Elige Congreso del Estado a Eric Domínguez titular del Orfis

Elige Congreso del Estado a Eric Domínguez titular del Orfis

• La Mesa Directiva le toma la protesta de ley para desempeñar el cargo del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.
Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2026.- La LXVII Legislatura eligió a Eric Domínguez Vázquez titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), para el periodo 2026–2033. La Mesa Directiva, presidida por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, le tomó la protesta de ley.
En la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, La Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, instancia responsable del proceso iniciado el 14 de agosto con la formulación y aprobación de la Convocatoria respectiva, publicada el 17 del mismo mes.
La Comisión recibió, del 17 al 28 de agosto, 28 solicitudes y, del 31 de agosto al 2 de septiembre, revisó y analizó cada una. Los días  8 y 11 de septiembre realizó las entrevistas de manera pública a los 26 aspirantes que se presentaron.
Tras la deliberación, esta instancia legislativa integró el Dictamen con la Terna de personas candidatas presentadas en orden de prelación: Eric Domínguez Vázquez, Adán Escobedo Morales y María de Jesús Mantilla Solana, por considerar que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, ambas del estado de Veracruz y que no incurren en alguno de los impedimentos descritos en la Carta Magna para desempeñar el cargo de titular del Orfis.
En la sesión, luego de que la Mesa Directiva dio a conocer la terna de personas candidatas se procedió a la emisión del voto que cada diputada y diputado, la cual dio 41 votos a favor del ciudadano Eric Domínguez Vázquez, seis en contra y cero abstenciones.
De esta manera, Eric Domínguez Vázquez fue designado y rindió protesta al cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz ante la representación popular. Esta resolución del Congreso surte sus efectos legales el mismo día de la designación.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, dio cuenta de todo el proceso seguido que, afirmó, fue “de absoluta transparencia, rigor técnico y apego a la legalidad”. Aseveró que “en esta Legislatura no hay espacios para la improvisación ni para simulaciones que vulneren la certeza jurídica del proceso”. Aseguró que “el órgano fiscalizador del estado quedará en manos de una persona profesional por su formación ética y compromiso con la rendición de cuentas”.
Posteriormente, el legislador Felipe Pineda Barradas aclaró que la Comisión de Vigilancia está integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todas las fuerzas políticas, quienes acompañaron el dictamen respectivo. Añadió que respaldar un dictamen no significa sustituir la facultad del Pleno. Dicha Comisión no nombra a la o al titular del Orfis, precisó, propone una terna y corresponde al Congreso tomar la decisión final conforme al procedimiento establecido.
La diputada Citlali Medellín Careaga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que quien resultare designado debe realizar la revisión sin importar el partido ni la persona que gobierne, que cada observación tenga fundamento, cada aclaración sea escuchada con seriedad y que los informes, que son públicos, puedan leerse y entenderse fuera de las oficinas. Dijo que la población veracruzana merece saber qué se hace con el dinero de cada obra.
A su vez, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García advirtió que quien asuma la titularidad del organismo tendrá que conducir una institución técnica, garantizar autonomía en sus decisiones y entender que detrás de cada auditoría existe algo mucho más importante que un expediente, existe el patrimonio público de Veracruz. Dijo que se requiere un perfil con capacidad, experiencia, conocimiento de la administración pública y visión para conducir esta nueva etapa.
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román manifestó el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), en virtud de que “necesitamos un órgano de fiscalización que sea objetivo y que sea cien por ciento técnico y que no responda a los intereses de ningún partido político”.
El legislador Héctor Yunes Landa recordó que el Orfis fue diseñado constitucionalmente como un ente técnico e independiente del Poder Ejecutivo y que su mandato responde exclusivamente al Congreso del Estado. Señaló que cuando el auditor depende políticamente o laboralmente de a quien debe fiscalizar, el examen de las cuentas públicas del Estado se reduce a un simulacro.
Mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, con la finalidad de salvaguardar los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen el ejercicio del servicio público, la diputada Miriam García Guzmán se excusó formalmente de participar en la deliberación y votación del dictamen, al considerar que en este caso se actualiza el supuesto normativo de conflicto de interés.
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Elimina Congreso la declaración de procedencia para autoridades municipales

