La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para que las empresas que comercializan comida chatarra puedan vender sus productos en instituciones de educación superior.

Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Segunda Sala de la Corte aprobaron el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos en el que propuso amparar a la empresa Del Fuerte, filial de Coca Cola, para que no se le imponga la prohibición de venta de sus productos en aquellas instalaciones en las que única y exclusivamente se imparta educación superior, siempre y cuando se observen las disposiciones legales -federales, locales y municipales- que correspondan.

Así, la empresa Del Fuerte no estará sujeta a las disposiciones previstas en el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único“, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2014.

Esto significa que si la institución de educación superior comparte instalaciones, aulas, lugares de recreo, esparcimiento, ejercicio o cualquier otro tipo de espacio con alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria o media superior, entonces no se podrá vender la comida chatarra, ya que serán plenamente aplicables las restricciones y prohibiciones contenidas en el acto reclamado.

La resolución de la Sala establece que no hay racionalidad constitucional en la prohibición de vender los referidos productos alimenticios a estudiantes universitarios, que pueden diferenciar y decidir sobre la conveniencia o no de consumirlos.

En marzo de 2015, un juez de primera instancia amparó a la empresa Del Fuerte para que pudiera vender sus productos en universidades, más no en colegios de nivel básico y media superior; sin embargo, la resolución fue impugnada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que argumentó que el juez no tomó en cuenta los artículos tercero y cuarto de la Carta Magna.

Tras la impugnación, el amparo generó un debate en la Suprema Corte, ya que el ministro José Fernando Franco González Salas elaboró un proyecto en el que proponía dar la razón a la SEP, lo que provocó que los demás ministros se separaran del proyecto, que fue desechado y asignado a la ministra Luna Ramos, quien elaboró uno nuevo.