por Intra Conexión México | Jun 15, 2026 | Congreso
• En un hecho histórico, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas representadas en la LXVII Legislatura aprobaron –a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García- la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles vigentes de 199 municipios.
• Con la implementación de un Esquema de Saneamiento Financiero Municipal, Sefiplan cubrirá el 75 por ciento de la deuda y liberará de esa carga financiera a los ayuntamientos, cuyos recursos serán destinados para obras.
Xalapa, Ver., 15 de junio de 2026.- Por unanimidad de votos, las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura aprobaron el Dictamen de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la implementación del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la liquidación anticipada de la deuda bursátil municipal y su sustitución por un esquema de menor costo financiero, vinculado al mecanismo de bursatilización autorizado mediante Decreto número 255, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 11 de junio de 2008.
El Gobierno de Veracruz podrá llevar a cabo las acciones administrativas, financieras, presupuestales operativas necesarias para su ejecución, así como celebrar y suscribir con los municipios participantes del Programa los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios.
El Dictamen, que registró 48 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, resultado de la Iniciativa presentada a este Congreso por la gobernadora Rocío Nahle García y emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, detalla que el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero tiene por objeto fortalecer la sostenibilidad financiera, estabilidad hacendaria y liquidez de los ayuntamientos participantes en el esquema de bursatilización municipal, mediante la liquidación anticipada total de las obligaciones bursátiles actualmente vigentes.
Asimismo, busca sustituir el esquema bursátil vigente del que forman parte los municipios participantes en la bursatilización por el Programa, libre de intermediación bancaria y fiduciaria, mediante el cual el Estado absorberá la proporción de apoyo que corresponda conforme al Decreto y las autoridades participantes cubrirán la parte que les sea aplicable bajo condiciones financieras más favorables.
De igual forma, prevé generar ahorros para los municipios participantes del Programa, estableciendo la obligación de destinarlos exclusivamente a obra pública, inversión pública productiva e infraestructura en beneficio de la población.
Además, se establecerán mecanismos de coordinación, supervisión, seguimiento, comprobación y rendición de cuentas entre el Estado y los municipios participantes del Programa, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto, incluyendo la correcta aplicación de los ahorros generados en obra pública, inversión pública productiva e infraestructura municipal.
La Sefiplán podrá realizar las erogaciones, transferencias, aportaciones y demás operaciones presupuestarias y financieras que resulten necesarias para llevar a cabo la amortización anticipada total de las obligaciones bursátiles municipales comprendidas en el Programa, incluyendo el pago de la prima por amortización anticipada y demás conceptos asociados a dicha operación.
Los municipios participantes del Programa deberán suscribir con el Gobierno del Estado los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles municipales y la adopción del mecanismo financiero que sustituya al esquema bursátil vigente y la implementación del Programa.
La instancia dictaminadora refiere que el mecanismo propuesto no constituye financiamiento, empréstito, refinanciamiento ni deuda pública adicional para los municipios, “sino una medida extraordinaria de apoyo estatal, coordinación financiera, saneamiento de pasivos preexistentes y optimización presupuestal”.
Añade que esta medida cuenta con un hecho de excepcional relevancia institucional: la aprobación unánime de los 199 municipios participantes mediante acuerdos de Cabildo, en los que autorizan la liquidación anticipada, facultan a sus representantes para suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes y se comprometen a destinar los ahorros generados exclusivamente a obra pública.
“Este consenso trasciende diferencias políticas, territoriales y económicas, representando un hito en la historia financiera y política del Estado”, puntualiza.
Posición de las fuerzas políticas
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, destacó que este decreto es congruente con los principios de coordinación hacendaria, disciplina financiera, responsabilidad presupuestal y eficiencia en el gasto público que caracteriza el gobierno de la mandataria Rocío Nahle García, “asegura que esos recursos que alguna vez estuvieron al servicio de una deuda onerosa ahora se usen para lo que verdaderamente importa: en el bienestar de las familias veracruzanas”.
Tras enlistar los altibajos de los certificados bursátiles y los montos que se pagarían de continuar con la bursatilización de 2008, la legisladora dijo que esta historia cambiará, toda vez que los municipios podrán salir del pantano financiero gracias a la intervención del Gobierno del Estado, “con una estrategia que los liberará de los contratos abusivos siempre y cuando enfoquen todo ese ahorro presupuestal para obras que beneficien a sus pueblos”.
