Durante la tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura, los diputados Bingen Rementería Molina y Gonzalo Guízar Valladares hicieron uso de la Tribuna para presentar, por separado, anteproyectos con punto de Acuerdo, cuyo propósito es exhortar –respetuosamente- al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que consideren la suscripción de la Declaración del Consenso de Ginebra, sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

En primer orden, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería, pidió que esta LXV Legislatura exhorte al Poder Ejecutivo de la Federación a suscribir la citada Declaración, al considerar que el contenido y compromisos de este documento deben ser incorporados al derecho interno, de conformidad con lo que establece la Carta Magna Federal.

Dijo que la Declaración del Consenso de Ginebra resulta congruente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y es concordante con otros tratados internacionales firmados por México, en materia de derechos humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín.

Indicó que la Declaración sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia reconoce que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y el bienestar. Además de que reafirmar la importancia de la titularidad nacional y la función y responsabilidad que tienen los gobiernos para determinar su manera de lograr dicha cobertura sanitaria universal.

Destacó que además se comprometería a los Estados firmantes, entre otros aspectos, a: garantizar a las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Así como fomentar la capacidad del sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, el diputado Gonzalo Guízar Valladares señaló que la familia es y seguirá siendo una institución fundatoria de la sociedad, por lo que –consideró- que garantizar los derechos del más débil constituye un reto y obligación para el Estado.

Recordó que el 22 de octubre, Estados Unidos fue sede de la firma de la Declaración del Consenso de Ginebra, que establece varios puntos en materia de salud y protección a la vida de los nacidos y no nacidos, a lo cual se unieron diversos representantes de las regiones del mundo.

Los copatrocinadores de este pacto son Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, en representación de las distintas regiones (América Latina, Medio Oriente, Europa, Asia y África) de los 32 países adheridos a la Declaración.

Precisó que, de acuerdo al Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos, la Declaración establece cuatro metas principales en torno a la salud, las cuales son: mejores servicios de atención a la salud para las mujeres, preservación de la vida humana, fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad y el Derecho de cada país a proteger su soberanía de las políticas globales.

Por consiguiente, el legislador Guízar Valladares presentó su propuesta para exhortar al Senado de la República a que considere suscribirse a esta Declaración y también solicitar al Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, remita a esta Soberanía, en un plazo máximo de 30 días, un Informe sobre las causas por las cuales México no suscribió la citada Declaración.

En ambos casos, la Mesa Directiva instruyó remitir a la Junta de Coordinación Política los anteproyectos para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de generar espacios para la participación de la juventud veracruzana, la diputada María Graciela Hernández Iñiguez presentó al Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que prevé reformar la fracción IV, del inciso C) del artículo 67 de la Constitución Política del Estado para bajar, de 35, a 30 los años de edad requeridos (al día de su designación) para ser Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En su intervención en Tribuna, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la misma Constitución, para el caso de ser Fiscal General, requiere una edad mínima de 30 años, mientras que para ser Comisionado del IVAI establece 35. “Es evidente que existe una marca diferencia en la propia legislación que los faculta en relación a la edad y que no está justificada pues no tiene nada que ver con las funciones que se desempeñan”.

Dijo que, en dado caso, debería exigirse mayor edad a quien investiga delitos y ejerce acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley. Sin embargo –añadió- es tan importante la función de procuración de justicia, como la de quien tutela el derecho humano de la sociedad a estar informados.

Expuso que uno de los objetivos de su iniciativa es generar espacios para personas que no solo han culminado sus estudios profesionales, sino también lograr integrarlos a un campo laboral donde desarrollen sus capacidades, de manera que sea reforzada con coherencia política en los ámbitos de interés de éstos.

Destacó que México cuenta con una población de 30.6 millones de personas jóvenes que oscilan en edades entre los 15 y 29 años, representando el 25.7 por ciento de la población total del país. En Veracruz, agregó, la juventud representa el 30.4 por ciento de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La legisladora María Graciela Hernández ocupa la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, así como la secretaría en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

Tras la lectura en tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitirla a las Comisiones Permanentes Unidas de

Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

Con la finalidad de que todo adulto que, por cualquier motivo, haya abandonado sus estudios, tenga la posibilidad de concluirlos y así poder apoyar de mejor manera a sus hijos o familiares a su cargo, en las tareas educativas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 90 de la Ley de Educación estatal.

De acuerdo al texto vigente de la ley, las autoridades educativas estatales y municipales adoptarán medidas y acciones para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad con equidad y la efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos, con preferencia a los grupos y regiones de mayor rezago educativo o en condiciones económicas y sociales de desventaja.

La propuesta de la diputada Trujillo Ortiz radica en que, para cumplir con lo señalado en la legislación, las autoridades educativas estatales y municipales deberán prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y están en situación de rezago educativo, con el fin de que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

El objetivo principal que busca esta modificación es que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad, que reciben educación a través de las Tecnologías de la Información, tenga la posibilidad de culminar con su educación básica y media superior que les permita poder apoyar a sus hijos o familiares a su cargo en las tareas.

