por Intra Conexión México | Nov 6, 2017 | México
En México operan nueve cárteles del narcotráfico, de acuerdo a un informe de la Procuraduría General de la República (PGR). La cifra supera por tres a los que señaló la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), indicando que hay seis grupos criminales y 11 cabecillas.
La DEA en su informe anual Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017 detalló que en México operan los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, Los Zetas, los hermanos Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación.
Por su parte, la PGR indica, en un documento del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) con fecha del 31 de octubre, que además de los cárteles mencionados por la DEA, en México continúan activos los cárteles de Tijuana o de los Arellano Félix, Los Caballeros Templarios y La Familia michoacana.
Los Arellano Félix mantienen presencia en Baja California bajo la operación de las células de El Chan, El Jorquera y El Kieto. La Familia de Michoacán tiene presencia en México, Morelos y Guerrero.
Los Caballeros Templarios actualmente son dirigidos por Fernando Cruz Mendoza, alias ‘El Tena’ y por Homero González Rodríguez, alias ‘El Gallito’. El grupo delictivo opera en los municipios michoacanos de Aquila, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Tumbiscatío y Apatzingán.
La PGR destacó el estado actual del resto de cárteles en el informe. Los Zetas están cada vez más debilitados, manteniendo solo tres células distribuidas en Tamaulipas bajo los nombres Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas.
El cártel del Golfo mantiene siete células. En Tamaulipas tienen cinco, conocidos como Los Metros, Los Rojos, Grupo Dragones, Los Fresitas y Los Ciclones; mientras que en Quintana Roo, Los Pelones y los Talibanes se disputan la plaza.
Los líderes del narcotráfico de los seis cárteles identificados por la DEA son:
- Cártel de Juárez: Carlos Artuno Quinta, ‘El 80’, y Julios César Olvias Torres, ‘El Sexto’.
- Cártel del Golfo: José Antonio Romo López, ‘Don Chucho’, y José Alfredo Cárdenas Martínez, ‘El Contador’.
- Cártel de Sinaloa: Ismael ‘El Mayo’ Zambada. A la organización se ha sumado Rafael Caro Quintero.
- Cártel Jalisco Nueva Generación: Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, ‘La Garra’.
- Cártel de los Beltrán Leyva: Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, y José Luis Ruelas Torres.
- Los Zetas: Juan Gerardo Treviño Chávez, ‘El Huevo’, quien pelea contra escisiones del grupo que se hacen llamar Cártel del Noreste y Los Zetas Vieja Escuela.
por Intra Conexión México | Nov 3, 2017 | México
La aún prófuga de la justicia Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, pagó 400 mil pesos en efectivo al abogado que le tramitó el amparo contra la orden de aprehensión y a quien negó conocer para justificar su negativa a presentarse a declarar ante las autoridad capitalina.
El dinero habría sido parte del efectivo que la mujer retiró de sus cuentas bancarias a partir del 25 de septiembre, unos días después del sismo de 7.1 grados que colapsó uno de los edificios del colegio.
De acuerdo con información obtenida, el dinero fue entregado en efectivo al abogado Moisés Castillo, a quien García Villegas conoció por uno de sus tíos, quien se lo recomendó para llevar su defensa.
El litigante planteó un “proyecto integral”, que no sólo incluía la tramitación de un amparo, sino la reparación del daño a víctimas de la tragedia, esto último sólo en caso de que un juez así lo determinara.
El abogado fue quien acusó de recibido el citatorio que la procuraduría capitalina le envió a la dueña del colegio, sin embargo, la mujer no acudió y envió una carta negando que la hubieran citado pues, según ella, no le había llegado ningún citatorio. En el escrito dijo desconocer a Castillo, quien se acreditó como su representante legal.
La procuraduría capitalina obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Mónica García Villegas, a quien acusa del delito de homicidio con dolo eventual, debido a las modificaciones que se hicieron a la estructura del colegio.
Autoridades capitalinas descartaron la detención de la mujer, quien es representada por el exsubprocurador general de la República, Javier Coello.
por Intra Conexión México | Nov 3, 2017 | México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, esos penales no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
Y en una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va de 0.08 al 3. El diagnóstico de la CNDH ubica a la cárcel pública municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.
Le siguen las prisiones de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritales de Tizayuca y de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208%. Además, carecen de separación entre hombres y mujeres.
Según la CNDH, los Centros Federales de Readaptación Social Aserradero y Morelos, ubicados en las Islas Marías, son las mejores prisiones evaluadas.
