Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos: EPN sobre detención de Javier Duarte.




Los priistas no escarmientan. Luego de que vergonzosamente fueron echados del Palacio Nacional y de Los Pinos con un voto de castigo razonado por toda una era de corrupción, el noble pueblo mexicano les dio una nueva oportunidad… y la despreciaron.
Bien dice el dicho popular “Perro que como huevo, ni a palos deja la maña.”
Que el voto favoreciera a Peña Nieto para regresar al PRI a Los Pinos, mucho tuvo que ver el mismo PAN, pues ni Vicente Fox ni Felipe Calderón demostraron saber gobernar. Sus números de la economía no fueron satisfactorios y, lo peor, en cuanto a corrupción, no les pidieron nada a los anteriores gobiernos priístas.
El discurso anticorrupción utilizado primero por Vicente Fox no fue en los hechos lo que los mexicanos esperaban. Los casos de corrupción en la familia real, tanto por entenados de Vicente y de Martha Sahagún, fueron escandalosos.
Las tepocatas y víboras prietas jamás cayeron en la red de Vicente Fox, ni arregló asuntos complejos de política interna como el de Chiapas que ofreció resolver en “quince minutos”.
Y de Felipe Calderón ya ni hablar, el poder se le fue de las manos atareado como estaba en la práctica de su deporte favorito: libar.
Fueron tan vacilantes y tibios los gobiernos de Fox y Calderón que los gobernadores se los comieron políticamente, se les montaron y se convirtieron en Virreyes. Cada uno hizo en su territorio lo que quiso. Gobernadores priístas sin pastor en Los Pinos se dedicaron al saqueo más grande que se haya tenido memoria en al menos 20 estados.
Fox y Calderón se hicieron de la vista gorda para sostenerse en el poder y, sobre todo, pensando en perpetuarse en el poder.
La historia es larga pero no exhaustiva. 21 ex gobernadores de diferentes Estados de la República han tenido problemas con la justicia en los últimos años, y solo una triste minoría de ellos ha sido investigada, juzgada, liberada o mantenida en prisión desde los tiempos de los gobiernos panistas de Vicente Fox o Felipe Calderón.
En muy pocos casos la justicia mexicana encabezada por panistas o priistas ha sido enérgica, ni ha sido clara, ni se ha aplicado la Ley hasta sus últimas consecuencias. Mas bien se ha visto la acción de los gobiernos como una vil simulación y protección.
A no ser porque las autoridades federales de los Estados Unidos han metido las manos en contra de algunos ex gobernadoreslos, todos ellos hubieran tenido fabulosos días de campo.
De los 21 gobernadores emproblemados con la justicia, 16 son o fueron priistas, dos del PAN, dos más del PAN-PRD y uno más del PRD.
Juntos, todos esos pillos han sido o fueron en su momento los heraldos del Pacto Federal que da vida a la República Mexicana.
¡Imagínese! Un Pacto Federal que más parece un pacto de protección, colusión e impunidad.
Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex gobernador del PRI en Quintana Roo (1993-1999), preso. Fue aprendido por supuestas ligas con el narcotráfico. Duró años prófugo hasta su captura en Cancún y encarcelado en el Penal de Alta Seguridad. Su cercanía con Carlos Salinas de Gortari, no le alcanzó para ser extraditado a los Estados Unidos, sobre todo cuando se le puso pesado al nuevo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Roberto Borge Ángulo, ex gobernador priista de Quintana Roo (2011-2016), es investigado por la PGR y la Fiscalía del Estado por diversos delitos entre los que se encuentran la venta ilegal de 44 bienes públicos. Además, se le acusa por presuntos manejos irregulares en las finanzas públicas. La Comisión de Transición le acusó al final de su gobierno por un desvío de 2 mil millones de pesos.
Andrés Granier Melo, ex gobernador priista de Tabasco (2007-2012). Denunciado, investigado y preso por peculado y el desvío de 2 mil 600 millones de pesos en el último año de su sexenio.