En voz de su coordinador, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó la propuesta de la mandataria, quien “pudo dejar que la deuda siguiera su curso hasta el 2036”, sin embargo, “decidió hacerse cargo de resolverlo”, “no como responsable sino como respondiente”. Y dijo confiar en que el recurso que se regresa a los municipios sea aplicado de manera responsable en los ayuntamientos.
A su vez, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que “todo lo que mejore las finanzas de los municipios y que esto se vea reflejado en mejores servicios públicos” tendrá el apoyo del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, presentó algunas observaciones y preguntas acerca del origen de los recursos con los que el gobierno saneará la deuda si no contratará un monto mayor y sobre la autonomía municipal en la administración de sus propios recursos.
El diputado Ramón Díaz Ávila adelantó el respaldo del Partido del Trabajo (PT) al dictamen, que ya cuenta con la aprobación previa de los acuerdos de 199 cabildos, que autoriza la liquidación anticipada del adeudo y su compromiso para destinar los ahorros generados a la obra pública social. “Esta medida es una oportunidad clave para aliviar la carga financiera, sanear las finanzas públicas y generar condiciones presupuestales favorables para el desarrollo de los municipios”, afirmó.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada subrayó que cuando una propuesta beneficia a los municipios y a sus ciudadanos debe reconocerse y acompañarla. Agregó que el programa para liquidar anticipadamente la bursatilización y sustituirla por un esquema de menor costo financiero es una medida necesaria, ya que corrige un problema que se arrastra desde 2008. Reconoció la convergencia de voluntades de los 199 municipios involucrados para mejorar las condiciones financieras.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enlistó algunas disposiciones que, a su consideración, resultan imprecisiones respecto a nombres de municipios, cifras de deuda y cómo se aplicarían los recursos excedentes. Externó que el decreto no considera los imprevistos que, por lo general, surgen en la administración pública municipal, como contingencias climatológicas que obligan a usar los recursos de manera inmediata.
El representante popular Héctor Yunes Landa dijo que desde sus inicios rechazó la bursatilización por los riesgos financieros e institucionales que representaba y que ser legislador del partido en el poder no significa un apoyo incondicional a las decisiones del Ejecutivo. “Emitiré mi voto a favor, en la certeza de que el nuevo esquema deberá fortalecer todos sus mecanismos de transparencia y acceso a la información que otorguen certeza a los veracruzanos sobre el destino del presupuesto del estado”, agregó.
En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina, Ana Rosa Valdés Salazar y Dulce María Hernández Tepole.
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por Intra Conexión México | Jun 15, 2026 | Congreso
Se prevé un programa para liquidar anticipadamente las obligaciones bursátiles vigentes y permitir que 199 ayuntamientos dispongan de recursos para obra pública.
Xalapa, Ver., 12 de junio de 2026.- La LXVII Legislatura de Veracruz recibió y turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Poder Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la implementación del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la Liquidación Anticipada de la Deuda Bursátil Municipal y su Sustitución por un Esquema de Menor Costo Financiero, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García.
La iniciativa, presentada durante la Decimoquinta Sesión Ordinaria, plantea instrumentar e implementar el Programa con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera, estabilidad hacendaria y liquidez, mediante la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles actualmente vigentes, de los 199 municipios participantes en el esquema de bursatilización municipal, aprobado por la LXI Legislatura, en 2008.
El Gobierno del Estado asumirá un monto equivalente hasta del 75 por ciento del saldo insoluto de capital que resulte exigible para la liquidación anticipada y los municipios el 25 por ciento restante.
Entre los principales beneficios del nuevo esquema financiero menciona que el Estado asumiría el pago de penalizaciones por pago anticipado (149 millones de pesos), la deuda dejaría de estar denominada en UDIS y pasaría completamente a pesos, evitando afectaciones derivadas del incremento inflacionario y, si un municipio incumple el convenio, la tasa de interés regresará al esquema actual respecto a ese municipio.
Además, se eliminaría el pago de intereses futuros y el plazo de pago bajaría de 2036 a 2030 y se reduciría el porcentaje de participaciones federales descontadas a los municipios. “Es decir, tendrán más dinero disponible”, explica.
