La Comisión Especial para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Congreso del Estado exhortó a la titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) del Gobierno del Estado de Veracruz, para que verifique e informe a esta Soberanía el debido cumplimiento de la colocación de señalética en sistema Braille, ordenada en el Decreto 548, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de febrero de 2020.

La presidenta de esta comisión, diputada Montserrat Ortega Ruiz, en nombre de la diputada Florencia Martínez Rivera y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, integrantes de la misma, presentó al Pleno, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo.

Recordó que, el 28 de febrero del presente año fue publicado el Decreto 548 que adiciona un párrafo segundo al artículo 63 y el artículo 63 Bis a la Ley de Protección Civil del Estado, estableciendo que en los inmuebles públicos y privados de acceso público la señalización de protección civil deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales y Tratados Internacionales aplicables.

Para el debido cumplimiento de este ordenamiento, el artículo Segundo Transitorio del Decreto referido dispuso un término de 180 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

Contando los días hábiles –prosiguió la Diputada-, iniciando el lunes 2 de marzo de 2020 y hasta el 11 de noviembre del presente año, es el plazo de 180 días hábiles que se concedió para que en todos los inmuebles públicos y privados de acceso público se coloquen la señalización de protección civil usando el sistema Braille, como una acción a favor de las personas con discapacidad visual o ceguera.

Señaló además que las personas con discapacidad enfrentan enormes desigualdades de participación e inclusión efectiva en la sociedad lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos, reconocidos en los diversos tratados internacionales, así como en el marco constitucional y legal del Estado Mexicano.

“La población con algún tipo de discapacidad continúa enfrentando múltiples barreras relativas a la participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la

educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la recreación y la cultura, entre otras”.

En Veracruz –finalizó la legisladora-, de acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, por lo que “la colocación de señalética en sistema Braille ayudará a las personas con discapacidad visual o ceguera a desplazarse de modo más seguro e independiente en los establecimientos que deseen acudir”.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 33 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

El dictamen presentado a esta Soberanía por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por el Grupo Legislativo PRI-PVEM, señala que el delito de extorsión ha ido en incremento en toda la República Mexicana y ha sido, junto con el secuestro, un potencial económico para la delincuencia organizada.

Por sus características, este delito, no solo produce daño patrimonial, al verse obligadas las víctimas a entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, ante el temor de la posibilidad perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional.

Sino, que además, genera en la víctima una afectación emocional, desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta, establece el dictamen.

El documento refiere que en razón de la gravedad del delito, del impacto individual y social del mismo, así como de la necesidad de garantizar al máximo la seguridad de las víctimas y de la peligrosidad de los sujetos activos, es imperante que la extorsión se encuentre señalada de manera expresa en la carta Magna.

De esta forma, se evitaría la evasión de los imputados durante los juicios correspondientes, dando las facultades al Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva por este delito, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, garantizando con ello la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Al ser aprobado por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su

publicación y, en consecuencia, enviar la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración y trámite correspondiente.

Este jueves el Pleno de la LXV Legislatura avaló la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares y, como consecuencia, remitirá al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda exentar de pago a quienes comprueben la calidad de residentes, aledaños a casetas de peaje.

Esta medida aplicaría cuando no haya vías alternas que garanticen el libre peaje para las y los residentes.

En la sesión, tercera ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Mesa Directiva dio a conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Comunicaciones y que, tras ponerlo a consideración del Pleno, registró 36 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión considera necesario que la LXV Legislatura haga suya esta propuesta y la presente al Congreso Federal, ya que representa un acto de justicia social para miles de familias mexicanas que, al haberse construido en los alrededores de sus localidades vías terrestres de comunicación, generalmente en mejor estado, sufren afectaciones económicas al verse obligadas a transitar por las mismas y a cubrir las altas tarifas que cobran.

Además, coincide con el autor, el legislador Gonzalo Guízar, toda vez que esta reforma contribuiría a detonar el desarrollo económico de las regiones en las que estén instaladas casetas de peaje, al permitir a las familias residentes evitar pagos para poder movilizarse hacia sus centros de trabajo o a los establecimientos que prestan los servicios públicos o privados que requieren.