Elimina Congreso la declaración de procedencia para autoridades municipales

• La reforma, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García, aplica para titulares de presidencias municipales, de concejos municipales y de sindicaturas; autoridad jurisdiccional podría proceder, en su caso, sin autorización del Poder Legislativo.
Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que suprime la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de Concejos municipales y de las sindicaturas.
El dictamen, que registró una votación de 38 a favor, 9 en contra y una abstención, emitido por la instancia legislativa integrada por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Castañeda Aburto y por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 17 de septiembre por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. 
La Comisión coincide con la propuesta de suprimir la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra las personas titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las sindicaturas. “Esta figura constituye una condición para proceder penalmente respecto de determinados cargos, pero no implica una determinación sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad de la persona señalada”, añade.
Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos. La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el primer párrafo del artículo 78 constitucional.
La instancia legislativa detalla que los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad para determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades municipales dentro del procedimiento previsto en el artículo 111 por delitos del orden común.
De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y demás integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaración previa del Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su contra. 
En Puebla, las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia; en San Luis Potosí, la reforma constitucional de 2017 eliminó ese procedimiento; y en Guanajuato y Querétaro la responsabilidad penal de integrantes de los ayuntamientos se regula sin hacer depender necesariamente el inicio del proceso penal de una autorización previa del Poder Legislativo.
Posicionamientos 
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Alejandro Porras Marín subrayó que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción solo por tener un cargo. Agregó que la modificación legal no declara culpable a alguien en específico y que no se sustituye a la Fiscalía ni a juezas o jueces; ejemplificó que a nivel nacional tres de cuatro entidades cuentan con normativas en las cuales no se requiere una protección constitucional para munícipes e indicó que si la investigación corresponde a las instituciones y el fincamiento de responsabilidades a los Tribunales, el Congreso no debe mantener una autorización previa para que la justicia pueda actuar.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, anunció su respaldo a la propuesta autoría de la gobernadora Rocío Nahle García y consideró que la referida reforma es una medida contra la impunidad, “porque el cargo municipal no debe convertirse en una protección frente a la investigación penal, y así lo recoge el dictamen cuando precisa que su propósito es evitar que ese requisito sea un obstáculo para investigar y perseguir los delitos”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su coordinador, el diputado Enrique Cambranis Torres, manifestó que la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos la han propuesto siendo gobierno u oposición. Cuestionó que la reforma solo aplique para autoridades municipales y recordó que la declaración de procedencia es un mecanismo que bien puede perfeccionarse para hacerlo más transparente y que opere con rigor.
La diputada María Elena Córdova Molina, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), indicó que el instituto político al cual pertenece tiene una postura firme, “quien cometa un delito, que sea investigado; quien resulte responsable, que responda ante la justicia”. Puntualizó que no defiende a alguien ni facilita la impunidad, pero argumentó que la reforma tiene un problema de fondo, “no elimina el privilegio, decide quien lo conserva”. 
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar precisó que el fuero no es privilegio personal, sino una figura establecida para proteger la función pública, pues no se concede a una persona por ser quien es, sino al cargo que ocupa y mientras lo ocupa, “retirar esa inmunidad procesal para que presidentes municipales y síndicos respondan por la comisión de delitos sin la intervención del Congreso hace pensar que se pueden propiciar abusos de poder y aplicación de justicia selectiva”.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que no defiende privilegios ni a delincuentes; externó que en una democracia el poder necesita límites y que el poder absoluto requiere límites absolutos. Agregó que si bien la ciudadanía exige investigar todos los delitos perpetrados, la tarea de las y los legisladores es ocuparse de que las reformas sean implementadas correctamente.  
El diputado Héctor Yunes Landa adelantó su voto en contra del dictamen e informó que ha hecho un llamado a los Cabildos a expresar su rechazo a la reforma constitucional que el Congreso les hará llegar. “la inmunidad procesal no significa impunidad y no significa que alguien sea intocable y que pueda cometer delitos, sin consecuencia; significa que habrá un procedimiento previo”.
En el debate en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar, María Elena Cordova Molina y Victoria Gutiérrez Pérez y el diputado Diego Castañeda Aburto. En relación con las reservas, participaron las legisladoras Indira de Jesús Rosales San Román y Luz Alicia Delfín Rodríguez.
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Recibe Congreso el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2025