Hasta la fecha, los municipios han pagado un total de 2 mil 572 millones 935 mil 731 pesos y con el esquema actual pagarían 2 mil 266 millones 131 mil 042 pesos más. Con el nuevo modelo, pagarán tan solo 328 millones de pesos, es decir, 84 por ciento menos.
El documento de la iniciativa expone que el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales constituye una premisa fundamental para preservar la estabilidad hacendaria de los ayuntamientos, garantizar la prestación eficiente, continua y adecuada de los servicios públicos a su cargo, incrementar su capacidad administrativa y financiera y asegurar la viabilidad de la inversión pública productiva en favor del desarrollo equilibrado, sostenible e incluyente de las diversas regiones de la entidad.
Añade que, ante el diagnóstico, resulta jurídicamente procedente y financieramente necesario instrumentar el Programa mediante el cual el Poder Ejecutivo implementaría mecanismos de coordinación financiera, administrativa, presupuestal y operativa orientados a facilitar la liquidación anticipada de dichas obligaciones, optimizar la administración de los pasivos respectivos y establecer esquemas de compensación y recuperación de los recursos públicos involucrados.
Destaca que la aprobación unánime de los 199 municipios constituye un hecho de especial relevancia para la historia institucional y financiera de Veracruz y de los municipios. Además “refleja la convergencia de voluntades de municipios con realidades económicas, administrativas y territoriales distintas, así como de gobiernos emanados de diversas fuerzas políticas en torno a un objetivo común: mejorar las condiciones financieras de los municipios y liberar recursos públicos para obras y acciones en beneficio directo de la población”.
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por Intra Conexión México | Jun 10, 2026 | Congreso
• Con esta reforma se fortalecerá la economía local y diversificará la oferta turística en las regiones rurales de Veracruz.
Xalapa, Ver., 09 de junio de 2026.- Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen que adiciona el Artículo 37 Ter a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz. Con esta modificación, se incorpora formalmente el agroturismo como una modalidad clave del turismo rural comunitario.
Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo y respaldada con 46 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, busca que los visitantes conozcan y participen directamente en las actividades agropecuarias y agroindustriales del estado, abarcando desde la siembra y la cosecha hasta la degustación de productos locales.
De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Turismo y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, el agroturismo es una oportunidad económica y una plataforma para valorar el patrimonio cultural tangible e intangible de Veracruz. De este modo, se convierte en una experiencia educativa y vivencial que articula la agricultura, la ganadería, la cultura y el turismo.
El documento señala que esta modalidad se guiará bajo principios de sostenibilidad ambiental e identidad cultural, además de promover la equidad de género, la inclusión social y una distribución justa de los ingresos en el campo.
Prevé el fortalecimiento de la infraestructura rural mediante programas de apoyo para mejorar instalaciones y servicios, capacitación turística para los habitantes locales e impulso a festivales y mercados artesanales.
De igual forma, contempla el desarrollo de rutas integrales, mediante convenios con los sectores hotelero y de transporte, y la creación de redes colaborativas con instituciones educativas y organizaciones civiles para el desarrollo de programas de investigación, educación y sustentabilidad vinculados al agroturismo en la región.
Con esta adición, se reconoce al agroturismo como un motor del desarrollo económico local por medio de la promoción de experiencias para que los turistas conozcan directamente los procesos productivos del campo, las fincas agropecuarias y las agroindustrias, consolidando la gastronomía local como un agente de crecimiento.
Posicionamientos
Al expresar su respaldo al dictamen, la legisladora del Grupo Legislativo de Morena, Nallely Mendoza Camarillo, señaló que la reforma busca consolidar el agroturismo para vincular la producción agrícola local —como el café, la vainilla y los cítricos— con la actividad turística. Destacó que esto representa un acto de justicia económica que diversifica los ingresos de los pequeños productores al integrar a los visitantes en la experiencia de la tierra.
Reconoció que el dictamen alinea el desarrollo rural con la Agenda 2030 al promover la equidad de género, el empoderamiento de los jóvenes rurales y la salvaguarda del patrimonio cultural. Además, faculta al Estado para implementar infraestructura, capacitación y convenios que potencien el desarrollo sostenible y la promoción de los productos veracruzanos.
En representación del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Citlali Medellín Careaga manifestó su respaldo al dictamen, ya que define al agroturismo como una actividad vivencial que diversifica los ingresos de los pequeños productores y fomenta la sostenibilidad transformando el campo en una escuela viva que impulsa el desarrollo comunitario, la equidad y el bienestar, aprovechando las rutas productivas del estado.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, destacó la importancia de la reforma, toda vez que reconoce e impulsa el desarrollo del campo junto con la actividad turística, lo que fortalece la economía local y diversifica los ingresos de las familias productoras, permitiendo a los visitantes experimentar procesos tradicionales y promueve el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
En la discusión en lo general, participó el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.
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por Intra Conexión México | Jun 10, 2026 | Congreso
• La reforma al Código Electoral del estado, aprobada por la LXVII Legislatura, protege la voluntad popular y la libre autodeterminación del pueblo frente a cualquier intromisión externa.
Xalapa, Ver., 04 de junio de 2026.- El Congreso del Estado aprobó que en el Código Electoral de Veracruz se incluya la intervención extranjera entre las causales para declarar la nulidad de procesos electorales para la titularidad del Poder Ejecutivo, diputaciones de mayoría relativa en un distrito electoral, personas juzgadoras y ediles.
El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VII y VIII y el párrafo segundo y se adiciona la fracción IX del Artículo 396 de dicho ordenamiento, emitido por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, obtuvo 38 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, en la Decimotercera Sesión Ordinaria.
De acuerdo con el Dictamen, la adición de la causal de nulidad por intervención o injerencia extranjera fortalece el sistema democrático veracruzano y defiende la soberanía nacional. Cita el Artículo 33, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
En virtud de lo cual, afirma la Comisión, esta reforma protege la voluntad popular y la libre autodeterminación del pueblo de Veracruz frente a cualquier intromisión externa que pretenda distorsionar los procesos electorales, garantizando que la renovación de los poderes públicos sea producto exclusivo de la expresión auténtica y libre de la ciudadanía.
La dictaminadora dice coincidir con los argumentos consignados en la Exposición de Motivos de la Iniciativa en el sentido de que el sistema de nulidades electorales debe evolucionar para enfrentar las nuevas amenazas a la democracia, como lo es el intervencionismo extranjero, documentado en diversos contextos internacionales.
Añade que esta armonización legislativa no solo cumple con el mandato federal, sino que refuerza los principios de legalidad, certeza jurídica y protección de los derechos político-electorales consagrados en la Constitución federal, priorizando la defensa de la soberanía y la democracia participativa.
Posicionamientos
Al subir a tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena en favor del dictamen, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro aseguró que esta reforma preserva los principios de certeza, objetividad y seguridad jurídica, representa un paso firme en esa dirección, reafirma el principio de autodeterminación del pueblo, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones electorales y consolida un marco jurídico acorde con los desafíos contemporáneos de la democracia.
Por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su coordinador, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, consideró que este dictamen “fortalece la certeza jurídica y contribuye a preservar la integridad de los procesos democráticos al incorporar la causal que ya forma parte de una reforma constitucional federal”. Aclaró que la acreditación de esta causal exige elementos objetivos y materiales, así como la observación del principio de determinación.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Enrique Cambranis Torres, expuso lo que consideró contradicciones en la propuesta, una norma ambigua, de aplicación discrecional. Hizo un llamado a las y los integrantes de la LXVII Legislatura a “anteponer la defensa real de la Patria por encima de disciplina partidista” y a “decidir entre defender la democracia o debilitarla utilizando la soberanía como pretexto”.
Para la legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), la democracia ha cambiado, ya que ahora, además de urnas, boletas, casillas y campañas en territorio, hay que cuidar el mundo digital, el financiamiento, la información que circula, las campañas de desinformación y cualquier intento de influir desde fuera en la decisión ciudadana. Reconoció que esta reforma tiene límites, que la nulidad de una elección exige pruebas y que las violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material.
La diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, dijo que las leyes deben ser claras y la justicia no puede depender de quien interpreta una norma y a quién se la aplica. Señaló que nadie puede estar en contra de defender la soberanía nacional, la cual, indicó, no puede convertirse en un pretexto para desconocer resultados electorales. Propuso que también el intervencionismo interno sea causal para anular elecciones.
