por Intra Conexión México | Jun 1, 2026 | Congreso
La LXVII Legislatura aprobó, mediante sendos dictámenes, las propuestas de la gobernadora Rocío Nahle García para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuente entre sus atribuciones acciones de inteligencia financiera y de verificación vehicular.
Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado
En primer término, el Pleno otorgó 33 votos a favor, siete en contra y una abstención al dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, que contiene el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz.
Esta reforma determina trasladar las funciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la Sefiplan, ampliando las atribuciones en materia de inteligencia financiera; así como en la proporción de información relacionada con la probable comisión de hechos con apariencia de delitos fiscales o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, otorgar mediante concesión administrativa la prestación del servicio de verificación vehicular.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano dijo que la propuesta de la gobernadora responde a una necesidad real de actualización institucional y fortalecimiento administrativo. Aclaró que esta reforma no crea burocracia innecesaria ni duplica funciones, sino que las ordena, delimita y fortalece, y busca que cada dependencia haga lo que mejor sabe hacer.
La diputada Estefanía Bastida Cuevas, en nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que esta reforma es una estrategia inteligente para que el gobierno dé mejores resultados combatiendo la corrupción poniendo cada tarea en manos de verdaderos expertos. “No estamos restando, estamos multiplicando la eficiencia de nuestras instituciones”, aclaró
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román criticó la lógica legislativa, jurídica y funcional de esta reforma. Señaló que la Sefiplan tiene ya una carga de trabajo suficiente y que las nuevas atribuciones no coinciden con su función propia, que es administrativa, no de seguridad ni ambiental, y se pronunció por un gobierno eficiente.
La legisladora María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la capacidad de la Sefiplan para hacerse cargo de nuevas funciones y responsabilidades, así como la intención de darle control administrativo, financiero y sobre información patrimonial, económica y fiscal y el manejo y administración de los verificentros y de los recursos que generen.
Reforma a la Ley Estatal de Protección Animal
El segundo dictamen, suscrito por la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, que comprende el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Animal, obtuvo 34 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.
Dicho Decreto establece que, por ser la responsable de la Hacienda Pública del Estado, de llevar el control administrativo de los recursos humanos y materiales, y el control del ejercicio de los recursos financieros, se concede a la Sefiplan la atribución para otorgar mediante concesión administrativa la prestación del servicio de verificación vehicular, en sustitución de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), por lo que, en coordinación, ambas dependencias establecerán y operarán el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.
Posicionamientos
Por parte del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro dijo que la reforma fortalece la capacidad del Estado para supervisar, ordenar y transparentar el sistema de verificación vehicular en sus dos aspectos: ambiental, a cargo de la Sedema, y administrativo, financiero y concesionario, bajo la responsabilidad de la Sefiplan; por lo que la propuesta es de coordinación interinstitucional.
La diputada Roxana Barragán Hernández manifestó que el Grupo Legislativo del PVEM respalda esta reforma que, consideró, fortalece la coordinación entre las dependencias y abona a una administración más organizada, con mayor capacidad para la rendición de cuentas y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos, contribuyendo así al fortalecimiento y saneamiento de las finanzas del estado.
por Intra Conexión México | Jun 1, 2026 | Congreso
Xalapa, Ver., 14 de mayo de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, con 36 votos a favor, seis en contra y sin abstenciones, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que reforma la Constitución Política del Estado de Veracruz que consolida la austeridad republicana, la paridad de género en cargos de elección popular, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la entidad.
La reforma estipula que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal. Adicionalmente, asegura la paridad y perspectiva de género en las estructuras del Poder Legislativo y de las administraciones municipales.
En el ámbito municipal, se determina que los ayuntamientos se compondrán por una presidencia, una sindicatura y hasta un máximo de quince regidurías, respetando la paridad de género vertical y horizontal.
Asimismo, se regulan las percepciones económicas de las personas consejeras y magistradas electorales, así como de los titulares de áreas ejecutivas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) alineándose al tope establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal, además de prohibir el uso de presupuesto público para seguros de vida privados, gastos médicos mayores, cajas de ahorro especiales o retiros privilegiados.