PEORES PENALES ESTÁN EN NAYARIT E HIDALGO
En diez municipios de Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Nayarit se encuentran las prisiones más inseguras y con las peores condiciones para los internos de las 298 que hay en las 32 entidades federativas del país, revela un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 menciona que al realizar una revisión se determinó que las diez cárceles no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
De una escala del 1 al 10, los centros de reclusión obtuvieron una evaluación que va del 0.08 al 3. El diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica a la Cárcel Pública Municipal de San Blas, Nayarit, como la peor del país.
Le siguen la prisión de Rosamorada y Acaponeta, ambas en esa misma entidad. La Cárcel Distrital de Tizayuca y Zacualtipán, Hidalgo; Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la Distrital de Zimapán y Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la Cárcel Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit, y la Cárcel Distrital de Bochil, en Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles Distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208 por ciento.
El documento menciona que las prisiones carecen de separación entre hombres y mujeres, servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad, supervisión por parte del director, no hay programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como programas para la prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección.
Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, no hay manuales o protocolos, el personal penitenciario carece de capacitación, así como una deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada persona privada de la libertad.
El diagnóstico de la CNDH muestra que sólo uno de 19 penales de máxima seguridad, los cuales la federación administra con la iniciativa privada, está entre las diez prisiones con mayores estándares de calidad en el país.
Las prisiones se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Querétaro.
Según los datos, el Centro Federal de Readaptación Social Aserradero y Morelos, en las Islas Marías, a cargo del gobierno federal, son las mejores prisiones del país. Le siguen el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila; y el de Centro Estatal de Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato.
En estas prisiones, según la CNDH, las instalaciones son adecuadas y el personal tiene la capacitación adecuada, lo que garantiza la estadía del interno (mujeres y hombres), así como su reinserción en la sociedad.
NAYARIT, CON EL PROMEDIO MÁS BAJO
Nayarit se encuentra dentro de los estados con las peores cárceles del país, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Nayarit obtuvo la calificación más baja de 4.37 dentro del estudio, seguido de otros estados como Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo.
El estudio se basa en rubros como la garantía de la integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del reo y grupos de internos con requerimientos específicos, de su libertad, insuficiencia en el personal de seguridad y custodia, entre otras y sólo se observó una apropiada atención a personas indígenas.
EL TATOS NIEGA LA EXTORSIÓN
Luis Alberto González Nieto, El Tatos, negó que haya quemado a un interno en el penal Neza Bordo para extorsionarlo y dijo que esta acción fue porque estaba cobrando una deuda que la víctima tenía con otro reo.
En una tercera parte del video dado a conocer por Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, González Nieto se dijo molesto con los extorsionadores y secuestradores, pues dijo que por ejemplo a él se le imputa el delito de plagio sin haberlo cometido.
“No fue tanto porque yo lo estuviera sopleteando, sino porque le debía al que contrate, al fallecido que hubo, y él (el quemado) fue el que realmente lo mató, no fue ahorcado”.
El Tatos se va a mantener recluido en el penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, en Durango.
Ayer se venció el plazo de 48 horas para que los abogados de El Tatos revirtieran la medida de traslado.
No lo hicieron y el juez que lleva su causa validó el traslado para que González Nieto fuera canalizado al área de tratamiento de secuestradores.
González había sido llevado el pasado martes al Penal Federal Número 14 de Gómez Palacio Durango, una cárcel especial para secuestradores.
DENUNCIAN QUE VIOLARON A REOS CON MACANAS
Durante el motín del pasado 10 de octubre en el penal de Cadereyta, los reos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Incluso fueron violados con macanas o aventados varios pisos por las escaleras.
Así lo aseguró Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y reiteró que la información corresponde a entrevistas con familiares de los reclusos.
“Tras los hechos violentos en el penal de Cadereyta, los días 9 y 10 de octubre, Cadhac abrió diferentes vías de comunicación con las familias y las víctimas para conocer y documentar la situación”, explicó.
Agregó que recibieron más de 400 reportes y ante la falta de transparencia del estado, el organismo tiene la necesidad de compartir la información que preocupa tanto a víctimas como familiares.
Luego de que Morales aseguró que la cifra de muertos en los hechos habría sido de 50 y no 18, como lo manejaron las autoridades, el gobierno del estado difundió un comunicado reiterando la cifra oficial.
“Los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes tales como golpes, uso de balas de goma, uso de armas letales, fracturas en manos, piernas, cabeza y cráneo, internos violados con macanas e internos aventados varios pisos por las escaleras”, detalló la activista.
RECIBEN PROTECCIÓN AL MENOS 700 PERSONAS
Tras informar que 700 personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuentan con medidas de seguridad ordenadas por la junta de gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CNDH demandó que éste cuente con el presupuesto y el personal necesario y capacitado para llevar a cabo sus labores de manera efectiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó que las autoridades hacendarias y legislativas deben asegurar dicho presupuesto a fin de que no se limiten o entorpezcan las funciones del Mecanismo y, al contrario, se pueda hacer frente a la protección de los beneficiarios que cuentan con medidas de seguridad.
