La diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con algunos preceptos, con vistas a una adecuada planeación y desarrollo de los procesos electorales.

En la propuesta legislativa, presentada durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, respecto al principio constitucional de paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, la diputada estima oportuno incorporar las bases para el desarrollo del mecanismo de asignación de los bloques de competitividad en el registro de candidatas y candidatos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

El pasado 28 de julio de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 300 tomo II, el Decreto número 580, emitido por esta LXV Legislatura, con fecha 28 de julio de 2020, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relacionadas con el desarrollo del inminente proceso electoral 2021.

En dicha reforma, uno de los preceptos modificados fue el artículo 169 del Código Electoral, que ahora dispone que, el proceso electoral ordinario, inicia en la primera semana del año de la elección; esto es, a más tardar el 10 de enero de 2021, conforme al Calendario Gregoriano.

A partir de lo anterior, cualquier reforma que se pretenda realizar al citado Código, que modifique las fases de realización del citado proceso electoral local 2020-2021, debe realizarse en todas sus fases legislativas, a más tardar el próximo 5 de octubre, acorde a lo establecido para el caso, por el artículo 105 fracción II párrafo segundo de la Constitución General de la República; ante la cual, la presente iniciativa cumple la expectativa de tiempo y forma.

En este tenor, la reforma llevada a cabo el pasado 28 de julio, asienta las bases para que, los procesos electorales del estado, sean llevados a cabo con una reducción sustancial

de recursos, lo que representa una prioridad en estos tiempos en que, la austeridad en el gasto público, es un eje fundamental de nuestra Agenda Legislativa.

Además, la reforma introduce una avanzada regulación en materia de derechos político-electorales, al desarrollar lo relativo al fenómeno de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece las reglas para lograr de manera definitiva, la paridad de género en el acceso a los cargos públicos de elección popular.

Por otra parte, la reforma también tocó temas adicionales como la reelección de ediles, el sistema de medios de impugnación, ajustes al calendario electoral al compactar etapas del proceso electoral, entre otros.

Sin embargo, aún resulta necesario realizar precisiones al citado Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por lo que se propone reformar algunos preceptos para evitar el mayor número de incidentes durante su desarrollo.

En otras palabras, se proponen modificaciones que pueden mejorar técnicamente el contenido del Código en estudio, evitando redacciones imprecisas en el contexto de la materia que pretenden regular.

La diputada Robles Barajas considera en su propuesta que es “necesario realizar precisiones al Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Con el objeto de restructurar los preceptos relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Código Penal estatal, las y los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron una iniciativa de reforma a la denominación del capítulo II del título VIII “Delitos contra la Familia” del Libro Segundo y los artículos 236, párrafos primero y segundo, y 238, del citado Código.

De acuerdo a la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, a quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación legal de hacerlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se incrementarán en un tercio, si la persona a la que no se le proporcionen alimentos cuenta con alguna discapacidad, trastorno o condición que le impida allegarse, por sí misma, de los recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Por otra parte se establece que este delito, Incumplimiento de la Obligación de Dar Alimentos, se perseguirá por querella del ofendido o de su representante legal y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el juez que corresponda designe un tutor especial para los efectos de este precepto.

Tras exponer detalles sobre las sanciones establecidas en diferentes legislaciones de entidades del país respecto a este delito, se advierte que la obligación de dar alimentos puede estar a cargo de diversas personas; por lo que los autores de la iniciativa no consideran adecuado que el delito expresamente previsto en la ley penal para ese caso sólo se limite al supuesto de que el obligado sea el progenitor y que las víctimas únicamente puedan serlo las hijas o hijos.

Lo anterior, debido a que también podrían ser sujetos activos los ascendientes distintos a los padres, las y los hijos o descendientes diversos a éstos, las hermanas o hermanos y otros parientes colaterales, los tutores, las y los cónyuges y ex cónyuges y las y los concubinos y ex concubinos. En tanto que los pasivos, además de los hijos, podrían ser

los padres, hermanos, sobrinos, nietos, pupilos y quienes sostengan o hayan sostenido una relación de matrimonio o de concubinato con el deudor alimentario.

De esta manera, el PRI-PVEM propone, como sucede en otras entidades del país, que el delito de Incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualice no sólo cuando las víctimas sean las hijas e hijos sino, en general, cuando quien no los reciba sea cualquier persona con la que se tenga la obligación legal de hacerlo.

Con ello, se suprimiría el tipo penal de abandono de familiares, por carecer de razonabilidad jurídica y porque, adicionalmente, de la actual descripción de éste se desprende que, a pesar de su denominación, no en todos los casos se actualiza la relación familiar.

La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente aprobó este miércoles la enajenación de diversos terrenos de los municipios de Coatzintla, Filomeno Mata, Lerdo de Tejada y Oluta.

