Plantea diputada iniciativa que busca prohibir discriminación a estudiantes “por apariencia”

Plantea diputada iniciativa que busca prohibir discriminación a estudiantes “por apariencia”

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 4 de la Ley de Educación estatal, cuya finalidad es prohibir cualquier tipo de discriminación en contra de las y los estudiantes, de cualquier nivel educativo, por apariencia o aspectos estéticos que obedezcan a estereotipos y que impida el acceso físico a las instalaciones escolares, limitando su derecho humano a la educación.

En su propuesta, la legisladora del Grupo Legislativo de Acción Nacional subrayó que esta reforma de ninguna manera busca menoscabar la autoridad de planteles educativos, sin embargo –añadió- es menester del Estado Mexicano, salvaguardar que los reglamentos escolares deban ser acordes a los valores, principios y fundamentos establecidos y reconocidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Precisando que las instituciones educativas no deben limitar el ejercicio al pleno y libre desarrollo de la personalidad condicionando a los alumnos al ingreso de los planteles educativos con base en su apariencia física, lo cual, se traduce en una conducta excluyente y discriminatoria, aseguró.

Dijo que la Constitución Federal prevé en todos los ámbitos, incluso en el educativo, la facultad abierta de que cada persona elija su plan de vida y actúe conforme a sus ideales, siempre que estos no atenten contra los derechos de terceros, sin atender a un modelo de virtud o fin perfeccionista, sino por el contrario el Estado mexicano, prohíbe todo tipo de discriminación.

De acuerdo a la propuesta de la diputada Montserrat Ortega la redacción del artículo 4, de la citada ley, quedaría de la siguiente forma: “el Estado garantizará que la educación se imparta sin distinción alguna de origen, raza, color, patrones estéticos o de apariencia personal referentes al cabello, accesorios, o algún otro aspecto físico, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social que por su naturaleza no interfieren en su proceso de aprendizaje.

En consecuencia, las autoridades educativas tienen el deber de garantizar el acceso a la educación sin limitación alguna, así como generar y salvaguardar las condiciones necesarias para que la educación que se imparta se haga en el marco de los derechos humanos de libertad, igualdad, equidad, seguridad, no discriminación, honor, intimidad personal y familiar, libre desarrollo de la personalidad y protección de los datos personales de los maestros, alumnos y padres de familia.

Al efecto, deberán verificar que se permita el acceso físico a todas las instalaciones escolares, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Las autoridades escolares, directivos o maestros no podrán prohibir el acceso a la educación o el ingreso a las instalaciones escolares, aduciendo reglamentos internos fuera de la norma aplicable en esta ley, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación y Cultura.
Presenta PRI-PVEM iniciativa que agilizaría el trabajo legislativo de este Congreso

Presenta PRI-PVEM iniciativa que agilizaría el trabajo legislativo de este Congreso

Con el objeto de establecer nuevas reglas orientadas a eficientar los trabajos legislativos, así como ampliar los espacios de participación de todas las expresiones políticas, las diputadas y diputados del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron al Pleno del Congreso una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

La iniciativa, presentada durante la sesión de este 29 de junio, busca crear, en los ordenamientos antes citados, una Secretaría más en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, para un total de dos, con lo cual se contribuiría a agilizar la carga de trabajo propia de una Secretaría durante las sesiones.

Se plantea el establecimiento de la figura de las Suplencias Generales, específicamente dos en el caso del Pleno, de tal modo que las personas designadas para dichos cargos, sin tener que ocupar un espacio en el presídium, se encuentren disponibles para cubrir, en su caso, las ausencias de las y los secretarios y de quien ocupe la vicepresidencia, con lo que se evitaría el retraso en el inicio de las sesiones en las que, al no estar presente alguno de los integrantes de la Mesa Directiva, el Pleno tiene que nombrar a quienes los sustituyan por esa única sesión.

Asimismo, los autores proponen que en la integración de la Mesa Directiva del Pleno deba privilegiarse la participación del mayor número de grupos legislativos, a fin de reflejar la composición política plural del Congreso en su órgano de dirección.