Los ahorros generados por estas políticas de racionalidad del gasto se destinarán a la hacienda pública para el desarrollo de infraestructura social.
Este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 7 de mayo por las diputadas Naomi Edith Gómez Santos y Dorheny García Cayetano, permitirá que Veracruz se alineé a la reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión en materia de combate a los privilegios y austeridad republicana.
Al tratarse de mandato constitucional y toda vez que el Pleno aprobó que la discusión fuera mediante procedimiento especial, la Mesa Directiva instruyó remitir el decreto correspondiente a la titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Posicionamientos
Al expresar el voto a favor del dictamen, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Diego Castañeda Aburto, señaló que esta reforma armoniza la Constitución de Veracruz con la legislación federal. Destacó que se fortalece la rendición de cuentas, establece límites claros y responsables, cierra la puerta a los privilegios y favorece la perspectiva de género, así como la paridad horizontal y vertical.
Estas modificaciones, indicó, buscan consolidar la legitimidad institucional, la igualdad sustantiva y la transparencia, asegurando una gestión eficiente y una justicia distributiva que se traduzca en un beneficio social para todas y todos los veracruzanos, sin afectar la operatividad de las instituciones.
Por su parte, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez señaló que el voto del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sería a favor, toda vez que la reforma constitucional propicia que los recursos públicos se gestionen como un bien común, con función social y sin privilegios, cumpliendo así con la exigencia ciudadana de contar con instituciones más austeras, representativas y útiles para la vida cotidiana.
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román anunció el voto en contra del dictamen e indicó que esta reforma no atiende las necesidades en materia electoral. De igual forma se pronunció por legislar para evitar el financiamiento ilícito en las campañas, para proteger a las personas candidatas e incorporar el voto de los veracruzanos en el extranjero.
Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada manifestó su respaldo a la reforma y expresó que no se trata de un acto mecánico, sino de cumplir con el mandato constitucional de garantizar coherencia normativa y asegurar que Veracruz avanza al ritmo del país. Acto seguido, enlistó los puntos centrales del dictamen en relación con paridad y perspectiva de género en el Congreso, límite al presupuesto anual del Poder Legislativo estatal y el máximo de regidurías que deberá conformar un Ayuntamiento.
por Intra Conexión México | Jun 1, 2026 | Congreso
Como parte del ciclo de trabajo denominado Veracruz y la fiscalización: capacitación para la gestión responsable 2026, implementada por la Secretaría de Fiscalización del Congreso en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, subrayó que el Congreso proporciona a los ayuntamientos las herramientas para una adecuada rendición de cuentas de los recursos, con la finalidad de contar con administraciones que estén a la altura de las circunstancias y que respondan a los intereses del pueblo.
Desde la ciudad de Orizaba, sede de esta capacitación que reunió a servidores públicos de 27 ayuntamientos, el legislador Bautista Hernández externó que la gente de las comunidades y localidades buscan gobiernos que escuchen sus demandas y que en ese proceso el Congreso del Estado siempre será aliado de los ayuntamientos para coadyuvar a que las cosas se hagan de la mejor manera. “Tenemos las puertas abiertas y siempre pueden acudir ante cualquier duda que tengan”, aseguró.
Con la presencia del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, de la representante del Distrito XX de Orizaba, diputada Nallely Mendoza Camarillo, y del presidente municipal de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, así como la presidenta del Trijaev, magistrada Leticia Aguilar Jiménez, el diputado Esteban Bautista recordó que el servicio público requiere personas que pongan al pueblo como eje de su toma de decisiones, dejando de lado los intereses personales o de grupo.
Por otra parte, recalcó a las autoridades municipales que a la llegada de la LXVII Legislatura del Estado se implementó un Código de Ética que guía el actuar de las y los funcionarios, por lo que la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad son elementales y se aplican en beneficio del pueblo de Veracruz. “No se dejen llevar por despachos o gente que dice ser intermediarios. Aquí seguimos el ejemplo de la gobernadora Rocío Nahle de hacer las cosas con apego a la ley”, les exhortó.
