por Intra Conexión México | Jun 17, 2021 | Congreso
Autoridades del Congreso del Estado y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL) instalaron la mesa de negociación para el establecimiento de las condiciones generales de trabajo para el periodo 2021-2022.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín; el secretario general de la organización gremial, José de Jesús Rodríguez Hernández; la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, coincidieron en la disposición y apertura al diálogo que redunde en beneficio para las y los trabajadores del Poder Legislativo.
De acuerdo con el Presidente de la Jucopo, la negociación mantendrá la austeridad de esta legislatura sin menoscabo de los derechos laborales. Reiteró que esta política de austeridad, impulsada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha dado resultados en toda la administración pública.
Al menos en el Poder Legislativo, ejemplificó, se han eliminado gastos innecesarios, como la adquisición de parque vehicular y pago de servicios de telefonía celular, entre otros. “Ahora el presupuesto, que en realidad son los recursos de los veracruzanos, se aplica de manera correcta, con transparencia y honradez”, afirmó el legislador.
Dijo también que, aun cuando el Congreso del Estado ha mantenido el mismo presupuesto desde hace más de tres años y la política de austeridad, implementada por la actual administración, se hará un esfuerzo extraordinario para que sean mejoradas las condiciones de los más de 300 trabajadores sindicalizados, toda vez que es un compromiso de las y los diputados velar por los intereses de los veracruzanos.
El líder gremial, a su vez, agradeció a las autoridades del Congreso las facilidades concedidas al personal sindicalizado con motivo de la pandemia y expresó su confianza en que la negociación será benéfica para ambas partes. Aseguró que el diálogo entre el Sindicato y la autoridad patronal siempre ha sido de respeto y con plena coincidencia a la suficiencia presupuestal.
También participaron, por el Congreso del Estado, la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; la jefa del Departamento de Finanzas, Marcela Cuevas Ramírez, y por el SUTSPL, la secretaria de Trabajos y Conflictos, Sugey Fiallo Ramos; el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Juan Pablo Díaz Moreno, y el secretario del Interior, Alejandro Rebolledo Zepeda.
por Intra Conexión México | Jun 17, 2021 | Congreso
Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, por el cual se autorizó al Ejecutivo estatal la enajenación, a título gratuito, del 66 por ciento de la superficie de 922 mil 319.30 metros cuadrados, del rancho ubicado en Las Mesas, municipio de Valle de Bravo, Estado de México, a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el desarrollo de actividades castrenses.
De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, en caso que no se cumpliera con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Este dictamen es resultado del oficio enviado el pasado 31 de marzo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en la exposición de motivos señaló que la Sedena es una dependencia cuya misión es defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación, garantizando la seguridad interior, auxiliando a la población civil en casos de necesidades, realizando acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país.
Al participar en la discusión y votación de este dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, señaló que toda vez que ha sido legalmente recuperado este predio; “producto de los malos manejos, desvío, robo y peculado de los caudales públicos y de la corrupción de una administración pública anterior que no merece repetirse jamás, ya que los delitos graves que causó a la hacienda pública estatal, ofenden y agravian a todas las veracruzanas y veracruzanos”.
Agregó que la Sedena es una de las instituciones más queridas y respetas por el pueblo, ya que es la instancia encargada de la defensa del territorio y de la soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior y de instrumentar el Plan DN-III, “por lo que seguramente todas y todos los presentes nos sentimos orgullosos de todos los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas”, añadió.
Indicó que la población de Veracruz, como la de todos los rincones del país, ha sido objeto de innumerables desastres naturales, en los cuales siempre se ha contado con el apoyo institucional, incondicional e invaluable de los soldados mexicanos, “en las recurrentes inundaciones, incendios y temblores, pero también en las fugas y explosiones petroleras, de gas y químicas, algunas veces graves y trágicas”.
Por otra parte, a propuesta de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, el Pleno aprobó a los ayuntamientos de Chinampa de Gorostiza y al de Zaragoza la donación de terrenos, pertenecientes al fundo legal, para que sean destinados a un centro de salud y de una escuela primaria, respectivamente.