En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, este 2 de noviembre, la CNDH detalló que del año 2000 al 31 de octubre de 2017 se tiene el registro de 130 homicidios de periodistas, mientras que de 2005 hasta ahora 20 periodistas se encuentran desaparecidos y se han cometido 52 atentados a medios de comunicación de 2006 a la fecha.
En este contexto, la CNDH advirtió que el incremento de agresiones contra informadores en México, la falta de investigación y la prevalencia del 90% en el índice de impunidad de los delitos en su contra exigen atención urgente y decidida de los tres órdenes de gobierno pues debilitan el Estado de derecho.
“La libertad de expresión es un derecho con implicaciones de índole individual y colectiva, por lo que agredir a periodistas y medios de comunicación trastoca los fundamentos de nuestra democracia, ya que se generan zonas de silencio ante el temor de ser asesinados, desaparecidos o amenazados por su ejercicio profesional”, advirtió la CNDH.
Por otra parte, el defensor de los derechos humanos en el Estado de México, Jorge Olvera García, recibió una recomendación por parte de la CNDH por haber concluido una queja sin analizarla adecuadamente, en la que se señala la posible tortura infligida al quejoso y la dilación en la integración de una carpeta de investigación.
Tras un recurso de impugnación promovido por el afectado, la Comisión Nacional consideró fundado el agravio denunciado por el quejoso, que denunció haber sido agredido físicamente por los elementos policiales que lo aprehendieron; además que desconocía el estado que guardaba la carpeta de investigación sobre el caso, lo realizado en ella y si estaba resuelto.
por Intra Conexión México | Nov 3, 2017 | México
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2016, observó un monto por 5 mil 651 millones de pesos en los recursos federales ejercidos por estados y municipios durante el año pasado, cifra conformada por 3 mil 954 millones de recuperaciones determinadas y mil 697 millones de subejercicios.
Por el nivel de dinero fiscalizado destacan Veracruz por mil 881 millones (33 por ciento), San Luis Potosí por 434 millones (7.7 por ciento) y Guanajuato por 402 millones de pesos (7.1 por ciento).
Las fallas observadas son principalmente por subejercicio o gasto en obras suspendidas con los recursos federales destinados a infraestructura para agua potable, drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda.
A los estados que más se les encontró montos de subejercicio –menos gasto del presupuesto– fueron Guanajuato por 380 millones de pesos, Chihuahua por 173 millones y Jalisco por 160 millones.
La Cuenta Pública 2016 reportó un gasto federalizado por un billón 781 mil 660 millones de pesos, de los cuales 693 mil 777 millones (38.9 por ciento) fueron para las participaciones estatales, que representan más del 70 por ciento de los ingresos totales de los gobiernos locales y uno de los principales gastos del gobierno federal junto con el pago de la deuda pública y la cobertura de pensiones.
LOS HUECOS DE VERACRUZ
La lista negra la vuelve a liderar Veracruz, entidad bajo la gestión del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por enriquecimiento ilícito. El órgano autónomo determinó que el Gobierno de Veracruz no realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos transferidos ni cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa.
En el fondo para infraestructura, los objetivos y metas no se cumplieron, ya que el estado no le ministró a los 212 municipios un total acumulado por mil 488 millones de pesos, correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2016, ni los intereses generados por los atrasos en las ministraciones por 986 millones de pesos, por lo que se dejó de atender a los beneficiarios programados.
Asimismo, se detectaron 14 millones 825 mil pesos del Impuesto Sobre la Renta participable que no fueron pagados a seis organismos municipales de agua potable, saneamiento y/o alcantarillado. Otros 27 millones 884 mil pesos de participaciones federales no se ministraron a cinco municipios y se presentó retraso del pago de las mismas a todos los municipios del estado.
El Gobierno veracruzano, ahora bajo la administración de Miguel Ángel Yunes, no presentó documentación comprobatoria ni justificativa del gasto por 6 mil 543 millones de pesos y se pagaron sueldos que excedieron los tabuladores autorizados por 75 millones 969 mil pesos.
A nivel municipal, los recursos federales transferidos a Álamo Temapache, Los Choapas, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca y Veracruz para agua potable, drenaje y letrinas; electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda fueron afectados por la falta de adecuados sistemas de control y opacidad en la gestión. Además, una parte se usó en obras suspendidas.
