud
pública en México, cualquier reforma debe considerar un periodo de transición,
cuya prioridad debe ser la atención de las personas más necesitadas, garantizar
el abasto de medicamentos y la gratuidad de los servicios médicos.

“Es triste y lamentable la realidad que ahora viven muchos
mexicanos enfermos. Los testimonios por la falta de medicinas y cobros
adicionales en los servicios, contradicen las mentiras del gobierno de que
“todo está bien”. No es justo ni humano que se viva esto en nuestro país. Por
eso pedimos al gobierno un poco de sensibilidad para que corrija esta
situación”, dijo en un comunicado.

El presidente nacional del PAN hizo un llamado a la sociedad
para que se exprese a favor de que continúe el Seguro Popular, a fin de que no
se padezca el desorden vivido en perjuicio de madres de trabajadoras con la
cancelación del programa Estancias Infantiles.

El Insabi entró en funciones el 1 de enero, con la promesa
de atender y proveer de medicamentos y diversos estudios de manera gratuita a
personas sin seguridad social.

Pero hasta el momento, ocho estados se han negado a firmar
su incorporación a la nueva modalidad de atención a la salud: Aguascalientes,
Tamaulipas, Querétaro, Durango, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato y
Quintana Roo.

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones
económicas contra ocho altos cargos iraníes, entre ellos el secretario del
Consejo de Seguridad Nacional Supremo, Ali Shamkhani; así como a los
«mayores productores» de acero, hierro y cobre del país, en respuesta
al ataque con misiles balísticos a dos bases con tropas estadounidenses en
Iraq.

«Estas sanciones continuarán hasta que el régimen
detenga la financiación del terrorismo global y se comprometa a no contar nunca
con armas nucleares», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, en una
comparecencia desde la Casa Blanca junto al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Mnuchin justificó la nueva ronda de sanciones por «la
implicación de estos altos cargos en los ataques con misiles balísticos»
en Iraq y subrayó que incluyen además a los «mayores productores de
metales» de Irán así «como nuevos sectores como el de la
construcción, manufacturas y minería».

Como consecuencia, dijo Mnuchin, se impedirá el acceso a
decenas de millones de dólares para el respaldo a las actividades terroristas
en la región.

Además de Shamkhani, serán también sancionados Mohammad Reza
Ashtiani, jefe de gabinete adjunto de las Fuerzas Armadas de Irán; y Gholamreza
Soleimani, director de la milicia paramilitar Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
Islámica.

«Queremos que Irán se comporte como una nación
normal», apuntó Pompeo.

La imposición de estas sanciones ya había sido adelantada
por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el pasado
miércoles Irán atacase con misiles balísticos dos bases que albergan tropas
estadounidenses en Iraq.

El mandatario se mostró más conciliador de lo habitual con
la República Islámica, después de la escalada de las tensiones en los últimos
días que había hecho temer un conflicto abierto entre Washington y Teherán tras
el asesinato del general iraní

Qasem Soleimaní en un ataque militar estadounidense el 3 de
enero cerca del aeropuerto de Bagdad.

Trump describió a Soleimaní como el responsable de algunas
de «las mayores atrocidades» en Oriente Medio y lo acusó de
«alimentar sangrientas guerras civiles» en la región, así como de
«horrendos» ataques a tropas estadounidenses en Iraq.