Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por la Comisión Permanente
de Educación y Cultura, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, por el cual se
reforman los artículos 10 y 16 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, a fin de
armonizar diversas disposiciones de la Carta Magna local a la llamada reforma educativa,
aprobada por el Congreso de la Unión en 2019.
Durante la quinta sesión ordinaria, del segundo periodo ordinario de sesiones, fue
aprobado este dictamen con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora,
refiere que uno de los propósitos de esta reforma es coincidente también con los objetivos
de la Nueva Escuela Mexicana, caracterizada por una estructura abierta que integra a la
comunidad, pero sobre todo que prioriza la atención de poblaciones en desventaja, con la
finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar las mismas oportunidades de
aprendizaje a todas y todos los mexicanos.
Asimismo, coincide en cuanto al impulso de acciones que mejoren las condiciones de vida
de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario.
De esta manera, se establece en el artículo 10 que todas las personas tienen derecho a
recibir una educación inclusiva, y laica.

El Estado y los municipios la impartirán en forma
pública y gratuita. La inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior son obligatorias.
La educación superior se regirá y será obligatoria en términos del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los
municipios, sus entidades descentralizadas, las instituciones de educación superior
dotadas de autonomía conforme a la ley como la Universidad Veracruzana y los
particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.
Se incorpora al texto constitucional que las instituciones de educación superior del Estado
dotadas de autonomía conforme a la Ley, como la Universidad Veracruzana (UV), tendrán
la facultad de auto gobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades;
realizarán sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las
funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de
cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas.

En el caso de la UV, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del
total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el
cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca
la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior
al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Por último, se establece como responsabilidad para las madres y los padres de familia o
tutores, de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas
para recibir la educación obligatoria en los términos de la Constitución, así como participar
en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su
bienestar y desarrollo.
Cabe destacar que previo a la discusión de este dictamen, el Pleno avaló el
procedimiento especial de reformas constitucionales, por lo que, tras ser aprobado por el
Pleno, se remitirá el decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial
del Estado.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León David Jiménez manifestó
que al armonizar su Constitución Local con la Federal, Veracruz sienta las bases para
implementar, “lo que será una reforma de gran calado, que se distinguirá por desarrollar
principios diseñados para garantizar la obligatoriedad y universalidad de la educación”.
En la discusión en lo general y particular participaron el diputado Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos y la legisladora Ivonne Trujillo Ortiz, quienes manifestaron sus posturas a favor.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron diversas reformas mediante
las cuales se incorpora al Código Civil del Estado de Veracruz la figura jurídica
denominada “Derecho a la Superficie”, misma que otorgará mayor certeza a las y los
veracruzanos.

El referido dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, determina que se trata de un derecho real, al tratarse de bienes y no de
relaciones entre personas, toda vez que busca atribuir a una persona los derechos de
propiedad sobre bienes incorporados a él a un terreno que no es suyo, más nunca en el
terreno el cual continuará en el poder jurídico de su titular.

Otra de las características, expone el dictamen, es que solo puede crearse de acuerdo a
voluntades con la consigna positiva de ambas partes, y que puede constituirse a título
oneroso o gratuito, tratándose de un derecho temporal, sin excepción.

Al incorporarse el Derecho de Superficie en la legislación civil veracruzana se abre la
posibilidad de poder resolver conflictos particulares, permitir asociaciones en negocios, en
zonas urbanas o rurales y dar forma a proyectos inmobiliarios.

La incorporación de esta figura jurídica estará dada en el libro Segundo del Código Civil,
relativo a “Los Bienes”, donde se prevén las características, clasificaciones que regulan la
posesión, así como la propiedad, insertándolo en el título Quinto referente a la regulación
de los diversos derechos de “Usufructo, Uso y Habitación”.
El dictamen fue aprobado por 45 votos, sin abstenciones o votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de iniciativa
ante el Congreso de la Unión, por el cual se propone reformar el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer que el juez
deberá ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de casos de abuso o
violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender
el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por las
diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los
legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo
Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM).

Puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, este dictamen registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en
contra.
De esta manera, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz propone al Congreso de la
Unión la modificación al citado artículo a fin que puedan imponerse medidas más severas
a las personas que vulneren los derechos a la libertad y la seguridad sexual y al libre
desarrollo de la personalidad de quienes, aun cuando no sean menores de edad, carecen
de la capacidad de comprensión o resistencia de la conducta, refiere el documento.

Conforme al procedimiento legislativo este decreto fue enviado a la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz para su publicación y asimismo se instruyó remitirlo a la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para el trámite respectivo.

En México se cuenta con un parque vehicular de acuerdo con datos del INEGI, de
aproximadamente 33 millones 200 mil 156 automóviles, a lo largo y ancho del territorio
nacional, lo que ha hecho que la industria automotriz crezca exponencialmente, no
simplemente por la importación, sino que estratégicamente el país se ha convertido en
productor de automotores en la región meridional de América del Norte continental, dijo la
diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante del Grupo Legislativo de Morena,
de la LXV Legislatura estatal.

