El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 votos, el dictamen presentado por la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por la que se reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral, la Ley
Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del estado
de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, en nombre de diputadas y
diputados de diferentes partidos políticos, respalda que la creciente participación política
de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en
contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y
militan en partidos políticos, extendiéndose a servidoras públicas que deciden y
encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

Además, tiene como propósito fortalecer la participación política de las mujeres en
Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de
los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de
participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión, en
febrero y frente al Proceso Electoral 2021, permitirá que más de siete millones de
electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales,
20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en la régimen local, hacer efectivo el derecho
a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres
inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra
las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de
elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50 por ciento de sus
candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los
ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la
alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de
los ayuntamientos.

Además mencionó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas
atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres,
promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso,
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o
sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de
elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si
comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

La propuesta es resultado de un trabajo de análisis y consulta con los diversos
representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal
Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala
Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, que
permitió enriquecer la propuesta con todas las perspectivas.

El Congreso del Estado aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo, emitido por la Junta de
Coordinación Política, por el que, de manera excepcional y en virtud de la emergencia
sanitaria nacional derivada de la propagación del virus SARS CoV-2, se prorrogan los
procedimientos de otorgamiento de las medallas y premios establecidos en la Ley de
Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se establece que, los procedimientos que concluyan en la designación de personas
merecedoras de medallas y premios concedidos por el Poder Legislativo se realizarán
hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas y no exista riesgo para la
población, prorrogándose los plazos que fija dicha ley.

Asimismo, se prorroga, de manera indefinida y hasta que se resuelva la condición
sanitaria en la entidad, la celebración de la sesión solemne del 24 de agosto en
conmemoración de la firma de los Tratados de Córdoba en dicha ciudad, así como la
sesión solemne conmemorativa por el sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia
en el mes de octubre.
Del mismo modo, se prorroga la entrega del Premio Estatal a la Mujer, de la Medalla al
Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente y de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines,
relativas al año 2020.

La Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave rige el otorgamiento de
la Medalla Veracruz, la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, el Premio Veracruz, la Medalla
General Ignacio de la Llave, las Medallas Carlos A. Carrillo y Enrique C. Rébsamen, el
Premio Estatal a la Mujer, la Medalla Heberto Castillo Martínez y la Medalla al Mérito por
la Defensa y Mejora del Medio Ambiente, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado conceden a las personas físicas o morales distinguidas por su conducta y
acciones en los términos que la misma establece.

Medalla Heberto Castillo Martínez

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo emitido por
la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, por el que se determina, como medida
extraordinaria por la propagación del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad
Covid 19, prorrogar el procedimiento de designación de la persona merecedora de la
Medalla Heberto Castillo Martínez, correspondiente al año 2020, hasta que existan las
condiciones sanitarias adecuadas.

Esta determinación aplica como mecanismo preventivo y de control de riesgo, de las
personas que busquen participar en la obtención de dicha condecoración y de las
personas que de manera directa o indirecta se involucran en dicho acontecimiento,
privilegiando ante todo el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de las y los
veracruzanos ante la pandemia.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno el Proyecto de Punto de
Acuerdo, por el que se concede prórroga al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para
la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las
Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en consecuencia una
prórroga para, en su caso, su aprobación por parte del H. Congreso del Estado.

De manera excepcional y definitiva, y debido a las causas extraordinarias derivadas de la
contingencia sanitaria por COVID-19, se autorizó dar un plazo el cual vence el 31 de
enero de 2021, para que dicho Órgano realice la entrega de los Informes Individuales y el
Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas en comento.
En el mismo sentido, se autorizó una prórroga para la aprobación por parte del H.
Congreso del Estado de las citadas Cuentas Públicas, dando como fecha máxima el día 2
de marzo del año 2021.

