El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto
en materia de educación, por la que propone que las madres y los padres de familia
ejerzan el derecho de autorizar que sus hijas e hijos participen en la impartición de
materias, talleres o charlas, cuando éstos aborden contenidos relacionados con la
perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado explicó que el PIN Parental es el
consentimiento que tiene como objetivo permitir a las madres y padres de familia, decidir
si sus hijos o hijas pueden recibir o no educación en temas de sexualidad, reproducción y
género en las escuelas, a nivel de primaria, secundaria y preparatoria.

El PIN Parental –abundó- consiste en recabar por escrito autorización expresa o
consentimiento informado a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad, previa a la
impartición de talleres, pláticas y similares, impartidos por la escuela y por organizaciones
ajenas al centro escolar, en los temas que ya hemos hecho referencia.
Por ello, “el carácter preferente y preponderante que tienen las madres y los padres en la
decisión del tipo de educación que habrá de darse a sus hijas e hijos debe entenderse
como un derecho humano inalienable, imprescriptible y no negociable con el Estado,
puesto que éste debe ofrecer una educación sustentada en principios científicos, no en
principios ideológicos o morales”.

De este modo, prosiguió, se busca que las madres y los padres de familia, que tienen
diversos criterios o convicciones, tengan la posibilidad de elegir el tipo de educación que
sus hijas e hijos pueden recibir; sin que el Estado pueda obligar a sus hijas e hijos a
participar en aquellas actividades curriculares o extracurriculares que actúen en contra de
sus principios.
Guízar Valladares añadió que el ejercicio del derecho a la educación es parte del
desarrollo de la personalidad y una contribución significativa al desarrollo del país y de la
sociedad en que vivimos.

Por esto, “existe una necesidad de que los sistemas educativos
no incurran en sesgos ideológicos y contenidos no aptos para las y los menores de edad,
de acuerdo con los criterios parentales familiares”.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 149,
así como una fracción X, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 171, ambos de la Ley
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se adhirió la
diputada María Candelas Francisco Doce, fue turnada a las comisiones permanentes
unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia.

El diputado Raymundo Andrade Rivera, presentó ante la LXV Legislatura una Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II; y se adiciona un
párrafo a la fracción III, todas del artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, con el objeto de tener una mejor planeación y eficiencia en el
nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado.

Según la normativa actual, cuando la falta de un magistrado del Poder Judicial, de
temporal se convierte en definitiva o concluye su encargo en términos de ley, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo da a conocer al Ejecutivo del Estado
para que este a su vez realice su propuesta de magistrado al Congreso del Estado y se
efectúe el procedimiento conducente.

Sin embargo, la presente iniciativa propone, que al saber las fechas concretas del retiro
forzoso de los magistrados, -al cumplir 70 años de edad, o haber concluido los 10 años de
ejercicio de su cargo sin ser ratificado- como se establece el artículo 205, existen áreas
para mejorar su eficiencia.
Se considera ocioso que el Poder Ejecutivo deba esperar la comunicación del Presidente
del TSJ, toda vez que se trata de hechos con fecha concreta, al ser el término en el que
se concluirán los 10 o 15 años, según sea el caso, en el cargo, o bien cuando el servidor
cumpla la edad máxima de acuerdo a su fecha de cumpleaños, refiere el texto de la
iniciativa.

En este sentido la propuesta dicta que cuando la vacancia definitiva surja de la hipótesis
de retiro forzoso contemplada por artículo 59 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz, el titular del Poder Ejecutivo estatal podrá enviar su propuesta al Congreso
desde un mes antes de la fecha del retiro, para que a su vez el Poder Legislativo verifique
a través de la Junta de Coordinación Política que reúna los requisitos necesarios para
ocupar el cargo, previa comparecencia del aspirante.

Asimismo, tanto el Tribunal o la Sala a la que pertenezca el Magistrado, así como el
Presidente del TSJ, comunicará de manera oficial cuando se trate de un motivo distinto al
retiro forzoso, para que se tomen las medidas pertinentes para la elección de Magistrado
que ocupe el cargo.
Para su estudio y dictamen, la propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto
que busca adicionar una fracción al artículo 154 del Código Penal del Estado de Veracruz
para establecer que el aborto no será castigado cuando el embarazo sea resultado del
delito de pederastia, y así garantizar el derecho a la salud a este sector vulnerable.

