por Intra Conexión México | Sep 18, 2026 | Columnistas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que ambos abordaron temas comerciales y lograron algunos acuerdos, aunque todavía no existe una resolución definitiva.
Durante su conferencia mañanera de este jueves 17 de septiembre, Sheinbaum explicó que la conversación estaba programada y forma parte de los contactos que ambos mandatarios mantienen para avanzar en los asuntos comerciales entre México y Estados Unidos.
La presidenta señaló que, aunque todavía no pueden hacer un anuncio formal, existe una posibilidad que calificó como favorable para alcanzar un acuerdo entre ambos países.
“Va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo, con nosotros, es México, Estados Unidos, y fue muy buena la llamada”, declaró.
Sheinbaum indicó que durante la conversación se alcanzaron algunos acuerdos, pero aclaró que estos no serán dados a conocer hasta que exista un entendimiento final.
“Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer”, explicó.
La mandataria detalló que en la llamada también participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Sheinbaum agregó que este tipo de conversaciones con Trump se realizan en ocasiones sin hacerlas públicas de inmediato, debido a que forman parte de las negociaciones que ambos gobiernos mantienen en materia comercial.
La llamada ocurrió mientras México y Estados Unidos mantienen conversaciones relacionadas con sus relaciones comerciales y el futuro del T-MEC. Reportes publicados esta semana señalaron que el diálogo entre ambos gobiernos busca avanzar en las diferencias comerciales antes de una nueva ronda de negociaciones.
Por ahora, Sheinbaum evitó adelantar los términos de los acuerdos alcanzados y reiteró que será hasta que se concrete el entendimiento cuando se informarán públicamente sus detalles.
por Intra Conexión México | Sep 8, 2026 | Columnistas
El anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los hermanos Farías Laguna representa, según su abogado Epigmenio Mendieta, una reacción ante las preguntas que se han planteado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y que, afirmó, continúan sin una respuesta clara.
En entrevista con Azucena Uresti, Mendieta sostuvo que existe una insistencia de las autoridades por presentar a Fernando y Manuel Roberto F. L.como los principales responsables de la red de huachicol fiscal, mientras permanecen sin aclarar otros nombres que aparecen dentro de las indagatorias.
¿Qué anunció la FGR sobre los hermanos Farías Laguna?
La Fiscalía General de la República informó sobre el cateo de un inmueble relacionado con los hermanos Manuel Roberto y Fernando F. L., como parte de la investigación por presunto huachicol fiscal. De acuerdo con la dependencia, durante la diligencia fueron localizadas armas, documentación relacionada con aduanas marítimas y expedientes de personal naval. Sin embargo, el abogado Epigmenio Mendieta cuestionó que se presente como un hecho reciente, al señalar que la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026, por lo que consideró que la difusión de estos resultados responde a los cuestionamientos que se han hecho a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso.
Cuestiona menciones de Andy, Adán Augusto y Ojeda
Y es que el abogado de los ex mandos navales señaló que la fiscal general Ernestina Godoy no respondió a una de las principales interrogantes de la defensa sobre por qué aparecen en la investigación referencias a Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández y Rafael Ojeda Durán.
La defensa ha sostenido que existen declaraciones ministeriales en las que se menciona a López Beltrán y a Adán Augusto López en relación con operaciones vinculadas con el contrabando de combustibles. Estas afirmaciones han sido parte de la controversia pública alrededor del expediente, aunque la aparición de un nombre en testimonios o documentos no implica por sí misma una imputación penal.
En el caso de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina y tío político de los Farías Laguna, la defensa incluso solicitó que compareciera como testigo. Una jueza federal giró un citatorio para que declarara, aunque Mendieta afirmó que la FGR no consiguió localizarlo para entregárselo. Ojeda no está acusado públicamente en esta causa.
Mendieta afirma que el cateo no es nuevo
Otro de los puntos cuestionados por el abogado es el anuncio de la FGR sobre una diligencia realizada en un inmueble relacionado con los hermanos Farías Laguna.
Mendieta aseguró que el cateo no constituye una diligencia nueva, pues, de acuerdo con su versión, la orden correspondiente existe desde el 1 de febrero de 2026.
Por ello, consideró que la difusión reciente de información sobre las diligencias responde a la presión pública generada por las preguntas en torno al expediente.
“Hay una urgencia para señalarlos como cabezas de la red”
El abogado acusó que existe una intención de colocar a los hermanos Farías Laguna como los principales responsables de toda la estructura investigada.
“Hay una urgencia para señalarlos como cabezas de la red criminal”, sostuvo Mendieta.
La FGR, por su parte, ha presentado a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como figuras centrales de una estructura dedicada al contrabando de combustibles. En días recientes, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de documentación relacionada con aduanas marítimas, expedientes de personal naval, armas y otros objetos en una bodega vinculada con uno de los hermanos.
El caso mantiene abiertas preguntas sobre la red de huachicol fiscal
El expediente ha generado cuestionamientos por los posibles vínculos de funcionarios, empresarios y mandos navales con la operación investigada.
La defensa insiste en que las autoridades deben explicar el contenido de las declaraciones incorporadas a la carpeta y el motivo por el que determinadas personas son mencionadas, mientras que la Fiscalía sostiene que los hermanos Farías Laguna ocupaban un papel central en la estructura criminal investigada.
por Intra Conexión México | Sep 8, 2026 | Columnistas
La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien busca participar en el proceso interno de su partido para contender por la gubernatura del estado en 2027, es investigada por autoridades de Estados Unidos y se encuentra en negociaciones para entregar información al Departamento de Justicia estadounidense, de acuerdo con una investigación de N+ Focus.
La unidad de investigación de N+ informó que tuvo acceso a un “proffer agreement”, un acuerdo celebrado entre la Oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego y la legisladora morenista.
Este tipo de acuerdo permite que una persona investigada o un posible testigo proporcione información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones. La declaración entregada en este proceso no puede ser utilizada directamente en su contra en un eventual juicio, conforme a las condiciones del acuerdo reportado.
¿Qué establece el acuerdo relacionado con Julieta Ramírez?
Según N+ Focus, el documento contempla que Julieta Ramírez se reúna con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si puede proporcionar información que sea considerada confiable y, eventualmente, recibir algún beneficio.
El acuerdo también establece compromisos para evitar el perjurio y la obstrucción de la justicia.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente cuál sería el delito o los delitos que estarían relacionados con la investigación, ni qué información habría ofrecido Ramírez a las autoridades estadounidenses. Tampoco se ha confirmado públicamente que haya recibido algún beneficio como resultado de este procedimiento.
Julieta Ramírez busca la gubernatura de Baja California
El caso ocurre mientras Julieta Ramírez busca posicionarse dentro de Morena rumbo a la elección de 2027 en Baja California.
La legisladora solicitó licencia al Senado el 17 de junio de 2026 para participar en el proceso interno de Morena y buscar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, mecanismo relacionado con la definición de la candidatura a la gubernatura.
Ramírez compite internamente con otros perfiles morenistas por encabezar el proyecto del partido en Baja California.
Además, el pasado 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral de Baja California ordenó retirar propaganda relacionada con su promoción, después de una denuncia presentada por el PAN por presuntos actos anticipados de campaña.
Antecedentes sobre su visa estadounidense
El reporte también retoma los señalamientos que surgieron durante 2026 sobre la situación migratoria de Julieta Ramírez en Estados Unidos.
En enero, la senadora con licencia negó que las autoridades estadounidenses le hubieran retirado la visa. Posteriormente, en agosto, mostró públicamente el documento durante un acto político.
La información publicada ahora por N+ Focus se suma a un contexto político en el que la relación de funcionarios de Baja California con autoridades estadounidenses ha generado atención pública.
Julieta Ramírez responde al reportaje
Tras la difusión de la investigación, Ramírez reaccionó en redes sociales con un mensaje en el que calificó los señalamientos como parte de una “guerra sucia”, sin ofrecer en esa publicación detalles sobre el supuesto acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.
Por el momento, la información sobre la investigación y el proffer agreement proviene de la documentación a la que tuvo acceso N+ Focus.
¿Qué es un proffer agreement?
Un proffer agreement es un acuerdo mediante el cual una persona que puede tener información relevante para una investigación se reúne con fiscales de Estados Unidos y proporciona información sobre posibles hechos o personas involucradas.
El acuerdo establece las condiciones bajo las cuales se utilizarán las declaraciones entregadas durante esas reuniones. En términos generales, lo dicho durante el proffer cuenta con determinadas protecciones y no puede ser utilizado directamente contra la persona que declara en un proceso penal, aunque pueden existir excepciones dependiendo de los términos específicos del documento.
Este tipo de acuerdo no equivale por sí mismo a una inmunidad, una absolución o a que la persona sea considerada oficialmente testigo protegido. Los fiscales pueden utilizar la información para evaluar la colaboración, corroborar datos y determinar si existen elementos que puedan ser relevantes para una investigación.
En el caso de Julieta Ramírez, la referencia a un proffer agreement significa, de acuerdo con el reporte de N+ Focus, que existiría un acuerdo para que la senadora con licencia proporcione información a autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo determinadas condiciones.
por Intra Conexión México | Sep 8, 2026 | Columnistas
Una persecución a una célula criminal que era investigada en los límites de Oaxaca y Veracruz terminó en un enfrentamiento en el municipio de Omealca, donde dos agentes federales perdieron la vida y dos personas que presuntamente se encontraban secuestradas fueron rescatadas con vida.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que el operativo se originó cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal daban seguimiento a un grupo delictivo relacionado con el secuestro.
De acuerdo con Nahle, los agentes ingresaron al territorio veracruzano durante la persecución, sin que inicialmente las autoridades estatales tuvieran conocimiento de que la operación se desarrollaba en la entidad.
“En esa persecución se meten a Veracruz y termina un enfrentamiento en Omealca”, explicó la mandataria estatal durante una entrevista.
La gobernadora detalló que los elementos federales solicitaron apoyo al ingresar a Veracruz, por lo que se desplegaron fuerzas de seguridad de los tres niveles.
“Enseguida piden ayuda. Cuando los policías federales entran, pues, a hacer una investigación, que en este caso venían de Oaxaca. No sabíamos; enseguida cuando entran a Veracruz, piden ayuda”, relató.
Ante la solicitud de apoyo, participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, quienes se sumaron al operativo.
Dos personas secuestradas fueron rescatadas
Como resultado de la intervención, dos personas que se encontraban privadas de la libertad fueron localizadas y rescatadas con vida.
“Hay dos personas secuestradas que se rescatan con vida, afortunadamente, y dos policías fallecen”, informó Nahle.
La gobernadora lamentó la muerte de los dos agentes federales y destacó que el operativo refleja la coordinación entre las corporaciones federales y estatales para enfrentar a grupos criminales que operan en la región.
El hecho ocurrió en una zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca, donde las autoridades mantienen investigaciones contra células delictivas dedicadas presuntamente a actividades como el secuestro.
“Aquí es cero impunidad”: Rocío Nahle
Tras referirse al enfrentamiento, Nahle sostuvo que en Veracruz existe una política de combate directo a los grupos criminales y rechazó que existan acuerdos con organizaciones delictivas.
“Se está combatiendo el crimen, se está combatiendo células delincuenciales donde sean, donde sean”, afirmó.
La gobernadora fue enfática al señalar que su administración mantiene una postura de cero tolerancia frente a estos grupos.
“Aquí es cero impunidad, aquí no hay arreglos con nadie ni grupos, con ningún grupo se arregla”, sostuvo.
Nahle agregó que la estrategia de seguridad en Veracruz también contempla acciones preventivas para evitar que los delitos continúen afectando a la población.
“Nosotros en Veracruz iniciamos con la prevención”, puntualizó.
por Intra Conexión México | Sep 8, 2026 | Columnistas
La alcaldesa de Boca del Río, MaryJose Gamboa, se pronunció sobre los hechos registrados durante el fin de semana, cuando un grupo de turistas presuntamente agredió a elementos de Tránsito Municipal, situación que posteriormente se hizo viral en redes sociales.
La presidenta municipal explicó que el incidente comenzó luego de un reporte sobre presuntos disturbios en una playa, donde se encontraba un grupo de personas provenientes de la Ciudad de México o del Estado de México, quienes aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol y ocasionaban desmanes.
De acuerdo con la alcaldesa, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio; sin embargo, los involucrados comenzaron a retirarse a bordo de dos vehículos y posteriormente dieron varias vueltas en una glorieta ubicada en la avenida Veracruz, cerca del tianguis.
Gamboa señaló que, posteriormente, los conductores derribaron una de las vallas colocadas para evitar vueltas prohibidas, por lo que elementos de Tránsito les marcaron el alto.
“Venían manejando de manera peligrosa y se les para porque rompen las vallas, las tiran”, relató.
La alcaldesa afirmó que, al descender de los vehículos, los ocupantes comenzaron a agredir físicamente a los agentes de Tránsito. Señaló que uno de los oficiales recibió un golpe en el rostro y otro elemento también fue agredido, mientras que una de las mujeres involucradas presuntamente pateó en la cara a un agente que se encontraba en el piso.
Ante la situación, los elementos solicitaron refuerzos y al lugar acudieron policías municipales y personal de Protección Civil.
Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas: tres mujeres y un hombre, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Además, la alcaldesa informó que los agentes de Tránsito presentaron las denuncias correspondientes.
Gamboa reconoció que los detenidos pudieron haber obtenido su libertad bajo fianza, pero advirtió que el Ayuntamiento dará seguimiento al proceso.
“Bienvenidos los turistas siempre. Trabajamos para los turistas siempre. Si los turistas vienen como turistas, los recibimos con todo nuestro cariño, con los brazos abiertos. Pero si alguien viene a comportarse como delincuente, como delincuente será tratado”, afirmó.
La alcaldesa aseguró que no habrá excepciones cuando se trate de agresiones contra elementos de la corporación y reiteró que los agentes cuentan con el respaldo del Ayuntamiento.
“Ellos cuentan con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, porque las imágenes ahí están”, sostuvo.
Finalmente, MaryJose Gamboa informó que el municipio trabaja en el reforzamiento de los sistemas de vigilancia y adelantó que se están implementando cámaras corporales para los elementos, con el objetivo de contar con evidencia directa de las intervenciones.
Explicó que estas cámaras permitirán documentar de manera completa los hechos, ya que en ocasiones los videos que circulan en redes sociales muestran únicamente fragmentos de los acontecimientos.
“Muchas veces una es la versión que sale en un pedacito de las redes, pero luego cuando ya veo el video completo es otra historia”, señaló.
por Intra Conexión México | Sep 2, 2026 | Columnistas
Alterar el medidor o realizar conexiones clandestinas puede ser considerado un delito y generar multas de hasta 157 mil 520 pesos en la mayor parte del país
Colocar un “diablito” para reducir o evitar el registro del consumo de electricidad no sólo puede generar un ajuste en el recibo de luz. El Código Penal Federal considera como equiparable al robo el uso o aprovechamiento de energía eléctrica sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de ella.
La legislación establece que este delito se sanciona conforme a las reglas previstas para el robo. La multa depende del valor de la energía aprovechada de manera ilícita y puede llegar hasta 500 veces el salario mínimo.
Con el salario mínimo general vigente en 2026, de 315.04 pesos diarios, el monto máximo equivale a 157 mil 520 pesos en la mayor parte del país. En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo es de 440.87 pesos, el equivalente llega a 220 mil 435 pesos.
La sanción económica no es una multa fija que la CFE cobre automáticamente por detectar un “diablito”. El monto depende de la conducta, la cuantía del aprovechamiento y, en su caso, de la determinación de la autoridad competente.
Riesgos de poner diablitos
Además de las consecuencias legales, la manipulación de las instalaciones eléctricas representa un riesgo para los usuarios. Una conexión irregular puede provocar sobrecargas, cortocircuitos, descargas eléctricas e incendios, además de daños en aparatos y en la infraestructura eléctrica.
Otro de los riesgos se presenta durante la instalación o manipulación de cables y medidores, ya que una conexión realizada sin las medidas de seguridad necesarias puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
Por ello, cualquier modificación, reparación o conexión relacionada con el suministro eléctrico debe realizarse por personal autorizado. La CFE cuenta además con mecanismos para solicitar la revisión del medidor cuando el usuario detecta alguna anomalía.
mb
