por Intra Conexión México | Ene 28, 2021 | Congreso
Con el propósito de regular el uso de la tecnología en beneficio de la labor legislativa, diputados de la LXV Legislatura presentaron una iniciativa de reforma al artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con la cual se prevé la participación vía remota, a través de dispositivos tecnológicos, de diputadas y diputados en las comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración pública estatal y de órganos autónomos.
La propuesta legislativa, signada por los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Omar Guillermo Miranda Romero y Alexis Sánchez García, así como por la legisladora Erika Ayala Ríos, busca reformar el primer párrafo y el inciso c) de la fracción IX del artículo 154 del citado Reglamento.
De esta manera, quedaría asentado en el citado artículo que las comparecencias se realizarán ante el Pleno o las Comisiones correspondientes, en el lugar que determine la Junta de Coordinación Política, en las cuales podrán participar los diputados de manera remota, tal y como se encuentra previsto para las sesiones a distancia establecidas en los artículos 81 y 83 del Reglamento.
Asimismo y con el objeto de homologar disposiciones relativas a la participación durante el desahogo de la comparecencia, se establece que si algún diputado registrado ante la Comisión no se encontrare presente en el lugar de la comparecencia, o conectado de manera remota, cuando le toque el turno de preguntar, se le concederá el uso de la voz al siguiente de la lista.
La iniciativa refiere que la participación de las y los diputados a través de las tecnologías de la información o sistemas electrónicos ya está en operación para las sesiones legislativas, con lo que se garantiza la intervención de viva voz de las y los legisladores partícipes.
“Se prevé que este régimen no sustituya el ejercicio de la función de control de los legisladores, sino que sea un modelo de excepción de dichas comparecencias, motivado por situaciones extraordinarias de contingencia o fuerza mayor que pongan en riesgo la salud de todos los que trabajamos en él, sin que implique ningún tipo de menoscabo a los derechos y atribuciones de los legisladores”, añade.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Intra Conexión México | Ene 28, 2021 | Congreso
Con la finalidad de quede expresamente establecida en la Carta Magna Federal la prohibición de discriminar por ejercer alguna profesión lícita, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión, para reformar el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que ante el contexto derivado de la pandemia por Covid-19, se han suscitado hechos de discriminación hacia trabajadores del sector salud, lo cual representa una violación a sus derechos humanos.
En este sentido, señaló que este proyecto pretende contribuir al respeto pleno de todas las profesiones lícitas existentes en la nación, toda vez, que también, se han dado casos en que se ha lastimado o agredido a otras profesiones, que se encuentran en funciones de emergencias sanitarias o catástrofes naturales.
Puntualizó que en la entidad, ya efectuaron reformas a la legislación penal sustantiva local en perjuicio de personal de salud, pero también hacia cualquier elemento de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, sin embargo, indicó, “se puede hacer más”.
Esta reforma “busca abonar al respeto que debe imperar en el disfrute de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”, dijo.
“Que en adelante, lo único que reciban las y los trabajadores de la salud, sean aplausos, reconocimientos y agradecimientos y que la impotencia y frustración que padecieron, se vean rebasados por la satisfacción y el orgullo que sentimos quienes sí valoramos la calidad de su trabajo y el corazón que le ponen al desarrollarlo”, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Intra Conexión México | Ene 28, 2021 | Congreso
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las normas jurídicas relacionadas con la defensa y protección de los derechos humanos, en este caso de personas adultas mayores y menores de edad, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa que busca regular los servicios que prestan los centros de asistencia.
A través de la iniciática de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz se establece la obligación legal de dichos Centros de realizar diversas acciones tendientes a respetar la dignidad, la salud física y mental y, en general, los derechos humanos de las personas residentes o alojadas en los mismos.
De igual forma, a efecto de reforzar dicho propósito, se plantea el establecimiento de disposiciones relacionadas con el personal que labora en los albergues, centros asistenciales y establecimientos similares.
De acuerdo a la propuesta, los establecimientos citados deberán contar con las dimensiones físicas adecuadas a la naturaleza de los mismos, con diseño y accesibilidad universal, y con las medidas de salubridad e higiene, así como de seguridad y protección civil, que las leyes prevean.