A su vez, el legislador Héctor Yunes Landa cuestionó el procedimiento legislativo del dictamen, el verdadero propósito de esta reforma y los conceptos de intervencionismo e injerencia y enfatizó las implicaciones político-partidistas de esta actualización.
En la discusión en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar e Indira de Jesús Rosales San Román y el diputado Paul Martínez Marie.
por Intra Conexión México | Jun 2, 2026 | Congreso
• Entes fiscalizables podrán reducir el uso de papel, evitar el desplazamiento de personas, ahorrar recursos económicos y disminuir la contaminación medioambiental.
Xalapa, Ver., 02 de junio de 2026.- La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó que los entes obligados entreguen al Congreso del Estado su respectiva Cuenta Pública por medios electrónicos. Los beneficios que se busca obtener son: reducir el uso de papel, evitar el desplazamiento de personas, ahorrar recursos económicos y disminuir la huella de carbono organizacional.
En la Decimosegunda Sesión Ordinaria, el Pleno otorgó 42 votos a favor al Dictamen con Proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del Artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia.
De acuerdo con esta instancia legislativa, la reforma aprobada permitirá que las cuentas públicas de los entes fiscalizables se entreguen en archivo digital en los plazos legales, como sucede, por ejemplo, con los informes mensuales y trimestrales bajo las disposiciones emitidas para tal efecto, observando un cumplimiento en tales obligaciones en beneficio de la rendición de cuentas y la transparencia.
Posicionamientos
El diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, del Grupo Legislativo de Morena, dijo que esta actualización es un paso firme hacia la modernización de la fiscalización y la rendición de cuentas en Veracruz, simplifica los procedimientos administrativos, fortalece la eficiencia, la transparencia y la oportunidad en el acceso a la información pública.
“La incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso de fiscalización ha demostrado ser una alternativa segura y eficaz para la comunicación entre los entes fiscalizables y las autoridades responsables de la revisión de los recursos públicos”, afirmó.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Fernando Yunes Márquez calculó que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) recibe de los 212 ayuntamientos de Veracruz poco más de 100 mil cuartillas cada año por concepto de entrega de la Cuenta Pública, lo que implica uso de papel, tinta y fotocopiadoras, además del traslado, y que un oficio representa un costo de mil 300 pesos, por las mismas implicaciones económicas, de trabajo y espacio para archivo. Planteó mayor flexibilidad en los tiempos propuestos y una tecnología óptima.
A su vez, la diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), dijo que, de acuerdo con estimaciones, la producción de una tonelada de papel puede requerir entre 17 y 24 árboles y miles de litros de agua y que cada año los gobiernos generan una enorme cantidad de documentación relacionada con procesos administrativos y financieros. Por lo que avanzar hacia esquemas digitales, valoró, contribuye a una gestión pública más eficiente y responsable con el medio ambiente.
por Intra Conexión México | Jun 2, 2026 | Congreso
• Con 44 votos, aprueba el Pleno dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal reclasificando el delito de abigeato y tipificando el tráfico ilegal de ganado.
• Propuesta de la diputada Naomi Edith Gómez Santos, en coautoría con el legislador con licencia Roberto Francisco San Román Solana.
Xalapa, Ver., 02 de junio de 2026.- Por unanimidad, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen que adiciona el título VII Bis, denominado Delitos contra la Producción Pecuaria, y deroga el capítulo II del título VII del Libro Segundo del Código Penal del estado, cuyo objetivo es inhibir la comisión del delito de abigeato, fortalecer su persecución penal y garantizar que las sanciones impuestas sean proporcionales al daño social que genera.
El dictamen, que registró 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, resultado de la iniciativa autoría de la diputada Naomi Edith Gómez Santos y del diputado con licencia Roberto Francisco San Román Solana, refiere que la tipificación de los Delitos contra la Producción Pecuaria encuentra respaldo en el derecho comparado nacional, tomando como referencia exitosa el modelo de Tabasco y las reformas en Chihuahua y Sinaloa, que han migrado el abigeato hacia títulos especiales de protección al sector primario.