Dicha prórroga, señala el Punto de Acuerdo, es en atención al escrito signado por la
auditora general de dicho Órgano, Delia González Cobos, y que hace del conocimiento
que varios entes políticos se vieron en la necesidad de suspender labores, atendiendo a
las recomendaciones estatales y federales derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19, lo que ha generado que algunos entes fiscalizables suspendieran actividades,
creando un desfase en la entrega de información financiera y técnica a la obra pública.

En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Orfis deberá sujetarse a
los principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.

Con la aprobación de más de las dos terceras partes de sus integrantes, el Congreso del
Estado nombró y tomó la protesta de ley a cinco magistradas y un magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a propuesta del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.

Se trata de Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro
Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla
Castillo, quienes contaron con 39 votos a favor para su designación.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se designó a los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez
García, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para recibirles y
conducirles hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde rindieron la protesta de ley ante el
Pleno.

El Pleno legislativo aprobó por unanimidad cuatro dictámenes en materia de igualdad de
género y protección a las mujeres, emitidos por la Comisión Permanente para la Igualdad
de Género, por los que se refuerza las acciones del Estado a favor de quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de sufrir violencia.

El primer Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es resultado de una Iniciativa de la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, presentada el 13 de febrero de 2020.
En éste ofrecen una definición de los términos Empoderamiento de las mujeres y
Perspectiva de género y determina las acciones y políticas públicas que corresponderán a
cada uno de los poderes del Estado, en el ámbito de su competencia, para garantizar la
igualdad entre hombres y mujeres.

El dictamen fue aprobado con 49 votos.
Por otra parte, con 50 votos fue aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se reforman las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de la
Iniciativa presentada por la diputada Erika Ayala Ríos y sus homólogos Jorge Moreno
Salinas y Antonio García Reyes, el 13 de febrero de 2020.

La reforma a la fracción I redefine el Acoso sexual como “forma de violencia consistente
en cualquier tipo de molestia de connotación sexual hacia la mujer, valiéndose de una
posición jerárquica derivada de relaciones laborales, escolares, domésticas o de cualquier
otra índole que implique subordinación, sea ésta emocional, de género o psicológica”.

A su vez, la reforma a la fracción XII precisa que debe entenderse por Hostigamiento
sexual el “ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a
la persona agresora en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en
conductas verbales, física o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación
lasciva”.

En tercer lugar, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 9
de la segunda ley referida, derivado de la Iniciativa puesta a consideración del Pleno por
la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, 12 de mayo de 2020, fue aprobado con 49 votos.
De acuerdo con esto, los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación que
establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de violencia en
el ámbito familiar, deberán favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora
respecto de la víctima, especialmente durante resguardo domiciliario dictado por autoridad
competente, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades
transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe.

Finalmente, con 49 votos quedó aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por las
Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos
Constitucionales.

Este dictamen, resultado de la Iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega
Ruiz el 23 de enero de 2020, establece una definición de Violencia digital y dispone que
“el gobierno municipal, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su
competencia, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y
tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas”.

El Congreso del Estado aprobó, con 34 votos a favor, la abrogación de la Ley 223 que
reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de 70 años de edad, que no tengan
ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la
Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado.

Este dictamen, cuya votación contó también con 14 votos en contra y 0 abstenciones,
puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda
del Estado y de Seguridad Social, explica el sentido de la Iniciativa presentada por el
diputado Wenceslao González Martínez, el 22 de junio de 2020, que le dio origen.

Expone que dicha abrogación es resultado de la reciente adición a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68
años y, en el caso de las personas indígenas y afrodescendientes a recibir una pensión
del Estado mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de
2020.

Este derecho incluye a las personas físicas mayores de 70 años de edad y
residentes del estado de Veracruz.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 223, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el 14 de febrero de 2005, la protección para recibir una pensión de las personas
mayores de 70 años se motiva a partir de la falta de ingresos y sin la protección de los
sistemas de seguridad o ante el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad
establecidos en el programa equivalente que para tal efecto creó el gobierno federal a
favor de las personas de 68 años en adelante actualmente denominado Pensión para el
Bienestar de los Adultos Mayores.