La legisladora expone que, dada la emergencia sanitaria que se vive por la Pandemia, del Covid-19, el Estado tiene la obligación de brindar los medios y herramientas de trabajo a las y los maestros, también con los millones de niñas, niños y adolescentes para brindarles el acceso a la educación, pues es un derecho Constitucional.

Señala que esta situación afecta a todos, principalmente, a los grupos vulnerables, toda vez que su capacidad para contar con los elementos de aprendizaje está disminuida. “En ese sentido, de todos los riesgos, el más grave para el sector educativo es el abandono escolar”, abundó.

Agrega que, de acuerdo al diagnóstico 2018 de la organización Mexicanos Primero, registró que de cada 100 niños que inician su educación primaria, una tercera parte deja de estudiar, 70 la terminan. De ellos 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, solo diez la licenciatura y dos, o tres, hacen un posgrado.

Posteriormente, indica que el Gobierno Mexicano le está apostando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de diez millones de estudiantes de todos los niveles educativos que se han visto privados de la enseñanza presencial, lo cual –consideró- debe aprovecharse para apoyar a quienes por alguna razón dejaron sus estudios.

Tras la lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para el trámite legislativo correspondiente.

Durante el presente año, en infraestructura carretera, Veracruz realizó una inversión superior a los mil 761 millones de pesos (mdp), destinados a la ejecución de 118 obras, informó ante esta Soberanía el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La comparecencia, celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, fue coordinada y conducida por la Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Antonio García Reyes, Gonzalo Guízar Valladares y Omar Guillermo Miranda Romero, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, el servidor público destacó que una de las prioridades del Gobierno del Estado, que encabeza el Ingeniero Cuitláhuac García, es contribuir al mejoramiento de las vías de comunicación, para mejorar los canales de comercio local y para acercar a las localidades los beneficios sociales presentes en los centros urbanos, así como potenciar las actividades económicas en todas las regiones del estado.

El titular de la SIOP detalló que, a la fecha, se han abierto y construido 14 nuevos caminos, con una inversión de 221 mdp; pavimentado 31 caminos, con un monto de 620 mdp; para mantenimiento y rehabilitación en 60 caminos carreteros, más de 835 mdp y 21.8 mdp para obras complementarias en la red carretera estatal, como construcción de muros de contención, instalación de señalética y obras de drenaje.

Asimismo, cuatro puentes nuevos, en los que se invirtieron 38.5 mdp, dos puentes vehiculares rehabilitados, con casi 24 mdp. De las obras mencionadas, 47 se encuentran en proceso, 64 están terminadas y siete pendientes de registro.

Obras para cada región

El Secretario presentó evidencias fotográficas de las obras realizadas y detalló cada una por municipio y región con cada monto de inversión. En la Huasteca Alta, solo en este año, fueron destinados 235.2 mdp a ocho obras: construcción de un camino, cuatro pavimentaciones y tres rehabilitaciones de caminos carreteros. En la Región Huasteca Baja, 132.7 mdp en cinco obras: un camino nuevo, dos pavimentaciones, una rehabilitación de camino y la construcción de un puente.

En la Región Totonaca más de 240 millones de pesos en 11 obras: construcción de un camino nuevo, tres pavimentaciones, seis rehabilitaciones de caminos y la construcción de obras complementarias en una carretera. En la Región Nautla, 181.8 mdp en 13 obras: construcción de dos caminos nuevos, cuatro pavimentaciones y seis rehabilitaciones de caminos.

Además, en Las Montañas, se invirtió más de 210 mdp en 21 obras y tres complementarias. En la Región Papaloapan, en infraestructura carretera, 149.4 millones de pesos en 11 obras. En Los Tuxtlas, 185.7 mdp en 12 obras. En la Región Olmeca, la SIOP realizó 18 obras en las cuales invirtió 235.6 mdp.

Obra pública de infraestructura básica

Elio Hernández Gutiérrez expuso también que, este año, se invirtió más de 551 mdp en la construcción de 125 obras de infraestructura básica y espacios públicos del territorio estatal. De éstas, 40 se encuentran en proceso, 49 ya están terminadas y 36 pendientes de registro.

Igualmente, desglosó la realización de obras, por región, número y monto de inversión. En la Región Huasteca Alta, 11 obras, 40.8 mdp; Huasteca Baja, cinco obras; Totonaca, cinco obras, 26 mdp; Nautla, nueve obras, 38 mdp; Capital, 30 obras, 111.4 mdp y en Las Montañas, 16 obras, 96.6 mdp; Sotavento, seis obras, 51.6 mdp; Papaloapan, 11 obras, 49.5 mdp; Los Tuxtlas, 37.6 mdp para la pavimentación de seis calles, y para la Región Olmeca, 24 obras, 84.1 mdp.