La propuesta legislativa refiere que con la consolidación de esta reforma se contribuiría al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y las metas de
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
Asimismo, indica, se generaría un marco normativo más amplio que dé como resultado la
certeza en la actuación de los servicios de salud, así como de las y los operadores de
procuración y administración de justicia.

“Es necesaria una revisión de las causales de no
punibilidad para acceder a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes
víctimas del delito de pederastia”, argumentó.
La integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano y De
Revolución Democrática, y del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), informó que esta
iniciativa es el resultado del trabajo arduo implementado por el grupo de mujeres que
conforman la asociación civil Equifonía A.C. “A quienes reconozco porque desde su
conformación han buscado diseñar y establecer estrategias innovadoras en salud,
seguridad y justicia para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las
mujeres”, añadió.

Recordó los datos recopilados por el colectivo Equifonía A.C, los cuales registran que la
mayor cantidad de niñas abusadas sexualmente y obligadas a tener un bebé están en el
segmento de los doce años. De esto, están registrados 696 casos entre los años 2008 y
2018. En el mismo periodo, están las menores de once y diez años, con 300 y 223 casos,
respectivamente.

Destacó que la NOM-046-SSA2-2005, en su numeral 4.1 señala que el Aborto Médico,
“es la terminación del embarazo realizada por el personal médico, en los términos y
plazos permitidos, de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de
los requisitos específicos establecidos en ésta”.

Lo anterior, añade, remite a lo señalado en el artículo 154 del Código Penal el cual señala
que el aborto no es punible cuando el aborto es causado por imprevisión de la mujer
embarazada; producto de una violación o inseminación artificial no consentida; cuando
esté en peligro la vida de la madre o que, a juicio de los médicos, exista razón suficiente
de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser
con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer
embarazada.

último, expone que esta iniciativa tiene como criterios orientadores el principio de no
discriminación y el del interés superior de la niñez, de acuerdo a los artículos 1o y 4o, de
la Constitución General de la República; cumpliendo con la obligación de crear leyes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para su análisis, esta propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

Con la finalidad de mejorar el desempeño legislativo y evitar cualquier conflicto de interés
en el desahogo de los dictámenes, el diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno una iniciativa que prevé reformar la Ley Orgánica y el Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

La propuesta del integrante del Grupo Legislativo de Morena busca señalar que el
diputado o diputada no podrá participar en la discusión y dictaminación cuando la
iniciativa que presente sea turnada a la comisión o comisiones de las que forme parte.
En este sentido, el legislador detalló.

“Se hace evidente que al ser quien promueve, puede
agilizar el desahogo de la iniciativa para lograr el dictamen a favor, o retrasar otras que
contengan propuestas de reformas similares”.
Tras referir que con esta acción se violentaría la legislación interna, manifestó que un
caso distinto será cuando la totalidad de quienes integren una comisión permanente o
especial propongan la iniciativa.

“Por obviedad serán quienes dictaminen, pues hay un
acuerdo previo de entre todas y todos sus integrantes para dar curso a lo que en conjunto
se propone”, abundó.
Por otra parte, al participar durante la quinta sesión ordinaria, el diputado Rosales Torres
propone incorporar en el Reglamento la disposición para permitir el retiro de iniciativas o
anteproyectos con punto de acuerdo, antes de ser dictaminados, a través de un escrito
ante quien presida la comisión o la Junta de Coordinación Política, cual sea el caso.

“La reglamentación interna del Poder Legislativo tiene como propósito regular las
actividades, y funcionalidad, al interior de este órgano, por lo que esta iniciativa en nada
afectaría los derechos que como legisladoras o legisladores tenemos”, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Gobernación.

Para evitar confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales y ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno la iniciativa que busca abrogar la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo.

En el texto de la propuesta, se establece que es necesaria la abrogación de la citada Ley, vigente desde el 14 de julio de 1988, debido a que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Refiere que esta Ley carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es ahora una atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), como consecuencia de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, por el que fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

En la citada reforma constitucional federal fue creado el INE, en sustitución del Instituto Federal Electoral, otorgándosele diversas atribuciones relativas no sólo a las elecciones federales sino también a las del ámbito local, y que anteriormente eran exclusivas de las entidades federativas, entre ellas, “La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales”.

Resulta indudable que la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo no tiene aplicación alguna en la entidad, por las razones de incompetencia local para establecer la geografía electoral, así como por el hecho de que la determinación del número de distritos electorales, en lo que sí tienen atribuciones las entidades federativas, ya se encuentra prevista en la Constitución Política del Estado, detalla.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente.