Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía.

Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales que hubiere presentado.

“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para dotar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de una herramienta digital y tecnológica denominada Buzón Fiscalizador, que permita la práctica de auditorías en vía remota, a fin de simplificar, facilitar, agilizar y reducir gastos durante el Procedimiento de Fiscalización Superior.

Con esta plataforma, dijo el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, el Orfis mantendría comunicación constante con los entes a fiscalizar, propiciando una efectiva realización de notificaciones apegadas a la legalidad, intercambio de información y envío y recepción de documentos con respaldo digital y físico, dando certeza jurídica en cuanto a su autenticidad, a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

El integrante del Grupo Legislativo de Morena puntualizó que esta plataforma virtual sería controlada y administrada por el Orfis, proporcionando a cada ente fiscalizable una cuenta con clave de acceso -única e intransferible-, con la que podrá recibir las notificaciones y requerimientos que emita el Órgano.

Por su parte, refiere, los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera.

El legislador Domínguez Vázquez señaló que esta herramienta permitirá la interacción con los entes fiscalizables a distancia, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo costos de traslado y utilización de recursos materiales.

Finalmente, señaló que el Buzón Fiscalizador, representará un avance hacia la modernidad en la fiscalización, consolidando un gobierno electrónico, con inmediatez en las actuaciones realizadas por las autoridades, constituyendo una mayor eficacia en la revisión que se hace al ejercicio de los recursos públicos, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su estudio y dictamen.

A la Comisión Permanente de Gobernación fue turnada la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en materia de conformación y funcionamiento de los ayuntamientos en caso de ausencia de ediles propietarios.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se dio a conocer que, según esta propuesta, en primer lugar, las ausencias temporales de ediles propietarios hasta por cinco días naturales no requerirán de licencia previa del ayuntamiento pero se suplirán conforme al modelo vigente, con una variante respecto de la ausencia de la o el síndico, sin requerirse de acuerdo previo.

En segundo lugar, las ausencias temporales de más de cinco días naturales y hasta por sesenta días de las y los ediles requerirán de licencia del Cabildo y serían cubiertas por las y los suplentes respectivos.

La iniciativa propone eliminar del artículo 24 de la ley el carácter potestativo de la disposición referente al acuerdo para cubrir las suplencias de las personas que ocupen las presidencias y sindicaturas, a fin de que se establezca expresamente quiénes las sustituirían en sus funciones de forma temporal, de tal modo que no se retrasen ni obstaculicen los trabajos al interior de los ayuntamientos.

Asimismo, proponen señalar un plazo razonable en que no se requiera licencia para ausentarse del cargo, pero en el que sí se prevea una sustitución y, por otra parte, facultar a los cabildos a llamar a las y los suplentes de ediles, en los casos de faltas mayores de cinco días pero que no excedan de sesenta.

A través de este proyecto legislativo, las diputadas y los diputados procuran sentar las bases jurídicas para que no se violente, aunque fuere de manera temporal, la voluntad popular respecto de la representación política en la conformación de los ayuntamientos, al ser éstos la expresión institucional del orden de gobierno de mayor proximidad a la ciudadanía.

Debido a que el uso del cubrebocas representa una acción efectiva y que si el gobierno promueve su uso y lo pone al alcance de todos los ciudadanos se lograrán reducir los contagios de coronavirus, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal y a las 212 autoridades municipales, para que en ocasión de la emergencia sanitaria implementen una política pública que conlleve la entrega masiva y gratuita de esta medida de protección a la población veracruzana.

Al presentar detalles sobre su anteproyecto, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que si bien es cierto que lograr el uso generalizado del cubrebocas requiere concientizar a la población, también es necesario que las autoridades, además de poner el ejemplo, establezcan los mecanismos para aminorar el gasto que hoy genera en los hogares el adquirir estos productos, los cuales –consideró- se han convertido ya en un gasto básico familiar.

Subrayó que la emergencia sanitaria y la crisis económica han provocado la pérdida de empleos, disminución de ingresos, afectaciones emocionales por el confinamiento, dolor por el fallecimiento de seres queridos; aunado a que ha obligado a las familias a adquirir productos de protección como el gel antibacterial, jabón de manos, caretas y cubrebocas. “En la medida en la que la movilidad se incrementa, los gastos por estos insumos aumentan para la gente”, abundó.

El legislador De Unánue Abascal señaló que el precio de los citados insumos oscila entre los 100 y los mil pesos, de acuerdo a las marcas, durabilidad y estilos de los mismos. “Pero son necesarios, ya que las personas deben cuidarse dentro o fuera de sus hogares, de tal forma que resulta impensable salir a la calle sin cubrebocas, porque la movilidad se verá limitada y condicionado en espacios públicos y privados”, expuso.

Además, refirió que si bien los gobiernos Federal y Estatal no han podido frenar el incremento de contagios, en Veracruz podría implementarse una medida que ayude a salir pronto de la pandemia, por lo cual solicitó que el Estado impulse la autoprotección sanitaria, “de lo contrario la curva nunca se aplanará, ni mucho menos podremos salir de esta oscura etapa de la realidad nacional y mundial”.

Reiteró su llamado al Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos para adoptar esta medida, toda vez que el gasto invertido en los cubrebocas será de gran ayuda y contribuirá a reducir la propagación del virus y en consecuencia los gastos médicos y hospitalarios que el sector salud emplea para la atención de los enfermos.

Este Anteproyecto fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Junta de Coordinación Política.

En el marco de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y la próxima conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui se pronunció ante el Pleno por realizar un llamado social a construir esquemas de actuación que garanticen los derechos humanos para todas las personas.

En lo referente a la violencia contra las mujeres, la legisladora por el Distrito de XVIII de Huatusco, dijo que es necesario trabajar en conjunto para sumarse a la Campaña Únete 2020: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar”, gestionada por ONU Mujeres.

Esta campaña, continuó, implica etiquetar recursos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, asegurar servicios esenciales para salvar la vida de las mujeres, a través de las acciones de las autoridades encargadas de proteger su integridad, prevenir la violencia, además de recabar datos, actualizados y fidedignos, que permitan analizar el problema y trabajar al respecto.

Dijo que en el contexto del confinamiento, derivado por la emergencia sanitaria, el número de reportes por violencia familiar y violencia de género se han incrementado considerablemente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, en cuanto a feminicidios, no ha dejado de ser un problema constante a nivel nacional, puntualizó la diputada.

En este sentido, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es un reto con el que todas y todos deben comprometerse, contemplando una mayor inversión de recursos y modelos de atención más eficaces con Fiscalías móviles, creación de Centros de Reeducación para Personas Agresoras, mayor capacitación con perspectiva de género, y creatividad para que las campañas y modelos sean adaptados a los diversos contextos e interseccionalidades, como la pobreza o pertenecer a una comunidad indígena.

“En Acción Nacional creemos en la solidaridad como un principio fundamental para el respeto a la dignidad humana, a través de la empatía con el otro y la otra”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a repensar en cómo proteger los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, adultos mayores y las niñas, niños y adolescentes.

“En este contexto de pandemia, velar por los derechos humanos, es complicado, pero es obligación irrenunciable del gobierno y compromiso de toda la sociedad, solo así podremos trascender este tiempo crítico de salud, sin atentar contra la dignidad humana”, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la adición de un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Salud del Estado, resultado de la iniciativa presentada el 31 de julio de 2019 por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, con lo que se establece que en la capacitación y actualización de recursos humanos para la salud deberá incorporarse la perspectiva de género, a efecto de garantizar servicios que promuevan un trato igualitario y con enfoque diferenciado en la población usuaria.

Este dictamen, presentado al Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y para la Igualdad de Género, fue aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra.

Con esta reforma se busca erradicar, en los servicios de salud, los estereotipos de género por parte del personal y que afecta, principalmente, a las mujeres en el momento de ser atendidas, expone el dictamen.

Refiere que es imprescindible capacitar y actualizar al personal médico y administrativo en la perspectiva de género, lo cual implicará que quienes son encargados de la salud de las personas sean sensibles a las distintas realidades tanto de mujeres y hombres; lo cual implicará un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada, que existan actitudes diferentes en el trato, que sean erradicados los citados estereotipos y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Indica que, trabajar con perspectiva de género permitirá eliminar ideas que son injustas y que derivan de creencias arraigadas originadas en una cultura patriarcal; por lo cual resulta necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención, sean otorgadas con un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Durante el debate del dictamen, la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, autora de la propuesta, agradeció a las comisiones dictaminadoras y, agregó, que esta modificación permitirá un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada y generará actitudes diferentes en el trato, que deberá reflejarse en la eliminación de estereotipos de género y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Puntualizó que, el trabajar con perspectiva de género permite eliminar ideas injustas y que son producto de creencias arraigadas originadas en la cultura patriarcal, por lo que –

consideró- necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención sea brindado bajo un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y por ende entre en vigor.