Recibe Congreso el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2025

• Comisión de Vigilancia da entrada al documento presentado por la auditora Delia González Cobos.
• Resultado de la fiscalización superior, el análisis de la Cuenta Pública 2025 registra un probable daño patrimonial por 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos; de los cuales 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos corresponden a 181 municipios.
Xalapa, Ver., 22 de septiembre de 2026.- La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Estado recibió de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), Delia González Cobos, los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2025, con lo que se da cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.
En oficinas del Palacio Legislativo, las diputadas y los diputados Felipe Pineda Barradas, secretario de la Comisión, Bertha Rosalía Ahued Malpica, Liud Herrera Félix, Lucía Begoña Canales Barturen, Citlali Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Ana Rosa Valdés Salazar, Luz Alicia Delfín Rodríguez, Enrique Cambranis Torres, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, Ramón Díaz Ávila, Paul Martínez Marie y José Reveriano Marín Hernández, vocales de la misma, dieron la bienvenida a la auditora, quien entregó el documento que presenta el resultado de la fiscalización superior practicada a las cuentas públicas 2025.
En su mensaje, la auditora González Cobos dijo que la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025 se efectuó de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y con las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado.
Indicó que la fiscalización superior tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas establecidos por cada ente y que para ello se realizaron las auditorías financiera-presupuestal, técnica a la obra pública, de desempeño, de legalidad, de orden social y de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como las evaluaciones de cumplimiento normativo en materia laboral, de adquisiciones, de indicadores y de género, entre otras.
Informó que, resultado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2025, se determinó un probable daño patrimonial por un monto de 2 mil 756 millones 231 mil 698 pesos. De igual forma, destacó que 17 entes estatales registraron un presunto daño por 4 millones 200 mil 401 pesos y que 63 presentaron inconsistencias de carácter administrativo.
Respecto de los entes municipales, la auditora manifestó que 181 municipios presentan irregularidades de presunto daño patrimonial por un importe de 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos, al igual que 14 entidades paramunicipales con un monto de 42 millones 156 mil 725 pesos.
El dictamen que incluirá los resultados pormenorizados será sometido al Pleno de la LXVII Legislatura a más tardar el último día de octubre próximo. El trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por el Orfis seguirá su curso en términos de las leyes aplicables.
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Autoriza Congreso donación de terreno para un CRIT en Minatitlán