A su vez, el legislador Miguel Guillermo Pintos Guillén afirmó que la capacitación es fundamental para cada uno de los elementos que integran los ayuntamientos y que con orden y disciplina puede hacerse un buen trabajo y también les instó “a que siempre busquen asesoría en lo que tengan duda. Es válido no saber todo, pero también es válido acercarse con quien tiene la experiencia de lo que ustedes aún no han vivido”.
De igual forma, consideró de gran importancia que las y los servidores públicos respondan a la confianza que les depositó la gente con vocación de servicio. “Ustedes dan el ejemplo a las nuevas generaciones para proyectar un mejor municipio y así tengan también la oportunidad de tener y disfrutar con calidad la ciudad que los vio nacer”.
Posteriormente, inició la capacitación con el tema Control Interno Municipal, a cargo del titular de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, Aurelio Rivera Galindo. Acto seguido, la magistrada Leticia Aguilar Jiménez impartió la plática Responsabilidad del servidor público y sanciones.
Asistieron a esta jornada las diputadas Tania María Cruz Mejía, Roxana Barragán Hernández y Dulce María Hernández Tepole y el diputado Juan Tress Zilli, así como servidores públicos municipales y estatales. La próxima capacitación será el 19 de mayo en la ciudad de Papantla.
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por Intra Conexión México | Jun 1, 2026 | Congreso
El objetivo del Congreso del Estado al acercar a las autoridades las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública municipal es que prevalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la población, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, en el inicio de las jornadas Veracruz y la fiscalización: capacitación para la gestión responsable 2026.
A este encuentro, coordinado por la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía, en colaboración con la Contraloría General del Estado (CGE) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), acudieron el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén; la representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, diputada Janix Liliana Castro Muñoz; el presidente municipal de Santiago Tuxtla, Noé Domínguez Cadena, y la presidenta del Trijaev, magistrada Leticia Aguilar Jiménez, así como autoridades de 36 municipios.
Como parte de su mensaje, el legislador Esteban Bautista exhortó a las y los munícipes a conducirse con rectitud y apego a derecho, a enfocar los recursos donde se necesite y el pueblo lo solicite. Les dijo que “ustedes con los contralores irán integrando los expedientes de cada obra y ante cualquier duda ahí estamos en el Congreso para ayudarles”.
Precisó que el Poder Legislativo tiene como propósito coadyuvar con los ayuntamientos para el fortalecimiento de la transparencia, en concordancia con lo implementado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y les invitó a que “como iniciaron su administración, así avancen hasta culminar”.
Tras compartir su experiencia al frente de la administración municipal de Tatahuicapan de Juárez, el diputado Bautista Hernández destacó la unidad como herramienta fundamental para lograr el progreso social. “Cuando inicia el gobierno municipal, inicia la responsabilidad de trabajar para todas y con todos. Hay que gobernar de la mano con el pueblo para generar resultados y comentarios positivos”, comentó.
Posteriormente, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén priorizó el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los ayuntamientos y recalcó que las capacitaciones impulsadas por el Congreso del Estado tienen como finalidad ayudar a las y los servidores públicos a realizar su labor de manera eficiente, privilegiando la transparencia y colocando a la sociedad en el centro de interés de la toma de decisiones.
A su vez, la representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla en el Congreso local, diputada Janix Liliana Castro Muñoz, consideró que una administración que conoce sus obligaciones, que domina los procesos de comprobación, que entiende la normatividad y aplica buenas prácticas genera confianza, que es “el capital político más valioso que puede tener un gobierno municipal”.
Agregó que en Veracruz avanzar hacia gobiernos locales más fuertes implica apostar por la profesionalización, reconocer que la transparencia no se improvisa, que la rendición de cuentas no se simula y que la buena administración se construye con disciplina, conocimiento y compromiso.
Después de los mensajes de las autoridades y con la presencia de las diputadas Erika del Carmen Rosario Morales e Ingrid Jeny Calderón Domínguez y del diputado Urbano Bautista Martínez, inició la capacitación con la charla Control Interno Municipal, a cargo del titular de la Secretaría de Fiscalización, Aurelio Rivera Galindo. Acto seguido, la magistrada Leticia Aguilar Jiménez habló sobre Responsabilidad del servidor público y sanciones.
