El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.

En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.

En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.

Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.

En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.

Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.

Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.

El Congreso del Estado de Veracruz se sumó a las acciones del macrosimulacro, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y logró, de manera exitosa, en un lapso de tres minutos, la evacuación de 535 personas, entre plantilla laboral y visitantes a este inmueble.

Esta acción, realizada en todo el país a las 11:00 horas, tiene como propósito fomentar la cultura de la protección civil entre la población y contribuir así al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante cualquier emergencia o desastre, resultado de sismos.

El evento, realizado en la explanada principal del Palacio Legislativo, fue encabezado por la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXV Legislatura, diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en su intervención expresó que debe tenerse presente que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, indicó que lo que hoy pudo constatarse es una hipótesis de reacción en caso de un sismo, incendio u algún otro hecho que ponga en riesgo la vida de quienes laboran en este inmueble.

Ante el personal y visitantes, señaló: “Junto a ustedes, hoy podemos realizar un ejercicio responsable que nos sirve como una representación de acciones de respuesta, previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables”.

La legisladora aseveró que el objetivo de este simulacro es poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada y así evaluar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre y examinar que tan seguro es el inmueble y sus alrededores.

Además, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad y diseñar rutas de evacuación, elegir el lugar donde se concentrarán las personas en caso de desastre, así como enlistar las herramientas y materiales que se recomienda tener a la mano para la autoprotección, comunicación y capacitación continua del personal.

Por último, convocó a las y los ciudadanos en general a participar en estos simulacros, toda vez que “no olvidemos que un simulacro no es un juego, de este ejercicio puede depender tu vida”, puntualizó.

Participaron en la coordinación de este ejercicio la jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, el jefe de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez, y la Unidad Interna de Protección Civil de este Poder.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno un anteproyecto de punto de Acuerdo por el cual señala acciones que podrían generar cambios en la conducta y actividades de los sujetos obligados para disminuir su impacto ecológico, destinar más recursos al control y reparación de los efectos dañinos causados al ambiente y a la salud de las personas, y propiciar las condiciones para un medio ambiente sustentable.

Al participar durante la décima sesión ordinaria, la legisladora plantea que la LXV Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), implemente políticas públicas transversales para fomentar la información y atención sobre el cambio climático, con el fin de que autoridades, organismos, instituciones y ciudadanos contribuyan a prevenir sus consecuencias.

Asimismo, se exhorta al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), proponga a las autoridades educativas federales, en términos de la Ley General de Educación, que los temas sobre cambio climático se incorporen a los planes y programas de estudio que se estimen pertinentes, así como las actualizaciones que pudieran ser necesarias.

Igualmente, hizo un llamado para que la Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal, elabore un mapa de riesgos respecto a las consecuencias del cambio climático e identifique las regiones de mayor vulnerabilidad en el estado de Veracruz.

La diputada Yunes Yunes subrayó “de nada sirve prohibir el uso de popotes, de bolsas de plástico y empaques de unicel, si los anaqueles de los supermercados y nuestras casas están llenos de envases de plástico, si no clasificamos y reciclamos nuestra basura”.

“O como sucede en este Congreso, gastamos toneladas de papel que no utilizamos. La prueba son los textos de las recientes comparecencias y la impresión de la Gaceta Legislativa que bien puede entregarse por los medios electrónicos existentes para ello”, abundó.

Expuso que el calentamiento global y la falta de interés de las autoridades locales han provocado la desaparición del 65 por ciento del glaciar del Jamapa en el Pico de Orizaba. “Cabe señalar que de los cinco glaciares con que contaba originalmente nuestro volcán, sólo sobreviven dos: el Jamapa y el glaciar Del Toro, lo que explica, entre otras cosas, la escasez de agua que vivimos en la zona centro del estado”.

Por otra parte, dijo que durante 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registró un total de 73 sitios contaminados distribuidos en 46 municipios veracruzanos.

Asimismo, que los eventos de contaminación fueron provocados por el manejo de residuos sólidos urbanos, así como hidrocarburos, actividades mineras, industrial, comercial y de emergencias ambientales, sin que hasta el momento existan trámites o programas para atender los pasivos ambientales en la entidad.

El anteproyecto fue turnado para su estudio y dictamen a la Junta de Coordinación Política.

Las instituciones de banca y crédito deberán establecer medidas mínimas de seguridad en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, con suficiente personal y tecnología, para garantizar la protección de las personas y sus pertenencias, así como al patrimonio de la institución, de acuerdo con la propuesta presentada por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV).

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante de esta bancada, hizo uso de la tribuna para dar lectura a la Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de seguridad.

En la exposición de la propuesta, detalló que dichas medidas deben incluir en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria suficiente personal de seguridad privada legalmente autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública, previo contrato con cargo a la institución, así como la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y video interno y externo necesarios.

La iniciativa plantea que se prohíba “a los dependientes o empleados bancarios que ahí laboren y al público usuario, el uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación con el exterior durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva”.

Contempla también que las instituciones de banca y crédito, cuando contraten personal que reciba, en su representación, recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, deberán asegurarse de que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las medidas mínimas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el artículo 96 del mismo ordenamiento.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas mínimas de seguridad que deberán garantizar las instituciones de banca y crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Así también, no se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de la misma Ley para realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 del mismo ordenamiento.

Para implementar lo señalado, “las instituciones de banca y crédito deberán contar con personal capacitado y unidades especializadas que garanticen el correcto y continuo funcionamiento de las medidas mínimas de seguridad, que deberán participar, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, en programas de prevención del delito”.

Finalmente, la CNBV emitirá en cualquier tiempo recomendaciones vinculantes a las instituciones de banca y crédito, para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus valores en el interior de sus establecimientos, sucursales u oficinas bancarias.

De acuerdo con el Tercero Transitorio de la Iniciativa, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, se deberán hacer las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a éste.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública, con la adhesión de los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado Correcto de la Historia, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presentó en la décima sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción XXII al artículo 28; y adiciona la fracción XXIII al artículo 28, todos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, donde prevé contemplar la prohibición de las corridas de toros en la entidad.

En su exposición de motivos, la representante de Morena, destacó que gracias al trabajo legislativo nacional e internacional se ha construido un cambio en los marcos legales para la protección de la vida no humana, en concordancia con los avances de una nueva ética con el entorno natural y con la biodiversidad del planeta, promoviendo la preservación de la vida.

Destacó que los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en las actuaciones de organismos internacionales, nacionales y estatales que han visibilizado la necesidad de prohibir las corridas de toros, por ser considerados espectáculos de índole violenta.

Actualmente, continuó Alarcón Gutiérrez, estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, y recientemente Quintana Roo, han construido marcos legales para la protección de los animales prohibiendo, explícitamente, las corridas de toros, peleas de gallos, actividades brutales y violentas incongruentes a la nueva ética y compromiso de los seres humanos con el medio ambiente y la vida animal.

A pesar de existir leyes que sancionan el maltrato hacia los animales y el incumplimiento moral hacia la vida animal, dijo la diputada, en ocasiones los intereses económicos de unos cuantos empresarios se anteponen, por encima del dolor y sufrimiento de estos seres vivos.

“Esta iniciativa parte del análisis a las reformas en materia de derechos de los seres animales, como también de los análisis comparativos de algunas legislaciones en algunos países donde se ha dispuesto positivamente a favor de ellos”, abundó.

Asimismo en respuesta a las demandas ciudadanas por medio de organizaciones no gubernamentales, que han buscado extender la protección a los animales, principalmente

con relación a la prohibición de las corridas de toros, que representa un vestigio de crueldad hacia estos seres animales, y que genera ambientes de violencia, señaló.

Agregó que todo espectáculo de tauromaquia, a su parecer, es un acto de violencia donde se reproducen todos lo antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres humanos y los animales, toda vez que no forman parte de las tradiciones genuinas del pueblo mexicano.

Finalmente aseguró que la prohibición de las corridas de toros y de todo espectáculo de tauromaquia, es una consecuencia lógica del avance en la materia de protección de los derechos de los seres animales, donde Veracruz ha sido pionero, es “una oportunidad para cerrar el paso a todo evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Se adhirieron -a título personal- los diputados León David Jiménez Reyes y José Andrés Castellanos Velázquez, así como las diputadas Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Magaly Armenta Oliveros y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

– Inauguración “Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia”

Previo al inicio de la sesión, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez inauguró la exposición fotográfica Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia, como parte de su apoyo a la campaña “Preservemos nuestras tradiciones, cultura de vida, respeto y compasión. Sabiduría ancestral. No más violencia y barbarie”.

Durante el acto, aseguró que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las tradiciones que fomentan la violencia y maltrato animal, por lo que se debe evolucionar conforme a criterios y principios superiores como los de la bondad, piedad y respeto del otro, y “menos aún sobre la base ruin del gozo perverso y del afán de lucro”.

Por su parte José González Martínez, Representante de la Red Nacional México Antitauromaquia, Construyendo la Paz, realizó la entrega de un reconocimiento a la legisladora por sus acciones en la lucha en pro de los derechos humanos y derechos animales.

En la inauguración también estuvieron presentes los diputados Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, así como el Premio Nacional de Periodismo y Embajador de Buena Voluntad de Movimiento Conciencia, Patricio Monero.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Veracruz, con la finalidad de que se implementen campañas informativas permanentes sobre la prevención del suicidio.

Dicha iniciativa establece la elaboración del Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, el cual incluya las acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta problemática, dando un adecuado seguimiento, atención médica y psicológica para evitar muertes por esta situación.

Asimismo, la implementación de una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud mental atiendan a la población que lo requiera, disminuyendo las tasas de suicidios en el estado, además de apoyar a toda persona que esté pasando por una crisis emocional por medio de una conexión social y empática.

Por lo que su propuesta radica en la reforma al segundo párrafo del artículo 70; la fracción III y IV del artículo 70 bis; y adiciona la fracción V al artículo 70 bis y un sexto párrafo al artículo 71 bis de la Ley de Salud del Estado.

La legisladora del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, afirmó que en la Carta Magna Federal se establece el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de la salud, por lo que es obligación del Estado prevenir cualquier tipo de alteración en la misma, ya sea física o mental, siendo el suicidio un problema de salud pública que aumenta con mayor frecuencia en el país.

Agregó que en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, señala que la prevención de las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario.

Asimismo, -aseveró- en la legislación local existe el capítulo de la Ley de Salud exclusivo a la Salud Mental, en donde se establecen todas las disposiciones relativas al mismo, sin embargo, en ningún artículo se hace referencia al suicidio y a la prevención de éste, existiendo un vacío legal respecto las obligaciones que deberá tener el Estado con las personas que presenten tendencias suicidas producto de la depresión o de otras patologías mentales.

Agregó que a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, con la presente iniciativa se fortalecerá la atención oportuna para dar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten, coadyuvando a lo existente hoy en día en la SS.

De acuerdo con especialistas, continuó la integrante del Grupo Legislativo mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, el suicidio es prevenible, por lo que se debe estar atento ante cambios del comportamiento en algún miembro de la familia, además de fomentar las relaciones sociales sanas, ambientes familiares agradables, buena autoestima y evitar el bullying.

“Recordemos que la salud no solo es la ausencia del dolor físico, la salud también tiene que ver con las emociones, con un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, que brinda un bienestar y una buena calidad de vida”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis y dictamen. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.