Asimismo, deberán garantizar que sus servicios sean prestados con calidad y calidez, en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; que brinden a los residentes el cuidado y la protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física, sexual o psicológica; y que proporcionen una nutrición equilibrada, periódicamente certificada por la autoridad sanitaria.
Por otra parte, se prevé que tendrían que adoptar las medidas para fomentar la inclusión de los albergados, pacientes o beneficiarios con discapacidad; brindar un trato con respeto a la dignidad, intimidad personal y a los derechos de las personas residentes; desarrollar programas de educación y esparcimiento e informar a las autoridades correspondientes sobre la condición de vulnerabilidad de las personas a su cuidado.
Además, promover acciones orientadas, en su caso, a la preservación de las visitas y convivencia para mantener la integración familiar; y denunciar a las autoridades
competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, cometidos al interior de las instalaciones.
Entre otros puntos, se establece que el personal que brinde atención en los Centros Asistenciales o similares deberán estar calificados para atender a los residentes, de acuerdo a sus condiciones personales, al nivel de cuidado y a los servicios que se le prestarán, con la obligación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de verificar el cumplimiento de lo anterior.
El personal deberá brindar sus servicios con respeto, esmero, cuidado, prontitud, calidez y alto sentido humano a todos los beneficiarios, sin discriminaciones ni actos de violencia física o psicológica.
Dicho personal estaría obligado a guardar la reserva debida, así como la discreción necesaria respecto a los asuntos personales, condiciones personales y de estado físico y mental de los atendidos. Los administradores, encargados o responsables de los establecimientos supervisarán permanentemente que el personal a su cargo cumpla con lo previsto en la Ley.
Se contempla también la creación de una Comisión Consultiva, integrada por el Gobernador del Estado, en calidad de presidente; del Director del DIF estatal y los titulares de las Secretarías de Protección Civil (SPC), de Educación (SEV), de Salud (SS), de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría General (CGE). La función de esta comisión será el coadyuvar para el funcionamiento, operación, seguridad y vigilancia de los establecimientos citados.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.
por Intra Conexión México | Ene 28, 2021 | Congreso
La diputada María Esther López Callejas, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, con el objetivo de capacitar gratuitamente, por lo menos una vez al año, a los servidores públicos involucrados de los municipios con vocación turística, con la finalidad de que ellos puedan capacitar, a su vez, a las y los prestadores de servicios turísticos de su municipalidad, en materia de sanitaria.
Esta propuesta responde a la necesidad de reintegrar a este sector a la “nueva normalidad”, derivada de la pandemia por Covid-19, con las herramientas necesarias que les permita operar nuevos criterios de higiene e interacción entre los colaboradores y visitantes, dentro de diferentes áreas del sector.
En este sentido, la presidenta de la Comisión Permanente de Turismo señaló, que en el marco de la celebración de las actividades de la “Semana del Turismo 2020” Turismo y Desarrollo Rural, en las siete regiones de la entidad, las y los prestadores de servicios turísticos, servidores públicos municipales encargados de las áreas de turismo, así como las y los ediles de diferentes Ayuntamientos externaron su inquietud por reintegrarse con las especificaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, para salvaguardar la integridad física y salud de las y los involucrados.
Al respecto, continuó la legisladora, es dispensable que la Secretaría de Turismo, a través de acuerdos con la Secretaría Federal, autoridades educativas y laborales, puedan implementar programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos, trabajadores y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de forma gratuita, al menos una vez al año, para dar las herramientas enfocadas en el aprendizaje de nuevos métodos e ideas orientadas a la mejora continua de un establecimiento.
Además, se deberán fomentar los criterios de higiene e interacción entre los trabajadores y visitantes, cuidando en todo momento las recomendaciones de salud realizadas por la autoridad competente, asimismo, las empresas turísticas deberán cumplir con las obligaciones que en materia de capacitación, seguridad, migración y salud les imponga la legislación y/o los reglamentos municipales vigentes.