Por otra parte, para el caso de la Diputación Permanente, por ser menor el número total de integrantes, plantean únicamente que se establezca una suplencia general, con la responsabilidad de su titular de cubrir, en su caso, las ausencias en sesión de las personas que se desempeñen en la vicepresidencia y en la Secretaría.

También, se prevé eliminar la actual prohibición reglamentaria de que los integrantes de la Mesa Directiva no pueden formar parte de las comisiones permanentes del Congreso, ya que dicha norma inhibe la participación en esos órganos de fundamental importancia, para el ejercicio de las atribuciones de este Poder, de los grupos legislativos que hayan tenido acceso a un cargo en ella, sobre todo cuando es reducido el número total de sus integrantes.

La limitante mencionada sólo se conservaría para quien ocupe la presidencia de la Mesa, en razón de la carga habitual de trabajo de quien funge como representante del Congreso, lo que guarda semejanza con el esquema empleado en el Poder Judicial del Estado, en que la persona que preside el Tribunal Superior de Justicia no integra alguna de las Salas.

Por otra parte, se busca modificar la disposición que señala que una diputada o diputado solo puede formar parte de un máximo de tres comisiones permanentes, de tal modo que ese número aumentaría a cuatro, aunque con la limitante consistente en que no podrá ocupar en las mismas más de una presidencia, a fin de propiciar la distribución plural de esos cargos al interior de los propios grupos legislativos.

Aunado a lo anterior y con el propósito de reflejar la pluralidad ideológica de la ciudadanía, se plantea establecer un esquema semejante al que se utiliza en la actualidad para la conformación de la Comisión de Vigilancia, para el caso de otras cuatro comisiones permanentes de fundamental importancia en los trabajos legislativos, las de Justicia y Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Hacienda del Estado, y de Hacienda Municipal, mismas que pasarían de tres a cinco, el número de sus integrantes.

Por último, proponen establecer expresamente el principio de paridad de género en lo relativo al número total de presidencias de comisiones permanentes y, a la vez, que en la conformación de esos órganos se refleje proporcionalmente la representación de todos los grupos legislativos y de las y los diputados que no alcancen a conformarlos.

De tal forma que no sea una decisión discrecional la que determine cuántas comisiones y presidencias corresponden a cada fuerza política, sino que sea resultado de la aplicación de una norma jurídica expresa.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.
Se reúnen titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

Se reúnen titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, recibieron, en el Palacio Legislativo, la visita del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En presencia del secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, el mandatario y los representantes populares dialogaron acerca de la conclusión de la agenda legislativa correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional en curso.

Los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como legisladoras y legisladores asistentes a esta reunión, consignaron el compromiso de colaboración entre sí y con las próximas administraciones municipales en esta nueva etapa de la vida política del estado.

Participaron también en la reunión, el diputado local Raymundo Andrade Rivera, y la diputada local Margarita Corro Mendoza, entre otros funcionarios estatales.