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por Intra Conexión México | May 29, 2026 | Congreso
• La elección prevista para 2027 pasa al primer domingo de junio de 2028 con el propósito de fortalecer la identidad propia del proceso electoral del Poder Judicial.
Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial.
En la decimoprimera sesión ordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio apertura al debate y, tras la presentación de posicionamientos de las fuerzas políticas, instruyó abrir el tablero electrónico de votación, que dio como resultado 37 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones.
Entre las disposiciones centrales de la reforma, contenida en la Minuta, está la modificación de la fecha para la próxima elección judicial, del 2027 coincidente con el proceso electoral federal ordinario, al primer domingo de junio del 2028 con el propósito de fortalecer la identidad propia del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir atender los desafíos logísticos en el pasado proceso.
El Senado de la República deberá emitir la convocatoria general para la integración del listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda.
Se instaura una Comisión Coordinadora, integrada por una persona integrante de cada Comité de Evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión, misma que será elegida por cada Comité y se crean dos secciones para la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las cuales funcionarán con aprobación del Pleno y estarán encargadas de desahogar asuntos de menor relevancia permitiendo así gestionar eficientemente las cargas de trabajo de otros asuntos considerados a trámite que pueden ser resueltos en dichas secciones integradas por Ministras y Ministros.
Respecto a la organización de la elección por circuito y especialidad se establece un modelo de organización territorial que toma como unidad básica el circuito judicial y lo subdivide en distritos electorales judiciales determinados según el número de cargos a elegir y las especialidades jurídicas presentes en cada circuito.
De igual forma, se establece que las elecciones judiciales se celebrarán en la misma ubicación geográfica que las elecciones federales ordinarias a fin de evitar el dispendio innecesario de recursos públicos y acercar el proceso democrático a los ciudadanos.
En relación con el periodo de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que resulten electos en los comicios de 2028 durarán ocho años en el cargo, venciendo este en el año 2036. El periodo de las Magistradas y Magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal del año 2028 durará cinco años, por lo que vencerá el año 2033.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Miriam García Guzmán destacó que la propuesta es contundente porque establece que la revocación de mandato coincida con las elecciones ordinarias, optimizando los recursos públicos y terminando con gastos excesivos y aprovechando la infraestructura electoral ya instalada. Agregó que, “esta reforma ratifica el triunfo de la esperanza sobre el miedo, de la participación popular sobre el dedazo, de la austeridad republicana sobre el derroche elitista y de la justicia sobre la corrupción”.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que con estos cambios el proceso judicial se perfecciona, toda vez que conserva la paridad entre mujeres y hombres desde la primera etapa del proceso, mantienen los candados frente a la intromisión de los partidos en algo que debe decidir la ciudadanía y se respeta la pluralidad porque reduce el número de aspirantes, sin dejar fuera a quien cumpla los requisitos para competir.
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez dijo que la reforma busca controlar la justicia y convierte a los juzgadores en una competencia política. Añadió que la ciudadanía requiere jueces independientes y no populares, “que no le deban el cargo al gobierno o algún partido. Nosotros seguiremos defendiendo instituciones libres”.
La representante del Partido del Trabajo (PT), diputada Elizabeth Morales García indicó que el propósito de la reforma es claro al fortalecer las reglas que darán funcionamiento al nuevo modelo de integración del Poder Judicial, con disposiciones más exigentes para quienes tendrán la enorme responsabilidad de impartir justicia. Asimismo, detalló que se incorporan reglas para generar confianza ciudadana, mejora los procesos de evaluación, establece criterios homologados para la elección de perfiles, garantiza la paridad de género e impulsa la capacitación y actualización permanente para estos cargos.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina manifestó que las instituciones no deben integrarse con procesos basados en acordeones o tómbolas y, consideró, que el pueblo ya no cree en los procedimientos de este tipo y la prueba fue la participación de solamente el 13 por ciento en la elección judicial de 2024. “La justicia se fortalece escuchando a especialistas y a la sociedad. Las reformas que se construyen sin consenso aparecen posteriormente con parches o modificaciones constantes”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar calificó de innecesaria la reforma de 2024 que eliminó las salas de la SCJN para que ésta funcionara en Pleno. “Ahora se crearán secciones que permitan al Pleno conocer asuntos de fondo que sienten criterios obligatorios, es decir, las secciones harán el trabajo que hacían las salas”.