Autoriza Congreso donación de terreno para un CRIT en Minatitlán

• Además, este Congreso concede anuencia al Gobierno del Estado para celebrar convenio de coordinación, aportación financiera y colaboración institucional con esta organización por un plazo de 20 años. 
Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el dictamen que autoriza al Ayuntamiento de Minatitlán la donación de manera condicional y en su caso revocable, de una fracción de terreno de propiedad municipal a favor de la Fundación “Teletón México A.C.”, con una superficie total de 34 mil132.21 metros cuadrados.
El objetivo de la donación es para la construcción, equipamiento, establecimiento, puesta en operación y funcionamiento de un centro de rehabilitación e inclusión infantil. 
En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, se establece que si no se cumpliera con la finalidad establecida, la donación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del municipio de Minatitlán, en términos de lo establecido en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Durante la sesión, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Omar Edmundo Blanco Martínez, reconoció la labor de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, por poner en la agenda pública la necesidad de contar en el sur de Veracruz con un CRIT, el cual, añadió, tendrá una cobertura regional que beneficiará a 41 municipios. De igual forma, destacó que este Centro representa mucho más que un espacio de rehabilitación, sino un lugar más cercano para aquellas personas que durante años han tenido que trasladarse a otros municipios.
De Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto a favor y dijo que este dictamen se entiende mejor cuando se piensa en una familia, “en una mamá o papá que traslada a su hijo o hija a recibir una terapia”. Agregó que la rehabilitación no se resuelve en una sola visita y que tener un lugar más cerca les cambiará la vida. 
Gobierno del Estado y Teletón, firmarán convenio.
En la misma sesión y con 41 votos a favor, el Congreso del Estado autorizó a la Titular del Poder Ejecutivo estatal a celebrar, asistida por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el Convenio de Coordinación, Aportación Financiera y Colaboración Institucional con la Fundación Teletón México, A.C., por un plazo de 20 años.
Asimismo, el Poder Ejecutivo estatal, por conducto de la Sefiplan, preverá e incorporará en los Proyectos de Presupuesto de Egresos del Estado correspondientes a los ejercicios fiscales subsecuentes a la conclusión de la infraestructura y formal inicio de operaciones del «CRIT Minatitlán», una partida presupuestal destinada al apoyo financiero anual por un monto inicial de 36 millones de pesos (mdp).
Dicha asignación presupuestal surtirá efectos previa acreditación del inicio formal de operaciones mediante el acta correspondiente emitida por la Fundación Teletón México, A.C., y validada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF). Estará sujeta en cada ejercicio a la disponibilidad financiera de la Hacienda Pública Estatal y se actualizará anualmente conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI, en los términos estipulados en el convenio respectivo. 
Debate
La diputada de Morena, Naomi Edith Gómez Santos, dijo que el CRIT de esa ciudad amplia y fortalece las opciones de atención especializada en el sur de Veracruz. Agregó que hablar de este Centro no es hablar solamente de infraestructura, sino de incrementar las opciones para las niñas y niños con discapacidad, con la finalidad de acercarlos cada vez más a sus familias.
Expresó que para el Congreso puede comenzar como una solicitud para celebrar un convenio y luego ser un dictamen para discutirse, “pero para una familia significa poder encontrar una nueva opción de atención para su hija o hijo mucho más cerca de casa”. 
Del Partido del Trabajo (PT), la diputada Elizabeth Morales García enlistó diversos casos de personas con familiares con alguna discapacidad que recorren kilómetros en busca de atención y celebró que haya un CRIT más, “significa acercar una oportunidad, ya que una terapia puede cambiar una vida”.  
Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez se congratuló con la implementación de este Centro y felicitó a la gobernadora Rocío Nahle por garantizar los recursos anuales; de igual forma, valoró el plazo de 20 años, ya que genera continuidad y brindar certeza a las familias. 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar habló sobre los beneficios del CRIT, cuestionó las decisiones de los gobiernos municipales y confió en que el sector privado lleve por buen camino este Centro. Del Partido Acción Nacional (PAN), la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román manifestó su voto a favor, recordó la desaparición del Insabi  y lamentó lo que sucede con Imss-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz respaldó el dictamen y consideró que además de prever presupuesto para esta organización, también deberían contemplarse recursos para los servicios de salud de Veracruz, y el diputado Héctor Yunes Landa criticó la premura del proceso legislativo, dado que apenas es el inicio del periodo ordinario.
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Leyes de Ingresos y Egresos Municipales se entregarán al Congreso en archivo digital

Leyes de Ingresos y Egresos Municipales se entregarán al Congreso en archivo digital

