Papa Francisco ordena al clero denunciar abusos sexuales y encubrimientos



En la sesión extraordinaria de este miércoles, el Senado de
la República guardó un minuto de silencio a la memoria del pintor zacatecano
Rafael Coronel, quien falleció ayer a los 87 años.
El breve homenaje se realizó a propuesta del presidente de
la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien expresó: “Se
fue uno de los grandes”, un artista que dejó un legado impresionante.
Rafael Coronel, dijo, fue un hombre generoso, que “sostuvo,
equipó y donó su obra al museo que lleva su nombre, en Zacateas”.
La Cámara de Senadores, que ha reconocido a héroes y hombres
que han dejado huella en México y en el mundo, no puede estar ausente de un
reconocimiento.
El Senado también guardó un minuto de silencio por las
víctimas que perdieron la vida -Jesús García y Roberto Castrejón- en la
balacera ocurrida esta mañana en Cuernavaca, Morelos.

El senador
Higinio Martínez Miranda asumió este miércoles la presidencia de la Comisión
Especial para dar Seguimiento a los Hechos Ocurridos el 24 de diciembre de 2018
en el estado de Puebla, en sustitución de la senadora del PAN, Nadia Navarro
Acevedo.
El acuerdo
de la Junta de Coordinación Política por el que se crea dicha Comisión
establece que la presidencia de la misma será rotatoria, cada dos meses, entre
todos los Grupos Parlamentarios.
El objetivo
de este grupo de trabajo especial es conocer y dar seguimiento a las
investigaciones y acciones emprendidas por las autoridades competentes respecto
de las causas que provocaron el desplome del helicóptero Augusta-Westland donde
fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el senador
Rafael Moreno Valle.
La Comisión
especial tiene entre otras facultades presentar informes de sus trabajos ante
la Junta de Coordinación Política, cada que le sean requeridos por dicho órgano
de gobierno. Además de aquellos que deberá rendir por disposición del
Reglamento del Senado.
Sus
trabajos serán vigentes por el plazo de la duración de las investigaciones o
hasta la conclusión de su objetivo.


En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
anunció que Pemex es la petrolera más endeudada
del mundo; de igaul manera dijo, «Vamos a sacar a Pemex adelante y lo estamos logrando. Vean
el último reporte, ya se estabilizó», señaló López Obrador.

Todos los Poderes Judiciales locales del país están
reprobados en justicia abierta, es decir, en transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia, señala el
informe “(In) Justicia abierta, ranking de opacidad judicial en México”,
presentado por “Equis justicia para las mujeres” en coordinación con la
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
El texto destaca que en 18 entidades federativas, el Poder
Judicial local no reconoce ni registra el número de sentencias emitidas;
únicamente el Poder Judicial de Durango publica todas las sentencias que emite;
y que ningún Poder Judicial local del país cumple con su obligación de implementar
políticas de transparencia pro-activa.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de dicha
comisión, dijo que es alarmante que los Poderes Judiciales, en ninguna entidad
federativa, alcancen 50 por ciento de puntuación general en materia de
transparencia sobre las sentencias emitidas, y que de manera generalizada
nieguen su carácter de interés público.
Particularmente, se refirió al caso de Jalisco, estado que
representa, y señaló que ocupa el lugar 23 del ranking, con sólo 12.5 puntos de
cumplimiento de 100. No cuenta con información sobre el número de sentencias
emitidas, y no considera ninguna como de interés público. Por lo tanto, no
publica ninguna. “Es reprobable el nulo compromiso con la transparencia, el
acceso a la información y la participación ciudadana del Poder Judicial de Jalisco”,
comentó.
Informó que próximamente presentará una iniciativa que
plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, para que todas las sentencias sean públicas, ya que
actualmente los Poderes Judiciales sólo publican las que consideran de interés
público, disposición que calificó como ambigua.
Es un obstáculo al principio de progresividad del derecho a
la información y a la máxima publicidad, ya que deja a criterio de los Poderes
Judiciales locales determinar qué es de interés público y qué no, señaló.
Finalmente, calificó como importante que las sentencias sean
públicas para evaluar y monitorear los procesos judiciales. Señaló que la
reforma que anunció, serviría para detectar y combatir prácticas injustas,
discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales.
Por su parte, Ana Pacova, directora ejecutiva de Equis,
señaló que trabajan en conjunto con el senador Castañeda en la elaboración de
la iniciativa para establecer que todas las sentencias son de interés público
y, por lo tanto, tienen que hacerse públicas.
Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, dijo que el juzgado de primera instancia
es el que pacifica los conflictos del 93 por ciento de la población. Sin
embargo es la más abandonada y rezagada.
Refirió que mientras la situación continúe así, tendremos
una sociedad convulsionada, conflictiva y violenta porque es un cuello de
botella. Subrayó que los juzgados locales nunca han estado en la agenda pública
ni se ha hecho algo por la construcción de esas instituciones.
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que el informe
revela una resistencia generalizada e institucionalizada de la Judicatura
estatal para abrirse a la ciudadanía.
Abundó en que la falta de transparencia y rendición de
cuentas ha abonado al descrédito institucional y subrayó que no basta con una
política de transparencia y rendición de cuentas. Hace falta una de justicia
abierta que garantice transparencia pro-activa, participación ciudadana y
colaboración interinstitucional.
Joel Salas, comisionado del Inai, comentó que la opacidad es
producto, probablemente, de la falta de capacidades internas que existen al
interior del Poder Judicial. “La opacidad obedece a esta posible estrategia,
para que la ciudadanía no pueda evaluar, vigilar y controlar la labor del Poder
Judicial”.