César Duarte Jáquez, ex gobernador priista de Chihuahua (2010-2016). Actualmente prófugo de la justicia, investigado por la PGR y buscado en 190 países por la Interpol por presunta responsabilidad en el delito de peculado.
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador priista de Veracruz (2010-2016). Apresado en Guatemala por lavado de dinero en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Fue atrapado después de 6 meses de andar en fuga y buscado por la Interpool.
Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador interino de Veracruz (octubre a diciembre 2016). Sujeto a prisión domiciliaria por motivos de salud. Se encuentra en juicio que se le sigue por presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad por encubrir y ayudar a escapar al ex gobernador Javier Duarte. Aunque no está en las grandes ligas de la corrupción y para muchos su encarcelamiento ha sido desproporcionado, lo cierto es que no está en libertad y se encuentra bajo proceso.
Tomás Yárrington Ruvalcaba, ex gobernador priísta de Tamaulipas (1999-2004), recién capturado en Florencia, Italia, y sujeto a juicio de extradición. La PGR le investigó por delincuencia organizada. A Tomás Yárrington también lo buscaban en Estados Unidos por recibir pagos de narcotraficantes y lo vinculan con distintos crímenes. Además de ser el exgobernador más buscado en los últimos años, la Revista Forbes lo incluyó en una lista de los 10 mexicanos más corruptos junto con Elba Esther Gordillo y Raúl Salinas de Gortari.
Eugenio Hernández Flores, ex gobernador priísta de Tamaulipas (2005-2010). Prófugo de la justicia norteamericana, acusado de conspiración en lavado de dinero y transferencias financieras de manera ilegal.
Jorge Herrera Caldera, ex gobernador priista de Durango (2010-2016). Investigado por irregularidades en su gobierno por más de 4 mil millones de pesos y una deuda que superó los 15 mil millones cuyo destino no pudo comprobar ante las auditorías que le practicó la Auditoría Superior de la Federación.
Humberto Moreira Valdés, ex gobernador priista de Coahuila (2005-2011), ha sido investigado por adquirir una deuda de más de 33 mil millones de pesos. Forbes también lo ha clasificado como el número 7 de las personas más corruptas de México.
Otros gobernadores con problemas con la justicia:
Jorge Torres López, Coahuila (enero 2011- noviembre 2011), prófugo, PRI;
Rodrigo Medina de la Cruz, Nuevo León (2009-2015), detenido y liberado. PRI;
Miguel Alonso Reyes, Zacatecas (2004-2010), investigado, PRI;
Jesús Reyna García, Michoacán (abril a octubre 2013), preso, PRI;
Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán (2012-2014), investigado, PRI;
Juan Sabines Guerrero, Chiapas (2006-2012), investigado, PRI;
Guillermo Padrés Elías, Sonora (2009-2015), preso, PAN;
Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010), detenido y encarcelado, PAN;
Gabino Cué Monteagudo, Oaxaca (2010-2016), investigado PAN-PRD;
Pablo Salazar Mendiguchía, Chiapas (2000-2006), detenido y liberado, PAN-PRD;
Narciso Agúndez Montaño, Baja California Sur (2005-2011), detenido y liberado, PRD.

Esta Semana Santa el crimen organizado en Guerrero hizo de las suyas al dejar 46 homicidios, 24 de los cuales tuvieron lugar en Acapulco.
Entre las víctimas hubo menores de edad, ex funcionarios, turistas y un marino, quien fue asesinado este domingo.
Recordemos que la madrugada del sábado 8 de abril, en el bar La Malquerida, de Zihuatanejo, se registró una balacera que dejó cuatro muertos y por lo menos dos heridos.
Ese mismo día, en la cabecera municipal de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo, ex alcalde y ex diputado local del PRD, y su tío Octavio Arellano Eloísa fueron asesinados a balazos por un grupo armado que irrumpió en su casa.