• Aprueba el Pleno la iniciativa del diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, con la que se transita de la entrega de las referidas leyes del formato impreso al digital.
Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2026.- Con 45 votos a favor y 1 en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura reformó la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz para establecer que la entrega de los proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de los 212 Ayuntamientos de la entidad se realizará al Congreso en archivo digital editable y autentificado; en caso de observaciones, la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía hará la comunicación correspondiente.
Con esta modificación, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de junio por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, se elimina la disposición que obligada a los entes municipales a presentar los citados documentos de manera impresa y por triplicado. 
Esta disposición, constituye una medida razonable y proporcional al fin perseguido, eficiencia administrativa y ahorro de recursos, sin que ello implique merma alguna a la seguridad jurídica de los ayuntamientos ni del propio Congreso, en tanto la autentificación del documento digital sustituye funcionalmente a la firma y sello de los ejemplares impresos, refiere el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Hacienda Municipal, instancias dictaminadoras.
De acuerdo con lo aprobado, se establece que en el curso de la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, los ayuntamientos remitirán al Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización, en formato digital editable y autentificado, el proyecto anual de ley de ingresos, para su aprobación, y el Presupuesto de Egresos aprobado por Cabildo. En caso de que aquel haga observaciones, la Secretaría de Fiscalización las comunicará al Ayuntamiento a más tardar el 30 de octubre. 
Si no cumpliera con la remisión, el Congreso tendrá por presentados los proyectos del año anterior y podrá ajustarlos en la medida que estime necesario.
Aprobada la ley de ingresos por el Congreso, éste ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Estado; los ayuntamientos deberán dar publicidad, en sus medios electrónicos de comunicación, a sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos aprobados.
Posicionamientos 
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano adelantó el voto a favor de la modificación y externó que modernizar las instituciones no siempre requiere aumentar presupuestos, sino quitar obstáculos administrativos. Indicó que esta reforma mantiene los plazos para la entrega de información y las atribuciones de las autoridades municipales, “se cambia el medio, sin tocar el fondo”.
Precisó que con este dictamen se avanza en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y que no únicamente es legislar con responsabilidad, sino hacerlo esperando que todos los municipios tengan las condiciones digitales necesarias, “la ciudadanía espera instituciones agiles y eficientes para servir mejor”.
La diputada del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga, fijó el posicionamiento de la bancada, en el cual manifestó el respaldo a la reforma, toda vez que se permite sustituir la entrega impresa del triplicado de presupuesto de egresos por archivos digitales. Abundó que hacerlo impreso implica horas de trabajo del personal, recursos que son de la gente y que representan una carga que el Congreso puede ayudar a rescindir.
Del Partido del Trabajo (PT), la diputada Elizabeth Morales García dijo que al contar con herramientas tecnológicas no tiene sentido seguir con las disposiciones de imprimir las leyes de ingresos y presupuesto de egresos. Añadió que esta reforma conlleva una reflexión sobre la modernización no consiste en pasar de trámites de papel al digital, sino de revisar qué procedimientos son necesarios, cuáles pueden simplificarse y cuántos pueden hacerse más rápido.
La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró que los Ayuntamientos cuenten con esta herramienta para facilitar la entrega de información al Congreso y exhortó a realizar una capacitación inmediata con la finalidad de que las autoridades municipales conozcan cómo utilizar estas tecnologías. 
En el debate en lo general participó el diputado Héctor Yunes Landa sugirió un transitorio para posponer la entrega de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos Municipales, debido a la entrada en vigencia de esta reforma y el corto plazo que tienen las autoridades locales para cumplir con estas disposiciones.
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Analizan proyecto de extensión de la UV en las Altas Montañas

Analizan proyecto de extensión de la UV en las Altas Montañas

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Esteban Bautista Hernández, participó en una reunión informativa con autoridades municipales y de la Universidad Veracruzana (UV), en seguimiento a las gestiones emprendidas para la creación de una extensión de esta Casa de Estudios en la región de las Altas Montañas.

En presencia del rector de la Universidad, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, de los presidentes municipales de Magdalena, Olga Zepahua Tlecuile, de Soledad Atzompa, Romeo Rosales Crisóstomo, y de Huiloapan, Héctor Omar Urbano Dávila, el legislador se congratuló por el interés mostrado en el trabajo realizado por la institución.

Agradeció la sensibilidad de la Casa de Estudios expresada en el propósito de llevar educación a esa demarcación que, dijo, durante muchos años ha sufrido marginación y rezago y cuyas características son dignas de un trabajo serio y profundo como el que realiza la Universidad. Reiteró el compromiso de la LXVII Legislatura de continuar respaldando toda acción en favor de la inclusión y la democratización de la educación.

A su vez, el rector Martín Aguilar refirió los antecedentes de esta reunión y el diagnóstico realizado a través del Centro de Estudios de Opinión de la UV y de las visitas a la región para conocer más directamente las necesidades y posibilidades y las formas de abordarlo y lograr así una propuesta sólida, cuyo contenido fue dado a conocer en esta reunión.

Correspondió al secretario académico de la UV, Arturo Aguilar Ye, dar los pormenores del desarrollo del proyecto.



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