Diputadas y diputados conocieron y respaldaron los respectivos dictámenes de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal que analizó cada caso y se pronunció a favor de ellos.

En el caso de Coatzintla, el Congreso autorizó al Ayuntamiento a vender ocho terrenos de su Fundo Legal a favor de igual número de posesionarios. Es decir: la medida tendrá por objeto regularizar y dar certeza jurídica a las familias que de por sí ya ocupan esos inmuebles.

Al Ayuntamiento de Filomeno Mata, por su parte, se le aprobó donar un terreno de poco más de tres mil metros cuadrados en la calle Tulipán, de la colonia Los Vázquez, a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que en dicha superficie se encuentra asentada la Secundaria Técnica Agropecuaria 159. La donación permitirá normalizar la situación jurídica del plantel.

En Lerdo de Tejada, se autorizó al Ayuntamiento enajenar nueve lotes en el Centro de la cabecera municipal, mismos que también se encuentran en posesión de particulares y que, de esta manera, se podrán adquirir títulos de propiedad.

La mayor autorización fue el caso de Oluta, donde el Ayuntamiento podrá vender 51 terrenos que, al igual que los casos anteriores, ya se encuentran habitados por quienes se beneficiarán con la venta.

El artículo 33 de la Constitución de Veracruz señala que, entre otras, es atribución del Congreso autorizar a los Ayuntamientos “la enajenación, gravamen, transmisión de posesión o dominio de bienes” que formen parte de la hacienda municipal.

Integran la citada Comisión los diputados Bingen Rementería Molina, Ricardo Arturo Serna Barajas y Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado autorizó a 50 personas trabajadoras del sector salud a ocupar dos plazas laborales en horarios de servicio que resultan compatibles entre sí.

Se trata de un trámite regular que permite a servidoras y servidores públicos desempeñar, por ejemplo, un trabajo en las mañanas y otro por las tardes; o cumplir con una jornada de lunes a viernes y otra los sábados y domingos.

La Constitución del Estado –artículo 82- expresamente prohíbe que una persona ocupe dos encargos públicos, “salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente”.

En este caso, diputadas y diputados conocieron los 50 dictámenes a favor emitidos por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social y se pronunciaron por la aprobación de todos.

De la ciudad de Xalapa fueron autorizados Federico Aguirre Hernández (médico), Zaira Beatriz Ávila García (administrativa), María del Carmen Borromé Martínez (enfermera), Faraón Borromeo Gallardo (dentista), Diana Aurora Bretón Espino (administrativa), Irving René Franyutti Barradas (técnico mecánico), David García García (químico), Bertha Patricia Genaro García (administrativa), Rached Osorio Elías (médico), Isidro Quiñones Hernández (administrativo), Lidia Seseña Ángeles (psicóloga) y Heriberto Vite Chávez (médico).

De Martínez de la Torre: Juana Guevara Aggi (enfermera), María del Rocío Guzmán Morales (médica), Yerson Abraham Hernández Santiago (médico), Rosa María Herrera López (psicóloga), Andrés Ledezma Infante (médico), María de los Ángeles León Hernández (médico), Rodrigo Marín del Moral (médico), Carlo Arend Marín Rojas (laboratorista), Armando Ruiz Sánchez (técnico), Alfredo Santoyo Portilla (administrativo) y Victoria Téllez Reyes (médica).

De Tuxpan: Catalina Capistrán Malerva (enfermera), Eneida Cruz Bautista (enfermera), Nallely del Ángel Ortiz (enfermera), Aldegunda Franco Domínguez (enfermera), Rocío Gorrochotegui Escalante (administrativa), Silvia Hernández Francisco (enfermera), Carlos Hiram Hernández Martínez (técnico radiólogo), Julio César Méndez Pérez (médico), Héctor Mario Pérez Pérez (médico), Juan Carlos Quintal Martínez (médico), Leonor Reyes de la Cruz (enfermera), Yolanda Reyes Ramírez (enfermera), Julio César Salazar Cortés

(médico), Beatriz Suet Hernández (técnica radióloga), Idalit Uribe Santiago (enfermera) y Daniel Vargas Santés (médico).

De Veracruz: Fabiola Cruz Garrido (médica), Darío Antonio Rizo Nájera (médico) y Jorge Alberto Rodríguez Sánchez (médico).

De Ixhuatlán del Sureste: Idelfonso García Arenas (médico) y Mireya Margarita León Cázares (médica).

Asimismo: David Carrera Ortega (médico, Tlalixcoyan-Boca del Río), Carlos Miled Castro Rodríguez (médico, Huatusco), Érika Durán Cruz (enfermera, Emiliano Zapata-La Antigua), Loreto García Gómez (médico, Orizaba-Río Blanco), Modesto Martínez Bello (médico, Atzalan) y Adán Pérez Castillo (médico, Altotonga-Atzalan).