Telecomunicaciones

El secretario Elio Hernández informó también de la instalación y mantenimiento de antenas y repetidores de voz y datos, para beneficio de más de 280 mil habitantes de 92 municipios, instalación de equipo de acceso a Internet en escuelas de nueve municipios y mantenimiento a repetidores de frecuencia y radios portátiles, para comunicar a 14 dependencias gubernamentales.

Maquinaria

La SIOP, dijo su titular, ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes de apoyo a la población y a las autoridades municipales que solicitan el servicio de préstamo de maquinaria, principalmente para enfrentar los efectos de contingencias ambientales o cualquier eventualidad.

Se otorgó este apoyo a 27 municipios, para trabajos de conservación y rehabilitación de caminos y para la construcción de pozos de captación pluvial, beneficiando a más de 200 mil habitantes.

Presupuesto

De acuerdo con el titular de SIOP, para el presente ejercicio, esta dependencia obtuvo un presupuesto asignado inicialmente de 2 mil 041 mdp, mismo que fue modificado.

Precisó que, a la fecha de corte, 31 de octubre, se tiene un presupuesto modificado de 3 mil 019 mdp, del cual se han destinado recursos para estudios, supervisiones y obras contratadas de 2020 por un monto de 2 mil 577.98 mdp.

De tal monto, mil 814.06 mdp fueron destinados a infraestructura carretera, 551.58 mdp para infraestructura básica y los restantes 212.34 mdp corresponden a obras refrendadas de años anteriores.

Para este año, prosiguió el Secretario, las obras y acciones realizadas benefician directamente a la población asentada en 100 municipios de la entidad. De estos 100, 17 considerados como pueblos originarios fueron beneficiados con la construcción en conjunto de 43 obras, 26 en el rubro de infraestructura carretera y 17 de infraestructura básica, con inversión de 423.9 mdp.

En cuanto a las licitaciones de obras, éstas se realizan aplicando criterios de eficiencia y transparencia. A la fecha, han sido asignados 243 contratos de obra, de los cuales 241 fueron dados a empresas constructoras veracruzanas.

Elio Hernández concluyó su participación afirmando que “estamos cumpliendo para dar paso a la salud, educación, economía y seguridad de las y los veracruzanos. Seguiremos transformando nuestros caminos creando más oportunidades para todos”.

Participaciones

Tras la exposición de apertura, hicieron el uso de la voz los diputados y diputadas: José Manuel Pozos Castro (Morena), Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), Jorge Moreno Salinas (PRI-PVEM), Brianda Kristel Hernández Topete (Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido), así como Gonzalo Guízar Valladares y Rodrigo García Escalante (sin grupo legislativo).

En la segunda ronda, participaron las y los diputados: Montserrat Ortega Ruiz, Eric Domínguez Vázquez, Raymundo Andrade Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Antonio García Reyes, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Gonzalo Guízar Valladares.

Con la conclusión de las dos rondas de preguntas, el diputado Antonio García Reyes agradeció al Secretario su presencia y, siendo las 13:03 horas, dio por terminada la comparecencia, iniciada a las 10:03.

Al considerar que actualmente el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es deficiente y los cobros excesivos, siendo una de las principales quejas de las y los veracruzanos, la legisladora Florencia Martínez Rivera presentó al Pleno una iniciativa por la cual se prevé facultar al Ejecutivo estatal para expedir el Reglamento respectivo, con el objetivo de que este servicio público esté regulado y se brinde certeza jurídica a los usuarios y concesionarios.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la diputada propone que las personas físicas o morales, autorizadas para el arrastre de vehículos en determinado lugar, tengan un llamado de manera equitativa para prestar el servicio, el cual tendría que ser programado y publicado con el consenso de todos los concesionarios.

Al respecto y en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado, se prevé como castigo la suspensión de 30 días naturales de la unidad infractora y, en caso de reincidencia, se suspendería la licencia del operador.

Por otra parte, en caso de existir quejas de parte de los prestadores de servicios, en relación a la programación o llamados inequitativos y que sea verídico, el servidor público encargado de ello sería sancionado administrativamente con 30 días de suspensión del cargo, y en caso de reincidencia, podría ser removido de dicho cargo e inhabilitado para el mismo en un periodo mínimo de seis años.

De igual forma, también se busca que cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de seis meses en un corralón, pueda tramitarse, ante la autoridad correspondiente, la baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de impuestos de derechos vehiculares.

Los concesionarios del servicio público auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos deberán respetar las tarifas establecidas.

En su intervención, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, puntualizó que, en reiteradas ocasiones, las personas afectadas por el citado servicio acuden a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluso con presidentes municipales y diputados para que intervengan ante los concesionarios por el mal servicio. “Esto, sin éxito alguno, ya que no existe el reglamento o instrumento jurídico idóneo que lo regule”.

Agregó que como diputados y representantes de la sociedad veracruzana debe garantizarse que el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sea prestado con eficiencia, eficacia, honradez y apegado a la ley, protegiendo y salvaguardando el interés colectivo.

Tras la lectura en Tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva ordenó turnarla a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su análisis y dictamen.