La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz con la finalidad de permitir que menores de edad, veracruzanos y residentes, tengan acceso a un documento único de identidad con fotografía, lo cual sería una medida de protección en algunas circunstancias.

La legisladora expone que su iniciativa busca que sea el Gobierno estatal, mediante el Consejo Estatal de Población, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Dirección General del Registro civil, las dependencias encargadas de emitir este documento exclusivo para menores.

Indicó que sería de esta manera, porque el Consejo Estatal de Población tiene su equivalente para todos los efectos en el Gobierno Federal y al Registro Civil tienen acceso todas las personas en cualquier municipio de la Entidad.

Detalló que su propuesta legislativa cuida que no se trate de una medida obligatoria, pero sí adecuada a la forma de vida que se tiene hoy en día y que lleva a buscar mayores márgenes de seguridad en el cuidado de los menores en cualquiera de sus movimientos o cuando se colocan al cuidado de terceras personas con relación a sus familias.

“Hay adolescentes a pocos meses de cumplir la mayoría de edad, que por falta de un documento de este tipo, ven negado su ingreso a lugares adecuados para ellos, o cuando abordan un autobús foráneo y se les exige identificarse, cuando no van acompañados de mayores se suscitan problemas”, citó la legisladora.

Recordó que a nivel federal hubo una propuesta en 2010 para crear una Cédula de Identidad para todos los mexicanos. “Quedó truncado en 2012, sin embargo, esto no debe ser impedimento para que en Veracruz logremos este objetivo con voluntad política y total apego a la Ley”, añadió.

De acuerdo a la iniciativa, se adicionaría un párrafo quinto con el corrimiento del actual quinto a sexto al artículo 18 de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que el Consejo Estatal de

Población, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, emitirán el documento de identificación con fotografía.

Mismo que incluiría el nombre completo; nombre de padres y en su caso, también tutor; fecha y lugar de nacimiento destinado exclusivamente a menores de edad nacidos o residentes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y denominado: Cédula de Identidad Única para Menores Veracruzanos; del que llevarán registro, administrarán con debida custodia sus datos y contenido. Su emisión se llevará a cabo a petición de padres, madres o quienes ejerzan la tutoría del destinatario.

La Mesa Directiva, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis y dictamen correspondiente.

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz aprobó hoy las dispensas legales a seis personas trabajadoras del sector salud para que cada una de ellas pueda desempeñar dos encargos públicos cuyos horarios de labores resultan compatibles.

Y es que el artículo 82 de la Constitución del Estado señala que “no podrán reunirse en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el municipio, y de éste último y la Federación, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale la ley”.

En este caso se trata de los médicos Gerardo Bajonero Saavedra, Armando Demetrio Romero, Jorge Guerrero Alarcón y Érik Torres Mora; la auxiliar de enfermería Laura Isabel Sánchez Tovar y el enfermero Óscar Arión Cervón Cárdenas, quienes trabajan en diversas dependencias de salud mayoritariamente estatales –sólo dos de ellos laboran también en el IMSS-.

Con la aprobación votada en la Cuarta Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de la Sexagésima Quinta Legislatura ahora tienen vía libre para contar con dos empleos en jornadas que no interfieren: por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes en un hospital y sábado y domingo en otro; o si tienen un empleo por las mañanas y otro por las tardes.

Los dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social, que se tramitan y se votan por separado, tomaron en consideración las declaraciones escritas de sus superiores jerárquicos en cada empleo avalando lo anterior.

La diputada Deisy Juan Antonio exhortó, a través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que remita a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento el informe y documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada, en diciembre de 2019, a organismos relacionados con el servicio de agua a fin de conocer el estado que guarda dicho procedimiento.

Ante la importancia y derecho inherente de todo ciudadano para contar con servicios públicos de mayor y mejor cobertura, principalmente en lo que refiere al servicio de agua potable, dijo la legisladora, autoridades u órganos públicos atienden esta necesidad a través de concesionarios o cualquier otro medio legal sujeto a un régimen de derecho público o privado, procurando garantizar cobertura en el servicio con calidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y equilibrio financiero.

Sin embargo, señaló, en la entidad ha habido casos en los que no se ha procedido con la transparencia y legalidad adecuada para otorgar las concesiones que regulan este servicio. “Tal fue el caso de la propuesta presentada por el Consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V., comercialmente conocido como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V.

En años anteriores, en un acto de ilegalidad, continuó, se autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para que a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida comercialmente como Grupo MAS, por un término de treinta años, puntualizó.

En este sentido, destacó, desde el inicio de sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios, teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad.

Dichas demandas han sido constantes por parte de los usuarios del servicio, indicó la diputada, por lo que el pasado 18 de agosto fue turnada a las Comisiones Unidas de

Hacienda Municipal y de Agua Potable y Saneamiento, la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el servicio de agua a estas empresas.