Con el objeto de regularizar el estatus legal de diversos terrenos que actualmente ya tienen en posesión diversas personas, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes por el cual se autoriza a los ayuntamientos de Isla y Saltabarranca la enajenación onerosa de lotes de terrenos a favor de 139 y 12 personas, respectivamente.
por Intra Conexión México | Jun 16, 2021 | Congreso
Con el objeto de abonar a la consolidación de una cultura de respeto por parte de los servidores públicos al derecho de petición de la ciudadanía, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa que reformaría el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de disminuir, a 30 días, el plazo que tienen las autoridades para responder a los peticionarios.
Durante los trabajos de la segunda sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo de sesiones, del tercer año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta para su estudio y dictamen.
De acuerdo a los autores de la iniciativa hay muchos casos que, al amparo de la falta de precisión de la norma constitucional federal y de lo señalado en la local, los acuerdos recaídos a las peticiones son comunicados, inclusive deliberadamente, hasta la fecha en que se actualiza el límite máximo, aunque lo solicitado no hubiese requerido de un lapso tan prolongado para que la autoridad respondiera.
Asimismo, las diputadas y diputados exponen que el señalar este plazo de 30 días es para generar respuestas de las autoridades, por lo que no significa que lo solicitado por una persona tenga que ser acordado invariablemente en sentido positivo, “Solo se garantiza que una petición formal debe ser respondida en un término razonable, con independencia del trámite dado a la misma”.
Por otra parte, ejemplifican que entidades como Chiapas, Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, han establecido plazos inferiores al de 45 días hábiles que se señala, actualmente, en la Constitución Política local.
Conforme a la iniciativa del Grupo Legislativo, la redacción del artículo 7 constitucional quedaría de la siguiente manera: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, las cuales estarán obligadas a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de treinta días hábiles”.
por Intra Conexión México | Jun 16, 2021 | Congreso
Al participar en la sesión ordinaria, la diputada Roxana Mina Joaquín presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Dependencias e instituciones del Gobierno estatal para que, dentro del ámbito de su competencia, elaboren políticas públicas inclusivas que mejoren la calidad de vida y fomenten el progreso y desarrollo de los Pueblos Originarios que habitan en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La legisladora, representante del Distrito XXVII, de Acayucan, dijo que al tener más de un millón 100 mil habitantes pobladores indígenas, Veracruz se convierte en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas que forman parte de estas comunidades, por lo que –precisó- la conservación e inclusión de las etnias veracruzanas debe ser un compromiso conjunto de gobierno y sociedad.
Subrayó que ante el reclamo de estos grupos sociales y como digna representante de las etnias Mazateca y Chinanteca, del municipio de Playa Vicente, ha gestionado, ante diversas autoridades estatales y federales, para que provean de los servicios básicos a estos pueblos, con la finalidad que les sean asignadas obras, edificaciones, carreteras y programas, así como el mejoramiento de zonas deforestadas, que eleven su nivel calidad de vida.
Agregó que las autoridades están obligadas a impulsar e incluir a estas comunidades en proyectos productivos económicos; así como a fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes pertenecientes a estos pueblos que favorezcan la movilidad en la búsqueda de mayores ingresos; proponer el incremento y mejoramiento de las vías de comunicación que facilite el acceso de los productos indígenas para ofertar al Turismo a distintos niveles, “todo esto para fortalecer la presencia de muchas etnias que han sido desplazadas en la vida contemporánea”.
Concluida la lectura del anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó turnarlo a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente.
por Intra Conexión México | Jun 16, 2021 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a tres iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García, del grupo legislativo de Morena, durante los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Periodo, correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional, celebrada este día.
En primer término, el legislador propuso una iniciativa de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley de Bienes del Estado, por la cual se fortalecerá el inventario de patrimonial estatal, incorporando la figura de la “Sujeción Administrativa”, la cual permitiría que los inmuebles que albergan edificios del servicio público del Gobierno del Estado y que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad, sean inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estén sujetos a acción reivindicatoria o posesión provisional o definitiva a favor de terceros.
En el mismo sentido, continúa la propuesta, con esta reforma se pretende que los bienes de dominio público que estén en esta situación, puedan ser registrados a través del procedimiento administrativo de Sujeción de Dominio Público, incorporando a la contabilidad gubernamental el valor de dichos inmuebles para que sean acreditables y así recibir inversión gubernamental, mejorando con ello, los servicios que presta.