Asimismo, señala que la actual medida de pagar por el uso de las carreteras pone en desventaja a los residentes, en comparación con las personas que no habitan en localidades cercanas y que no padecen esa problemática cotidiana para realizar sus actividades.

Por otra parte, en el texto del dictamen se precisa que los incrementos en los servicios y sobre todo en los pagos de peajes para poder circular en vías terrestres, aunado al constante aumento de la gasolina, trae repercusiones de gran magnitud en la economía de

las familias, ya que disminuye su capacidad adquisitiva para solventar sus necesidades básicas.

Conforme al trámite legislativo, y tras haberse aprobado por el Congreso de Veracruz, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó mandar a publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, y a su vez, remitir la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración.

La LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 29 de octubre por el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, por el cual se propone al Congreso de la Unión reformar los párrafos 14 y 16 del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que el Estado deberá garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan cáncer o alguna discapacidad permanente.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza, refiere el dictamen avalado por el Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con 33 votos, sin abstenciones o votos en contra.

De igual forma, se precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que estén en situación de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

El dictamen refiere, en el segundo transitorio, que los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor de la reforma se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el decreto.

Por otra parte, se prevé que las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia del decreto, tendrán que realizar los ajustes constitucionales y legales, a efectos de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que padezcan cáncer.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, expone que, de acuerdo a información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, se estima que en México existen anualmente entre cinco y seis mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de dos mil 150 defunciones.

Añade que el cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones.

En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Margarita Corro Mendoza, confió que el Congreso Federal estudie y dictamine esta propuesta para que a la brevedad sea un derecho reconocido en la Carta Magna. Asimismo adelantó el voto a favor de este dictamen, toda vez que –consideró- va en concordancia para salvaguardar el derecho a la salud de las y los mexicanos, pero sobre todo de las niñas y niños.

Tras su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el presente decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación, y a su vez, enviarlo al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal propuso una nueva medida económica consistente en eliminar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos como el cubrebocas y en todos aquellos necesarios para mantener la higiene y prevenir el contagio del Covid-19.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una Iniciativa ante el Congreso de la Unión por la que adiciona el inciso j) a la fracción I, del artículo 2° A; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El referido Artículo dispone los actos o actividades en los que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento. La propuesta del diputado De Unánue Abascal propone incluir sanitizantes, desinfectantes, gel o líquido antibacterial, cubrebocas y guantes quirúrgicos, además de los productos que la autoridad competente considere pertinente para hacer frente a una situación de emergencia declarada por el Consejo de Salubridad General en términos de la Ley General de Salud.

Desde la Tribuna, consideró que esta medida es una forma de apoyar la economía de las y los mexicanos que se preocupan por disminuir el contagio de esta pandemia. Recordó que el IVA es un impuesto que paga todo el pueblo y que implica 567 mil 435 millones de pesos anuales.

De Unánue Abascal hizo “un llamado a la sensatez” y apeló a la sensibilidad de las y los legisladores, para que esta iniciativa sea dictaminada y votada favorablemente por el Pleno, “por el bien de todas y de todos, por el bien común e interés general que anima nuestra representación popular y justifica la razón de ser de los parlamentos”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, recibió del Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la cual se crean los Centros Conciliación Laboral para el estado, como instancia prejudicial obligatoria de conciliación.

El texto de la iniciativa refiere que ante la necesidad de mejorar la impartición de justicia laboral, en todos los ámbitos de las relaciones humanas, y garantizar efectivamente la tutela judicial efectiva del nuevo sistema de justica laboral, prioriza la conciliación como obligatoria, a reserva de sus excepciones; convirtiéndose en un requisito indispensable para pasar a la fase judicial, resultando de gran importancia en la solución de conflictos entre trabajadores y patrones.

En concordancia con la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la entidad, con fecha 4 de febrero del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en referencia al nuevo Sistema de Justicia Laboral y que, en uno de sus transitorios, señala la obligación de expedir y reformar las leyes locales necesarias para su cumplimiento, de ahí la propuesta para la creación de dichos Centros.

Los Centros de Conciliación Laboral del estado de Veracruz, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Basarán su operación a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

El nuevo organismo público descentralizado, tendría su dirección oficial en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, contando con las delegaciones necesarias conforme a la disposición presupuestaria correspondiente, a fin de cumplir con su objeto.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.