La madrugada del domingo 9, en Chilpancingo se informó que un niño de 13 años, identificado como estudiante de secundaria, fue hallado muerto con huellas de tortura cerca de la colonia San Lucas.
Al día siguiente, en una camioneta abandonada en la puerta que lleva hacia las caballerizas de la policía del estado, personal de diferentes corporaciones encontró ocho cadáveres de hombres que fueron torturados.
Al menos cinco de las víctimas eran vecinos del municipio de Tixtla y uno de ellos era hijo de una empleada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ese mismo lunes por la tarde, en la cabecera municipal de Pungarabato al menos tres pistoleros se metieron al domicilio de Modesto Carranza Catalán, suplente del diputado Saúl Beltrán Orozco, compadre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y lo mataron a tiros.
El martes 11, en las inmediaciones de Chilpancingo la policía encontró cuatro cadáveres envueltos en bolsas negras, tres de los cuales estaban sobre la Autopista del Sol.
Ese mismo día, en Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec hubo tres ultimados.
La madrugada del viernes 14, en una cueva ubicada en la periferia de Acapulco fueron encontrados cuatro cadáveres en estado de descomposición. Mientras en la colonia Progreso, una mujer fue abatida a tiros.
El día 15, un ataque en la costera Miguel Alemán, de Acapulco, dejó saldo de dos muertos y cinco heridos, según confirmó este domingo Xavier Olea, fiscal del estado.
En conferencia de prensa, explicó que alrededor de las 21:30 horas del sábado personas a bordo de un auto fueron perseguidas por sujetos en Nissan tipo Platina, negro, por la zona del Parque de La Reyna.
Las víctimas fueron baleadas y en el lugar murió un hombre, mientras que otro falleció cuando era atenido en el hospital. Los otros cinco permanecen internados, dos de los cuales son originarios de la Ciudad de México.
Finalmente, este domingo ocurrieron dos asesinatos en diferentes puntos de Acapulco. Uno de ellos fue el de un marino vestido de civil, quien fue atacado a balazos y recibió dos tiros en la cabezax- cuando caminaba por la Calle 13, de la colonia Icacos. Con estos dos casos, en el puerto turístico ocurrieron 24 homicidios en Semana Santa.

Rodrigo Sandoval, abogado del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, informó que su cliente “sí va a aceptar su extradición”, lo que agilizará el proceso para que sea enviado a México.
Entrevistado afuera de la prisión Matamoros, de esta capital donde se encuentra detenido, Sandoval destacó: “tuve la oportunidad de platicar con el señor Duarte y dice que está esperando su extradición y a sus abogados de México. Entiendo que sí va a aceptar su extradición”.
Capturado el sábado pasado en el suroccidente de Guatemala, comenzará a afrontar este lunes una primera etapa formal de 60 días que determinará si se allana o no su proceso de extradición a México, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su arresto el sábado anterior, —aproximadamente a las 21:00 horas del centro de México, en el Hotel La Riviera de Atitlán, en el municipio de Panajachel—, luego de completar seis meses en una fuga que inició el 14 de octubre de 2016, es probable que Duarte comparezca este lunes en la mañana ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, en la capital guatemalteca.
El ex gobernador fue trasladado la noche del sábado desde Panajachel, a 140 kilómetros al suroccidente de esta ciudad, a Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de esta capital a la que llegó este domingo cerca de las 02:30 horas.
Aunque fueron cumplidos cinco de los 11 pasos que, de acuerdo con el tratado de extradición vigente entre México y Guatemala, deben seguirse para lograr la repatriación de Duarte, las próximas horas serán determinantes para definir la velocidad del trámite.
El primer paso ocurrió la mañana del sábado pasado, cuando el gobierno de México solicitó a la Cancillería guatemalteca la detención provisional de Duarte con fines de extradición.
La Cancillería envió la petición al Ministerio Público (Fiscalía General) de este país, que la entregó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Juzgado de Primera Instancia de Turno del departamento de Guatemala.