Al respecto, manifestó la presidenta de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento que se ha realizado un análisis de la situación con base en todos los elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo; para que en caso de proceder a la revocación del título, se generen los menores costos posibles al estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para la sociedad.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de procurar que el marco normativo que rige al Poder Judicial en el Estado no contenga disposiciones erróneas o contradictorias, el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los proponentes, diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, ponderan la necesidad de garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La reforma al Artículo 17 de la referida ley precisa entre las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia la señalada en la fracción XXI, consistente en nombrar, mediante votación secreta, a dos magistradas o magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la misma ley.

Proponen también actualizar el Artículo 71 para que cada una de las Salas de los Tribunales del Poder Judicial cuente con una secretaria o secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrada o magistrado, así como haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con una secretaria o secretario General de Acuerdos.

En lo que respecta a las atribuciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, contempladas en el Artículo 88, plantean reformar la fracción XVII, que le faculte tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución, con excepción de los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 17 de esta Ley.

Por cuanto toca al Tribunal Superior de Justicia, para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, el procedimiento señalado en el Artículo 171 incluiría que, cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado, acorde con el procedimiento previsto en los artículos 167 y 168 de esta Ley, dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva.

Para su estudio y análisis, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado local Alexis Sánchez García presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Veracruz a fin de fomentar y regular el reciclaje de llantas de desecho en la entidad.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que en Veracruz se generan cada año 2.1 millones de neumáticos de desecho, cuyo destino principal son tiraderos a cielo abierto, por lo que son una fuente de contaminación y un riesgo para la salud pública.

Dentro de los problemas ambientales que más impacto acarrea el mal manejo del tratamiento final de las llantas usadas de desecho, encontramos los riesgos de incendios; la proliferación de fauna nociva; el volumen que ocupan en rellenos sanitarios acortando su vida útil; y la contaminación visual que degrada la calidad de vida de quienes habitan en sus cercanías.

La industria del reciclaje, señala el legislador, ofrece una serie de ventajas ambientales, sociales y económicas de gran beneficio para México, al crear fuentes de empleo, generar nuevos mercados de bienes de consumo como: topes, señalamiento de tránsito, materia prima para asfalto, cemento hidráulico, pisos, empaques, uso en pastos sintéticos, pistas deportivas, entre otras.

De ahí que se proponga, de manera específica, que las llantas que sean desechadas deban destinarse para su reciclado, tratamiento y disposición final, a centros de acopio, que cuenten con la tecnología necesaria para cumplir con dichos fines, añadió.

En caso de ser aprobada la iniciativa, las llantas deberán ser recogidas y transportadas como cualquier otro residuo sólido de los ya previstos en la ley, pero en lugar de ser destinadas a rellenos sanitarios o basureros como hasta ahora se realiza en algunos casos, deberán ser entregadas a dichos centros de acopio para su atención final.

Para su análisis y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al Artículo 2280 del Código Civil para el Estado de Veracruz que tiene como finalidad proteger al adulto mayor, titular de una propiedad inmueble, su legitimación y voluntad del derecho a donar a favor de la o las personas que considere, evitando se abuse de la condición y la buena fe de ellos para obtener un beneficio.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que, de esta manera, no existirá la posibilidad que una vez donado su patrimonio sobrevenga el desinterés y la indiferencia por parte de sus descendientes y demás parientes e inclusive de aquellos quienes se vieron beneficiados mediante la donación y que el adulto mayor quede en condiciones de desamparo total.

Al presentar su iniciativa durante la Cuarta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador subrayó que actualmente el Código Civil estipula como nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. “Es decir, se protege el derecho de la persona adulta mayor a contar con una vivienda en la parte de su vida que mayores desventajas le representa”.

Expone que la nulidad debe ser solicitada ante la autoridad jurisdiccional, pero no se establece de forma alguna que el notario tenga la facultad de establecer en el contrato de donación el usufructo vitalicio cuando el donante o su cónyuge, sea una persona mayor de 65 años.

En su propuesta, el diputado Omar Miranda destaca que como legisladores debe salvaguardarse la integridad y el patrimonio de todas las personas. Por lo que esta iniciativa busca garantizar que las personas mayores disfruten de los bienes, para que con esta medida se limite y prevenga que puedan ser víctimas de engaños o de abusos, así el Estado privilegia su protección.

De esta manera, la redacción del Artículo 2280 quedaría de la siguiente forma: “Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias”.

“Cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, se deberá acreditar que no se comprende la totalidad de sus bienes, pudiendo acreditarse mediante una declaración bajo protesta de decir verdad ante el notario público que expida el instrumento público de donación, en caso de no hacerlo, se deberá incluir, obligadamente, la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.