El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 44 votos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a través del cual, la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas tendrá que contemplar, cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Gobernación y derivado de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por el diputado León David Jiménez Reyes, asegura que el objetivo es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia, generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

La instancia dictaminadora señaló su coincidencia con el iniciante, toda vez que esta reforma promocionará la cultura e incentivará el turismo, reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

El imponente y maravilloso patrimonio que emana de la diversidad cultural y lingüística de México, hace indispensable procurar su preservación, difusión y respeto, con el firme propósito de que sea admirado por esta generación y las venideras, señala el documento.

En Veracruz, de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

Tras su aprobación por parte del Pleno, se instruyó remitir el presente dictamen de decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Como una acción para garantizar una infraestructura educativa apta en medidas preventivas de higiene y así contar con un regreso seguro a las escuelas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

En su propuesta, la legisladora prevé reformar el artículo 23 Bis a fin de señalar en este que, en caso de emergencia sanitaria declarada por la autoridad correspondiente, el Estado, en coordinación con los municipios, se encargará de implementar protocolos preventivos en materia de higiene escolar, que al menos contengan aspectos como la aplicación de filtros de sanitización al ingreso y salida de los planteles.

Así como, evaluar que las personas que ingresen a los planteles no cuenten con síntomas asociados a enfermedades contagiosas, procurar la sanitización constante de espacios, superficies y objetos al interior de las aulas, propiciar que alumnos y docentes cuenten con distancia adecuada al interior de la escuela, impulsar el constante lavado de manos y el uso obligatorio de cubre bocas.

También, la implementación de campañas informativas y de concientización respecto de la importancia de las medidas preventivas de higiene. Asimismo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en colaboración con la Secretaría de Salud (SS), mantendría el control de higiene preventivo escolar y supervisará el cumplimiento de esas medidas.

En su intervención en Tribuna, la legisladora Ivonne Trujillo manifestó que aun cuando no hay fecha para que los alumnos veracruzanos regresen a clases presenciales, es necesario analizar las condiciones que deberán tenerse para ese momento y garantizar que sea en un ambiente de higiene y libre de posibles infecciones.

Previamente, expuso que debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, México se vio obligado a suspender actividades en todas las escuelas, orillando a millones de estudiantes a no salir a de sus casas y continuar con su educación a distancia.

Agregó que el cierre de escuelas, desde el 20 de marzo de 2020, se debió a la implementación de un plan de acción, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para contener el número de contagios en todos los planteles del país, pero al mismo

tiempo implicó el diseño de una estrategia basada en el uso de la tecnología para seguir aprendiendo, con las “clases a distancia”.

La legisladora precisó que ante los reiterados anuncios por parte de la autoridad federal, del posible regreso a clases, y derivado del nuevo programa para atender la contingencia sanitaria, en el marco de la denominada nueva normalidad, que prevé el regreso presencial a las aulas, resulta indispensable realizar un diagnóstico con anticipación para evitar un retorno a los salones que arroje resultados opuestos a los que se esperan.

Esta iniciativa, presentada durante la cuarta sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

Incentivar la contratación de las personas con discapacidad es el principal objetivo de la Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina.

Esta propuesta, de acuerdo con el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), permitirá que las empresas que contraten a personas con discapacidad apuesten por “personal de inclusión” y realicen las adaptaciones en sus procesos, instalaciones o manuales para que sumen con su talento a la empresa.

Desde la tribuna, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado refirió que en Veracruz, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 13.56 por ciento de personas con discapacidad no estaba afiliado a alguna institución de salud, lo equivalente a 91 mil 364 personas que, además de las dificultades para realizar sus labores cotidianas, no reciben atención médica gratuita ni privada.

Añadió a esto que en México aproximadamente un millón de personas con discapacidad tienen posibilidades de trabajar y no son incluidas en el mercado laboral. En razón de lo cual, planteó en su iniciativa una modificación al Código Financiero donde se establece que tanto el Gobierno del Estado como las empresas deban integrar en su planilla laboral al menos al 5 por ciento de personas con discapacidad.

Al considerar que esta medida no puede ir acompañada sin un incentivo fiscal a las empresas, propuso también que se exente del pago del Impuesto sobre la Nómina para el doble del porcentaje de personas con discapacidad contratadas. Es decir, quien contrate al menos un 5 por ciento de “trabajadores de inclusión” quedará exento del pago de este impuesto en un 10 por ciento.

Asimismo, se amplía de tres a cinco por ciento el número mínimo de vacantes disponibles para las personas con discapacidad en el servicio público estatal, en la administración pública centralizada y paraestatal, “siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes”.

La Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones XIII y XIV y adiciona las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del Artículo 10 y reforma el Artículo 21 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y deroga el inciso d) de la fracción IV y adiciona la fracción VI del Artículo 103 del Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda del Estado

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que se busca establecer que, para el ejercicio fiscal 2021, los fondos de participaciones, señalados en los artículos 9 y 14; el de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; de Fiscalización y el de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2020, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de esta misma Ley.

De acuerdo a la propuesta del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70 por ciento con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30 por ciento con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2020.

En su intervención en Tribuna, el integrante del Grupo Legislativo de Morena subrayó que la Ley de Coordinación Fiscal vigente fue expedida en 1999 y se previó entonces que su aplicación inmediata de los porcentajes provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los Ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos.

Por lo anterior –indicó- en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

Explicó que en el ejercicio fiscal del 2000, primero en el que se aplicaron las formulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los de mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Dijo que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada.

Por todo lo anterior, detalló el legislador, ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de este ordenamiento.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Con el objeto de que el padre trabajador cuente con la certeza de que no perderá su empleo y a la vez puedan generarse las condiciones para fortalecer su participación en el proceso de integración, cooperación y reconocimiento de los nuevos integrantes de su núcleo familiar, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), puso a consideración del Pleno una iniciativa que amplía, de 5 a 60, los días concedidos por licencia de paternidad.

La iniciativa, presentada en voz de la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, también busca señalar en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz que el padre trabajador gozaría de una licencia -con goce de sueldo- de 90 días, en caso de adopción de una niña o niño de hasta seis meses de edad. Cuando se trate de una niña o niño mayor a los seis meses de nacido, la licencia sería concedida por el periodo de seis semanas, con el propósito de garantizar su integración familiar y social.

Asimismo y a fin de que los padres puedan participar en el cuidado de la salud de sus hijos, la iniciativa prevé incorporar el artículo 51 bis, a fin de establecer que podría otorgarse una licencia por Enfermedad Infantil hasta de 15 días hábiles al año, con goce de sueldo, a los padres y madres trabajadoras, que ejerzan la guarda y custodia de las hijas e hijos menores de 18 años de edad, por causa de enfermedad grave que ponga en riesgo la vida de la niña o el niño.

Dicha licencia se solicitará por alguno de los padres y tendrá que estar debidamente acreditada mediante constancia médica.

De igual forma, en la propuesta legislativa se propone modificar la redacción que se refiere a la licencia en comento como “periodo de descanso” y en la cual se le asigna a la madre una condición de “incapacidad”, al considerarse como términos discriminatorios.

En su intervención, la legisladora Andrea de Guadalupe Yunes expresó que la licencia de paternidad no debe visualizarse como un privilegio o una concesión laboral, sino como un acto de igualdad de respecto a la condición de padres, y al mismo tiempo, se tiende a eliminar los estereotipos que discriminan a la mujer y la obligar a desempeñar ciertos roles como lo son la maternidad y la crianza exclusiva de los hijos.

Dijo que el descanso de cinco días, establecido actualmente en la Ley, es un lapso demasiado corto comparado con el promedio de ocho semanas que se brinda en otros

países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México también forma parte.

Agregó que en 25 de las 34 naciones de la OCDE existe algún ordenamiento jurídico relacionado con la licencia de paternidad. Ejemplificó que, en Noruega se brindan 10 semanas de permiso; en Islandia 13; en Bélgica 19; en Francia 26, y en Corea del Sur, 53. Es decir –puntualizó- un año completo, reconociendo también la importancia de los derechos de las pequeñas y los pequeños recién nacidos.

En el plano nacional, la diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local, subrayó que entidades como Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Ciudad de México y Oaxaca han ido creando mecanismos que garantizan y homologan estos derechos, tanto padres como para madres. “Por lo cual Veracruz no puede quedarse rezagado”, precisó.

Por último, calificó esta iniciativa, signada también por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, además de la legisladora Erika Ayala Ríos, como una acción que atiende el interés superior de la niñez, que a su vez fomenta que el empleo femenino no se resienta desproporcionado por la maternidad, sino que el derecho laboral sea equilibrado entre hombres y mujeres, para alcanzar la corresponsabilidad en el hogar y la familia.

Tras la lectura de la iniciativa, la presidencia de la Mesa Directiva instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen.

Previamente se adhirieron a la iniciativa, a título personal, las diputadas Florencia Martínez Rivera y Libni Adaelsi Sánchez Núñez, así como los Grupos Legislativos de Morena y el Mixto Movimiento Ciudadano-PRD- Diputado sin Partido.