El cuarto requisito fue cumplido por la PNC y la fiscalía con el arresto, y el quinto con la presentación de Duarte al juzgado, que ordenó remitirle a Matamoros. Se prevé que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala pida este lunes a la Cancillería que informe oficialmente a México de la detención, con lo que se abre el periodo de 60 días para que el gobierno mexicano haga la solicitud formal de extradición.
Después habrá una fase de entrega de la petición de México a la Cancillería para remitirla a la fiscalía y empiece el análisis para determinar si se autoriza, con lo que seguiría una etapa de notificación y otra de la extradición.
“Si se allana puede reducirse el tiempo” de las gestiones para lograr la extradición, indicó Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa en la embajada de México en Guatemala.
“Si no se allana todo seguirá el proceso”, agregó, pero no definió un plazo preciso sobre lo que podrían prolongarse las gestiones, al aludir a la posibilidad de que Javier Duarte de Ocho interponga acciones judiciales que obstaculicen la gestión o, por el contrario, se abstenga de hacerlo.
El ex gobernador tiene derecho a escoger su defensa y a elegir la ruta que adoptará para enfrentar la solicitud de extradición de México, aclaró.
Por su parte, el diplomático mexicano Luis Ángel Domínguez, encargado de negocios interino de la embajada, afirmó que cuando Duarte la solicite, recibirá la respectiva “visita consular” a la que tiene derecho.
Sin que mediara violencia y en un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) con la Interpol, así como con la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil de Guatemala, Duarte fue capturado cuando el ex gobernador estaba en una habitación con su esposa, Karime Macías.
De acuerdo con agencias, un oficial mexicano se comunicó a la habitación y el ex gobernador se identificó como Alejandro, pero de inmediato se le notificó que se entregara porque estaba plenamente identificado.
El mexicano Omar García Harfuch, jefe de la Agencia Criminal (AIC) de la PGR, explicó en rueda de prensa que, según los datos recabados al confirmarse la presencia de Duarte en el hotel durante al menos dos días, el ex mandatario nunca acostumbró a salir de su habitación.

La Procuraduría General de la Republica (PGR) le ha aplicado un “tapabocas” al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien este domingo aseguró en Boca del Río que había denunciado a Javier Duarte de Ochoa “y está en prisión, cumplí mi palabra”, pero la PGR dijo que “no fue gracias al gobernador como él lo expuso en su conferencia de prensa, sino gracias a las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación”, y señalaron que esas denuncias se presentaron desde 2014.
La PGR también mencionó que Duarte de Ochoa estuvo en Alto Valle y Antigua, antes de ser detenido en el balneario de Panajachel, en la provincia de Sololá, en la República de Guatemala, donde se cree que entró por tierra desde noviembre del año pasado, moviéndose en la zona a través de aerolíneas privadas.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, señaló que en lo que corresponde a la esposa del ex Gobernador, Karime Macías Tubilla “no hay orden de aprehensión en su contra. No tiene ninguna solicitud por parte del Gobierno de México para una detención con fines de extradición”, y en la misma situación se encuentra la familia cercana.
Asimismo, precisaron que existen diferentes líneas de investigación para poder realizar acciones legales contra la red de complicidades, tanto empresas como personas que ayudaron a Duarte de Ochoa. También comentaron que desde noviembre del año pasado tenían las sospechas de que el ex mandatario Javier Duarte, podría estar en Guatemala.
Por su parte el Senador Héctor Yunes –primo hermano de Miguel Angel Yunes- expresó que la detención del ex gobernador Javier Duarte fue producto de las investigaciones y cooperación internacional del gobierno federal, a través de la PGR, y no de una persona en específico. “El logro es del gobierno Federal, de la PGR. Me parece desproporcionado, narcisista y trumpsiano afirmar que Duarte está en la cárcel por acción de Miguel Ángel. Que no se cuelgue medallas ajenas”, dijo el senador tras señalar que Yunes Linares se comprometió a encarcelar a Javier Duarte desde el primer día de su mandato, “situación que no se dio, por lo que incumplió con su compromiso”.