De esta manera, se establece que comete el delito de abigeato quien, por sí o por interpósita persona se apodere de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de aquél o darlo; disponga para sí o para otro de ganado del que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; o sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.
Al responsable de este delito se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de hasta trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMAs); pero si el apoderamiento, disposición o sacrificio a que se hace referencia en las fracciones anteriores fuere de ganado bovino o caballar, se impondrán de seis a quince años de prisión y multa hasta de cuatrocientas UMAs.
De igual forma, se precisa que comete el delito de tráfico ilegal de ganado quien, con el propósito de obtener un beneficio indebido, encubrir el origen ilícito de animales o evadir los controles sanitarios o de movilización establecidos en la legislación aplicable, realice cualquiera de las siguientes conductas, sin cumplir los requisitos previstos en la legislación federal o estatal en materia de sanidad animal, movilización pecuaria o identificación individual del ganado.
Introduzca al territorio del Estado ganado mayor o menor, o cualquier especie pecuaria, sin contar con la documentación sanitaria, de movilización o de propiedad exigida por las disposiciones legales aplicables. Movilice, comercialice, enajene o transporte especies pecuarias, sus productos o subproductos, teniendo conocimiento de que carecen de la autorización sanitaria, guía de tránsito o documentación legal requerida, entre otras.
Se impondrá pena de tres a ocho años de prisión y multa de hasta mil quinientas UMAs, a quien cometa este delito. Cuando la conducta tenga por objeto encubrir el origen ilícito del ganado, facilitar su comercialización ilegal o eludir los controles sanitarios o de movilización establecidos por la autoridad, la pena se aumentará hasta en una mitad.
El documento, emitido por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, refiere que el endurecimiento aplicable a servidores públicos constituye una innovación de relevancia políticocriminal, al imponer la destitución e inhabilitación hasta por diez años a quienes, teniendo el deber de garante institucional en puntos de inspección o certificación, participen en la cadena delictiva, con lo que se protege la integridad del sistema preventivo estatal y se resta rentabilidad al tráfico ilegal de semovientes.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dulce María Hernández Tepole puntualizó que cuando alguien se roba una cabeza de ganado, no solo se lleva un animal, sino el esfuerzo de mujeres y hombres que dedican su vida y trabajo al campo. Asimismo, agregó que con la presente reforma se envía un mensaje claro, en Veracruz se acabó la indiferencia ante el delito de abigeato, “quien cometa este ilícito tendrá sanciones ejemplares”.
De igual forma, externó que este dictamen recoge el sentir de asociaciones ganaderas, de productores y de quienes durante muchos años han exigido herramientas eficaces para combatir el citado delito.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, externó el respaldo a la reforma y precisó que de esta manera se reubica al abigeato con el tráfico ilegal de ganado en un nuevo título, Delitos contra la Producción Pecuaria, “lo que redefine el bien jurídico tutelado, sale del patrimonio individual y entra a una categoría más amplia, la producción pecuaria y por extensión la soberanía alimentaria”.
De igual forma, el legislador avaló la incorporación de penas más severas para aquellos servidores públicos que, debiendo estar de lado institucional, deciden unirse en conductas delictivas.
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el abigeato es un delito que no es nuevo, pero que las formas mediante las cuales se comete sí, por lo que –consideró- necesaria la reforma para resolver una problemática real que afecta a las personas del campo. “Necesitamos que haya apoyos reales, programas que beneficien al productor y acciones concretas, no solo los discursos”.
Del Partido del Trabajo (PT), la diputada Elizabeth Morales García subrayó que Veracruz tiene vocación ganadera y que proteger la actividad pecuaria significa reguardas los empleos y el patrimonio social. Enlistó las nuevas figuras legales que se incorporan al Código Penal y que buscan responder a una realidad que exige mayor capacidad institucional y protección amplia para quienes trabajan en el campo.
Por Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina se pronunció por endurecer las penas por el delito de abigeato, “pero también para que las autoridades demuestren que ahora sí están dispuestas a detener y sancionar a quienes cometen este ilícito”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar adelantó su respaldo al dictamen y añadió que es importante trabajar en equipo para combatir el abigeato, “la ley también debe prever el resarcimiento, porque se pierde mucho dinero, trabajo de años y patrimonio de ganaderos”.
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