Durante este año, la inversión en infraestructura sanitaria en Veracruz ascendió a 283.8 millones de pesos (mdp), destinados a 142 obras y acciones de mantenimiento, rehabilitación, ampliación y conclusión de centros de salud, obras nuevas y Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19), informó el titular de la Secretaría de Salud (SS) y de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Roberto Ramos Alor, al comparecer ante el Congreso del Estado.

Las diputadas Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Magaly Armenta Oliveros y Margarita Corro Mendoza, presidenta, secretaria y vocal de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, respectivamente, condujeron los trabajos de esta jornada correspondiente a la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El servidor público informó también que al rubro de protección y vigilancia sanitaria fueron canalizadas 300 muestras de agua y expedidas 935 cédulas de manejo higiénico de alimentos, 3 mil 457 cédulas de evaluación de riesgos y 149 distintivos de espacios 100% libres de humo de tabaco.

En su exposición, presentó un resumen de las actividades implementadas por la Secretaría de Salud durante el reciente año, los programas prioritarios en salud pública y atención médica, la continuidad del rescate de programas y obras abandonadas en administraciones anteriores y las acciones implementadas por el actual gobierno para lograr una eficiente administración de todos los recursos disponibles en beneficio de la sociedad.

Covid-19

El responsable de la salud en el estado precisó que, al 29 de noviembre de este año, 39 mil 710 veracruzanos fueron confirmados como casos positivos de Covid-19; de los cuales, 31 mil 753, el 80 por ciento, se encuentran recuperados; 2 mil 329, el 6 por ciento, se encuentran en vigilancia, y 5 mil 628, el 14 por ciento, perdió la vida.

Roberto Ramos hizo una pormenorizada exposición de las acciones puestas en marcha para la prevención y atención del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), entre las que se

encuentran la integración del Comité Técnico Permanente de Sesver sobre Covid-19, la realización de conferencias diarias informativas y la actuación del comando operativo de emergencia.

Con esto también, la implementación de la semaforización estatal y regional, los nueve decretos para reducir la movilidad, el Código QR para el sector comercial, la atención a la población a través de un call center que registró 5 mil 621 llamadas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, las medidas Quédate en casa y de lavado de manos y los protocolos sanitarios de higiene y saludo.

Más aun, la atención directa a la población en tres etapas: Preparación, con planes de contingencia y supervisión a distancia, Implementación, con Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias, y Reconversión, con 10 hospitales Covid-19 con 489 camas y 520 ventiladores y cuatro Centros de Atención Médica Expandida Covid-19.

A esto añadió la administración eficiente para afrontar la pandemia mediante 909 contrataciones para reforzar la atención, la inversión de 502 millones de pesos para medicamentos e insumos y las 25 mil 050 muestras realizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Reconoció la suma de 35 mil 684 establecimientos comerciales registrados en código QR en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Alcance de la atención universal

En atención primaria a la salud, se ha contado con 839 Unidades de Primer Nivel, se ofreció un total de 2 millones 094 mil 358 consultas generales y atención a 272 mil pueblos originarios.

De acuerdo con el Secretario, la atención a las mujeres embarazadas se tradujo en 196 mil 945 consultas prenatales, 17 mil 482 cesáreas y 18 mil 978 partos; la salud de la mujer, en 106 mil 540 exploraciones de mama y 11 mil 609 detecciones cáncer cérvico-uterino.

Además de 46 mil 272 consultas para infecciones respiratorias agudas y 7 mil 205 consultas para enfermedades diarreicas agudas, para menores de edad, y la aplicación de un millón 074 mil 823 vacunas.

Por lo que respecta a enfermedades transmisibles –prosiguió- se atendió a mil 390 enfermos de tuberculosis, 223 mil 193 con obesidad, 242 mil 358 con diabetes mellitus y 230 mil 859 con hipertensión arterial.

Con el programa Médico Amigo, se logró la cifra de 17 mil 592 servicios domiciliarios. En la atención a pueblos originarios participaron 438 médicos tradicionales y se dispuso de 23 centros educativos medicinales.

El Secretario de Salud destacó la inversión en medicamentos, material de curación, equipamiento médico y administrativo, ambulancias, vehículos utilitarios, ropa hospitalaria, materiales y útiles de oficina, que ascendió a mil 826 mdp, con un abasto promedio de 73 por ciento de medicamentos y 78 por ciento en material de curación.

Ramos Alor finalizó diciendo que “este gobierno estatal ha ido fortaleciendo la consolidación de una administración sana, transparente, incluyente e igualitaria que se traduce en una gobernabilidad con justicia social basada en el respeto de los derechos humanos que impulsa el bienestar de los veracruzanos”.

Al término de su presentación, respondió a las preguntas de las y los diputados en las dos rondas establecidas.