Álamo Temapache generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 182 millones 200 mil pesos, concluyó la ASF. No obstante, los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera favorable, ya que el municipio destinó los recursos del fondo al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguridad pública de sus habitantes, obra pública y combustible, lubricantes, mantenimiento de vehículos, servicio de energía eléctrica e impuestos.
A Los Choapas se le señaló en el fondo para infraestructura un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3 millones 728 mil pesos por transferencias injustificadas a otras cuentas bancarias y se afectó a la población objetivo al no ejercer 161 millones de pesos.
Otro municipio que tampoco cumplió con el sistema de control y transparencia fue San Andrés Tuxtla, por lo que provocó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 89 millones 815 mil pesos. Sus objetivos se cumplieron de forma marginal, pues el estado no entregó al municipio el 30 por cient0 de los recursos asignados. De los recibidos, el municipio invirtió 42 millones 194 mil pesos en proyectos que no beneficiaron a la población objetivo porque eran obras suspendidas.
En Tantoyuca de igual forma su falta de transparencia y control ha sido cuestionado por la ASF. Sus inobservancias a las normativas provocaron un probable daño a la Hacienda Pública por 73 millones 28 mil pesos y el municipio invirtió el 6.6 por ciento de los recursos disponibles en cinco obras que no operan.
Por parte del municipio Veracruz se detectó un probable daño al erario público por 47 millones 317 mil pesos, y se afectó a la población objetivo al no ejercer recursos por 9 millones 536 miles de pesos. Asimismo, se gastaron 14 millones 151 mil pesos en obras que no beneficiaron a la población objetivo en virtud de que corresponde a obras suspendidas.
LAS FALLAS DE SAN LUIS POTOSÍ
El segundo estado que encabeza el mayor monto de irregularidades es San Luis Potosí, gobernado por el priista Juan Manuel Carreras López desde 2015. En el informe de la Cuenta Pública 2016 la Auditoría Superior de la Federación observó fallas a nivel estatal y en el municipio homónimo.
Respecto al fondo de financiamiento e infraestructura, la entidad tiene pendiente de comprobar la vinculación de compromisos por 5 millones 631 mil pesos por la adquisición de la reserva territorial del derecho de vía del bulevar Ferrocarrilero Bicentenario. Tampoco ha acreditado las gestiones para formalizar el diferimiento del plazo, la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato ni la recuperación del anticipo otorgado por 2 millones 682 pesos.
En el municipio San Luis Potosí el órgano ha detectado un probable daño a las arcas públicas por 388 millones 953 mil pesos, y señaló que no existe calidad y congruencia de la información contenida entre el informe del cuarto trimestre y los registros contables.
En materia de infraestructura la posible afectación a la Hacienda Pública es por 31 millones 585 mil pesos y al 28 de febrero de 2017 no se ejerció el 41.8 por ciento de los recursos disponibles.
LA OPACIDAD EN GUANAJUATO
Guanajuato, entidad gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez, ocupa el tercer sitio en el cúmulo de observaciones del órgano fiscalizador debido a deficiencias en el uso de los recursos federales que se le transfirieron.
A nivel estatal, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que 312 millones 910 mil pesos no se vincularon a compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados; y de los recursos comprometidos no se han ejercido 829 millones 406 mil pesos de los fondos Regional, Metropolitano, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
Además, detectó fallas en el control en los registros u operaciones realizadas y reportadas sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos a esa entidad federativa. También se comprobó la mala calidad en los trabajos ejecutados por 8 millones 436 mil pesos, debido a deficiencias de supervisión en la ejecución de la obra pública, lo que ocasionó el incumplimiento de los alcances establecidos.
Los municipios son cuestionados por su sistema de control y transparencia en la gestión de los recursos federales destinados a infraestructura que derivó en subejercicios (gasto menor del presupuesto).
San Miguel de Allende hizo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29 millones 343 mil pesos; San Felipe por 16 millones 609 mil pesos; León por 59 millones 711 mil pesos; Irapuato por 62 millones 861 mil pesos; Dolores Hidalgo Cuna por 28 millones 428 mil pesos, y no reportó las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo; Pénjamo por 25 millones 901 mil pesos y las metas establecidas no se pudieron verificar debido a que la entidad no los reportó en el Sistema de Formato Único; y Jerécuaro por 27 millones 874 mil pesos y por pagar obras y acciones que incumplen el destino.
En cuanto a fondos de financiamiento, San Miguel de Allende vuelve a ser señalado por un probable daño a las arcas públicas por 9 millones 315 mil pesos; Irapuato por 86 millones 82 mil pesos; y Celaya por 49 millones 295 mil pesos, por lo que los tres municipios no realizaron una gestión eficiente y trasparente de los recursos del Fondo de Aportaciones.
