Los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de Veracruz, presentaron al Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

En la sesión, cuarta ordinaria del segundo periodo, el Pleno conoció la iniciativa y, como parte del proceso legislativo, instruyó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; en caso de aprobarse por esta Soberanía, sería turnada al Congreso de la Unión para continuar el trámite correspondiente.

En el texto de la iniciativa se establece que con esta reforma el Constituyente Permanente Federal podría reflejar en la Carta Magna una realidad social imperante en el país. “La de miles de mexicanos que tienen que entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, pues de lo contrario corren el riesgo de perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional”.

Expone que la extorsión es un delito que tiene características especiales, ya que no sólo produce un daño patrimonial sino que, adicionalmente, genera en la víctima una afectación emocional desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta.

De esta manera, el artículo 19 de la Carta Magna Federal indicaría que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo, delincuencia organizada,

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La propuesta legislativa fue signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Debido a la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos la pensión a adultos mayores, el legislador Wenceslao González Martínez, presentó al Pleno la iniciativa que abroga la Ley 223 que reconoce el Derecho de Personas Físicas Mayores de 70 años a recibir una pensión por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

Lo anterior, indicó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, toda vez que resulta infundado tener en Veracruz una legislación semejante a la aprobada por el Constituyente Federal.

El diputado González Martínez puntualizó que la reforma al artículo 4 de la Constitución General, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el derecho a una pensión para los adultos mayores de 68 años y, tratándose de comunidades indígenas a partir de los 65 años, además de establecer un sistema de salud para el bienestar entre otros derechos para grupos vulnerables.

Añadió que la citada reforma exhibe, a su consideración, una generosa e igualitaria universalidad para las personas adultas mayores, que no opone limitantes o restricciones al ejercicio de este derecho como lo hace la norma local que se propone abrogar.

Por tal razón, la propuesta del legislador es abrogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Seguridad Social.

En nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, la diputada María Esther López Callejas, puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley de Educación, a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas, todas para el Estado de Veracruz.

Señaló en su intervención que, los vínculos entre la población, el medio ambiente y los recursos naturales están mediados por múltiples factores: el acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio; las pautas de acceso y uso de los recursos naturales; y las tecnologías utilizadas para su explotación y consumos vigentes, ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente.

Las y los diputados, agregó, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, estamos conscientes de que toda alteración al ritmo natural, afecta al conjunto social sin importar fronteras o límites territoriales de ningún tipo. De ahí que las acciones, agregó, para contrarrestar los efectos de esta manipulación, deben ser bajo una misma estrategia ordenada, racional y científicamente sustentable.

Por lo anterior, señaló la legisladora, se presenta esta Iniciativa para que, conforme a los criterios pedagógicos y didácticos contenidos en los planes y programas vigentes de estudio, se ofrezca de manera obligatoria la educación ambiental y se fomente la siembra de árboles de especies nativas de la región en áreas verdes de las localidades.

De igual forma, por cada lote de una nueva construcción, en coordinación con las autoridades competentes, atendiendo lo que establece la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas para el Estado, se planten árboles nativos; entre otras acciones.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio, a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Con el propósito de armonizar el Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz con la reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz (aprobada por este Congreso el pasado 22 de mayo) en materia de reelección, el diputado Alexis Sánchez García presentó una iniciativa que busca reformar la ley y así pueda darse cumplimiento efectivo en la elección de los próximos ediles, comicios que habrán de celebrarse en 2021.

De esta manera, el legislador plantea señalar en el Código Electoral que la elección de ayuntamientos se realizará cada tres años. Asimismo, que los ediles podrán ser elegidos hasta por un período adicional de manera consecutiva.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Podrán ser sujetos a elección consecutiva los ediles que hayan ejercido el cargo, independientemente de su carácter de propietario o suplente. No podrá ser electo para el siguiente período en calidad de suplente, quien hubiese sido electo edil propietario de manera consecutiva por el límite establecido en la Constitución Política del Estado.

Los ediles que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva. Una vez concluida la jornada electoral, o en su caso, recibida la constancia de mayoría o asignación, según se trate, podrán reincorporarse al mismo. No obstante, previo a la separación del cargo, los ediles deberán observar las reglas que emitan las autoridades electorales competentes para salvaguardar el principio de equidad en la contienda.

Por otra parte, el diputado Sánchez García refiere que la reelección de ediles se deberá sujetar a las siguientes reglas: los ediles electos para el cargo de regidor, que pretendan la reelección, podrán ser postulados tanto para presidente municipal o síndico, así como para Regidor, del partido que corresponda según lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo.

En el caso de ediles electos como candidatos independientes, sólo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, cumpliendo con las etapas previstas en el artículo 264 de este Código, salvo que se afilien y demuestren su militancia en un partido político antes de la mitad de su mandato, caso en el que podrán postularse para reelección por dicho partido.

El diputado del Distrito XXII de Zongolica expuso que esta iniciativa reduce de cuatro a tres años el periodo de ejercicio de los Ayuntamientos, pero de esta manera –agregó- los ediles podrán competir en la reelección consecutiva por un periodo más.

Precisó que esta reelección consecutiva conllevaría como beneficios: la profesionalización de las carreras políticas, ya que permanecer en el cargo motiva a informarse y aprender sobre diversas formas de trabajar; inyecta estabilidad política, la presencia de ediles experimentados estabiliza la relación con los demás poderes; fortalece el carácter representativo de la democracia, los ediles prestarían mayor atención a las preocupaciones de sus electores, impulsando mejores proyectos.

Además, incentiva la elaboración de proyectos de largo plazo, propicia una relación armónica entre funcionarios electos y cúpulas partidistas e incrementaría la eficacia.

“Con esta reforma, las y los ciudadanos tendrán la posibilidad de calificar a sus autoridades municipales y en su caso ratificarlos con su voto para que puedan durar en su encargo otros tres años más”, afirmó.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Organización Política y Procesos Electorales.