Prepara Comité Organizador el Parlamento de la Juventud Veracruzana 2021

Prepara Comité Organizador el Parlamento de la Juventud Veracruzana 2021

Para dar cumplimiento al Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud, el Comité Organizador inició los trabajos de la decimosexta edición del Parlamento de la Juventud Veracruzana, ejercicio democrático que impulsa la participación y proyección de las nuevas generaciones en la vida política y social de la entidad.
En virtud de lo anterior, las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz y Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta y secretaria de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad de la LXV Legislatura respectivamente, el director general del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ), Jonathan Ramírez Martínez, y la titular de Unidad de Género de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Angélica Pineda Pérez, pusieron en marcha los preparativos.
Durante la reunión de trabajo celebrada en oficinas del Palacio Legislativo, coincidieron en la importancia de llevar a cabo el Parlamento con el propósito de fortalecer la colaboración de las y los jóvenes veracruzanos en la construcción de la sociedad a la que pertenecen y en ejercicio de los derechos y responsabilidades reconocidos y tutelados por la legislación estatal vigente.
Un aspecto a destacar en la organización es la modalidad en que se desarrollará el Parlamento en razón de las medidas sanitarias que deben mantenerse para evitar los contagios por Covid 19 sin detrimento de los objetivos del encuentro, que, según adelantaron, podrá realizarse en formato mixto, es decir, conferencias virtuales y presentación de iniciativas en modo presencial, o completamente virtual, priorizando la salud de las y los participantes.
La presidenta de la Comisión, diputada Elizabeth Cervantes, habló del deber y la responsabilidad del Poder Legislativo de hacer efectivo el mandato legal que protege los derechos de las y los jóvenes, protagonistas de las grandes transformaciones del país y del mundo y generadores de un futuro que genere confianza.
A su vez, la diputada Adriana Esther Martínez enfatizó que escuchar a las y los jóvenes es no solo un derecho que les asiste sino también una acción que redunda en beneficio de la sociedad por el valor que suman a la satisfacción de necesidades de tipo social y a la solución de conflictos desde una óptica nueva.
El Comité Organizador determinó que este año el Parlamento se lleve a cabo durante la segunda semana de octubre y anunció que, en próximos días, se dará a conocer la convocatoria respectiva.
De acuerdo con el Artículo 69 de la Ley en mención, el Comité Organizador se encargará de establecer las bases y lineamientos de la convocatoria, selección de aspirantes, logística y desarrollo del Parlamento de la Juventud, procurando en todo momento que los temas de la convocatoria sean de actualidad y tengan impacto directo en la juventud veracruzana.
Justicia alternativa en Veracruz, referente de un estado moderno: Gómez Cazarín

Justicia alternativa en Veracruz, referente de un estado moderno: Gómez Cazarín

La instauración y evolución de la justicia alternativa en Veracruz es muestra y referente de un Estado moderno, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir a la inauguración del Simposio de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos en la sede del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

En el marco del decimoquinto aniversario del establecimiento de la justicia alternativa en la entidad, el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz organizó este encuentro, encabezado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

Al término del acto inaugural, el legislador se congratuló porque, a 15 años de la instauración del Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, el 1 de junio de 2006, Veracruz ahora cuenta con el Centro Estatal de Justicia Alternativa, “una muestra de que nuestro estado cuenta con leyes e instituciones que evolucionan y se fortalecen para estar al servicio de la sociedad”.

Reconoció la labor del director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Fernando Valerio Gutiérrez, por la conducción al frente de esta instancia dedicada a la mediación y conciliación y encargada de dotar a la sociedad de los medios alternativos como una solución, rápida, sencilla, gratuita, imparcial y confidencial de los conflictos legales.

El legislador ponderó el carácter indispensable de la respetuosa colaboración entre los poderes del Estado, el acatamiento obligatorio de las leyes que aseguran la convivencia armónica y el bienestar de las y los veracruzanos, así como el trabajo constante en la actualización, modernización y fortalecimiento de las instituciones destinadas a velar por la justicia y el derecho que es propio de cada ciudadana y ciudadano.

Al simposio asistieron autoridades estatales, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeras y consejeros de la Judicatura y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Plantean actualizar penas por violencia digital y mediática

Plantean actualizar penas por violencia digital y mediática

Fortalecer la efectividad en la identificación de la violencia digital, establecer sanciones penales adecuadas contra la multiplicidad de conductas, facilitar el pleno acceso a la justicia y tipificar la violencia mediática, son algunos de los objetivos de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta de modificación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia digital como “cualquier acto de violencia que se realiza a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales sistemas de mensajería instantánea, correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización”.

La fracción VIII a adicionar precisa que la violencia mediática es “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.

A su vez, la reforma al artículo 190 Quindecies del Código Penal del estado establece que comete el delito de violación a la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

De acuerdo con la propuesta, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.

Estas penas –añade el190 Sexdecies- aumentarán hasta en una mitad del máximo de la pena cuando: el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se haga con fines lucrativos o, a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

Desde la tribuna, la proponente señaló que la digitalización de la convivencia social jamás debe ser territorio de la impunidad etérea. “Las violencias virtual y mediática contra las mujeres existen, dañan, destruyen, nos han lastimado a todas. Deben ser sancionadas y erradicadas con toda la contundencia de nuestras leyes”, indicó.

Esta iniciativa, a la que se adhirió la diputada Margarita Corro Mendoza, fue turnada a las comisiones permanentes unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos Constitucionales.