El diputado sin partido, Héctor Yunes Landa, consideró que posponer la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028 no corrige los errores ni garantiza la transparencia del proceso, tampoco otorga certeza sobre la imparcialidad y autonomía de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Lamentó la baja productividad del Pleno de la SCJN al eliminar las salas especializadas. “No habrá justicia en tanto los juzgadores surjan de un acordeón y no de un proceso de formación y carrera judicial”, puntualizó.
En el debate en lo particular intervinieron las diputadas Dorheny García Cayetano e Indira de Jesús Rosales San Román y los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Paul Martínez Marie.
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por Intra Conexión México | May 29, 2026 | Congreso
• Otorga el Pleno voto a favor de la minuta que incluye una nueva causal en el Artículo 41 de la Constitución Política federal.
Xalapa, Ver., 29 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Veracruz votó a favor de que se introduzca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
En la Decimoprimera Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 38 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso a la Base VI del Artículo 41 de la Carta Magna, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
El propuesto inciso d) prevé que se incluya la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales entre los casos por los que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes.
Posicionamientos de diputadas y diputados
En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Nallely Mendoza Camarillo expuso que esta reforma salvaguarda el derecho a la libertad de expresión, fortalece la democracia del Estado mexicano, permite la pluralidad de las opiniones políticas, conlleva sentido de responsabilidad y busca proteger la autenticidad de las elecciones y garantizar que las decisiones políticas del país correspondan únicamente al pueblo de México.
El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que para que la anulación proceda tendrá que probarse, de manera plena y con elementos objetivos, que hubo una intervención dolosa y determinante; que la propuesta no toca al periodismo, a la observación electoral internacional, a la cooperación técnica entre autoridades; lo que se persigue –puntuó- es la operación deliberada de un poder extranjero para torcer la voluntad de los mexicanos.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román planteó que también sean anuladas las elecciones en las que el crimen organizado intervenga y cuestionó la falta de un método para determinar la intervención o el injerencismo y para regular las opiniones de organismos y organizaciones o en negociaciones internacionales.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García refirió que las democracias modernas tienen la obligación de proteger la autenticidad de los procesos electorales y garantizar que la voluntad ciudadana se exprese sin presiones ni influencias indebidas provenientes del exterior. Distinguió que, si bien México es un país abierto al diálogo, a la cooperación y al intercambio internacional, “la conducción de nuestros asuntos públicos corresponde únicamente al pueblo mexicano”.
Del partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada observó que la propuesta no exige pruebas que justifiquen la anulación de una elección ni establece parámetros jurídicos y que una causal vaga e imprecisa abre espacios a interpretaciones ambiguas. Adelantó voto en contra porque, indicó, esta causal es un arma política, no un mecanismo de protección democrática, y abre la puerta a la discrecionalidad, a la manipulación y a la anulación selectiva de elecciones.
A su vez, la legisladora Montserrat Ortega Ruiz expuso que en una democracia las razones para anular una elección deben ser excepcionales, claras y fáciles de comprobar, no pueden depender de interpretaciones amplias o subjetivas; que las reglas del juego deben construirse con amplios consensos y la participación de especialistas, autoridades electorales, académicos y la sociedad civil: “México necesita instituciones sólidas, elecciones confiables y reglas claras”.
En este respecto, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar dejó clara su oposición al contenido de la minuta. Criticó el contenido de la propuesta y previó los efectos de su aplicación en elecciones futuras, los que, consideró, repercutirían en detrimento de la democracia y la libertad, y rechazó toda acción que atente contra la libertad de las y los ciudadanos y todo abuso de poder.
El diputado sin partido Héctor Yunes Landa señaló la utilización de criterios que resultan una “ley en blanco” que, al carecer de criterios probatorios y parámetros claros, permite interpretaciones discrecionales. Consideró que se trata de una legislación ambigua que, por su redacción y su falta de estándar probatorio, podría ser utilizada de manera arbitraria como un mecanismo de persecución política.
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