Esta producción manufacturera ha cambiado sustancialmente, agregó, “la forma de vida
en todos los continentes del mundo, puedes adquirir un vehículo automotor, es tan fácil
como ir a una agencia automotriz que se encuentran en las avenidas principales de
cualquier ciudad, e incluso lotes donde se venden carros de segunda mano”; al presentar
ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo
Segundo del artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado.

Dado lo anterior, señaló la diputada, la nueva ley de Tránsito del Estado, debe contemplar
en su totalidad, la figura del solidario responsable, en aquellos casos donde un menor o
un adulto manejan un vehículo automotor sin tener los debidos permisos expedidos por la
autoridad correspondiente, en esos casos en que se comete una falta administrativa, se
configura una acción por omisión por parte de quien conduce, actualizándose la
solidaridad económica para pagar las debidas multas y faltas administrativas por quien
ostenta la calidad de legítimo dueño del automotor.

En Veracruz, agregó, existen un total de 1 millón 951 mil vehículos en circulación, por lo
que, obtener recursos por faltas administrativas a las leyes de tránsito debe convertirse en
eje de la prosperidad y en un ejercicio responsable de la mayoría de edad. Velando en
todo momento por la salud y la vida de las personas, mediante un control social
económico, y no meramente penal, haciendo más viable el ejercicio del tránsito local.

Destacando que con esta Iniciativa se plantea que los padres, tutores, o cualquier
persona, se pueda hacer responsable de los costos, en caso de que se actualice una
infracción en los términos del artículo 148 de la referida Ley. “El grado de la infracción, es
evaluado a través de la peligrosidad que pueda ocasionarse, una vez la acción se esté
ejecutando en la vialidad, lo que puede generar accidentes que pongan en riesgo las
integridades personales”.

Por ello, enfatizó, es importante construir un modelo educativo vial, reduciendo
drásticamente los accidentes en la vía pública, recordando a los tutores y a los
conductores que, el precio a pagar, no es meramente económico, sino en muchas
ocasiones es la vida de los seres humanos dentro del vehículo o los transeúntes.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo Segundo del
artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado, fue turnada a la
Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en la
LXV Legislatura, del Congreso del Estado, presentó al Pleno una Iniciativa, con carácter
ante el Congreso de la Unión, que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el delito de sustracción
de menores, entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Actualmente, -señala en su texto la legisladora- la retención y sustracción de menores
constituye un comportamiento delictivo que atenta contra el interés superior del menor,
vulnerando los derechos de las niñas y niños a tener un sano desarrollo integral de su
personalidad, a vivir en condiciones de bienestar y a convivir de forma libre, plena y
armoniosa con ambos progenitores aun después de una ruptura matrimonial o
sentimental.
Destacó que en México este delito está tipificado y sancionado en los códigos penales de
las entidades federativas y en el Código Penal Federal; en cada estado existen diversas
definiciones del delito. “Por ejemplo, en Veracruz, el delito de sustracción de menores se
actualiza cuando un familiar o la madre, o el padre del menor, lo sustraen, sin causa
justificada o sin orden de la autoridad competente, de la custodia o guarda de quien
legítimamente la tiene por hecho o por derecho”.

Dijo que la preocupación principal del legislador, al crear el delito, fue la de proteger a los
hijos menores de edad, para evitar un desarrollo inadecuado de su personalidad
generado a raíz de un quebranto unilateral e ilegítimo del régimen de convivencia por
parte de uno de los progenitores.
“Es preocupante que cada año miles de niñas y niños en diferentes partes de la República
Mexicana sigan siendo separados intempestivamente y privados de convivir con sus
progenitores sin que estos sean castigados justamente ni mucho menos se garantiza la
reintegración pronta de los niñas y niños a sus hogares y a su entorno habitual del que
fueron sustraídos”, agregó.

Lo anterior, explicó, pone en evidencia, que hoy los medios establecidos en el derecho
positivo mexicano no están dando resultados óptimos para prevenir y solucionar este
problema, debido a que en la realidad, el familiar que sustrae al menor no forzosamente
es privado de su libertad como consecuencia de la conducta delictiva, ya que el delito de
sustracción o retención de menores no amerita prisión preventiva oficiosa, al no
encontrarse en el listado del párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna.

Por ello, propuso reformar el citado artículo para que el delito de sustracción de menores
sea incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, esto, como un
medio de prevención para disuadir a los posibles sustractores de realizar esta conducta y
garantizar la reintegración pronta de las niñas y niños a sus hogares y a su entorno
habitual del que son sustraídos.
Con esta Iniciativa el constituyente permanente tiene la oportunidad de seguir protegiendo
y garantizar los derechos de la niñez de forma integral y que no exista impunidad en este
tipo de conductas que dañan gravemente al núcleo familiar y a la sociedad: “México será
mañana lo que hoy hagamos por nuestras niñas, niños y jóvenes”; concluyó
Esta Iniciativa, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.