Finalmente, indicó que ante la “nueva normalidad”, es necesario para el sector turismo y cualquier negocio, cumplir con las exhaustivas normas de sanidad, toda vez que es una forma de atraer a los viajeros, y así reactivar la economía de este sector en la entidad.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo.
por Intra Conexión México | Ene 28, 2021 | Congreso
La LXV Legislatura designó a Namiko Matzumoto Benítez presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para un segundo periodo, que abarca del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026. Con 40 votos, el Pleno avaló la continuidad de la actual titular al frente del organismo autónomo.
Durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que contenía la terna integrada por Irvin Uriel López Bonilla, Namiko Matzumoto Benítez y Gustavo Souza Escamilla.
Una vez concluidas todas las etapas previas contempladas en la convocatoria y realizado el proceso conforme a la ley, la Comisión dictaminadora presentó la propuesta al Pleno que, en dicha sesión, procedió a la votación, en términos de lo establecido por el Artículo 33, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Realizada la votación y habiéndose obtenido el resultado aprobatorio, el diputado Alexis Sánchez García y las diputadas Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de la Comisión mencionada, respectivamente, condujeron hasta el Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Namiko Matzumoto Benítez, donde la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, le tomó la protesta de ley.
Esta designación se circunscribió a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz, según el cual, la persona que presida la CEDH “durará en sus funciones cinco años, y podrá ser designado, exclusivamente, para un segundo período”.
por Intra Conexión México | Ene 28, 2021 | Congreso
El uso del gas natural en el parque vehicular de los concesionarios del servicio de transporte público, como una medida para mejorar la calidad del aire, propuso el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México, mediante una Iniciativa de Decreto.
La propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley 581 de Tránsito y Seguridad Vial y de la Ley 589 de Tránsito y Transporte, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene como propósito incentivar desde el marco jurídico local la transición al uso de combustibles alternativos y más sostenibles que los derivados del petróleo.
La moción contempla los conceptos de energías limpias, promoción, fomento y utilización preferente de energías limpias en aquellos vehículos de esta modalidad que recorren las calles del estado, contribuyendo así a la reducción de la emisión de gases contaminantes y el fortalecimiento de la economía de los concesionarios, derivado de la reducción de costos de este tipo de combustibles en relación con el de la gasolina y el diésel.
Al comparar el gas natural vehicular con otros tipos de combustible, como el diésel, el combustóleo, la gasolina o el gas licuado de petróleo, destacan en la propuesta, el primero es más barato hasta en un 50 por ciento, generando un ahorro significativo e inmediato en el bolsillo de los consumidores.
Consideran también que el uso del gas natural vehicular permitiría la reducción de hasta 70 por ciento de la contaminación ambiental, disminuyendo la emisión de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, al ser más ligero que el aire, se dispersa rápidamente, lo que lo hace altamente seguro. Debido a su composición física, el almacenamiento del gas natural vehicular en las estaciones de servicio no presenta riesgo de derrames o contaminación del subsuelo o mantos freáticos.
De acuerdo con lo planteado, a los vehículos destinados a las modalidades de urbano, suburbano, foráneo y rural mixto no se les permitirá una antigüedad superior a 15 años, salvo que sus unidades utilicen energías limpias; en cuyo caso, podrán obtener una prórroga de cinco años de antigüedad máxima.
En el caso de las unidades de taxi, será de ocho años su antigüedad máxima, salvo que utilicen energías limpias, y demuestren haberlas utilizado al menos durante cinco años continuos, en su caso tendrán derecho a una prórroga de dos años adicionales de antigüedad máxima, siempre y cuando aprueben la verificación vehicular correspondiente.
Las y los proponentes enfatizan el valor de la calidad del aire como “un bien social que nos atañe a todos, por lo que debe ser considerada como una prioridad por todos aquellos actores que inciden en la contaminación del aire, autoridades, instituciones y sociedad para fortalecer su gestión mediante la convergencia de responsabilidades que construyan una visión y un conjunto de acciones compartidas para mejorar la calidad del aire y, en consecuencia, prevenir afectaciones a la salud de las y los veracruzanos”.
La Iniciativa de Decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte Tránsito y Vialidad.