Al respecto, se detalla que por años se han obviado los numerales 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a registrar y mantener debidamente actualizada su contabilidad, mediante las altas y bajas de todos los bienes destinados a esos servicios públicos, dificultando la aplicación de recursos para construcción, reparación y mantenimiento de los inmuebles que se encuentran en esta situación.
La propuesta, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.
Propone Ley de Prevención y Control de Dengue.
En una segunda iniciativa, el diputado Héctor Manuel Ponce García, propuso la modificación de la Ley para la Prevención y Control del Dengue para el Estado de Veracruz, que contemple a la Chikungunya y el Zika, toda vez que estos vectores trasmiten enfermedades y trastornos causados por agentes patógenos, siendo su mecánica de reproducción y control similares.
Para tal fin, el actual ordenamiento deberá denominarse “Ley para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Arbovirus para el Estado de Veracruz”, lo cual facultaría al Sistema de Salud Estatal y Nacional, para actuar en su control y vigilancia epidemiológica permitiendo se apliquen normas oficiales para la atención a los enfermos con estos males.
Asimismo, admitirá estos conceptos para que sean contemplados en la ampliación presupuestaria de todos los programas destinados a la prevención, control y erradicación de dichas enfermedades, resultando ser más eficaces.
Para su estudio y análisis la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.
Incluirían en la normatividad local acciones claras referentes al acopio de neumáticos de desecho.
Finalmente, el legislador Héctor Manuel Ponce García presentó una iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 5 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, a efecto de que se incluya el acopio de los neumáticos de desecho, mediante reglas claras y precisas que permita a las autoridades estatales y a los Ayuntamientos, tener mejor control en el manejo de estos residuos.
Con ello, se facultaría a los Ayuntamientos para que elaboren sus propios Planes Municipales de Manejo de Residuos Sólidos, en especial al manejo o tratamiento de los neumáticos en desuso; así como su acopio, almacenamiento, transporte, posesión y comercialización a empresas autorizadas que cuenten con la infraestructura técnica y el debido proceso industrial para estos desechos.
De esta forma, el Ayuntamiento podría generar recursos económicos adicionales, a través de la comercialización de los neumáticos usados, conforme al respectivo Plan de Manejo de Residuos Sólidos Especiales, reactivando con ello, la economía municipal e incentivando la inversión privada.
La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se encargará del estudio y respectivo dictamen de la propuesta, además fue turnada a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su opinión.
por Intra Conexión México | Jun 16, 2021 | Congreso
La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, del grupo legislativo de Morena, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para prohibir el castigo corporal o humillante como método correctivo o disciplinario en niñas, niños y adolescentes.
Para ello, la legisladora propone homologar dicha normativa con la Ley General, añadiendo un inciso G de la fracción I del artículo 41, correspondiente al Capítulo VIII, denominado “Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal”, bajo el concepto de castigo corporal o físico, así como castigo humillante.
En este sentido, la también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia destacó que, a pesar que en el país este tipo de correctivos prevalecen en los diversos entornos en donde niñas, niños y adolescentes crecen, conviven y se desarrollan, representa una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, generando efectos adversos en las dimensiones físicas, emocionales de su desarrollo.
El objetivo de la presenta iniciativa, indicó, es privilegiar el interés superior de la niñez para que puedan disfrutar y satisfacer sus derechos, en rubros esenciales como son salud, educación y el sano esparcimiento en vías de su desarrollo integral.
La iniciativa señala la prohibición a quienes ejerzan la patria potestad de los menores, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados o personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, salud, asistencia social, el ejercicio del uso de castigos corporales o humillantes.
Al respecto, continúa la propuesta, deberá entenderse como castigo corporal, todo acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo, así como cualquier otro que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
En cuanto castigo humillante, se referirá a cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación en contra de las y los menores de edad.
Agregó, que el Pleno del Congreso de la Unión, aprobó recientemente el dictamen por el que se exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas y a sus Congresos Locales a homologar sus legislaciones conforme a las reformas realizadas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, en este mismo sentido, por lo que es esencial legislar al respecto.
Finalmente, agradeció a la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados Federal, así como a José Manuel Villaseñor Campos, Secretario Técnico de la misma Comisión, “quienes con sus aportaciones facilitaron los trabajos en torno a la realización de esta propuesta legislativa”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su estudio y dictamen.
