La presidenta del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, participó en la Decimoprimera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz, presidida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En este encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, la legisladora participó en calidad de consejera, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Número 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Las y los participantes dieron seguimiento a diversos acuerdos y, mediante una presentación, conocieron del Reporte Ejecutivo de acciones de Mejora Regulatoria, conforme a los pilares establecidos en el Índice Subnacional de Mejora Regulatoria, por parte del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros asuntos.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado reformaron la Ley para establecer que el correo electrónico oficial será el canal de comunicación institucional dentro de este Congreso local, atribuyéndole los plenos efectos de validez para ser una herramienta autorizada en la gestión administrativa de las y los servidores públicos de este Poder, optimizando los recursos materiales y, a su vez, disminuyendo el uso de papel impreso y los costos que éste implica.

Lo anterior, al aprobar -con 34 votos- el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento de los Servicios Administrativos, ambos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi.

De esta manera, queda establecido que la transferencia de información institucional, entre las y los diputados, y de éstos con los órganos y unidades administrativas podrá llevarse a cabo en forma digital a través de sus respectivas cuentas de correo electrónico oficial, o del sistema de transferencia de datos respectivo, que formen parte de la red institucional del Congreso, en los términos de los Lineamientos emitidos por la Junta de Trabajos Legislativos.

Se considera al correo electrónico oficial como el servicio de mensajería digital, de uso exclusivo y limitado para las actividades oficiales relacionadas con las atribuciones y competencias de las y los diputados; con lo cual se facilita y agiliza el envío de información oficial de manera inmediata, de forma segura y con acuse de recibo electrónico válido.

Asimismo, se incorpora el correo electrónico como medio oficial por el cual el presidente de alguna Comisión pueda convocar, con 48 horas de anticipación, a reunión en la fecha, lugar y hora que para tal efecto fije.

A través del segundo transitorio, se establece que en un plazo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Junta de Trabajos Legislativos deberá emitir los Lineamientos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente reforma, en los que se especificarán las disposiciones que los servidores públicos del Congreso deberán observar para el uso correcto y adecuado del correo electrónico oficial, o del sistema de transferencia de datos respectivo, así como las

especificaciones técnicas y administrativas necesarias para su funcionalidad, mantenimiento y seguridad.

El texto del dictamen, coincide con lo establecido con la autora de la iniciativa, en relación a que con esta reforma se fortalecerán las medidas de protección y mitigación del virus del Covid-19, ya que coadyuvará a disminuir los traslados dentro del inmueble para la entrega e intercambio de documentación impresa y también evitando la concentración de personas.

Durante la primera sesión ordinaria, del tercer año de ejercicio constitucional, el Pleno de la LXV Legislatura avaló -con 33 votos- remitir ante el Congreso de la Unión la iniciativa presentada por la diputada Florencia Martínez Rivera, para incluir la sustracción de menores, entre los delitos que ameriten prisión preventiva, a través de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal.

Las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales coinciden con la autora que el bien jurídico tutelado es el bienestar personal, físico, moral y psicológico del menor de edad, por lo que la retención, sustracción u ocultamiento de menores constituye un comportamiento delictivo que atenta contra el interés superior del menor, vulnerando su derecho a un sano desarrollo integral de la personalidad, vivir en condiciones de bienestar y a la convivencia sana, libre y armoniosa con ambos progenitores.

En el mismo sentido, el ente dictaminador concuerda que los actuales medios establecidos en la Constitución Mexicana no están dando los resultados óptimos para prevenir y solucionar el problema toda vez que, al no estar tipificado como delito en el artículo 19 de la Carta Magna, el familiar que sustrae al menor no forzosamente es privado de su libertad como consecuencia de la conducta delictiva.

Por tal razón, -finaliza el documento- se estima viable que esta Soberanía avale la propuesta legislativa, elevada al Congreso de la Unión, para que este flagelo se incluya en el catálogo de delitos que amerite prisión preventiva oficiosa, garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Para extender la competencia de la misma y con ello atender lo concerniente a temas de la Secretaría de Bienestar y los programas para el desarrollo en el estado de Veracruz, el Pleno avaló el cambio de nombre de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, por el de Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social.

Durante la sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Gobernación puso a consideración del Pleno este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de mayo por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, con lo que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, en relación a la nomenclatura de la citada Comisión.

El dictamen, que registró 34 votos a favor y tres abstenciones, refiere que los programas para el desarrollo que implementa el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, tienen el objetivo de favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, brindando apoyos como el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión par el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Asimismo, considera que ante estas políticas públicas que favorecen a un gran número de veracruzanos, resulta necesario reformar la denominación de la Comisión Legislativa de Desarrollo Social a fin de tener competencia en ellos y realizar un mejor trabajo en beneficio de la sociedad.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil del estado, en materia de reconocimiento de hijos, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En concordancia con la progresividad de los Derechos Humanos, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora propone derogar la fracción II del artículo 299 que refiere a un acta especial para hacer constar el acto de reconocimiento de hijos que, eventualmente, se conflictúa con la disposición contenida en el artículo 704, que prevé la emisión de una nueva partida de nacimiento.

Asimismo, reformar el artículo 676, para establecer que los casos de reconocimiento de hijos quedan exceptuados de la anotación marginal que ahí se establece, y reformar el artículo 704 para precisar que, cuando se haga un reconocimiento de hijo o hija, se deberá expedir en lo subsecuente nueva acta de nacimiento con los datos objeto del reconocimiento conservando mismo número de acta y fecha de registro.

La reforma al artículo 706 eliminaría el plazo de quince días para enterar al Registro Civil en caso de que el reconocimiento se haga por cualquier otro medio, permitiendo que el trámite se pueda realizar en cualquier momento, garantizando la validez del acto jurídico. Además de reiterar que la nueva acta debe expedirse según las formalidades establecidas en el artículo 704.

Por último, plantea también reformar el artículo 708, para precisar que los actos registrales de reconocimiento de hija o hijo deben insertarse en el libro respectivo y, una vez asentada la nota marginal, no se publicará constancia del acta anterior.

Durante la primera sesión ordinaria del tercer año de ejercicio constitucional, el diputado León David Jiménez Reyes, presentó una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que dentro de las atribuciones de la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas, contemple cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que el objetivo de la propuesta es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

Además, continuó Jiménez Reyes, de promocionar la cultura y se incentive el turismo reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

Asimismo, señaló que en Veracruz de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

A pesar de los enormes esfuerzos gubernamentales, puntualizó el diputado, “no siempre son conocidas, incluso hasta por quienes habitan el municipio donde se hablan, lo que advierte que se tiene que hacer más al respecto”.

Finalmente, advirtió que siendo el Municipio el primer ente de gobierno, es fundamental realizar la presente propuesta con la intención que habitantes y visitantes, mientras utilizan los espacios mencionados, adquieran conocimientos en torno a la lengua originaria de la zona.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen.